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TIROS Y GOLPES CONTRA LOS POBRES

Otra vez la brutalidad policial en Trelew

Tiempo estimado 4:14 min


Una familia del barrio Oeste fue ferozmente reprimida por la policía, con balas de goma y golpes, en la madrugada de ayer mientras festejaba un cumpleaños. Una persona fue detenida. La denuncia en fotos y video.

Iván Marín

Trabajador de prensa de diario El Chubut

Jueves 15 de enero de 2015 | 15:23

  • Los impactos de proyectiles policiales en la puerta de la casa de los vecinos del Barrio Oeste

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Según manifiestan las víctimas, a partir de las veinte horas del martes se reunieron en la casa cita en Pecoraro N 130 con el fin de festejar el cumpleaños de Pamela Huenchullán.

Todo se desarrollaba en un marco de normalidad, hasta que alrededor de las dos de la mañana el hijo de Pamela habría salido con unas copas de más al portón de la vivienda. En ese momento, según nos relatan en la video-entrevista que acompaña este artículo, fue interceptado por la policía y arrastrado a la esquina de las calles Colombia y Pecoraro, aproximadamente a veinte o treinta metros de la vivienda. Allí comenzaron a golpearlo salvajemente. La familia salió en su ayuda y recibió balazos de goma. Pamela sufrió el impacto de cinco de estos proyectiles en una de sus piernas.

Luego la policía fue hacia la vivienda a reprimir a la familia que había regresado a su hogar. Allí los policías además de revolear piedras a la casa, efectuaron disparos con armas de fuego. Como se puede observar en las fotos, cápsulas de 9 milímetros y cartuchos de balas de goma son los que utilizaron en la represión. Todas armas reglamentarias de la institución.

Entre los heridos se registraron cuatro menores de edad, uno de ellos de tan solo diez años. Se llevaron detenida a Pamela, quien, según nos relata en la entrevista, estuvo detenida más de doce horas. Primero en la comisaría Segunda, luego en Playa Unión (a 25 km de Trelew), volvió a la Segunda y de ahí la llevaron finalmente a la comisaría Primera.

El "ratiperiodismo" y la criminalización de la pobreza

Como no podía ser de otra manera, los medios locales ya salieron a difundir los hechos desde la perspectiva de la policía. Obviamente, lo hacen bajo el culposo ropaje de la neutralidad periodística, que en caso de represión, no es otra cosa que ubicarse del lado de los represores. Titulares como “Desmayan de un cascotazo a policía y le quiebran un brazo para rescatar a un sujeto detenido” o “Feroz agresión a policía cuando detenía a malviviente” ya hacen presumir ineludiblemente lo que será el cuerpo de la noticia: la policía, que cuenta con todos los instrumentos para reprimir, fueron las víctimas de una familia, con mayoría de sus integrantes menores de edad, que estaban festejando un cumpleaños. Poco creíble por donde se lo mire.

Esta estrategia recurrente de la policía en connivencia con un periodismo lamebotas se combina con el también recurrente artilugio de criminalización de la pobreza, achacándole a la condición social de las víctimas las razones que justifican su represión: como es pobre seguramente es un ladrón, un delincuente. Ese es el espíritu que atraviesa ambas notas. Intentan instalar en el imaginario popular que “se la buscaron”, como si existiesen causas que merezcan semejante represión.

Además de señalar la complicidad de los medios de comunicación para legitimar el accionar policial, en particular instalando el discurso de la “inseguridad”, la criminalización de la pobreza y dando siempre el posicionamiento de la institución, debemos destacar que el principal sustento con que cuenta esta fuerza represiva viene dado por la casta política y jurídica. Casos al respecto, lamentablemente, sobran: el de Julián Antillanca, joven asesinado por la policía en 2010 y cuyo fallo absolutorio fue revocado por el Superior Tribunal de Justicia provincial, por lo cual deberá realizarse nuevamente el juicio.

En la misma comisaría Segunda se torturó y violó al joven Almonacid. En este caso, además, se asesinó a un testito “protegido” y un sobrino de este último. Sobre finales del 2012 apareció “suicidado” en la misma comisaría Ángelo Vargas. A más de diez años de la desaparición en Comodoro Rivadavia de Iván Torres, el caso sigue en la impunidad, a pesar de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Provincial.





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