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La Izquierda Diario
30 de junio de 2020 Twitter Faceboock

DECRETO 255/20
Avance represivo: ya es ley el decreto que da superpoderes a la Policía en Salta
Florencia Unquillo

Por un artilugio legal, el Gobierno de Gustavo Sáenz transformó en Ley el DNU 255/20 que crea un nuevo régimen sancionatorio en la provincia, lo que implica un avance represivo en toda la línea. Críticas fuertes desde la izquierda.

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Desde el 29 de junio de 2020, según indica el Boletín Oficial de la provincia, Salta cuenta con una nueva Ley en materia represiva. Se trata de la N° 8191 que crea el “régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19” y le da atribuciones de fiscal y juez de garantía a la Jefa de Policía Norma Morales. Una normativa que implica un salto represivo en la provincia en toda la línea.

Esto surge debido a que, según señala el artículo 145 de la Constitución Provincial, tras cumplirse el plazo para aprobar o rechazar el DNU 255/20 en las Cámaras Legislativas de Salta, pasa a ser Ley de forma automática. La noticia llega luego de que tanto el ex coronel negacionista Juan Manuel Pulleiro, al frente del Ministerio de Seguridad, como la propia Morales y otros funcionarios se hayan reunido el pasado viernes con diputados provinciales donde tuvieron que reconocer la existencia de denuncias por abusos policiales. Allí, Pulleiro sostuvo que “en los primeros 152 días de gestión hubo 360.211 intervenciones policiales en toda la provincia y menos del 1% del trabajo cuenta con denuncia por mal desempeño o abuso de autoridad”, lo que equivale a 24 denuncias por día.

Durante estos primeros días de gobierno y de cuarentena, la vulnerabilidad de los derechos humanos se expresó en todo sentido sobre las y los trabajadores y el pueblo pobre de las barriadas. Con desalojos a comunidades originarias y criollas en Tatagal o en la zona sudeste de la capital, con apremios ilegales y brutalidad policial como en los casos de Adrian Mercado o el recientemente difundido de Cristian Escalante, con represión y detenciones a las y los que salen a luchar como vendedoras ambulantes o el caso de los 7 remiseros presos que aún continúan detenidos.

Una situación represiva que ya era corriente con 5 casos de gatillo fácil en el último año del Gobierno de Juan Manuel Urtubey, ahora se encuentra totalmente agravada en los marcos del 255/20 y muestra a las claras que lo único que persiguen el Estado y sus instituciones es la criminalización y judicialización de la pobreza y la protesta en medio de una crisis sociosanitaria y económica en curso por el coronavirus. Un mensaje aleccionador para todos y todas las que salimos a luchar por nuestros derechos

Cuestionando el decreto 255, al ser entrevistado por FM Capital, el diputado provincial Santiago Godoy, referenciado con el Gobierno de Alberto Fernández, sostuvo que le “parece que este es un decreto que no solo hay que derogarlo si no que hay que cambiarlo para que rija la contravención. No dejo de ninguna manera ningún flanco flojo, le doy los elementos necesarios para que la Policía tenga en sus manos, pero controlada por el fiscal y los jueces, la posibilidad de solucionar esos temas”.

Pese a las críticas, Godoy termina siendo un claro defensor del Código Contravencional local que sufren trabajadores ambulantes, artistas callejeros y mujeres trans.

Muy en las antípodas, la posición de de los organismos de derechos humanos y la izquierda. Hoy mismo, peleando en las calles por la derogación del Código Contravencional, entre otras demandas, junto a despedidos de la mina Proyecto Lindero, remiseros que pelean por la libertad de sus compañeros y artistas callejeros.

¿Qué establece la nueva Ley?

La Ley 8191, basada en el DNU 255/20, crea un nuevo régimen de sanciones en el marco de la cuarentena. Sostiene que en el contexto actual “este sistema excepcional prevé sanciones para aquellas conductas transgresoras que, al desobedecer órdenes que tengan por causa la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, pongan en peligro la salud y el orden público, siendo su finalidad primordial la toma de conciencia del ciudadano de la responsabilidad social que posee como parte de una sociedad en un contexto de crisis”. Que implica un sistema de multas que incluyen “arresto de hasta sesenta (60) días o multa de hasta sesenta (60) días”.

En su artículo 3º actualiza las funciones de la Jefa de Policía ya que, según indica, “tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente. Contra la resolución que recaiga, el interesado podrá ocurrir a la justicia en el plazo de cinco (5) días, vía apelación sin efecto suspensivo, por ante el Juez de Garantías que por turno”. Sustituyendo así las tareas que actualmente realiza el fiscal y el juez según indica el Código Contravencional local.

Una salida desde abajo

Frente a este avance represivo, que no solo se ve en Salta si no en provincias como Tucumán, Chaco, Buenos Aires y a nivel nacional, un primer paso es el rechazo de esta Ley que lo que busca es cercenar y criminalizar los derechos de las y los trabajadores y el pueblo pobre. Con el norte en la represión de todas y todos los que salgamos a luchar no solo ahora si no para enfrentar lo que se viene en el marco de una crisis sociosanitaria y económica en curso.

Las movilizaciones que se realizaron durante este mes contra los casos de gatillo fácil y violencia policial, así como por la libertad de los remiseros presos por luchar por trabajo, incluso hoy mismo, son un punto de apoyo para organizarnos y pelear contra el fortalecimiento del aparato represivo, que mañana será desplegado sobre las y los trabajadores que salgan a luchar por salario y contra los despidos.

Desde la izquierda, la referente del PTS Frente de Izquierda local Daniela Planes sostuvo que “rechazamos la nueva Ley 8191 que le da poderes de fiscal y juez a la Policía. Abajo el Código Contravencional. Libertad a los remiseros presos. Tenemos que organizarnos desde abajo para enfrentar este avance represivo y lo que se viene”.

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, hace unos días envió una nota a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidiendo la presencia de Sabina Frederic y los ministros de Seguridad provinciales, entre los que se encuentra el ex coronel Pulleiro, para que den explicaciones respecto de las políticas que vienen llevando adelante.

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