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La Izquierda Diario
7 de enero de 2015 Twitter Faceboock

BRASIL
Año nuevo, nuevos ajustes y vieja política
Felipe Guarnieri | Trabajador Subte San Pablo

El segundo mandato de Dilma se inicia con el anuncio de una serie de medidas que recortarán más de R$18bi en derechos básicos de protección social a los trabajadores y al pueblo pobre.

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Los ajustes comenzaron. Si en San Pablo el regalo para navidad de Alckmin fue el despido de 23 trabajadores del subte que habían sido reintegrados en la última huelga, el mensaje de año nuevo de Dilma fue inaugurar el 2015 con un nuevo paquete de medidas contra los trabajadores. El gobierno del PT que durante las elecciones se presentó como “el mal menor” contra el retroceso de los años de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) probó una vez más que su agenda es la misma que la de los tucanos.

Quienes escucharon el discurso de asunción de Dilma podían pensar que en el país todo marcha bien, tal vez la presidenta se refería a los bancos que lograron cerrar el año con ganancias superiores al 100%, que en números absolutos representan un valor superior a la economía (PIB) de más de 83 países. Las medidas provisorias (decretos) anunciadas por el Jefe de la Casa Civil, Aloizio Mercadante, el pasado 29/12, recortarán más de R$18bi en derechos laborales en el sector de previsión social como el seguro por desempleo, la pensión por fallecimiento, entre otros. Mercadante declaró que el nuevo paquete económico “corregirá distorsiones” y que fue negociado junto a otros ministros y centrales sindicales como la CUT y la UGT, mostrando cómo el gobierno del PT permanece alineado a los intereses de las patronales con ayuda de la burocracia sindical.

¿“Distorsiones” o fin de derechos?

Lo que el gobierno llama “distorsión” consiste en realidad en el fin de derechos laborales. Comenzando por el seguro de desempleo: el trabajador tendrá que tener como mínimo 18 meses (antes eran 6) de trabajo en blanco para adquirir ese derecho; en el segundo pedido deberá haber contribuido con por lo menos 12 meses al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y para el tercer pedido haber ejercido como mínimo 6 meses en un empleo formal.

Se pone fin al derecho vitalicio de pensión por fallecimiento para cónyuges jóvenes, la pensión también dejará de ser integral y pasará a ser el 50% del salario más el 10% por persona a cargo con un límite máximo de 100% del salario. Además de imponer un plazo de 24 meses, que antes no existía, para efectuar el reclamo para que la familia pueda recibir el auxilio y un período mínimo de 2 años de casado o de unión estable para que el cónyuge acceda al derecho.

El plazo de días trabajados para reclamar el pago del abono salarial también sufrirá un ajuste, siendo que antes era de 30 días y ahora el plazo mínimo es de 6 meses.

Otro de los cambios se da en el Seguro–Defeso, el salario mínimo pago a los trabajadores que ejercen la pesca exclusiva y artesanal. Para tener derecho al seguro el pescador no podrá acumular otras ayudas (como auxilio por enfermedad o participar de programas como Bolsa familia) y será obligado a tener como mínimo 3 años de registro y comprobar la comercialización de la pesca o el pago de la contribución previsional por 12 meses.

En relación al auxilio por enfermedad, además de disminuir el valor de la ayuda, el gobierno aumenta de 15 a 30 días la responsabilidad de pago del empleador al trabajador alejado por enfermedad. Lo que aparentemente podría ser una transferencia mayor del costo para la patronal, en la práctica, principalmente en la mayoría de las empresas multinacionales y de iniciativa privada, significará para los trabajadores una nueva presión para ejercer sus trabajos aún enfermos, pues en caso contrario podrían ser despedidos. Esto en un país que lidera los índices de accidentes y enfermedades ligadas al trabajo, como sucede en el Subte de San Pablo con los trabajadores tercerizados y efectivos, casos que son denunciados permanentemente, pero la empresa encubre y se niega a adoptar medidas que mejoren condiciones laborales.

Retomar el camino de Junio

La economía brasilera viene desde hace tiempo expresando cierto desgaste, principalmente sobre el control de la inflación y su relación de dependencia con el capital extranjero la hace más vulnerable a los efectos de la crisis capitalista internacional. Para dar una salida esta situación y seguir honrando el pago religioso de la deuda pública y el superávit primario, el gobierno del PT así como el PSDB y los principales partidos dominantes, defienden los intereses de los patrones para que los trabajadores paguen los costos del ajuste. Además de este nuevo paquete, el 2015 comenzará con un reajuste de las tarifas del subte en diversos estados y Dilma negocia con la burocracia sindical (CUT/CTB/Força Sindical/UGT) la reducción de la jornada laboral con reducción de hasta un 30% del salario.

Frente a este escenario económico y político con el que se inicia el 2015, la perspectiva que las Jornadas de Junio de 2013 dejaron en abierto vuelve a cobrar fuerza, cuando millones desbordaron las calles en todo el país, cuestionando la clase política, sus políticas de ajuste y la corrupción.

 
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