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Importante precedente en Electrolux: un fallo penal reconoce que los trabajadores están ejerciendo sus derechos

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La resolución se dio tras el pedido de desalojo de la empresa, pone por delante el reclamo de los trabajadores y afirma que “están todavía en relación laboral, ejerciendo sus derechos”. Revés para las patronales.

Julián Longarini

CeProDH Rosario

Jueves 23 de mayo | 18:08

El juez penal Hernán Postma reconoció que el derecho que asiste a los trabajadores de protestar debe ser garantizado por el Estado, y que la represión penal no puede avanzar sobre las luchas por la reivindicación de sus derechos. Fue en el marco del conflicto de Electrolux el 7 de mayo pasado, con 14 obreros que fueron imputados por “sabotaje” y “turbación”. Con el fallo, se sienta un importante precedente para los trabajadores despedidos, sus derechos tienen que ir por delante de la represión y la criminalización.

El conflicto

Desde el 29 de abril, los trabajadores despedidos de Electrolux se manifestaron en la puerta de la planta, realizando un acampe junto a sindicatos solidarios, organismos de Derechos Humanos y centros de estudiantes, entre otras organizaciones. Mientras se desarrollaban las instancias de diálogo en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, por la ilegalidad de los despidos llevados adelante por Electrolux, la empresa inició acusaciones terribles. Trabajadoras y trabajadores despedidos fueron acusados de tenencia de armas de fuego o privación ilegítima de la libertad.

La fiscal interviniente Valeria Haurigot continuó la misma línea de persecución, requisando el acampe de los obreros y avanzando en llevarlos al banquillo de los acusados con una primera audiencia de Cese de estado antijurídico, es decir, solicitando una medida cautelar a favor de la empresa. En esa primera audiencia, el día 3 de mayo el juez Postma resolvió no hacer lugar al pedido de por considerarlo inadmisible e improcedente; en sus propias palabras “no había hechos atribuidos, no había imputados, y no sabía a quién se dirigía”, además de plantear que estábamos en un conflicto de naturaleza laboral.

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A horas de esa audiencia, con una celeridad pocas veces vista en la justicia, la Policía se presentó nuevamente en el acampe para notificar de una nueva audiencia para imputar a los obreros.

Pero la connivencia entre la empresa multinacional y la fiscal Haurigot llegó a niveles vergonzosos cuando se filtró un audio en el que la misma fiscal recomienda cómo desalojar violentamente el acampe que llevaban adelante un grupo de trabajadores despedidos, en las afueras de la fábrica. La empresa no tardó ni una semana en
seguir estos consejos.

La resolución judicial

En una nueva audiencia del 7 de mayo, la fiscalía volvió a requerir el desalojo, en conjunto con los representantes de la empresa y su abogado el Dr. Ilharrascondo. Por parte de la defensa de los obreros, las Dras. Matilde Bruera, Celina Tidoni del CeProDH, y Silvana Lamas de la Defensa oficial, reiteraron el rechazo de la misma, insistiendo sobre la naturaleza laboral del conflicto.

El juez dictó la improcedencia de la medida cautelar solicitada, la cual constaba en el desalojo por parte de la policía del acampe mantenido por trabajadores. Una línea que nada tiene que envidiarle a la política de mano dura, represión y persecución instalada por Bullrich en la nación.

Para dictaminar esto, el juez se valió de un fundamento de más de media hora argumentando su decisión y explicando por qué la justicia penal no puede ni debe intervenir en un conflicto de naturaleza y origen laboral –y así lo confirma- al mencionar que: “¿Cuál es el origen del conflicto? Es un conflicto laboral, el origen es claro, nadie lo discute”. En base a esta naturaleza, el magistrado continúa: “Fundamentalmente estamos en presencia de trabajadores, que están todavía en relación laboral, (…) ejerciendo sus derechos. ¿Por qué digo esto? –se pregunta retóricamente el juez, y cita un acta del 6 de mayo donde el propio Ministro de Trabajo Julio Genesini suscribe que “la intervención del organismo continuará en tanto consideran que la génesis del conflicto, como también el reclamo de los trabajadores es de naturaleza laboral, por lo que este Ministerio- de Trabajo- seguirá interviniendo a los fines de procurar que las partes alcancen algún tipo de acuerdo que satisfaga sus intereses”.

Ante esta situación, en la que se encuentra involucrada el Ministerio de Trabajo por tratarse de un conflicto laboral, el juez penal entiende , correctamente, que de ninguna manera éste, o una pretensión ajena al interés de conciliación laboral, puede ser dispuesta; máxime cuando es el Poder Ejecutivo quien se encuentra encabezando el proceso, en manos del Ministro Julio Genesini, quienes deben velar por la legalidad de los actos y, en consecuencia, hacer notar la nulidad absoluta de los despidos ejecutados por la empresa Electrolux, que –solo en el cordón rosarino- cotiza más de 10 millones por día mientras deja a familias en la calle.

Continúa la exposición con la siguiente aclaración: “Los trabajadores están ejerciendo sus derechos, esto es un concepto claro. Sino, ¿Cómo lo van a ejercer? Está en duda si los despidos son legales o ilegales, (…) eso lo tiene que estudiar un experto en Derecho Laboral, el ministerio, los jueces laborales deben decir eso”. Y efectivamente eso fue lo que sucedió esta semana, cuando un amplio grupo de abogados laboralistas de incuestionable idoneidad en la materia, firmaron y presentaron ante el Ministro de Trabajo, una manifestación expresando la preocupación por el conflicto y solicitando la inmediata reincorporación resaltando la ilegalidad de los despidos.

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“¿Qué tenemos entonces? – intenta sintetizar la autoridad judicial- Un conflicto laboral, con pérdidas para todos los sectores (…). Todo el mundo tiene perdidas en un conflicto, no solamente la parte empresarial (dirigiéndose al doctor Ilharrescondo) los trabajadores también tienen perdidas, y muchas. Y a veces es más significativa la pérdida del trabajador que la del sector empresarial...”.

Para finalizar la exposición, el juez Postma concluye que no se va a hacer lugar al pedido de la cesación de estado antijurídico, por tratarse de un conflicto de origen laboral en el que los trabajadores no están haciendo más que defender sus derechos.

Es que éste –el derecho a la protesta- es un derecho conforme a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y múltiples Tratados Internacionales de Derechos Humanos; y no puede verse perturbado, y mucho menos criminalizado, por el interés de las grandes empresas en aumentar sus ganancias a costa de hambrear a sus trabajadores y despedirlos como material desechado.

A horas de este fallo, un grupo de patotas de la Unión Obrera Metalúrgica desalojó de manera violenta a los despedidos, golpeando a mujeres, estudiantes, organismos de Derechos Humanos y a todos aquellos que se estaban solidarizando con el reclamo. El accionar fue ampliamante repudiado.

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Hoy, la pelea por la reincorporación en Electrolux sigue, el Ministerio de Trabajo debe expedirse sobre la ilegalidad de los despidos, realizados previamente al Procedimiento Preventivo de Crisis, que dista bastante de las ganancias millonarias que sus propios representantes dijeron tener, en la misma audiencia penal.

En este aspecto, la actitud de los trabajadores de Electrolux debe ser vista como ejemplo para toda la clase trabajadora, que cada día se ve más hundida en una crisis económica que se profundiza en manos de las políticas del FMI, el macrismo y los grandes grupos económicos.





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