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5 de enero de 2020 Twitter Faceboock

JUJUY
Impunidad del poder político: Cabana Fusz afirmó que pronto volvería al ministerio
Natalia Morales | Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Tras la repercusión de la denuncia penal por acoso sexual al ministro de Trabajo, el gobierno provincial se vio obligado a responder. Sin embargo el ministro se hizo presente en la repartición y afirmó que “volvería a trabajar en un mes porque no pasó nada...”

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El jueves pasado el gobierno de Jujuy difundió un comunicado de prensa en su página oficial, que fue replicado en cuentas de twitter y facebook, en el mismo informa que el “... ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, inició el trámite de vindicación ante la Justicia, con el propósito de que se esclarezcan acusaciones en su contra y que son de público conocimiento…Además, a los efectos de facilitar las actuaciones judiciales, presentó un pedido de licencia extraordinaria a sus funciones…”. Sin embargo, al día siguiente del comunicado del gobierno, y con la impunidad de quien es parte del poder político, Cabana Fusz acudió al ministerio y afirmó que seguirá a cargo del mismo, y que en un mes volvería a trabajar porque ahí “no pasó nada…”

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Los anuncios del gobierno se dan tras hacerse pública la denuncia realizada por una trabajadora del ministerio de Trabajo el viernes 27/12 en la Fiscalía sobre Violencia de Género. La misma es contra el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz por Coacción con el propósito de abuso sexual. En la denuncia la trabajadora da cuenta de diversas situaciones de violencia de género y laboral que ha vivido ella, pero también otras trabajadoras durante varios años por parte del ministro. La extorsión y el acoso sexual fueron parte de las acciones reiteradas contra las trabajadoras valiéndose el funcionario del lugar de poder y de impunidad, como también de las condiciones de precariedad laboral que prevalecen en el ministerio, un cóctel totalmente hostil y peligroso, sobre todo, paras las mujeres trabajadoras.

#NoNosCallamosMás

Como venimos dando cuenta, esta denuncia no es la única, hay más trabajadoras que sufrieron situaciones similares y tienen miedo a represalias, como plantea la trabajadora en la denuncia recibida por el fiscal de turno Dr. Urqueola. Sin embargo, el hecho que destapó la olla a presión, fue la grave situación de violencia laboral que vivió en el mes de noviembre otra trabajadora del Subsecretaría de Fiscalización de Buenas Prácticas y Relaciones con la Sociedad Civil, por parte de funcionarias del entorno familiar del ministro, a quien hostigaron para que quite un expediente realizado como parte de su trabajo, sobre hechos de violencia laboral y de género en la empresa LIMSA.

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Por este hecho fueron varios las y los trabajadores de la repartición quienes se manifestaron en las puertas del ministerio a pesar de las hostigamiento y las amenazas. Además sacaron un comunicado de prensa denunciando la situación, y dando cuenta de múltiples casos y hechos de violencia laboral por parte del ministro y funcionarios/as. La acusación pública llegó a la justicia por robo, restricción de libertad, agresión física y verbal contra la Dra Agustina Mulqui (nuera del ministro), Dra María José Chara (esposa del concejal Giubergia), Gabriela Aletti y Brenda Narbay.

¿A favor de las mujeres trabajadoras o en resguardo del ministro de Trabajo?

Si varios de los hechos de violencia laboral y de género fueron y son de público conocimiento por parte de funcionarios y funcionarias dentro y fuera del ministerio, ¿porqué no se tomaron medidas al respecto en su momento?

Las situaciones de acoso sexual a trabajadoras por parte del ministro Cabana Fusz la plantearon funcionarios del ministerio de la Subdirección de Violencia laboral ante el gobernador en una audiencia en el mes de abril. Tal como apuntó Morales, la trabajadora afectada le hizo llegar una denuncia por escrito que fue presentada en el mismo mes pero no tuvo ningún tipo de respuesta.

A su vez, y ante la continuidad de las situaciones de violencia, la trabajadora acudió a la Secretaría de Paridad de Género, donde planteó la situación a funcionarias de la repartición, entre ellas, la secretaría Soledad Sapag en el mes de octubre. Quedaron en llamarla.

Recientemente la actual responsable del Consejo de la Mujer en la provincia, la ex diputada Alejandra Martínez, anunció en conferencia de prensa la creación de un Protocolo de actuación ante casos de violencia en el Estado provincial y que iba a comunicarse con la trabajadora afectada, aunque hasta el momento, tampoco sucedió, ni la comunicación, ni se tiene conocimiento del contenido del protocolo.

También afirmó que el gobernador presentaría en el mes de febrero un proyecto de Ley contra la violencia hacia las mujeres, sin embargo en la Legislatura pasaron a archivo, sin ni siquiera puesto a discusión, diversos proyectos de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, como el que presentamos dos años seguidos desde las bancas del FIT. Incluso, la comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, solo se reunió de manera exprés una sola vez en el 2019.

Impunidad del poder político

Las funcionarias Martinez y Sapag, que se muestran preocupadas, hablan de los derechos de las mujeres, y afirman que van a tomar medidas. Sin embargo, son quienes vienen avalando las distintas cadenas de violencia del Estado que pesan sobre las mujeres trabajadoras y la juventud. Sin ir tan lejos, en el Concejo de la Mujer, la reciente funcionaria Martínez despidió a 11 trabajadora/es precarizada/os, entre ellos, dos trabajadoras embarazadas. Posterior audiencia con el sindicato, la funcionaria afirmó que iba a dar marcha atrás, pero las/los trabajadoras/es se presentaron a trabajar se anoticiaron que están dados de baja.

Y si hablamos del gobernador su silencio ante el caso ¿expresa preocupación por las mujeres trabajadoras que sufren violencia por parte de los funcionarios de su gobierno o porque es preferible no exponerse y accionar con medidas cosméticas, para resguardar a Cabana Fusz y tener el menor costo político? Sabemos muy bien la responsabilidad del gobierno ante el caso violación de una niña de 12 años por parte de un vecino en San Pedro, a la que fue obligada a parir, y cuya denuncia penal realizada por legisladoras del FIT y organizaciones feministas en fiscalía de Estado no tiene novedades ni avances.

Hay otros casos de denuncias en la provincia de violencia de género contra funcionarios de Morales que siguen impunes porque la justicia no avanzó y es probable que tenga el mismo rumbo la denuncia actual, por eso el ministro se atreve a manifestar que en un mes vuelve al ministerio.

¿La impunidad sólo hace a funcionarios y al gobierno de Morales? Claramente no, meses atrás tomó conocimiento público la denuncia de la sobrina y empleada del senador del PJ José Alperovich, por violación. Sobre la espalda del dos veces gobernador, recaen denuncias de garantizar la impunidad de los hijos del poder, entre ellos su hijo, sobre el caso de femicidio de Paulina Lebbos en Tucumán, entre otros casos. El mismo senador, que también se vio obligado a tomar licencia y afirmó que es “víctima de denuncias” y que “la imputación es doblemente falsa” y que demostrará su inocencia, a la corta o a la larga, dando cuenta de la impunidad que cubre y recubre al poder del político, sean oficialistas y/o opositores.

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Las mujeres sabemos muy bien que ganar las calles al calor del #NiUnaMenos y del #NoNosCallamosMás es la forma para ganarle a la impunidad del poder político, de los hijos del poder, de funcionarios y amigos, que trasciende los gobiernos de turno, y son responsables de la larga cadena de violencia que pesan sobre nosotras. Ellos son quienes garantizan las redes de trata y prostitución, quienes dicen defender a las mujeres, pero obligan a niñas a parir, y dejan morir a las pobres producto de la clandestinidad del aborto.

Fortalecer esa pelea tiene que ir de la mano de poner en pie en los lugares de trabajo y sindicatos, y lugares de estudio, comisiones de mujeres donde se discutan todas nuestras demandas y problemas, y plantear la unidad con nuestros compañeros de trabajo, para que tomen nuestras demandas y pelear en común contra el las políticas de ajuste del gobierno nacional y provincial.

Es necesario exigir de manera inmediata, además de que queden establecidos los Protocolos y procedimientos de actuación, el Plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. La investigación de las denuncias y hechos, sin ninguna diletancia, parcialidad ni atadura a los intereses políticos de quienes tienen el poder y nos gobiernan, como también el resguardo y protección de las víctimas, aspectos que seguiremos planteando desde las bancas del Frente de Izquierda y Pan y Rosas.

 
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