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La Izquierda Diario
13 de abril de 2019 Twitter Faceboock

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Régimen penal juvenil: un plan de guerra contra la juventud
Eric Soñis | Abogado - CeProDH

Aquí un análisis de los principales ejes del proyecto de ley que propone Cambiemos para crear un nuevo Régimen Penal. Una política que busca aumentar la criminalización contra la juventud.

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La herencia de la dictadura

El proyecto de ley de Cambiemos crea un nuevo Régimen Penal Juvenil y deroga el régimen vigente, sancionado mediante un decreto de la dictadura genocida en 1980. De escasos 12 artículos, ese decreto estableció la punibilidad de jóvenes de entre 16 y 18 años por todo delito con pena máxima de prisión que supere los 2 años.

El régimen de la dictadura tuvo reformas menores hasta el año 2005, cuando se crea el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia y se derogan los “Patronatos de Menores” instaurados en 1919, centros de detención de menores cuya dirección estaba a cargo de los jueces. Con esta reforma, los centros de menores pasaron a estar cargo del Consejo Federal.

Con la reforma del 2005 se incorporan formalmente derechos y garantías para la juventud y la niñez, pero su situación estuvo lejos de mejorar: en los hechos, los nuevos centros de menores continuaron siendo de condiciones muchas veces deplorables, con malos tratos reiterados contra los y las jóvenes.

Criminalización y cinismo contra la juventud

El proyecto de ley baja la edad de punibilidad a 15 años para delitos que tengan pena máxima de prisión de 15 años o más. Para los jóvenes de entre 16 y 18 años, se mantienen los mismos alcances que el régimen de la dictadura.

Cambiemos presenta el proyecto como una mejora para la juventud ya que, junto con la privación de la libertad, establece “sanciones socio-educativas”: programas educativos, psicológicos, recreativos, de salud, entre otros. Los nuevos “Centros Especializados de Detención” también son presentados como grandes institutos que garantizarán la dignidad y los derechos de los jóvenes detenidos.

La hipocresía es evidente: lo que se define como “sanciones socio- educativas” son en definitiva derechos básicos que debería tener cualquier joven (acceso a la educación, a la salud, a la recreación, a una vivienda digna).

Es, además, una burla sobre la realidad actual, donde la mayoría de los jóvenes se ven privados de esos mismos derechos elementales. El gobierno que niega derechos básicos y con su ajuste condena en la miseria a millones de jóvenes nos dice ahora que, si cometen delitos, van a tener, por fin, garantizados esos derechos elementales.

El gobierno busca naturalizar la pobreza: la desocupación, la precarización laboral y la deserción escolar se convierten en una regla para la juventud. Así, el mismo sistema capitalista que arroja a la marginalidad a los jóvenes es el que crea las leyes represivas para condenarlos y darle más poder al Estado.

Sin garantías para las y los jóvenes

El decreto de la dictadura no establecía la prisión preventiva, por lo que quedó a criterio de las leyes provinciales si las regulaban o no. La Provincia de Buenos Aires la reguló por 360 días como máximo (180 días prorrogables por otros 180), la Ciudad de Buenos Aires por 90 días improrrogables y en Neuquén nunca se habilitó.
La reforma da un salto brutal y establece que los jóvenes imputados de cualquier provincia podrán sufrir la prisión preventiva por 1 año, prorrogable por 1 año más: 2 años en total, para un juicio que puede durar hasta 3 años.

¿Qué significa? Que un joven puede estar 2 años privado de su libertad hasta que el juez decida dictar sentencia.

Violencia es mentir: la campaña electoral del Gobierno

El proyecto de Cambiemos es una clara medida electoral. Todas las estadísticas, incluso las oficiales, dan cuenta del bajo porcentaje de menores que cometen delitos.

La opinión de los expertos que predomina es que no hay ninguna vinculación entre la edad de punibilidad y la cantidad de crímenes que se cometen. En definitiva, bajar la edad de punibilidad sólo sirve para aumentar la persecución contra la juventud, en particular aquella que vive en situación de calle o pobreza.

El oficialismo distorsiona la realidad para montar una campaña que busca derechizar la agenda electoral. Lo que se esconde detrás es el intento constante del gobierno por aumentar el poder de fuego de las fuerzas represivas y la criminalización contra una juventud afectada por el ajuste del gobierno y el saqueo millonario en favor del FMI.

Esas mismas fuerzas represivas son las responsables del gatillo fácil, del narcotráfico y la trata de personas. Son las que organizan el gran delito “reclutando” jóvenes en los barrios pobres, como ocurrió con Luciano Arruga.

Lejos de atacar el “gran delito”, el gobierno promueve blanqueos constantes de fondos ilícitos mientras avala la fuga millonaria y secreta de capitales. Por eso ponen el eje en el delito callejero, el último eslabón de esas grandes cadenas criminales: buscan ocultar que las grandes organizaciones delictivas son orquestadas desde el propio aparato estatal.

No hay reforma posible: son nuestras vidas o sus ganancias

El rechazo al proyecto de ley no puede ir acompañado de un pedido por reformar el régimen actual. No queremos discutir delitos ni condenas: ninguna salida penal ni de “sanciones alternativas” será favorable para la juventud porque todas apuntan a reducir a los jóvenes a simples victimarios, sin problematizar en sus condiciones de vida y en los responsables de generarla.

Para terminar con la situación de vulnerabilidad social y la falta de futuro que afecta a miles de jóvenes, es necesario un programa de emergencia para la juventud: proveer viviendas dignas para los y las jóvenes y sus familias. Centros recreativos en los barrios populares para que todos los y las jóvenes puedan disfrutar del arte, la cultura y el deporte. Garantizar becas de estudio y boleto estudiantil. Aumentar el presupuesto para la educación pública y asegurar vacantes en todas las escuelas del país.

Para imponer este programa y hacer frente al plan de guerra del gobierno contra la juventud existe una sola salida realista: luchar para que se vaya el FMI y que los millones de dólares cotidianos que hoy van a la deuda externa se destinen a las necesidades de las grandes mayorías.

 
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