Política

SANTA FE

Desigualdad y gendarmes: la hipocresía de Lifschitz y Bullrich

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Todo el empeño para cerrar un pacto para militarizar Rosario con gendarmes es el que no hubo para frenar el crecimiento de la desocupación y la crisis social.

Viernes 9 de septiembre de 2016 | Edición del día

Hoy algún trabajador despedido, algún joven tornero al que se le acabó el contrato (de tres meses) en alguna metalúrgica, va a comprar el diario y verá que la sección “Clasificados”, cada vez más flaca de ofertas laborales, se la deglutió la sección “Política” donde, como en un culebrón de la politiquería, el gobierno provincial y el gobierno nacional digitan los eventuales resultados de las elecciones del 2017 en un juego de ajedrez en el que los alfiles son miles de gendarmes que se aprestan a ocupar el territorio rosarino.

Tal vez el padre de este hipotético pero real joven operario, fue de la “familia metalúrgica” y dejó sus años, sus cervicales y su energía en una fábrica que tuvo un cartel de Dana, luego de Mahle y, luego de varias semanas de gomas quemadas y calles cortadas, pasó a llamarse Aros Kin, que es la leyenda que tenía el telegrama de despido que le hicieron llegar.

Estas realidades, que vienen golpeando con fuerza desde hace años los nervios del pueblo trabajador de Santa Fe, no serán martilladas por los medios de comunicación ni difundidas. Como así tampoco las radios y la televisión hablaron más de uno o dos días de Daniel Aguilar o de Leonardo Barbosa, obreros que fallecieron en accidentes producto de las condiciones penosas y de los ritmos de trabajo vertiginosos. Esas noticias parece que “no garpan”.

En ninguno de los despidos o cierres de fábricas, que van desde las metalúrgicas de Rosario hasta los frigoríficos, los tambos y las curtiembres del interior de la provincia, ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional anterior, ni el de Cambiemos, mostraron crisis o preocupación alguna. No hubo, tampoco, citas de urgencia, con ministros con ensayadas caras de compungidos, para evitar el cierre y para expropiar y estatizar Arzinc o Paraná Metal, evitando así que los “buitres empresariales” cierren estas fábricas dejando un tendal de nuevos desocupados.

El porcentaje de desocupación de Gran Rosario, el más alto de Argentina, con 11,7 por ciento, no fue una tabla que bajó de los cielos, sino una construcción evitable y consciente que se consolidó en cada una de las claudicaciones de esta casta política ante sus amos y dueños: los empresarios. La podredumbre policial, asimismo, creció y se desmadró mientras gobiernos peronistas y socialistas toleraron el involucramiento inocultable de la cúpula policial en los más rentables negocios ilegales. Es decir, que la responsabilidad estatal en la crisis social y en la crisis policial, en los recovecos de las que se nutre la llamada “inseguridad”, es total y absoluta. Ahora, los mismos que provocaron esto, son los que salen a pedir más efectivos, más gendarmes, más mano dura, para que no se desmadre más la crisis social que ellos, con dedicación, generaron.

Por eso mismo resulta vergonzoso, hipócrita y utópico creer que un pacto represivo entre los amigos de la Narcopolicía (Frente Progresista), y los amigos del Fino Palacios (Macri y Bullrich) vaya a solucionar la cuestión de la “inseguridad”, encima, con la Gendarmería “carancho” del Proyecto X y la Prefectura que controla el ingreso y egreso de droga por los puertos.

Los trabajadores crean las riquezas, los capitalistas se las apropian, los gobernantes legitiman la más grosera desigualdad y cuando estalla la pus de su sistema insostenible, los responsables se rasgan las vestiduras y llenan de guardianes su orden social. Sí: gente que se dice “socialista” defiende este régimen social de riqueza récord y villas, de torres de lujo y gendarmes.

Dentro de pocos días, docentes que cruzan Rosario de norte a sur para agarrar una suplencia, en colectivos caros y atestados, verán cómo el color militar de brigadas de gendarmes inundan las calles bajo el beneplácito de gobiernos que juegan a ganar elecciones por sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Algún obrero que hace changas verá su moto irse al corralón municipal por no tener algún papel con el sello correspondiente. Mientras tanto, los salarios irán cayendo, los empresarios seguirán con las manos libres para despedir y los comisarios se reirán de tamaña puesta en escena mientras siguen regulando el negocio de la droga.

Ante este escenario, los grandes sindicatos mantienen una tregua inexpugnable a la hora de defender los derechos de los trabajadores, en un caso, o juegan en las calles para el mero cálculo mezquino de recomponer al kirchnerismo como oposición, como pudo verse en la reciente Marcha Federal. Pero no buscan que se expresen los trabajadores en las calles, masivamente, para defender una agenda de reivindicaciones que empiece por el salario y el empleo, y que ponga al movimiento de trabajadores y sectores populares frente a frente con el gobierno de los CEO.

Depende de los trabajadores, de los sindicatos antiburocráticos como Amsafe Rosario y otros y de la izquierda, no avalar esta agenda de desigualdad más control social, y poner sobre la mesa estas demandas irresueltas de la clase trabajadora y el pueblo pobre.





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