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Explosión en maternidad, una tragedia más que pudo haberse evitado

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La terrible explosión en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa ocurrida el 29 de enero en la Ciudad de México, provocada por una fuga de una “pipa” de la empresa Gas Express Nieto, causó la muerte de tres personas: una enfermera y dos bebés. Dejó heridas a 72, de las cuales 14 están graves, la gran mayoría recién nacidos que, de sobrevivir, quedarían con serias deformaciones.

Sábado 31 de enero de 2015 | 13:30

Otra tragedia más a causa de un estallido que podría haberse evitado. Durante décadas, la falta de seguridad en instalaciones de Pemex, o en empresas particulares que actúan sin ningún control oficial (producto de la corrupción de las autoridades) enluta hogares de la clase trabajadora.

Pese a ello, no hay políticas para revertir esta situación. Priman la indolencia y la corrupción oficiales.

Una vez más, vino a la memoria popular las explosiones de San Juanico en 1986 y 1996 San Juanico en 1984 y 1996, Guadalajara 1992, Ciudad Reynosa, Tamps., 2012, por citar sólo algunas, como monumentos a la impunidad.

El gobierno federal y el de la Ciudad de México, en acuerdo con los medios, se presentaron rápidamente en las instalaciones colapsadas para figurar: el presidente Peña Nieto y el Jefe de gobierno por el PRD, Miguel Angel Mancera, mostraron su “sensibilidad” y “solidaridad con los deudos y trasladando a los heridos a lujosos hospitales privados.

Al mismo tiempo, anunciaron que investigarán para para fincar responsabilidades a quien corresponda, cuando ellos son primeros responsables.

La campaña mediática emprendida por el gobierno federal –cuya secretaria de salud está al frente de la ofensiva contra el actual movimiento de enfermería–, y el de DF –cuyo hospital siniestrado pertenece al sistema de salud capitalino– para desviar la atención sobre su responsabilidad, se centra en señalar la negligencia de los trabajadores de la pipa de gas, en resaltar la ayuda a las familias y vecinos afectados (seguro de vida, indemnizaciones, reparaciones de casas habitación), en premios y homenajes a los civiles que ayudaron en los rescates, etc. Y así dar la imagen a nivel internacional de un gobierno sensible y responsable. Y es que el gobierno de Peña Nieto no sale de una, cuando ya entra a otra.

Buscan evitar que se relacione la función gubernamental con el tipo de acuerdos fraudulentos que el gobierno establece con las compañías gaseras que proveen a la infraestructura estatal.

Trabajadores de la salud han informado que, previamente al arribo de Peña Nieto al hospital destruido, la policía federal y el ejército acordonaron la zona y sacaron a los trabajadores y civiles para que nadie pudiera hablar con ellos, montando un cerco impenetrable.

Una tragedia que puede convertirse en un estallido político y social

Pero esta explosión y las muertes de bebés y trabajadores del hospital tienen la importancia de darse en un momento político excepcional: una gran crisis política nacional que no se vio siquiera, ni cuando las explosiones de San Juanico en 1984, ni en los devastadores sismos de 1985 que marcaron un punto importante en la crisis del priato, un período en que incluso, había más elementos de crisis económica que hoy –prolongado de estancamiento económico, desempleo masivo y con alta inflación; la llamada “década perdida” que significó el arranque de la fase neoliberal del capitalismo mexicano.

Es decir, esta tragedia se da en medio de una importante crisis de legitimidad del régimen de la alternancia que, puede potenciarse como no se vio durante el autoritario “régimen de la revolución”. Encima, la caída de los precios del petróleo (como señalamos en otras entregas), golpea a la economía mexicana.

Es que, además de los “focos rojos” existentes, tanto por la situación abierta con la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, como por la ingobernabilidad en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas debido a la fuerza de los cárteles de la droga, esta fatal explosión puede convertirse en un fuerte elemento de inestabilidad si la movilización nacional suma esta nueva tragedia a sus demandas.

Por eso, aunque el hospital colapsado pertenece al sistema de salud del gobierno del Distrito Federal, a Peña Nieto le urge cerrar lo más pronto posible esta situación, sobre todo de cara a unas elecciones federales que varios sectores de la población están llamando a boicotear.

Lamentablemente, para el gobierno federal y para el gobierno capitalino, está en crisis la principal mediación que viene ayudando a desviar el descontento, pues el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que cada vez aparece más ligado a Peña Nieto, atraviesa una gran pérdida de popularidad acrecentada por la participación del acalde perredista –hoy preso– acusado por ordenar la masacre de los normalistas en Iguala, crisis cruzada por la renuncia de importantes figuras; ha dejado, de ser “la pata izquierda” del régimen.

Los sectores que se están movilizando en todo el país deben exigir una investigación las verdaderas causas sobre da tragedia y demandar su castigo a los responsables. Y una comisión independiente integrada por familiares de los muertos y heridos, los vecinos del lugar y los trabajadores del Materno Infantil, que determine las caudas y determine las responsabilidades.

El movimiento de enfermería que tiene una mesa de negociación con las autoridades de salud, debe movilizarse retomando esta demanda, lo que puede fortalecer su lucha. Mantenerse en esa mesa –con trabajadores de la salud fallecidos en la explosión–, solamente le permitiría al gobierno superar esta situación y fortalecerse.

Si la movilización se masifica y logra la renuncia de las autoridades responsables de la salud y el castigo a los culpables (en los dos ámbitos de gobierno), se fortalece en la lucha por sus demandas y fortalece su organización.

Hay que enfrentar los planes privatizadores con un programa que ligue el rechazo a las reformas “estructurales”, el rechazo a los recortes públicos anunciados por el secretario de Hacienda, planteando que la única manera de garantizar medidas efectivas de seguridad en las unidades hospitalarias y una atención de calidad a los derechohabientes, es poniendo el control de las instituciones de salud en manos de los trabajadores.





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