Política

CAMPAÑA JUDICIALIZADA

Otra vez Bonadio: procesaron a CFK por subsidios millonarios a empresas del transporte

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Este martes, el juez sumó dos nuevos procesamientos contra la expresidenta, que ya acumula cinco pedidos de prisión preventiva. La causa actual, derivada de los cuadernos, involucra también a empresas privatizadas que gestionan colectivos y trenes y a los exfuncionarios Julio De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Martes 19 de marzo | 21:29

Este martes, el juez Bonadio sumó dos nuevos procesamientos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa, derivada de los “cuadernos de las coimas”, es por los delitos de "asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta" e investiga la entrega de subsidios millonarios para empresarios de colectivos y trenes entre 2003 y 2015.

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Así, la expresidenta acumula al momento 10 procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva que no se harán efectivos porque tiene fueros parlamentarios. El hecho constituye todo un signo en el marco de la campaña electoral. Buena parte de la disputa entre Cambiemos y Cristina como principal figura opositora está mediada por el rol del Poder Judicial.

También quedaron procesados Julio De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además de un gran número empresarios vinculados a los servicios de transporte como Mario Cirigliano, Carlos Kovac, Héctor Ledesma , Aldo Roggio (Metrovías), Benjamín Romero (Ferrovías), Roberto Urquía y Romero (Ferrocentral), Carlo Cappelli (Sociedad Operadora de Emergencia), a Sergio Cirigliano (TBA), Sergio Taselli y Julio José Forastieri (Transportes Metropolitanos Belgrano Sur) entre otros.

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El juez dice que los subsidios a estos empresarios eran parte de una “maniobra delictiva” que consistía en entregar subsidios superiores a los que correspondían y, a cambio, recibir coimas. Esto habría causado un “perjuicio al Estado de $ 609.326.186,25”, según consta en la resolución difundida en medios de prensa.

El magistrado argumentó que desde el Ministerio de Planificación Federal se armó un sistema de recaudación para calcular los subsidios en base a kilometrajes "superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos". Los empresarios, por su parte, pagaban coimas a los funcionarios para que mantuvieran "las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios". Las entregas de dinero se realizaban, según el juez, "en los despachos de los Secretarios de Transporte o en las sedes de las empresas".

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Así, Bonadio, que ya está seriamente cuestionado por impulsar causas flojas de papeles contra miembros de la oposición y en particular contra Cristina Fernández de Kirchner, suma dos procesamientos más para una campaña fuertemente judicializada.

En este caso, se apunta contra uno de los corazones del modelo económico kirchnerista, que consistió efectivamente en entregar subsidios millonarios a empresas privatizadas de los servicios públicos. Independientemente de si existieron coimas o no, dichos subsidios fueron una verdadera estafa al Estado. Las empresas no los utilizaron para invertir y mejorar los servicios, como se ve actualmente en la precariedad del conjunto del trasporte público.

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Según datos oficiales, desde el año 2005 hasta febrero de 2015, los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner desembolsaron 115.728,56 millones de pesos en concepto de subsidios al transporte y gasoil. De 2007 a 2015 (inclusive) se pagaron 86.000 millones de dólares en subsidios energéticos. A la salida de CFK, el gobierno nacional destinaba el 1,4% del PIB y más de 4% del gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) a solventar los costos operativos de los concesionarios de transporte.

Sin embargo, con la asunción de Macri y el festival de tarifazos, se evidencia que la estafa continúa. Antes recibían millones de subsidios, ahora aumentan las tarifas, pero el servicio sigue siendo paupérrimo y, al día de la fecha, murió un trabajador ferroviario en el Tren Sarmiento por responsabilidad de la empresa.

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Para frenar este saqueo criminal, la izquierda y sus referentes como Nicolás Del Caño y Myriam Bregman plantean la estatización sin pago y bajo control de trabajadores y usuarios de todo el transporte y los servicios públicos.





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