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La Izquierda Diario
28 de junio de 2020 Twitter Faceboock

SEMANARIO IDEAS DE IZQUIERDA
De intelectuales y expropiaciones, más allá del affaire Vicentin
Matías Maiello

Ilustración: Mar Ned- Enfoque Rojo

A propósito de un artículo de Horacio González, algunas consideraciones y debates sobre el caso Vicentin y lo que tiene para decirnos sobre la realidad del capitalismo argentino.

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“Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”, decía hace unos días Héctor Vicentin. El que hablaba es accionista del holding que lleva su apellido, el mismo que se apropió de tierras fiscales de la mano de Onganía y del puerto de Ricardone a cesión de la dictadura de Videla, mientras colaboraba con la desaparición de 22 de trabajadores de la empresa (luego “blanqueados” como presos políticos). El mismo que se dedicó a contrabandear granos triangulando con puertos de Paraguay y Uruguay, y viene de embolsarse 18 mil millones de pesos defraudando al Banco Nación. El cinismo patronal es un arte que siempre puede alcanzar nuevas alturas. Sobran, desde luego, sus defensores en los grandes medios masivos, desde los más burdos hasta los más sofisticados, que de repente se rasgan las vestiduras por el respeto a “la ley”. Claro que todo este discurso tiene una base social bien dispuesta a hacer el aguante a puro banderazo. El mito del “99 % contra el 1 %”, es simplemente eso, un mito. Hay un núcleo articulador, no solo en los grandes burgueses sino entre una pequeña burguesía acomodada que ronda el 15 % de la población, que teme que si los Vicentin pierden sus privilegios ellos puedan ver peligrar los suyos.

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A poco de haber anunciado la expropiación de la empresa, Alberto Fernández recibió a los dueños de Vicentin en la Quinta de Olivos y se cansó de aclarar que en realidad su objetivo era “el rescate de la empresa” y estaba abierto a una “propuesta superadora”. Un recule esperable para alguien que dijo que no iba permitir que “los miserables” como Paolo Rocca despidieran trabajadores durante la pandemia y luego aceptó que lo hicieran; o que habló de un “impuesto a las grandes fortunas” que en la actualidad se encuentra traspapelado sin que se le conozca el paradero; que dijo que entre los bancos y los jubilados elegiría a los jubilados, pero hoy los bancos siguen timbeando a piacere con los ahorros nacionales mientras que los jubilados todavía no tienen ni la miserable indexación por inflación que les correspondería por ley; o que sin siquiera investigar la deuda fraudulenta (incluido la montaña adosada por Macri) ya lleva pagados más de 5 mil millones de dólares y se dispone a legitimar todo el paquete prestándose al chantaje de los buitres. Claro que después de la fiesta macrista, con Bolsonaro de un lado y Piñera del otro, la vara está muy baja.

El affaire Vicentin, como lo definió el referente de la intelectualidad kirchnerista, Horacio González, en un reciente artículo, se trata de “un retroceso del gobierno nacional ante la primer hojarasca chamuscada que le presentaron los augures de un grupo social siempre al acecho”. El ex director de la Biblioteca Nacional, sin embargo, parece sorprendido. Se queja de que: “Cuando se dijo hace una semana que se tomaría una medida soberanista en su máximo nivel constitucional, muchos dejaron de lado, con razón, la frase que decía que ‘eso ocurriría si no había otra medida superadora’. Parecía una fraseología al paso, de fácil interpretación que podía ser dejada de inmediato de lado. Pero lo ‘superador’, aquí, eran las agencias del retroceso que ya empezaban a operar”. Y agrega: “qué no iba a ser fácil, lo sabíamos”, sabíamos de los banderazos, de los jueces, de los empresarios, de los emporios comunicacionales, sabíamos que no aceptarían la palabra “expropiación”.

Vicentin como postal del capitalismo argentino

En este marco, González se interroga desde el propio título de su artículo “¿Por qué no la expropiación?”. En su respuesta menciona al pasar la expropiación de YPF bajo el gobierno de Cristina Fernández. Pero vale la pena detenerse en este ejemplo, un caso muy ilustrativo que va en el sentido contrario de una medida “soberana”. Desde que Axel Kicillof, entonces ministro de economía, agitara que no iba a pagar un peso por la empresa –e incluso reclamarle por el pasivo ambiental–, pasó mucha agua bajo el puente, empezando por los 5.000 millones de dólares que el gobierno de CFK puso en los bolsillos de los vaciadores de Repsol. Los mismos que con el paso del tiempo y el pago de intereses, se estima que crecieron a 8.000 millones. A lo que hay que agregarle el posible costo de la fallida “argentinización” por el que Eskenazi, de la mano de los buitres, está pidiendo otros 3.000 millones en los tribunales de Nueva York. Y todos estos 11.000 millones por el 51 % de una empresa que cuyo valor de mercado total hoy es de 1.500 millones. Una gesta soberana a billetazo limpio.

Si la pregunta es por qué Alberto no hace como con YPF, en todo caso no hay ninguna soberanía en “expropiar” una empresa para terminar pagando más de 10 veces su valor. Ahora bien, si el dilema que plantea el autor de Restos pampeanos es, como dice: “o nos convoca una forma de recobrar efectivamente la capacidad social autónoma de decidir ante los grandes poderes mundiales o la idea nacional soberana seguirá ampliando su alarmante letargo”, entonces la pregunta tendría que ser ¿por qué no la expropiación sin pagarle un peso a Vicentin y obligándoles a devolver la plata que se fugó a paraísos fiscales o trianguló con empresas del holding, tanto la que le robo al Banco Nación, Ciudad, y demás entidades públicas como la que obtuvo del contrabando de granos y otras oscuras maniobras? Y esta sí sería una pregunta interesante. Por otra parte, sería el tipo de cuestionamiento que uno esperaría de alguien que abreva en las tradiciones del nacionalismo popular latinoamericano. Sin ir más lejos, es lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas en los años 30 del siglo pasado cuando expropió a las petroleras inglesas.

Entonces, si la pregunta fuese por la expropiación sin “indemnizar” a los vaciadores, el primer argumento en contrario sería la incompatibilidad con el éxito de la renegociación de la fraudulenta deuda pública que está llevando adelante el gobierno. Y en este punto González protesta con razón por el hecho de que “siempre se debe entrar en el oscuro túnel de las negociaciones infinitas donde el Estado se hace cargo de las deudas privadas, como tantas otras veces, y que engorda las misteriosas formas de propiedad que terminan en Bancos de Basilea o en estudios jurídicos de Nueva York, en manos de especialistas en cortar el respirador artificial de países que son una hoja endeble en las borrascas mundiales”.

Efectivamente, sobre el final de la dictadura, Cavallo, nacionalizó deudas de Techint, Renault, Pérez Companc, Bulgheroni, Pescarmona, los Macri, entre otras. El juez Ballestero dictaminó 477 ilícitos en la constitución de esa deuda. Pero todos los gobiernos posteriores siguieron engrosando el asunto. Al final de los gobierno de CFK la deuda sumaba 223.000 millones de dólares. Luego vino el macrismo y la nueva montaña de deuda sirvió para que 10.000 personas, entre ellos el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza, siguieran vaciando el país. Los dueños de Argentina tienen fugados 400.000 millones de dólares en el exterior, el equivalente a un PBI.

Lo que extraña es que González, luego de quejarse por esto, apele simplemente a que hay que “condicionar a los empresarios”, a equilibrar “la balanza entre Estado y la gran empresa Privada”, y ponga como ejemplo los gobierno kirchneristas. El propio Claudio Lozano, actual funcionario del Banco Nación, en su investigación sobre el megacanje de Néstor Kirchner, Duhalde, Lavagna y Prat Gay (2004-2005), sostiene que fue un canje inconstitucional e ilegal. Recordemos, a su vez, que cada renegociación de la deuda tiene el efecto “colateral” de relegitimar toda la deuda anterior. Lo mismo está ocurriendo ahora, donde sin la más mínima investigación se está por ratificar con los buitres la hipoteca del país por décadas. Y, hablando de soberanía, se volverá a aceptar la jurisdicción de los tribunales de Nueva York del difunto juez Griesa. Esto por si quedaban dudas que la deuda es un mecanismo privilegiado de sometimiento imperialista en nuestra región desde tiempos inmemoriales, como relatara Luis Vitale en su historia de los pueblos de América Latina.

Habría que agregar que el Estado argentino probablemente no logre captar un miserable dólar de crédito internacional en los próximos años (o si lo hace lo tenga que gastar para pagar la deuda “refinanciada”); acordar con los buitres es esencialmente para que el empresariado que opera en el país –incluidos los que tienen un PBI en el exterior– acceda al crédito externo, refinancie sus deudas y obtenga dólares –que tiene pero no trae– como supuesta condición para que la economía pueda seguir funcionando. Menudo chantaje. A su vez, entre las principales empresas que serán beneficiarias del arreglo con los buitres, de las 500 más grandes, más de 300 son extranjeras y todas ellas –locales y extranjeras– van a seguir fugando a paraísos fiscales, a otras empresas de sus holdings o a sus casas matrices. Y desde luego, los bancos seguirán timbeando con recursos del país, teniendo ganancias record como durante las crisis como en 2019. Dicho sea de paso, está comprobado que HSBC –actual gestor para el canje de deuda–, junto con J.P. Morgan, BBVA, Citibank, Banco Galicia y otros bancos, organizaron la fuga de capitales de los principales empresarios a paraísos fiscales estableciendo una “banca paralela”. Para sumar soberanía, el comercio exterior seguirá monopolizado por manos privadas, la mayoría empresas multinacionales, como Cofco, Cargill, ADM-Toepfer, Bunge, y la argentina –fugadora serial– Aceitera General Deheza.

Entonces, ¿por qué no expropiar Vicentin? Efectivamente habría que hacerlo. De hecho el único proyecto presentado en el Congreso al respecto –al igual que sucede con el impuesto a las grandes fortunas– es el del Frente de Izquierda, que plantea la expropiación sin ninguna indemnización a los vaciadores y bajo control de sus propios trabajadores. Ahora bien, más allá de medidas urgentes como estas, el caso Vicentin también ameritaría una reflexión de fondo en tanto postal del capitalismo argentino y tipo ideal weberiano del empresariado local. Como muestra cualquier panorama serio de la burguesía y el funcionamiento del país, lejos de ser una excepción, Vicentin es la propia “ley” del sistema.

Sobre la fusión de Estado y empresa

“Ahora –dice González– estábamos atravesando el tiempo de poder y querer saber qué es este gobierno. Esta curiosidad está amparada en una simpatía previa. Se sale de los aires contaminados del macrismo, un sector empresarial y social no poco importante, que creyó que la Argentina ya estaba madura para el control –otra vez la palabra policialesca–, el control total, sí, de los nudos de gobierno”. Y agrega: “el macrismo, vulgar, rastrero y directo como fue […] fusionó empresa y Estado”. Es lógico que González se pregunte qué es este gobierno, razones no le faltan, y el macrismo efectivamente fue el gobierno de los CEO. Pero, ¿fue obra suya la fusión entre empresa y Estado? Parece demasiado mérito para el ex presidente de Boca.

Muchos pilares del entramado institucional actual a la medida de los Vicentin y de los buitres, nunca está de más recordarlo, se remontan a la dictadura genocida. Sin ir más lejos, la propia Ley de expropiaciones a la que tendría que apelar el gobierno para expropiar Vicentin viene de la dictadura. Pero es solo un ejemplo de las más de 400 leyes aún vigentes, muchas claves, que “modelan” el Estado argentino desde la dictadura genocida. Todo el saqueo sistemático que realizan los capitalistas cuenta con el paraguas legal de la Ley de entidades financieras de 1977, que tiene por pilares: la desregulación de la tasa de interés, cuya fijación pasa a ser potestad de los bancos; el incentivo al ingreso del mayor número de instituciones financieras para fomentar un mercado supuestamente “competitivo”; y la liberalización de la entrada y salida de capitales. También la Ley de inversiones extranjeras para beneficiar a los capitales imperialistas equipándolos a los locales y sin ninguna obligación de reinvertir. Otro pilar es el Código Aduanero que se remonta a 1981 que regula nada menos que el comercio exterior. Y la lista sigue, por ejemplo, con toda otra serie de leyes contra la separación entre la Iglesia y el Estado, financiando con fondos públicos sueldos eclesiásticos y hasta jubilaciones.

No se trata de leyes “menores”, sino que muchas de ellas le dieron –y le dan– forma al Estado. Las incómodas continuidades institucionales que se arrastran desde la dictadura militar constituyen un punto ciego del consenso político-intelectual que viene desde los años 80 sobre la transición a la democracia (burguesa) actual entendida como único horizonte de lo posible. Esto no quita el carácter determinante que poseen a la hora de “regular” (legalizar) buena parte del saqueo que repasábamos en el apartado anterior. Aquellas leyes, no solo “funcionaron” bajo el macrismo o el menemismo, sino bajo todos los gobiernos desde la transición posdictadura, incluidos obviamente los de Néstor y Cristina Kirchner. De allí que en el punto más alto del kirchnerismo (2007-2008) en medio de un crecimiento histórico de la economía nacional, su mayor logro consistió en tener “solo” un 25 % de la población bajo la pobreza y “solo” poco menos de un 40 % de trabajadorxs en la “informalidad”, para terminar su ciclo en 2015 con 29 % de pobreza y mantener los niveles de precarización. Este piso “inflexible”, va mucho más allá de los 4 años de macrismo; es producto de la consolidación de la estructura del capitalismo argentino a lo largo las últimas 4 décadas.

Horizontes e imaginación

En su artículo “¿Por qué no la expropiación?”, Horacio González se muestra preocupado por el “indeciso cuerpo gubernamental”. Pero mayor preocupación ameritaría todo aquel entramado que describíamos, del cual son producto tanto las Vicentin (o las LATAM, cuyas “perdidas” locales se traducen en ganancias a nivel internacional) como la precarización y la pobreza. Más aún si, como sostiene el reciente manifiesto inaugural del grupo “Comuna Argentina” que integran González y buena parte de la antigua Carta Abierta, “El contexto global de la pandemia es el de la continuidad de la mayor crisis de la historia del capitalismo”.

Sin embargo, según aquel texto la cuestión consistiría en que: “Las desiguales condiciones de existencia material precisan un Estado activo en el cuidado de los sectores precarizados”. Algo así como que el Estado tenga un rol “activo en el cuidado” de quienes sufren los “daños colaterales” de la acción del mercado que el mismo Estado viabiliza (legaliza). Desde este punto de vista, al manifiesto le queda grande el título. Aunque dice “Para una nueva imaginación democrática”, no llega siquiera a imaginarse una Asamblea Constituyente libre y soberana que sea verdaderamente capaz expresar la voluntad popular y que tenga plenos poderes para abordar todos los grandes problemas nacionales.

Mientras, en Chile se cantaba –y se cantará– “¡No son 30 pesos son 30 años!”, cuestionado la herencia de la dictadura pinochetista sobre la que se basa la democracia burguesa chilena en la actualidad. Mientras, está fresco el recuerdo de las barricadas de El Alto resistiendo al golpe en Bolivia cuando los parlamentarios del MAS reconocían al gobierno de facto, o el del fuego en las calles del octubre ecuatoriano. Mientras, en Estados Unidos caen las estatuas de los esclavistas y, en medio de la pandemia, las huelgas comienzan a recorrer el corazón del imperio. Mientras, decenas de miles se movilizan contra el racismo en Francia, la misma de los Chalecos Amarillos (2018) y de la gran huelga (2019) contra la reforma jubilatoria. El grupo “Comuna Argentina” se contenta con reivindicar a los recientes gobiernos posneoliberales y señalar que: “Esas experiencias, unidas a la resistencia al neoliberalismo, constituyen el horizonte de nuestras luchas futuras”.

De esta forma no solo plantea la perspectiva extemporánea de reproducir ciclos gubernamentales que tuvieron lugar en el momento de mayor crecimiento histórico de la región en muchas décadas, cuando en el mismo texto sostiene que estamos ante “la mayor crisis de la historia del capitalismo”. Sino, y sobre todo, le propone un horizonte miserable a las luchas futuras. La imaginación de los intelectuales del Frente de Todos parece haber quedado demasiado rezagada, no solo respecto a las luchas futuras sino incluso a las actuales y recientes. Se necesita una nueva imaginación, sí, de eso no cabe duda.

 
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