Política

CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Larreta: persecución, represión y control social

Tiempo estimado 6:38 min


El nuevo informe del Observatorio de Política Criminal pone al desnudo la gravedad de las políticas represivas del gobierno de Larreta para “limpiar” el espacio público.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Miércoles 16 de octubre | 00:50

Trabajadores senegaleses, chicos vendiendo pañuelitos, paltas, repasadores, jóvenes haciendo música en estaciones de subte y plazas, personas en situación de calle. Todos corridos y detenidos por la policía de la ciudad, sus pertenencias confiscadas, un eufemismo para el robo liso y llano. Sumemos a este panorama las manifestaciones y marchas. Ahí están los enemigos de las fuerzas de seguridad de Larreta.

El Observatorio de Política Criminal (OPC) hizo público su informe "La Ciudad y las Sirenas", con datos que muestran que el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es limpiar el “espacio público” para criminalizar, y de paso, esconder a los sectores más vulnerables y empobrecidos.

Una de las primeras cuestiones nodales que destaca el OPC es que la Ciudad ha instaurado un Poder Judicial a la medida del proceso de control territorial en la Ciudad. De este modo, se puso “en práctica una serie de dispositivos y mecanismos de control social gestionados desde el gobierno, la policía y las fiscalías locales” para dedicar las fuerzas tanto policiales como judiciales a la persecución de delitos como el atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños, amenazas, entre otras faltas menores, y fundamentalmente a criminalizar “todo el espectro contravencional, principalmente, a figuras como la ocupación indebida del espacio público”.

La conclusión es contundente: "El poder político decidió que la Ciudad de Buenos Aires no resuelva su criminalidad violenta, y que su verdadera función esté limitada a la administración del territorio porteño a partir de una serie de mecanismos policiales y dispositivos técnico-legales que le permiten mantener a raya el control de la calle –sostienen los autores–."

Muchas de estas denuncias que el OPC señala fueron recabadas por la Comisión Contra la Violencia Institucional que dirige la actual candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman.

Te puede interesar: Bregman presentó un duro informe sobre represion policial y judicial

Basta caminar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para constatar esta política que claramente se dirige hacia los sectores más pobres y trabajadores de la vía pública. Todo esto sostenido por una” gran cantidad una gran cantidad de recursos humanos, técnicos y, principalmente, económicos, llegando en 2019 a $46.500 millones de pesos”.

A esto hay que sumarle las brutales represiones que en ámbito de la Ciudad dejaron de decenas de heridos y detenidos.

No hay grieta en el uso de las pistolas taser

Párrafo aparte, aunque no esté mencionado en el informe del OPC, merece el aval de la Corte Suprema al uso de pistales Taser también por parte de la Policía de la Ciudad, a pesar de las múltiples pruebas de rechazo. Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se presentaron un recurso de amicus curiae junto a otros organismos. La presentación se hizo en la causa que impulsó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

El que no rechazó, sino que defendió su uso, fue el candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos, que en el debate televisivo, en su afán de contentar a los votantes del macrismo, planteó que “Si la discusión es armas de fuego o Taser, creo que la discusión es cómo se usan. El problema es el uso y formación de la policía.” Un aval político a la represión sin tapujos. ¿Cómo cree Lammens que la Policía de la Ciudad que asesina a la luz del día, que patea hasta matar, que como decíamos, limpia a bastonazos el “espacio público”, usará las Taser?

Avance represivo, uno de los ejes en el debate de legisladores porteños

En el reciente debate de candidatos a legisladores porteños, fue Alejandrina Barry, candidata por el Frente de Izquierda Unidad fue la única que denunció este grave avance contra las libertades democráticas.

Barry, quien es además referente del CeProDH y Directora de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, denunció que en la Policía de la Ciudad hay en actividad 228 agentes que formaron parte de la dictadura genocida también. Este dato es contundente y ni el candidato de Larreta ni el resto pudieron dar respuesta a este hecho gravísimo.

No sólo la Ciudad

El ministerio a cargo de Patricia Bullrich en estos días de pelea electoral para consolidar su base reaccionaria, ha tomado medidas como la militarización, más todavía, de las estaciones de trenes de la Ciudad, para exigir el DNI a los pasajeros, en su gran mayoría trabajadores o jóvenes que buscan trabajo.

Claro, es evidente que esto no cae del cielo. Entre otras medidas represivas, el Protocolo para uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, una medida direccionada solamente a la represión fue ampliamente rechazada por el arco entero de organismos derechos humanos, varias organizaciones sociales y el Frente de Izquierda.

Mediante la Resolución 956/18, Bullrich da vía libre a la Doctrina Chocobar y da un manto aun mayor de impunidad a las fuerzas de seguridad. Tan es así que el juez Galardo en diciembre de 2018 declaró inconstitucional la medida. Sin embargo, la Justicia porteña lo avaló en dos instancias.

Por ese motivo, Myriam Bregman junto a María del Carmen Verdú y de Carla Lacorte -víctima del gatillo fácil- y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) elevaron un recurso de queja ante la máxima instancia judicial porteña, el Superior Tribunal de Justicia.

Te puede interesar: Nora Cortiñas y Pérez Esquivel piden la suspensión del protocolo de uso de armas de fuego

A este recurso se sumaron en calidad de “amicus curiae” Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la APDH y el MTE-CTEP. Ahora que da manos de la máxima instancia judicial de la Ciudad (el Tribunal Superior de Justicia) la decisión de implentar o no el Protocolo represivo.

Myriam Bregman, actual candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad, señaló a La Izquierda Diario que “el protocolo impulsado por Bullrich viola los derechos más fundamentales como la integridad física y la vida de las personas. Es una transcripción de las defensas que dicha funcionaria venía realizando ante casos concretos de gatillo fácil como el de Chocobar, y otro caso en que efectivos policiales mataron a personas desarmadas o en fuga. Ni más ni menos: busca legalizar las ejecuciones sumarias”.





Temas relacionados

Myriam Bregman   /    Horacio Rodriguez Larreta   /    Libertades Democráticas   /    Ciudad de Buenos Aires   /    Política

Comentarios

DEJAR COMENTARIO