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La Izquierda Diario
29 de diciembre de 2017 Twitter Faceboock

CONSTRUYENDO EL ENEMIGO
Un “informe” de novela y un “comando operativo” para someter a los mapuches
Daniel Satur | @saturnetroc

Patricia Bullrich presentó un “informe” sobre la RAM plagado de falacias e inventos. Un audaz paso represivo para perseguir y encarcelar a quienes luchan por sus tierras en Río Negro, Neuquén y Chubut.

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Foto Ministerio de Seguridad

Como se dijo otras veces en este sitio, en términos estrictos Macri no es la dictadura. Pero cómo la homenajea...

El miércoles por la tarde, en la sede del Ministerio de Seguridad, la titular de la cartera Patricia Bullrich se reunió con los máximos funcionarios del área de los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén. El objetivo del encuentro, según el propio Gobierno, fue la implementación de medidas “para hacer frente a los episodios de violencia atribuidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.

La reunión fue una continuación de aquella otra realizada en Bariloche el 31 de julio de este año. Entonces no había sido Bullrich la anfitriona sino su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, quien anunció por todos los medios el objetivo del trabajo conjunto entre la Casa Rosada y las tres provincias del sur: aniquilar a la llamada RAM y encarcelar a todos sus miembros.
 
Finalizada la reunión, la ministra ordenó entregarle a los periodistas presentes copias de un voluminoso informe cuyo título no por corto resulta indiferente: RAM. Poco después el documento fue subido a la cuenta de Twitter del Ministerio.

El texto tiene 180 páginas y fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Seguridad y los gobiernos rionegrino, chubutense y neuquino. Allí se vuelcan, según el relato oficial, “los antecedentes, hechos judicializados e implicancias que para la seguridad argentina” tendría la RAM.
 
A la salida del encuentro con Pablo Durán (ministro de Gobierno de Chubut), Gastón Pérez Esteban (ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro) y Mariano Guido (Seguridad, Trabajo y Ambiente de Neuquén), Bullrich anunció que, basándose en el informe presentado, desde ahora funcionará un “comando operativo conjunto” entre la administración nacional y las provincias. Ese comando estará integrado por los funcionarios políticos y las autoridades de cada fuerza involucrada, y tendrá como primer objetivo “reforzar la cantidad de efectivos de fuerzas federales que se encuentran en la zona”.

Adoptando sin chistar y hasta con entusiasmo la doctrina securitaria y represiva impulsada por las agencias estadounidenses CIA y DEA desde hace años, Bullrich y sus secuaces cimientan un relato que relaciona casi lógicamente a la denominada “RAM” con el terrorismo internacional, el narcotráfico y el contrabando de armas.

Con ese norte, la ministra volvió a repetir este miércoles un cliché que ya había utilizado en otras oportunidades: “Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La RAM considera que el Estado argentino y sus leyes son ilegítimos”.

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Un informe delirante, falaz y peligroso

 
El informe “RAM” armado por los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales, colaboradores del Poder Judicial y sus mandantes políticos destila en cada punto y cada coma un lenguaje rayano con el racismo. Pero a la luz de las motivaciones con las que fue hecho y presentado este miércoles, ese “detalle” no es lo más preocupante.

En 180 páginas de palabras e imágenes se manipulan hechos, se retuercen explicaciones y hasta se cae en lisas y llanas mentiras con el único objetivo de intentar acomodar la realidad a los esquemas y objetivos político-represivos del macrismo.

“Lucha insurreccional”. El informe de Bullrich y compañía arranca definiendo a la llamada RAM como “un movimiento etnonacionalista violento que desde hace ocho años opera en territorio argentino” y cuyos miembros “cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas. Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”.

Semejante caracterización de una organización sobre la que no se conocen referentes de carne y hueso y que no tiene visibilidad real en la región suena, cuanto menos, audaz. Y en esa línea el Gobierno avanza un paso más: el informe habla de “la relación entre la RAM y otras organizaciones políticas que apoyan su lucha etnonacionalista, tanto en Argentina como el extranjero. Diferentes organizaciones anarquistas y de izquierda radicalizada, que comparten la metodología y su ideología contraria al Estado de derecho, las instituciones argentinas (incluyendo sus fuerzas de seguridad) y la propiedad privada, respaldan las acciones de la RAM y utilizan sus consignas y símbolos en otras partes del país, en especial en manifestaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, hay indicios de que en el ataque contra la Casa de la Provincia de Chubut en Buenos Aires participaron estos grupos que respaldan a la RAM”.

¿Pero por qué en esas 180 páginas esos “indicios” brillan por su ausencia?

Informe Ram- Diciembre 2017 by La Izquierda Diario on Scribd

Mienten, mienten ¿algo quedará? El informe del Gobierno dice textualmente que “la vocera de la organización RAM es Moira MILLÀN”. Curiosa vocera aquella persona que públicamente no sólo niega pertenecer a esa organización sino que pone en cuestión su propia existencia. Así lo hizo en varias entrevistas, una de ellas concedida hace poco más de dos meses a la agencia internacional RT. Como vocera, un poco rara ¿no?.

La acusación infundada contra la referente mapuche también es aplicada al joven Rafael Nahuel, asesinado por la espalda a manos de efectivos de la Prefectura Naval el 25 de noviembre en las orillas del lago Mascardi (Bariloche). A él también se lo sindica como miembro de la RAM. Y aquí Bullrich no solamente pisotea la memoria de Rafael sino que desoye lo que los propios sobrevivientes de aquel crimen dijeron apenas ocurridos los hechos.“Acá no existe ninguna RAM. Acá es la Lof y son las familias que están buscando este mejor vivir”, dijeron cuando les preguntaron los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu . Y agregaron que la RAM “es un enemigo que se ha inventado el Estado para matarnos”.

La imagen no es todo. El informe expone una serie de fotografías tomadas por las fuerzas represivas (Gendarmería y policías provinciales, centralmente) con las que se busca “demostrar” lo que se dice en el texto. Particularmente se muestran fotos de elementos secuestrados en diversos “allanamientos” realizados en Neuquén y Chubut.

En el caso de los allanamientos de Neuquén, las fotos muestran algunos rifles, pistolas y municiones. Según la Policía neuquina, entre el 1° de septiembre y el 14 de noviembre la RAM quemó autos en la concesionaria Kumenia y atentó contra dos pozos petroleros de las empresas Pluspetrol e YPF.

En esos allanamientos hubo detenidos, pero debieron ser liberados inmediatamente porque no se les pudo comprobar ningún delito. Es más, en el informe presentado este miércoles esas personas ni siquiera figuran en la lista de “prófugos, detenidos e imputados en causas RAM” que el mismo Gobierno armó.

En el caso de Chubut, lo que el Gobierno llama “allanamiento” en realidad fue la ocupación ilegal durante más de cinco horas del territorio de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Fue el 1° de agosto, el mismo día que desapareció Santiago Maldonado de ese lugar. Allí, según el relato oficial, las fotos de los elementos secuestrados muestran un verdadero “arsenal”: hondas, serruchos, hachas, pinzas, tenazas, cuchillos, matafuegos, sogas, picos, palas, bidones con combustible (para las motosierras y los generadores de energía), taladros, hoces y martillos.

Por si hiciera falta aclararlo, además de esos elementos de trabajo cotidiano (algunos de los cuáles se los terminó robando la misma Gendarmería) no se hallaron armas de fuego ni panfletos de la RAM.

Otras fotos muestran panfletos hallados en incendios adjudicados a la RAM. Lo curioso es que muchos de esos panfletos aparecieron en lugares que estaban quemados, como si los “terroristas” hubieran esperado a que todo sea cenizas para depositar allí sus mensajes. Una burla.
 
No hay ninguna evidencia que demuestre más o menos seriamente una relación real entre elementos “secuestrados a la RAM” y las personas violentadas por las fuerzas represivas en Cushamen, Mascardi, Neuquén y otras zonas cordilleranas. Cuando se secuestran panfletos y armas, no se puede demostrar qué sujetos los portaban. Cuando se detiene a sujetos, están desarmados y niegan ser de la RAM.

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Criminalización a como dé lugar. El informe también contiene fotos en las que se ve a jóvenes mapuches con sus rostros tapados con remeras o pasamontañas. Eso demostraría la “clandestinidad” de los sospechosos. Pero esos mismos jóvenes cotidianamente van a trabajar y a estudiar a cara descubierta. Lo que no dice el “informe” es que cubrirse al cara ante los represores es una elemental medida de resguardo frente a la maquinaria estatal que ficha, persigue y hostiga a quienes logra identificar.
 
Con su informe en la mano Bullrich llega a la conclusión de que los miembros de la RAM “incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan”.

Sin embargo, y como se desprende del mismo informe, mucho más de la mitad de los delitos que se le adjudican a la RAM en verdad distan tanto de asemejarse a acciones terroristas como Bullrich dista de ser medianamente creíble. Dudosa peligrosidad la de “terroristas” a los que se les adjudican delitos que en su gran mayoría no pasan de daños leves, robo de animales, interrupciones de servicios públicos y “usurpaciones” de unas pocas hectáreas.
 
En esa misma línea argumentativa, el informe dice que “a partir de la usurpación del cuadro vuelta del río, en el Paraje Leleque, departamento Cushamen en el año 2015, los hechos delictivos han incrementado de manera notoria, verificándose una escalada de violencia en la zona”. Pero casualmente esa zona es la que gobierna con mano de hierro la corporación Benetton, desplegando un ejército de sicarios permanentes, montando aparatología de vigilancia de última generación y hasta digitando el accionar de las fuerzas del Estado (a quienes incluso les llega a pagar parte de sus sueldos). Suena raro que un grupo terrorista elija justamente ese lugar para consumar sus actos.
 
Como no podía ser de otra manera el Gobierno suma a los hechos de la Patagonia los acontecimientos ocurridos luego de las masivas movilizaciones por Maldonado de la Ciudad de Buenos Aires. Así remarca “el desprendimiento de un grupo de personas sumamente violentas con rostros cubiertos, palos y otros elementos contundentes, provocando graves daños y disturbios en la Plaza de Mayo, el Congreso, la Casa de la Provincia de Chubut, la Casa de Río Negro y el Cabildo”. Pero como se comprobó mediante testimonios y registros periodísticos, las propias fuerzas represivas y los servicios de inteligencia fueron los que se infiltraron en las movilizaciones, dando pie a cacerías de personas inocentes a las que se les armaron causas insostenibles, sin pruebas y con un claro objetivo ideológico-político disciplinador.


Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, víctimas de crímenes de Estado

Matando la verdad. De la serie de delirios y falacias del informe, el punto más tragicómico es el que se refiere a dos muertes que, según el Gobierno, fueron producidas por la RAM. La primera de ellas es la del empleado municipal José Maciel, ocurrida el 14 de julio de 2010. Maciel falleció luego de que un artefacto explosivo se activara a su lado cuando se encontraba frente a la escuela de Policía de Río Negro en Cipolleti, lindera con la Brigada de Investigaciones de la misma fuerza. Además de que nunca se determinó la procedencia de la “bomba”, en aquel momento y durante años no hubo un solo medio o periodista que hicieran referencia a alguna comunidad mapuches ni mucho menos a la RAM.
 
La segunda de esas muertes no fue de un trabajador, sino de un policía. Ocurrió el 7 de marzo de 2012 en Junín de Los Andes, Neuquén. El muerto se llamaba José Aigo y según el relato oficial fue baleado en plena ruta desde una camioneta a la que había parado para realizar controles. En su momento el hecho se les adjudicó al FNMR y a MIR chilenos en vistas de que los dos hombres que dispararon serían supuestos militantes de esas organizaciones. Pero la obtención de pruebas concretas que involucren a alguna comunidad mapuche de Neuquén, Río Negro o Chubut es inversamente proporcional al desarrollo de todo tipo de especulaciones sin sustento. Entre esas especulaciones se destaca la que vincula a la RAM (léase comunidades mapuches) con el narcotráfico. “Todo cierra”, dicen Bullrich y su segundo del Ministerio Pablo Noceti. El crimen de Aigo podrá seguir sin esclarecerse, pero al Estado argentino ya le sirvió para incorporarlo en el “haber” de la llamada RAM.

La construcción del enemigo interno a medida

Si todo lo dicho anteriormente basta para ubicar a Bullrich y los funcionarios provinciales en la categoría de delirantes consuetudinarios, aún resta lo más grave. Porque si por un lado el Gobierno quiere imputar, procesar y encarcelar a los miembros de las comunidades mapuches por delitos de los más variados (lo que el informe intenta fallidamente demostrar), por el otro ya mismo existe una deliberada persecución y hostigamiento a esas personas más allá de los delitos que se les quiere imputar.
 
De allí que el mayor hecho “terrorista” lo configure, desde la óptica de Bullrich, el enorme atentado a la propiedad privada ejecutado por Facundo Jones Huala y su comunidad en marzo de 2015 en Cushamen. Como si el haberle “mojado la oreja” a Benetton hubiera sido una verdadera declaración de guerra al genuflexo Estado argentino. Así fue que desde entonces, en esa zona hipervigilada, supercustodiada y ultraprotegida por las bandas armadas estatales y paraesatales servidoras del capital, un puñado de jóvenes mapuches se habrían dado el lujo de poner en vilo al magnate italiano. Un relato que cierra menos que todos los anteriores.
 
Bullrich considera terrorismo hasta la recuperación pacífica de un terreno en las alturas de Bariloche por parte de María Isabel Huala, la madre del lonko Facundo. “Todo suma”, dice la verborrágica ministra. Y obviamente son también actos que ponen en serio riesgo la seguridad de la población las movilizaciones que exigen en las calles la libertad de Jones Huala.
 
En ese marco, no podía faltar en el informe el supuesto atentado a un puesto de vigilancia de una estancia de Epuyén perteneciente a Benetton, ocurrido el 21 de julio. Se recordará que durante un buen tiempo Bullrich buscó ligar la desaparición de Santiago Maldonado con ese episodio, ocurrido diez días antes de los acontecimiento en la Pu Lof de Cushamen. Buscando “sacar” a Santiago de la escena donde realmente había estado por última vez, la funcionaria instaló la teoría de que el joven podría haber sido herido de muerte por el puestero Evaristo Jones, quien se defendía de un “atentado” contra su puesto de trabajo.
 
El informe ni siquiera se inhibe al momento de desplegar la vocación provocadora del Gobierno para con la familia Maldonado. Entre los atentados de la RAM “identificados” por las huestes de Bullrich se incluyen las heridas en el rostro del gendarme Emanuel Echazú, esas que recibió mientras avanzaba a garrote y balazo contra Santiago Maldonado y sus amigos mapuches el 1° de agosto. Peligrosamente bizarro.

Luego de la reunión con los funcionarios provinciales, un periodista de Clarín le preguntó a la ministra qué opinaba de que desde diversos sectores se acuse al Gobierno de estar creando un “enemigo interno” a la medida de sus necesidades represivas. “No existe la construcción de un enemigo interno. Ellos (por la RAM) eligieron como enemigo al Estado de Derecho. No hubiéramos construido ningún enemigo si no hubiéramos tenido dos asesinatos e incendios”, respondió Bullrich. Pero esos crímenes y esos incendios, como se ve, poco y nada tienen que ver con la acción de las comunidades de Cushamen, de Mascardi y del resto de la comarca andina.

Paradójicamente Bullrich cerró su conferencia de prensa del miércoles defendiendo nuevamente el accionar de comprobados asesinos. “No hay ningún agente de la Prefectura imputado”, dijo en referencia a quienes dispararon sus armas 9 milímetros y terminaron con la vida de Rafael Nahuel. Y con eso creyó que daba por cerrado el asunto. Pobre de ella.

 
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