Política

GENOCIDIO E IMPUNIDAD

Campo de Mayo: piden frenar judicialmente el plan de Macri para borrar pruebas del genocidio

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Mirta Baravalle exigió al Poder Judicial que prohíba al Gobierno montar una “reserva natural” donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y sobre el cual hay muchas causas abiertas.

Daniel Satur

@saturnetroc

Lunes 19 de marzo de 2018 | 15:00

Foto Enfoque Rojo

Tal como lo había anunciado el pasado jueves, la cofundadora de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo Mirta Baravalle presentó este lunes ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional n° 2 de San Martín una medida cautelar de “no innovar” respecto al predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la dictadura, incluyendo una maternidad donde nacieron varias niñas y niños que siguen apropiados.

El pedido elevado a la jueza Alicia Vence intenta frenar la idea del presidente Mauricio Macri de convertir gran parte de las ocho mil hectáreas de Campo de Mayo en un “parque” o “reserva” natural. El “plan” fue lanzado por el propio Presidente en su discurso de apertura del 136° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el pasado 1° de marzo.

Allí Macri anunció que el Gobierno tomó la decisión de “preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarla en parque nacional”. Pero no hizo mención alguna a cómo se piensa combinar desde la Casa Rosada ese plan con algo fundamental para cualquier política de Memoria, Verdad y Justicia: la preservación de todo elemento, inmueble o predio que pueda arrojar pruebas relevantes para saber qué sucedió con miles de personas desaparecidas y con cientos de mujeres y hombres apropiados por los genocidas al momento de nacer en los centros clandestinos de detención.

En ese sentido la presentación de Baravalle alerta sobre la intención presidencial que implica nada menos que “una obstaculización” de la investigación penal en curso dentro de la megacausa Campo de Mayo.

Ni movimientos ni modificaciones

Mirta Baravalle es querellante en la Causa 4.012 “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.”, abierta en 2011. Y en ese carácter se presentó este lunes junto a su abogado Edgardo Moyano y a la nieta recuperada por Abuelas María Victoria Moyano Artigas, ambos miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y quienes conforman el equipo jurídico que la asesora actualmente.

En la presentación se le pide al Poder Judicial Federal que “en virtud de lo dispuesto por el art. 261 y concordantes” del Código Procesal Penal de la Nación, se dispongan “los medios necesarios a fin de mantener en condiciones de conservación suficientes del predio ubicado en Campo de Mayo”. En tal sentido se solicita que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación y al propio Ejército que “se abstengan de realizar cualquier tipo de medidas que impliquen la movimiento o modificación del terreno, sus características y topografía como así también de las instalaciones y construcciones de dicho predio”.

Según declaraciones de diversos funcionarios, el proyecto oficial contempla utilizar entre cuatro y cinco mil hectáreas del predio militar ubicado en el partido de San Miguel, en el norte del Gran Buenos Aires. Es decir que más de la mitad del ex centro clandestino de detención sería removido y transformado. Y eso es lo que preocupa a sobrevivientes, familiares de víctimas, abuelas y abuelos que buscan a sus nietas y nietos apropiados y organismos de derechos humanos.

“Evitar que puedan destruirse pruebas significativas”

En su presentación de medida cautelar, Mirta Baravalle recuerda que, desde la desaparición de su hija Ana María junto a su esposo Julio César y su nieto , viene “luchando por Verdad y Justicia, por mis familiares, por los 30.000 desaparecidos y por la restitución de los jóvenes apropiados como mi nieto, que aún no ha podido conocer su identidad”. A lo que se suma la pelea “por el derecho que tenemos a que se juzguen los delitos de lesa humanidad, saber el destino de los desaparecidos y el derecho al conocimiento de la verdad”.

En tal sentido, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de 93 años, plantea que “atento que en esta causa se investigan delitos aberrantes como la desaparición forzada de personas, torturas, homicidios, apropiación de bebés, violaciones sexuales, entre tantos otros delitos” acontecidos en el predio de Campo de Mayo, corresponde que el juez “tome las medidas pertinentes para evitar que puedan destruirse pruebas significativas para el desarrollo de la presente investigación en esta causa”. Lo cual hace “imprescindible que no se modifique ninguna de las características del predio y nos posibilite continuar con la investigación”.

Baravalle también se encargó de recordar en su escrito que “ninguno de los gobiernos constitucionales desde el año 83 a esta parte ha tomado la determinación en la preservación de la prueba en este Centro Clandestino”. Lo cual es totalmente cierto, pese a que existen muchos antecedentes tanto en Argentina como en otros países del subcontinente en los que se dictaron medidas judiciales de “no innovar” para preservar precisamente sitios en los que funcionaron centros clandestinos de detención.

El mismo escrito enumera algunos de esos casos: la declaración judicial de inconstitucionalidad de un decreto presidencial de 1988 que ordenaba demoler nada menos que la ESMA; una cautelar de 2004 que ordenaba preservar el campo de deportes contiguo a la misma ex Escuela de Mecánica de la Armada; otras cautelares dictadas en la Plata preservar pruebas en el predio donde funcionó el “Pozo de Arana”; y el allanamiento, registro de pruebas y prohibición de innovar dictada para preservar el ex centro clandestino “Virrey Cevallos”. Y suma casos similares en Uruguay.

Contra la impunidad de ayer y de hoy

Campo de Mayo fue uno de los centros operativos de secuestros, torturas, desapariciones y robo de bebés más grandes montados por la maquinaria genocida. Allí funcionaron varios centros clandestinos conocidos como “El Campito” (o “Los Tordos”), “Las Casitas”, el Hospital Militar y la Prisión de Encausados.

También funcionaron entonces en el predio el Batallón 601 de inteligencia, la Escuela de inteligencia, el Comando de Institutos Militares, el Destacamento de Inteligencia 201, las Escuelas de Caballería, Infantería, Ingenieros, Comunicaciones y Artillería; la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Escuela de Servicios de Apoyo de Combate General Lemos y la Escuela de Gendarmería.

Además, como se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes y diversas documentaciones, fue central el rol de la maternidad clandestina montada en el predio, donde está comprobado que más de treinta mujeres secuestradas parieron a hijas e hijos que fueron apropiados. Hasta el día de hoy gran parte de esas personas con identidad robada siguen siendo buscadas por sus familias biológicas.

Como denuncia desde hace años la misma Victoria Moyano, “es muy importante recordar que a esa ’maternidad’ que funcionó en Campo de Mayo la empresa Mercedes Benz le ’donó’ un equipo de neonatología en 1975, lo que demuestra el rol de las empresas en el terrorismo de Estado y cómo el plan sistemático de robo de bebés fue planificado”. Esa denuncia la propia Vicky la dejó públicamente asentada en el juicio oral por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.

Campo de Mayo se destacó por ser un lugar de exterminio, por lo que solo hubo una pequeña cantidad de sobrevivientes, cuyos testimonios resultaron claves para la investigación. Además de oficiales y suboficiales del Ejército, allí prestaron servicios miembros de la Policía Federal, de Prefectura y Gendarmería, que aportaron guardias e interrogadores.

En su pedido de “no innovar”, Mirta Baravalle recuerda que “por el paso del tiempo, ya más de cuatro décadas, y porque aún existen personas desaparecidas vistas por última vez en Campo de Mayo, y se siguen recibiendo denuncias, es que se hace imprescindible la conservación del lugar para continuar con nuestra investigación, por lo que, lo propuesto hasta aquí por el PEN implicaría obstruir la investigación judicial”.

Y haciendo una comparación histórica, plantea que así como Auschwitz sigue estando bajo una estricta preservación dado que es “escenario de un crimen que todavía se está investigando”, ya que “mientras queden testigos y perpetradores vivos” se trata de una “causa abierta”; así debe pensarse y actuar en consecuencia respecto a los reductos, destacamentos y predios militares, policiales, de inteligencia, tanto militares como de empresas y de civiles utilizados para perpetrar el genocidio en Argentina.

Sin lugar a dudas el pedido de Baravalle debería ser aceptado por el Poder Judicial, con lo cual tanto el Gobierno como el Ejército deberían abstenerse de realizar “cualquier tipo de medidas que impliquen el movimiento o modificación del terreno, sus características y topografía como así también de las instalaciones y construcciones” de Campo de Mayo. No hacerlo, obviamente, será un paso más en la búsqueda de impunidad.





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