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La Izquierda Diario
26 de junio de 2020 Twitter Faceboock

A 18 AÑOS DE LA MASACRE
Masacre del Puente Pueyrredón: un crimen de Estado con muchos culpables impunes

Fotos Enfoque Rojo

Extractos del libro La disciplina de las balas, de Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil de la Bonaerense. El juicio a los policías y la impunidad de Felipe Solá, Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández y demás exfuncionarios que ejecutaron el plan represivo en 2002.

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Carla Lacorte publicó en 2019 el libro La disciplina de la balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en Argentina. Allí expone su caso personal contextualizado en la larga historia de violencia policial y estatal contra la población trabajadora y pobre. Entre las páginas 136 y 141 del libro, Lacorte hace especial referencia a las responsabilidades políticas en el plan represivo de junio de 2002 que terminó con la Masacre del Puente Pueyrredón en la que cayeron Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, donde más de 60 personas recibieron balazos de plomo policial y hubo decenas y decenas de detenidos.

La Izquierda Diario presenta extractos de esas páginas, al cumplirse 18 años del crimen de Estado que las administraciones de Eduardo Duhalde (presidente) y Feli Solá (gobernador) perpetraron en aquellos álgidos meses posteriores a las jornadas de diciembre de 2001.

El apartado se titula “La impunidad de los responsables políticos de la Masacre de Puente Pueyrredón” y forma parte del capítulo 5 del libro: “Los años pos Blumberg y las grietas del doble discurso”. Se refiere al período protagonizado por la presidencia de Néstor Kirchner, quien apadrinado por Duhalde llegó a la presidencia en mayo de 2003. Especialmente a los años 2004 y 2005.

«“Otro dato revelador del carácter del gobierno de “los derechos humanos” se había visto también el año anterior con el juicio por la Masacre de Puente Pueyrredón en el que se instruyó a la justicia para dividir el hecho en varias causas, ocultando el carácter de plan organizado por las instituciones del Estado que realmente tuvo. El objetivo era proteger a funcionarios kirchneristas que habían sido los organizadores intelectuales de la Masacre como Aníbal Fernández y Felipe Solá. Vale recordar que, al asumir, Néstor Kirchner se había comprometido con los familiares y los compañeros de Darío y Maxi en esclarecer el caso, ofreciendo incluso la apertura de los archivos de la SIDE… a cambio de que dejaran de reclamar justicia.”»

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(El juicio contra dos efectivos de la Bonaerense) «terminó con la condena de algunos de los responsables materiales, pero con la impunidad de los autores ideológicos que siguieron ocupando importantes cargos públicos y presentándose como candidato, como es el caso del exgobernador bonaerense Felipe Solá. En una nota publicada en los días previos decíamos: Como en otros momentos de nuestra historia “no hubo errores, ni excesos” en la Masacre de Puente Pueyrredón. Lo que existió fue un plan criminal organizado por los gobiernos de Duhalde, Solá y el Estado de conjunto para intentar acabar mediante el terror con los sectores de vanguardia nacidos de los fuegos de 2001.»

«No pueden entenderse de otra manera las amenazas de los Amadeo y los Atanasof, entre otros, la semana anterior a los asesinatos de Darío y Maxi, el operativo montado ese día por el entonces ministro del Interior Juanjo Álvarez, ni el criminal y aceitado accionar de la Bonaerense, la Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la SIDE.»

(Alfredo) «Fanchiotti y los policías que lo acompañaban son asesinos sedientos de sangre, dignos continuadores del general Camps. Pero no son locos sueltos. Respondían a claras directivas políticas. Solo así puede comprenderse también la primera versión oficial de los hechos que atribuía todo a una supuesta “interna piquetera”. Solo después de la enorme movilización del 27 de junio se pudo conocer parte de la verdad»

«La justicia actúa encubriendo a parte de los autores materiales y, fundamentalmente, a los autores intelectuales. En este sentido también han dividido los hechos ocurridos aquel día en una serie de juicios para así poder tapar que se trató de una masacre planificada. En la historia quedaron las promesas de Kirchner de esclarecimiento de la Masacre (...) Más allá de algunas medidas cosméticas, no se va a poner en tela de juicio el aparato represivo.»

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(El 27 de mayo de 2005) «no era cualquier día. Empezaba el juicio por el asesinato de Darío y Maxi. Una hora después comenzó la caminata a los Tribunales de Lomas. Una vez que las columnas de manifestantes llegaron se inició el acto en el que Alberto Santillán, padre de Darío, leyó el documento elaborado por los convocantes, la denuncia contra los autores políticos de la Masacre así como del chantaje que le quiso hacer el actual gobierno: “Vamos a investigar si dejan de cortar el Puente”. Posteriormente se leyó la adhesión de Carla Lacorte y el CeProDH, así como la de varios familiares de víctimas del gatillo fácil. Un párrafo aparte merece el saludo mandando por la Lista Bordó de ferroviarios: “(…) no olvidamos aquel 26 de septiembre de 2002 cuando nosotros cortábamos las vías en Avellaneda y ustedes cortaban el puente pidiendo justicia y ante la amenaza de desalojo que sufrimos, ustedes y miles de desocupados junto a las trabajadoras de Brukman y otros sectores, se movilizaron hasta las vías para brindarnos su solidaridad (…) estamos acá por la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados”.»

El texto cita un artículo firmado por la misma Lacorte en el periódico La Verdad Obrera del 14 de julio de 2005: «»El fiscal de la causa por la Masacre de Avellaneda, Bernardo Schell, dio un nuevo paso en el camino de dejar en la más absoluta impunidad a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi al excusar a Duhalde y a varios funcionarios de su gobierno, y por cierto también del actual como Juanjo Álvarez, de prestar declaración en el juicio. Por eso el jueves 7, el día en el que tenía que declarar Duhalde, acompañamos desde el CeProDH y el PTS la marcha de repudio convocada a los Tribunales de Lomas por los compañeros de Darío y Maxi y otras organizaciones.»

Aquel artículo continuaba: «Esta escandalosa decisión, disfrazada de argumentos jurídicos, junto a las limitaciones para acceder a los archivos de la SIDE, que hacen imposible su consulta y utilización en el juicio y que tan demagógicamente ofreció Kirchner, se encuentran a tono con un juicio armado para ocultar que la Masacre de Avellaneda fue un plan criminal organizado por el PJ (de conjunto, más allá de sus divisiones actuales) y el conjunto del Estado, como ya lo corroboraron la mayor parte de las declaraciones, inclusive las del propio asesino Fanchiotti.»

«El propio Kirchner se excusó por “problemas de agenda” y no declaró, como era previsible, el pasado lunes 11 y mandó una declaración donde dice que él no tuvo nada que ver ya que era gobernador de Santa Cruz. Pero como denuncia hasta el oficialista diario Clarín: “Semanas antes de la masacre de Avellaneda Kirchner participó de una reunión en La Pampa en la que algunos gobernadores le habrían pedido al por entonces presidente Eduardo Duhalde ‘mano dura’ con los piqueteros”.» Vale aclarar que por los años de publicación de aquel artículo citado en el libro el grupo empresario de Magnetto era uno de los principales sostenes del gobierno.

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La cita del artículo de Lacorte de 2005 es extensa, pero en nada despreciable. «En la misma tónica también declaró Juan Pablo Cafiero: “La Policía responde en su accionar al poder político”, quien recordó que en las semanas previas al 26 de junio de 2002 “se expresó una voluntad política de impedir que se siguieran haciendo este tipo de manifestaciones”, en referencia a los piquetes”.»

«Las maniobras y las declaraciones verdaderamente escandalosas se mantuvieron a lo largo de todo el juicio: “Cuestiones de agenda”, fue también la excusa dada por el actual ministro del Interior (y exsecretario general de la Presidencia de Duhalde) Aníbal Fernández, para no presentarse a declarar, tal como le correspondía, el 14 de julio pasado en el juicio por el asesinato de Darío y Maxi. La rápida aceptación del Tribunal Oral N° 7 de esta y otras “ausencias”, como la del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, así como la declaración por escrito de Kirchner y la escandalosa postura del fiscal Schell de excusar de declarar a Duhalde y Juanjo Álvarez, muestran el claro accionar de esta justicia patronal en la causa, encubriendo desembozadamente a los responsables políticos de los crímenes. Volviendo al juicio, los que sí declararon fueron el exministro de Justicia y Seguridad de la provincia en tiempos de la Masacre y actual juez de la Corte Suprema Provincial, Luis Genoud, y el exsecretario de la SIDE de Duhalde, Carlos Soria. Genoud citó declaraciones que comprometen al exjefe de Gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasof, en la planificación de los crímenes, continuando la tendencia ya observada en otros funcionarios-testigos, enmarcada en la interna del PJ, de “dejar pegado” al duhaldismo en la causa y salvar a Solá y a los funcionarios kirchneristas. Soria, por su parte, reconoció que ese día había una orden oficial para garantizar “de cualquier manera” los accesos a la capital, y, en un alto rapto de cinismo planteó que la SIDE se limitaba a “recolectar información de los medios y analizarla”. Una verdadera burla de uno de los principales organizadores de la Masacre. Vaya como dato adicional del carácter planificado de lo que sucedió aquel día, las declaraciones del subcomisario Juan Carlos Cielli y de varios policías que reconocieron el uso de balas de plomo durante todo el operativo así como (para despegarse) que Fanchiotti y su grupo siguieron tirando y avanzaron sobre la Estación de Avellaneda a pesar de que los manifestantes ya se habían dispersado.»

Mirá la fotogalería Imágenes que mantienen viva la memoria de Maxi y Darío

«En este sentido también prestaron testimonio los trabajadores de prensa, algunos de medios independientes, que se jugaron la vida para conseguir esas imágenes que, recordemos, Clarín y el conjunto de los medios nacionales recién publicaron cuando la enorme movilización del 27 de junio dejó en claro que el intento de aplastar mediante el terror a los sectores que mantenían viva la llama de 2001 había fracasado. Tal como en esa oportunidad, solo la lucha y la movilización podrán imponer justicia en este verdadero plan criminal del PJ y el Estado”. Meses después del juicio que, como dijimos, dejó libres a los autores intelectuales de la Masacre, la justicia lomense respondió con una verdadera provocación como fue la condena a un compañero del PO que había reaccionado contra las cínicas declaraciones del excomisario Fanchiotti, a minutos de perpetrar el asesinato de Darío y Maxi.»

«Vemos así una nueva muestra de complicidad judicial con el accionar represivo, pero más aún, vemos una verdadera y escandalosa decisión política en la que los responsables políticos, y varios de los responsables materiales, de la Masacre del Puente Pueyrredón no son siquiera juzgados y las víctimas de esta verdadera masacre organizada son condenadas. Tenemos que redoblar la movilización para que se anule esta nefasta sentencia.»

 
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