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23 de abril de 2019 Twitter Faceboock

ELECCIONES 28A | ESTADO ESPAÑOL
Debate electoral: Podemos como socio menor del PSOE y defensor del régimen monárquico
Santiago Lupe | @SantiagoLupeBCN

El primer debate presidencial hacia las elecciones del próximo domingo dejó un cínico intercambio de reproches sobre quien ha sido más “ajustador”. Podemos evidenció su conversión en un partido del orden constitucionalista del régimen monárquico del 78.

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El Estado español tuvo en la noche del lunes su primer debate presidencial hacia las elecciones generales del domingo 28 de abril. Este primer debate tuvo entre sus participantes a los cuatro principales candidatos: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y Albert Rivera (Ciudadanos). Los cuatro candidatos sintetizaron en las breves intervenciones los mensajes y argumentos que ya se vienen escuchando en las últimas semanas, desde la convocatoria anticipada a elecciones.

Pablo Iglesias, candidato presidencial de Podemos, saludó desde su entrada a los trabajadores de RTVE (la cadena de televisión por la que se realizó la transmisión) y se refirió al debate como un ejercicio útil para que los ciudadanos puedan votar con criterio el próximo 28A. Sin embargo, el propio debate ha confirmado que ese día ninguna de las papeletas entre las que habrá para escoger representará una salida a los grandes problemas sociales y las demandas democráticas que se han venido expresando en las calles desde el 15M de 2011.

Iglesias dejó claro en su intervención que Podemos, en estos cinco años de vida, se ha convertido en el mayor defensor de la Constitución del 78 y el socio incondicional del brazo “izquierdo” del viejo bipartidismo, el PSOE. La carta Magna y los ejemplos fiscales de los países de la UE -la misma institución que ahogó al pueblo griego e impuso los planes de ajuste desde 2010- fueron los referentes que Iglesias enarboló para explicar su proyecto de “gobierno de izquierdas” junto a los social-liberales del PSOE.

Los dos primeros bloques del debate versaron sobre las políticas fiscales, económicas y sociales de cada uno de los candidatos. Se vivió un intercambio de acusaciones, a cada cual más cínica, entre el el candidato del PSOE y el del PP sobre quién había aplicado los peores ajustes. La formación de derecha Ciudadanos (Cs) por su parte reprochaba a ambos no haber ido a por más en las “reformas”, es decir en el ajuste neoliberal. Podemos, como aspirante a socio de Sánchez, optó por perdonarle al PSOE haber sido el responsable de la reforma laboral del 2010, el ajuste en las pensiones de 2011 y el primer plan de ajuste contra los empleados públicos, sobre los que no dijo ni una palabra.

En materia fiscal, PP y Cs propusieron sus recetas de rebaja de impuestos a las rentas más altas y las empresas, aboliendo impuestos como el del patrimonio –que grava a las grandes fortunas- y sucesiones. En materia económica se contuvieron bastante en exponer al detalle su programa de nuevas reformas laborales, contrato único y privatización de servicios públicos. Se ve que ese programa no vende mucho.

El PSOE por su parte quiso rentabilizar las mínimas concesiones del breve gobierno Sánchez, una buena cortina de humo para tampoco explicar que no tiene la más mínima intención de revertir los ajustes de Zapatero y Rajoy en materia laboral, de pensiones y recortes. Tampoco parece que sincerarse en este punto fuera la mejor vía de sumar votos.

Podemos jugó el papel de socio “exigente”, aunque con poca credibilidad. Reprochó al PSOE no haber aceptado algunas de sus propuestas en materia de control del mercado de la vivienda o imponer impuestos a la banca hasta recuperar los 60.000 millones de euros del rescate. Sin embargo, en ningún momento planteó estas propuestas -con las que está tratando de hacer una campaña más a la izquierda que lo que ha sido su performance parlamentaria desde 2015- ni siquiera como condición mínima para volver a apoyar un nuevo gobierno del PSOE. Como pasara con los Presupuestos que le votó al PSOE sin mayor debate, todo apunta a que estas exigencias quedarán de nuevo en el cajón tras el 28A hasta la siguiente campaña electoral.

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En la cuestión territorial la formación ultraderechista Vox marcó tendencia. A pesar de que del partido de Abascal casi no fue nombrado por los candidatos, bien podría haber defendido las políticas propuestas por Casado y Rivera. Profundizar el artículo 155 (norma constitucional que permite la intervención del Estado central sobre las autonomías, como lo hizo en Cataluña), intervención de la educación catalana, Ley de Partidos, entre otros tópicos, fueron la tónica de sus intervenciones, así como la acusación a su tercer socio en esta materia -el PSOE que apoyó sin fisuras a Rajoy en la intervención a Cataluña y que hoy es parte de la acusación en el juicio del Supremo contra los dirigentes independentistas- de tramar algún indulto hacia esos dirigentes.

Sánchez se mantuvo en una posición de oposición al independentismo, pero sin reproducir el discurso ultra de la derecha. Respecto a los indultos no quiso pronunciarse. Si bien no se sabe qué pasará en esta materia, lejos de cualquier ilusión en que el PSOE se abrirá a una salida menos represiva en Cataluña, más bien parece que no quiere cerrar las puertas a un posible apoyo necesario de los diputados catalanistas en la coalición de gobierno. Si la situación lo vuelve a ameritar, es decir si el movimiento democrático catalán vuelve a poner contra las cuerdas al Régimen, el PSOE volverá a estar en primera línea de la reacción monárquica como en 2017.

En este punto, Iglesias evidenció más claramente su conversión en un partido del orden constitucionalista. Se negó en todo momento a realizar la más mínima condena a la represión contra el movimiento democrático catalán y le echó un cable a Sánchez en apuros en el tema del indulto. Apoyó su negativa a pronunciarse sobre el indulto y bendijo el juicio del Supremo, diciendo que había que dejar actuar a la justicia, una posición increíble frente a un juicio orquestado por el régimen con el único fin de disciplinar al movimiento catalán, mediante el encarcelamiento de los políticos independentistas.

El punto de “regeneración democrática” pasó sin pena ni gloria. Que el PP, Cs y el PSOE no entraran a cuestionar el Régimen del 78 era de esperar. Podemos se sumó a esta defensa del estatus quo enarbolando la Constitución como estandarte y afirmando que ya no se trataba de reformarla sino simplemente de hacerla cumplir.

Por último, llegó el tema de los pactos. Cs mantuvo su propuesta al PP de gobierno de coalición y Podemos hizo lo propio hacia el PSOE. Dos incógnitas quedaron sin responder. La primera es qué hará el PSOE si suma con Cs, la opción preferida del establishment y a la que Sánchez no quiso cerrar la puerta.

Iglesias se quejó de que el actual presidente del gobierno no quisiera responderle, pero al mismo tiempo, él no aclaró algo que cabría preguntarse ¿Apoyará un nuevo gobierno del PSOE a pesar de que éste se niegue a asumir ni tan siquiera las reformas parciales con las que Podemos está haciendo campaña? Todo apunta a que volverá a ser un nuevo socio incondicional, la pata izquierda que el Régimen necesita para darse una sobrevida.

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