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26 de noviembre de 2019 Twitter Faceboock

REPORTAJE
Patricia Isasa: "Los genocidas no pueden esperar sus juicios en libertad"
Rosa D’Alesio | @rosaquiara

La exdetenida desaparecida habla sobre los límites a las prisiones preventivas que oficializó el Gobierno. La norma está incluida dentro del nuevo Código Procesal Penal. Abogados de genocidas piden que los beneficien con el mismo régimen.

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Patricia Isasa fue secuestrada por un grupo de tareas durante la última dictadura militar, el 30 de julio de 1976. Tenía apenas 16 años. Estuvo detenida en la comisaría Primera, en la comisaría Cuarta y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de la provincia de Santa Fe.

Luego de ser secuestrada por grupos de tareas, estuvo tres meses desaparecida, y después estuvo dos años y dos meses a disposición del Poder Ejecutivo. Fue liberada en septiembre de 1978. Estuvo detenida junto a Silvia Suppo, quien testimonio en la causa contra el juez Brusa, donde Patricia Isasa fue querellante.

Suppo fue asesinada en su negocio de Rafaela, el 29 de marzo de 2010. El 31 de marzo de 2015, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, implicados en el crimen, a prisión perpetua como "coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad".

Patricia luchó muchos años para lograr que parte de los responsables de su secuestro, fueran a prisión. Hoy uno de ellos, Eduardo Ramos, pide su libertad.

Sobre él dice “fue la persona que me secuestró en julio del 76, me trasladó de mi casa al primer campo de concentración, me violó, me torturó”.

Isasa se opone a la aplicación del mismo régimen penal, como la limitación a las prisiones preventivas, para los imputados de lesa humanidad.

- ¿Cómo fue el proceso judicial que termina en la condena y detención de tus apresores?

Logré llevar a juicio a nueve represores por mi secuestro ilegal, y todo lo que eso conlleva, como torturas y otras cosas. En mayo de este año condenaron a Ramos, multicondenado, por mi denuncia sobre violación.

En tanto el coronel Juan Rolón (jefe del área de los 12 y segundo de Galtieri) y el coronel Marcellini, fallecieron antes de recibir la sentencia. Otros de los que estaban imputados y fallecieron son los comisarios Juan Perizotti y Mario Facino; Romeo Collombini, quienes recibieron varias condenas. Continúan vivos el ex agente secreto del D2 de la policía santafesina, Eduardo “Curro” Ramos y María Eva Aebi (excarcelera y mano derecha de Perizotti). Ella es la primera mujer condenada.

- ¿Quién es Ramos?

Su currículum es siniestro. En 1976 tenía 21 años -entró a la Policía en el 73-, se suma a la patota, y luego se infiltra en la Universidad de Derecho de Santa Fe. Ahí seleccionaba a sus víctimas, que luego él mismo iba a secuestrar.

En los campos de concentración, también torturaba. Era un exhibicionista, no le alcanzaba con lo que hacía, antes de torturar le mostraba la cara a las personas que mantenía secuestrada, así fue que se lo pudo identificar rápidamente.

Tenía una compulsión a matar, a fines de 1977 arma una banda para cometer delitos “comunes”. Si es que a esos delitos se los puede llamar comunes. Robaba y violaba a sus víctimas. Un día, con su banda, hicieron un rali delictivo, van a un lugar, tipo villa cariño, y asaltan a una pareja, violan a los dos. Los dejan atados a un árbol, y les roban el auto con el que huyen y van a robar a dos estaciones de servicios, con una metodología que no era de delincuentes comunes, y de ahí se van a un hotel alojamiento, donde le robaron a las parejas y violaron a varios. Como dejaron tantas huellas por todos lados, los detuvieron.

Por todo esto es que Ramos en 1978 va preso, hasta 1985. Yo seguía secuestrada, estaba en la Guardia de Infantería Reforzada, en la Ciudad de Santa Fe, y una noche como castigo nos mandan con otra piba a sacar la basura. Cruzamos un patio y lo vemos a él esposado. Y le digo a ella, ‘ese es Gerardo, el hijo de puta que me secuestro a mí’, y ella me dice ‘no, se llama Eduardo Ramos, es el que yo digo que se infiltró en Derecho’.

Hay otros que denuncian a Ramos, pero que lo conocieron bajo el apodo el ’Rey’, él mismo se lo puso. Imagínate lo que se creía el tipo. En cambio, en la Policía, lo llamaban el ‘curro’.

Y yo lo denuncié, como el Rey del curro. Estuvo preso 40 días, porque inicié en España un juicio contra él, y pedíamos la extradición hasta que Fernando de la Rúa firma un decreto donde se negaba a extraditarlo.

Logro que se reabra la causa, y en el 2005 queda detenido bajo prisión preventiva. Ya de ahí no salió más. En 2009 lo condenaron a 23 años de cárcel y desde ahí siguió sumando condenas.

La última condena que recibe, fue por la violación de las menores que estábamos secuestradas, entre ellas estaba yo.

- ¿Bajo qué argumentos los abogados de Ramos piden su libertad?

Porque le unificaron todas las condenas en una sola, y le dan perpetua. Con esta calificación, a partir de los 20 años de condena, puede salir en libertad, y como les computan los siete años que estuvo preso, desde el 78 al 85, pero por los delitos comunes podría salir.

A mí me notificaron que él está pidiendo la libertad, y yo pedí una prórroga. El fiscal igual está pidiendo una prisión preventiva en otra causa, por lo cual no podría salir. Pero el tipo ya consiguió estar detenido en Campo de Mayo.

- En el nuevo Código Procesal se plantea, entre otras cosas, límites al uso de las prisiones preventivas ¿qué opinas que esto mismo se aplique a los genocidas?

Opino varias cosas. Una que desde 2015 hasta ahora hubo un abuso de las detenciones preventivas, que las usaron contra los opositores. Pero en general se aplica las prisiones preventivas con mucho rigor a los pobres y mucha más relajadamente a los integrantes del poder, exceptuando este periodo donde el macrismo lo usó contra el kirchnerismo.

A mí me parece bien que se limite las prisiones preventivas, pero ahora la vota el macrismo para que después no se los apliquen a ellos cuando se vayan, porque tienen un montón de causas.

No son lo mismo los crímenes que realizan los integrantes del Estado, con los delitos comunes, que en general lo cometen sectores más humildes. No es lo mismo robarse una gaseosa, que estafar al fisco.

Los criminales de lesa humanidad tienen que tener un régimen legal distinto, no solo tienen que ser causas imprescriptibles, porque tiene una gravedad ominosa. Así como se dictó que son imprescriptibles, debería regularse que ellos no pueden esperar el juicio en libertad.

No entiendo por qué esta gente de 70 años se puede ir a sus casas. Yo creo que, en los crímenes de lesa, debería haber juicio por jurado, y que los presos deben ir a cárcel común y efectiva. Si le dictaron 25 años de prisión, tienen que cumplirlo. En caso de lesa humanidad, no pueden salir antes. Son peligrosos.

Como dicen ellos, yo quiero la historia completa. ¿Por qué yo no sé quiénes eran los otros 15, o 20 personas que estuvieron secuestrados conmigo?, yo no podía verlos, pero los escuchaba. Cuando hice este recorrido busqué para ver si podía identificar quien estuvo conmigo, y no lo logré.

Ellos tienen que entregar la historia completa. Cuando estábamos detenidos, una vez por mes nos sacaban fotos. Nos tomaron las huellas digitales. ¿Qué hicieron con este archivo, por qué no allanaron las casas de todos los que detuvieron?

¿Quiero saber por qué mataron a mis compañeros, por qué me dejaron libre a mí? ¿A quienes entregaron a los bebés que robaron? Quiero estas respuestas.

El Estado debe tener toda la información, de lo que él y todos los represores hicieron. ¿La secretaría de Inteligencia no sabe nada de Ramos? ¿Jaime Stiuso no sabe nada, que entró en el 73?

El deber es del Estado, que puede decir, 40 años después, qué rol cumplió cada uno. Yo solo puedo decir dónde los vi.

Como dice Patricia, los detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir cárcel efectiva en prisiones comunes y el Estado debe entregar los archivos de la dictadura. Los crímenes, como la desaparición de 30.000 personas, y el robo de identidad a los bebés nacidos en cautiverio, siguen cometiéndose, porque no se sabe que pasó con ellos.

Además, como demostró la segunda desaparición de Julio López y el crimen de Silvia Suppo, estos criminales siguen teniendo influencia entre las fuerzas represivas, que les permite cometer nuevos crímenes.

 
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