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20 de mayo de 2020 Twitter Faceboock

NIÑAS NO MADRES
Santiago del Estero: niegan el aborto legal a una nena de 12 años
Sol Bajar | Editora de Géneros y sexualidades | @Sol_Bajar

Aunque en Argentina existe, hace cien años, el derecho a acceder a la Interrupción Legal del Embarazo, en Santiago del Estero no existe. Es lo que explica que María, una niña de 12 años víctima de violación, hoy esté pasando por el mismo y tortuoso camino que tuvieron que andar, también siendo niñas, Lucía en Tucumán y otra niña de 11 años en Jujuy.

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Igual que Juan Manzur, Gustavo Saenz o Gerardo Morales, el gobernador Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, es otro de los conocidos antiderechos que estuvieron a la cabeza del lobby parlamentario que impidió, en 2018, que el aborto sea ley.

En su provincia, que se prepara para recibir mañana a Alberto Fernández (igual que Tucumán) ni siquiera existe la adhesión al protocolo de atención de los abortos no punibles, que establece hace cien años el Código Penal. Es por eso que las personas que corren riesgo de vida o de salud o están embarazadas porque han sido violadas, no tienen derecho en esta provincia a acceder a la ILE, la sigla con la que nos referimos a la Interrupción Legal del Embarazo.

Las consecuencias que esto tiene para las personas gestantes y sobre todo para las más jóvenes y pobres, están a la vista. El caso de María -el nombre ficticio con que se la conoce, para proteger su identidad-, es una triste muestra de ese macabro accionar que proviene del Estado, de los gobernadores y de los funcionarios de turno y también de las cúpulas de las Iglesias, que parecieran contar con verdaderos Ministerios sin carteras, y con un dominio enorme sobre el sistema de salud, tanto público como privado.

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Por ser mujeres, jóvenes y pobres

Con 12 años, como muchos niños, niñas y niñes, María tiene que trabajar. Lo hacía antes de la pandemia, pero ésta lo impuso como condición más todavía. En los hogares más pobres, como el suyo, ubicado en un barrio popular en las afueras de La Banda, la asistencia, el alimento, el acceso a la salud y a los servicios más elementales, como la luz o el agua, son ilusiones de derechos más que lejanos. Se sabe que una puede morir sin acceder nunca a ellos.

María, como su mamá, la pareja de su mamá y sus dos hermanos de 6 y de 8 años, es cartonera desde pequeña. Y toda su vida, siempre, estuvo atravesada por la violencia sexual. “En su legajo del sistema de protección de niñez –que no la protegió—figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017”, cuenta la periodista Mariana Carbajal en una nota publicada en Página 12.

Ese largo camino de denuncias sin respuestas, de revictimizaciones constantes, se volvió a actualizar desde el mes de abril. Junto a su mamá, a principios de ese mes, María fue hasta la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, en el barrio en el que vive, a unos 70 kilómetros de la Capital. Por los fuertes dolores abdominales que presentaba, la revisaron ahí mismo, el 2 de abril, y cuatro días después le hicieron una ecografía que determinó un embarazado de 20 semanas de gestación.

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Desde el programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, afirman que a María no le brindaron siquiera el derecho a acceder a una consejería, como establece el protocolo nacional refrendado recientemente por el Ministro de Salud Ginés González García. Contrariamente, ni la niña ni su mamá recibieron la información adecuada y conforme a su autonomía progresiva, como lo contempla la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).

“Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos. María no está escolarizada”, agrega Carbajal luego de hablar con la familia.

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El poder de los grupos antiderechos en el sector de la salud

Del otro lado, la voz de los profesionales provida, organizados en los hospitales para impedir ese acceso, va construyendo nuevamente sus relato. No es la primera vez. Y de hecho, lo hemos denunciado en innumerables casos.

Con peso en los hospitales públicos, llegando incluso a ocupar cargos jerárquicos, integrantes de las Iglesias y de los grupos fundamentalistas alianeados con ellas, elaboran su discurso de ocasión ante cada caso que llega al hospital en busca de asistencia: tergiversan las circunstancias de los hechos, desoyen las denuncias, acusan a las mujeres, las revictimizan y maltratan, mienten sobre el periodo de embarazo, dilatan la notificación de los casos ante las autoridades sanitarias. Y todo esto, para que la gestación continúe y no quede más alternativa que obligar a las niñas a parir. Fue lo que hizo el médico Rodríguez Lastra, que finalmente, producti de una enorme lucha del movimiento de mujeres, fue condenado a prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al haber obligado a parir a una jóven en un caso muy similar.

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Aunque el embarazo de María se conoció públicamente el 7 de mayo, el ministerio de Salud local también se desentendió. ¿El objetivo? El mismo, porque esos grupos fundamentalistas que actúan con impunidad dentro del hospital, afuera también cuentan con la protección del propio gobernador Zamora, que junto a su esposa, la diputada Claudia Ledesma Abdala de Zamora, fueron algunas de las caras más visibles de la cruzada antiderechos contra el aborto legal. Es lo mismo, por cierto, que hicieron contra la ley de identidad, el matrimonio igualitario, la educación sexual laica.

Las irregularidades del caso, por lo demás, quedan a la vista, y hay que señalarlas. Todo siguió luego con la médica "pro-vida" María de los Ángeles Pereyra, a cargo de la Unidad a la que asistió María, que tardó ¡18 días! en informar a las autoridades sanitarias de la provincia acerca del embarazo forzado, que además por tratarse de una niña de 12 años se considera siempre que es producto de una violación. Su accionar antiderechos se completó con una movilización "celeste" en la puerta del hospital, donde destiló todo su dinosaurismo contra los derechos de las mujeres y niñas.

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El informe de la médica, para sumar al perverso accionar de los profesionales y el Estado, llegó al Ministerio de Salud de la provincia el 28 de abril, diez días después. Allí, además, se informa que la gestación es de 26 semanas y no de 20, como había confirmado la ecografía realizada en el centro de salud. Más maniobras. Más mentiras para construir, sobre el cuerpo de la niña, ese relato macabro. Por si faltara, con ese mismo fin, la médica Pereyra agrega en su informe que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Y a continuación, sin temblarle el pulso, sostiene que por tener “antecedente de transgresión alimentaria”, se le indica a María “dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. De sus derechos, nada de nada.

Al contrario. La única respuesta ante la situación de María, violada y embarazada, fue la judicialización de su caso. Algo que, como indica el fallo F.A.L de 2012, no corresponde, porque el único derecho que debería garantizar el Estado en este caso es el de garantizar el acceso de la pequeña a su derecho a la ILE. Pero aquí, sucede todo lo contrario: se trata a María como una mujer embarazada más, sin contemplar su situación, su edad ni las causales de aborto no punible, y se denuncia su situación ante la Comisaría del menor y la mujer N° 2. Es decir, se la revictimiza de nuevo. .

Las maniobras de los especialistas, del Ministerio de Salud y la Justicia quedó al descubierto este 7 de mayo, cuando María fue trasladada al Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de Santiago del Estero. Allí se descubrió que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE, pero eso, nuevamente, no sucedió, y su situación sólo trascendió cuando el 14 de mayo una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades. La denuncia, sin embargo, jamás fue atendida.

Niñas, no madres

La situación de María hoy sigue en debate. De acuerdo al Protocolo de atención de los abortos no punibles, el acceso a la ILE puede garantizarse en lo inmediato. Sin embargo, aunque un reconocido tocoginecólogo local salió a refrendarlo, “un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica. Sin embargo, la versión que dieron a este diario en ese Programa fue distinta, aseguran que no fue esa la respuesta”. De nuevo, el juego perverso de los mensajes confusos, de las diletancias en los tiempos, de las maniobras para garantizar el acceso a los derechos.

Por el momento, nadie, ni siquiera el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a cargo de Valeria Isla, ha dado una respuesta al pedido de quienes promueven la defensa de los derechos de la niña. Tampoco lo ha hecho la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social ni la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El silencio es rotundo y, de mantenerse este grado de impunidad, probablemente, como las niñas tucumana y jujeña, María sea sometida a la tortura de tener que parir, a pesar de ser una niña, de haber sido violada, de correr riesgo de vida, de no querer ser mamá.

Desde tuiter, mientras tanto, sonriente, el gobernador Zamora anuncia que mañana jueves recibirá al presidente Alberto Fernández y el gobernador Juan Manzur, que lo recibirá al día siguiente, lo secunda. En su provincia, en tanto, oficialistas y opositores se aprestan a debatir límites para la capacitación en género en los poderes del Estado . ¿Alguien puede imaginarse que los derechos de las mujeres van a ser un tema de conversación?

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Mientras sigue postergado el debate sobre aborto, mientras el proyecto de la Campaña Nacional que promueve hace 15 años este derecho sigue cajoneado, los sectores más reaccionarios, del oficialismo y de la oposición, y ni hablar de las cúpulas de la Iglesias, católicas y evangélicas, se preparan para impedir que, de llegar al Congreso, el aborto sea ley. El movimiento de mujeres tiene que volver a instalar su agenda de inmediato.

 
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