Política

ENTREVISTA

Ismael Jalil: “Casi no hay policías presos por gatillo fácil, el uniforme da impunidad”

Tiempo estimado 8:06 min


El referente de Correpi grafica la escalada represiva en el país, cuestiona las complicidades oficiales y llama a “redimensionar lo antirrepresivo como una respuesta política amplia” ante lo que se viene.

Daniel Satur

@saturnetroc

Domingo 28 de junio | 00:00

Foto Ismael Jalil

La Izquierda Diario viene dando cuenta de los diversos casos de violencia estatal, gatillo fácil y demás ataques de las fuerzas represivas del Estado sobre la población trabajadora y pobre, en un marco donde las restricciones de la cuarentena obligatoria por el Covid-19 es la excusa perfecta para dejar hacer impunemente a las policías provinciales y federales.

Este diario conversó con el abogado Ismael Jalil, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sobre la sucesión de muertes por balas o golpes policiales, así como de sus causas y complicidades políticas y judiciales.

¿Qué evaluación está haciendo Correpi sobre los casos de gatillo fácil y demás brutalidades policiales que se suceden en en el marco de la cuarentena?

  •  Como resultado del seguimiento e intervención concreta que tomamos en las denuncias (que pueden apreciarse en nuestro reporte) en el período abierto el 20 de marzo registramos más de 12 casos de gatillo fácil y 23 muertes en lugares de detención, de las cuales ocho fueron en comisarías y el resto en cárceles.

    En simultáneo se produjeron actos represivos de toda índole, desde el emblemático asalto a la casa de los vecinos qom en Fontana (Chaco), hasta miles de hechos de menor trascendencia pero de singular impronta represiva. Como el rigoreo a pibes de La Matanza obligados a cantar el himno y la retención de DNI a demorados por infracción de la cuarentena. Todos cometidos por fuerzas de seguridad de todos los colores, revelando un más que preocupante avance de las respuestas represivas.

    Sin dudas se ha agravado la situación de superviviencia en el contexto de la pandemia y de la crisis económica que venimos arrastrando.

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    Si tuvieras que graficar la situación con algunos casos testigo, ¿cuáles mencionarías?

  •  Sin plantear diferencias por magnitud o motivaciones, creo que por características y repercusión el caso más destacado es el del peón rural Luis Espinoza en Tucumán, por la nefasta combinación de la trilogía secuestro-asesinato-desaparición.

    En materia de muertes en contextos de detenciones arbitrarias es el de Florencia Morales en la comisaría de Concarán (San Luis), no sólo por la condición de mujer de la víctima sino por el contexto abusivo de su detención, sin razón valedera para encarcelarla, sin orden judicial que la prolongue, sin extremar el cuidado y la contención necesarias para personas en situaciones críticas, entre otras razones.

    El otro caso emblemático es el del asesinato en la Isla Maciel de Lucas Barrios, que recibió de un policía federal el vaciamiento del cargador de su reglamentaria.

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    ¿Y cómo ven la reacción de los gobiernos nacional, provinciales y municipales ante la salida a la luz de esos casos?

  •  A diferencia del gobierno de Macri, advertimos una sustancial diferencia en cuanto a la respuesta discursiva y, en algunos pocos casos, efectiva por parte del gobierno nacional. No es lo mismo reivindicar a Chocobar o decir “no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana” que apartar de sus cargos, sumariar y deslegitimar a los autores de varias de nuestras denuncias.

    Pero se requiere mucho más. Por ejemplo, siguen siendo excepcionales las detenciones de los policías, salvo en muy pocos casos como el de los autores del crimen de Espinoza en Tucumán.

    La brutal represión a los trabajadores del Frigorífico Penta es otro ejemplo de que no alcanza con lo discursivo. Todos los funcionarios, desde Mayra Mendoza hasta el impresentable de Sergio Berni salieron a despegarse, pero no se conoce en qué situación procesal están los que llevaron adelante la represión.

    No fundamos nuestro requerimiento de prisión en ninguna otra cuestión que no sea el grado de trascendencia social que encarnan. Pero siempre se juega al revés, el uniforme y la reglamentaria garantizan sino impunidad, al menos beneficios procesales que en iguales circunstancias al pueblo se les niega.

    ¿Cómo creen que será la poscuarentena y sus consecuencias económicas en la población trabajadora y pobre?

  •  Nuestro pueblo incomoda porque tiene una maravillosa historia de luchas y resistencias. Hoy vemos que hay una gran tensión por el avance de los sectores que, desde el privilegio, quieren someter definitivamente a nuestro pueblo.

    Lo está demostrando el emblemático caso de Vicentin, donde es imprescindible la expropiación. El Gobierno tiene a mano respuestas que pueden rumbear en sentido positivo, como el impuesto a las fortunas o la investigación y suspensión del pago de la deuda externa. Se impone “militar” esas medidas.

    Es difícil proyectar en una situación de tanta incertidumbre como esta. Pero si no existe una decisión política de favorecer a los trabajadores, a los sectores empobrecidos, aún más allá de respuestas asistencialistas, la respuesta represiva siempre resulta tentadora para el establishment. Hay que dar una gran pelea, alentando la unidad popular, sin sectarismo, reivindicando la movilización como herramienta. Hay que militar para transformar la realidad.

    Paralelamente a lo que planteás se está sembrando nuevamente el discurso y el clima de la llamada “inseguridad”. ¿Cuál sería la justificación de ese reverdecer reaccionario?

  •  La derecha sabe instalar ese discurso y su correlato represivo. Ocultan que la desigualdad es la razón que va enlazada. Y como no van a admitir tranquilamente que disminuya esa desigualdad, propondrán siempre la respuesta represiva del Estado.

    Y el catastrofismo con el que muchos suelen responder es funcional a ese discurso. Que Berni esté al frente de la seguridad en el principal distrito del país no significa que sea inevitable decantar hacia un modelo reaccionario. Hay que estar atentos y desactivar los intentos de poner en acto lo reaccionario con la organización popular, reportar, discutir, generar iniciativas que lo deslegitimen. Redimensionar lo antirrepresivo como una respuesta política amplia.

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    ¿Qué pensás del intento de religitimazión de las Fuerzas Armadas a través de su supuesta “vocación” de servicio social?

  •  Es un viejo anhelo de muchos sectores vinculados al poder. De hecho durante el macrismo se produjeron sensibles modificaciones en las agendas de los juicios por lesa humanidad (cada vez hay menos juicios), beneficios procesales (cada vez más libertades o domiciliarias). Y aunque a nivel regional siguen teniendo protagonismo (Bolivia, Chile, por caso) no creo que entre nosotros haya encarnadura popular para relegitimarlas.

    Aunque es evidente que las tareas en la cuarentanea apuntaban a eso (lo que hicieron podrían haberlo hecho los movimientos sociales, por ejemplo) es más una aspiración a largo plazo.

    Confío en la respuesta popular que expresan los organismos de derechos humanos independientes, que sigue vigente. Tal como quedó demostrada con la respuesta de Nora Cortiñas provocando el recule del gobierno en marzo pasado.

    El viernes se cumplió un nuevo aniversario del crimen de Maxi Kosteki y Darío Santillán, ¿qué reflexión podés hacer de aquella masacre estatal a la luz de estos 18 años?

  •  Hoy tenemos dos frentes bien complejos para el pueblo, que son la pandemia y la economía. No tengo dudas de que Darío y Maxi estarían en la primera fila de ambos frentes, protagonizando la organización en las barriadas, preocupados por lo sanitario y por la policialización de la cotidianeidad. Y a su vez exigiendo el impuesto a las fortunas y la expropiación de Vicentin. No es contrafáctico. Es la consecuencia y certeza de los ideales por los que les arrebataron la vida.

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