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20 de marzo de 2019 Twitter Faceboock

1976 | 43º ANIVERSARIO | 2019
¿Por qué la Iglesia bendijo la masacre genocida de 1976?

Imagen/Martín Cossarini * Enfoque Rojo

Desde 1983 ningún jerarca católico, incluido Francisco, reconoció el rol activo de la Curia en el plan de exterminio de la insurgencia obrera y popular. Menos aún colaboró en juicios de lesa humanidad. Razones no le faltan.

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Como ya se demostró en otro artículo de este diario, la relación estrecha entre la Iglesia católica y el exterminio masivo de personas en nombre de “la civilización occidental y cristiana” no nació el 24 de marzo de 1976. Lleva siglos.

Pero es innegable que el rol desempeñado por la jerarquía católica argentina (con aval del Vaticano) durante la última dictadura fue fundamental para, por un lado, legitimar y justificar el secuestro, la tortura y la desaparición de treinta mil personas; y por el otro, para aumentar sus propios privilegios y su influencia en la regulación de las vidas de toda la población, afectando especialmente a no creyentes o creyentes de otras deidades.

Fue ese, tal vez, el período más intenso y obsceno de la relación entre la Iglesia católica y el Estado argentino.

“Así lo quiso Dios”

La jerarquía católica cumplió un rol fundamental en la etapa previa al golpe, propiciándolo y convocando a las Fuerzas Armadas a cumplir con su “deber patriótico”. Obispos, capellanes y vicarios daban entrevistas opinando que en Argentina hacía falta un estricto orden cristiano, sin escatimar costos ni consecuencias, frente a la amenaza marxista apátrida.

Una vez consumado el golpe, la Curia tuvo la estratégica misión de legitimar y justificar las acciones de militares, policías, penitenciarios y servicios de inteligencia. Aún las vejaciones más inhumanas.

Al punto de que quienes comandaban la tarea de secuestrar, torturar, matar y hacer desaparecer cuerpos contaban con la “atención espiritual” de sacerdotes que ostentaban la curiosa capacidad de llevar “paz” a los antros del tormento, la violación y la muerte.

De esas bocas saldría la justificación más categórica de los “vuelos de la muerte”: eran la solución más cristiana y purificadora para las almas subversivas.

Hasta el Episcopado impulsó la creación del Movimiento Familiar Cristiano, una “ONG” compuesta por esposas de represores y miembros de colegios confesionales que resultó ser un eslabón importante en la cadena de apropiación de recién nacidos, intermediando entre los campos de concentración y las familias apropiadoras.

Años después, con tanta denuncia recorriendo el mundo y con el régimen militar en picada tras la derrota en Malvinas, la Iglesia buscó reubicarse de la manera que mejor le sale, negando lo evidente.

En noviembre de 1982 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Juan Carlos Aramburu, dijo en el Vaticano y ante la prensa mundial que era una mentira que en Argentina hubieran “fosas comunes. A cada cadáver le corresponde un ataúd. Todo se registró en los correspondientes libros. ¿Desaparecidos? No hay que confundir las cosas. Hay desaparecidos que viven tranquilamente en Europa”, reprodujo el diario Il Messaggero.

Botonazo de muestra

Si te metés en cualquier buscador de Internet, incluyendo los de redes sociales y el de Youtube, y ponés “iglesia y dictadura”, te va a salir una chorrera de sitios, informes, videos, fotos, que hablan del tema. Pero no vas a encontrar ninguna publicación que niegue con pruebas que la Iglesia no fue partícipe necesaria del terrorismo de Estado.

A lo sumo vas a encontrar merecidos homenajes a aquellos clérigos que perdieron su vida a manos de la dictadura por haber osado colocarse del lado de las mayorías populares. Pero esos curas fueron una ínfima minoría del clero y esos homenajes no los hace la Curia, los hacen sobrevivientes.

Vale la pena tomar de entre todo lo escrito sobre la complicidad eclesiástica con la dictadura el caso de uno de los jerarcas más emblemáticos, el arzobispo de La Plata monseñor Antonio José Plaza, quien ocupó ese cargo entre 1955 y 1985.

En noviembre de 1976 Plaza fue nombrado capellán mayor de la Policía Bonaerense, promocionado por el jefe de la fuerza Ramón Camps. Durante esos años visitaría muchos de los centros clandestinos de detención desparramados por toda la provincia, ejerciendo un seguimiento nada espiritual del plan establecido.

De allí que monseñor Plaza terminaría denunciado ante la Conadep en 1984 y en el juicio a las juntas militares (cuya misma realización había repudiado) en 1985. Las acusaciones eran gravísimas: había entregado a decenas de personas que terminaron desaparecidas, entre ellas a su propio sobrino, quien fue visto por testigos en la ESMA.

Apenas asumió la presidencia, Raúl Alfonsín se enfrentó al “problema” de tener que decidir qué parte del personal que integró el régimen genocida continuaría en sus funciones y quiénes, ante la necesidad de cambiarle el rostro perverso y horroroso al Estado, debería quedar afuera. Entre ese último pelotón estaba Plaza, quien fue removido de la capellanía policial bonaerense apenas asumido el gobierno radical.

Cuatro meses antes del cambio de gobierno, en agosto de 1983, los diarios reprodujeron declaraciones de Plaza, donde entre otras cosas dijo que apoyaba totalmente el “Informe final” que los genocidas acababan de publicar y con el que se antoamnistiaban antes de dejar la Casa Rosada. Ya que estaba, monseñor aprovechó para homenajear al jerarca nazi Adolf Eichmann, uno de los mentores de la “solución final” para los judíos, que había sido encontrado oculto en Argentina por un comando del Mossad israelí y llevado a Jerusalén en 1962 para ser ejecutado.

Plaza murió en 1987, a los 77 años, impune. Tan impune que hoy sigue vivo el homenaje a su memoria por parte de la Iglesia argentina. Sin ir más lejos, con su nombre fue bautizado uno de los pilares formativos de la institución a nivel nacional: el Instituto de Teología Antonio José Plaza de La Plata.

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Olvido y perdón

Durante los años en que Jorge Bergoglio fue la máxima autoridad de la Iglesia en Argentina, le tocó convivir episcopalmente con el ultraconservador arzobispo de La Plata monseñor Héctor Aguer. Se conocían muy bien, ya que ambos habían sido obispos auxiliares de Antonio Quarracino, tal vez el mejor continuador de la “obra” de Antonio Plaza.

Si bien fueron siempre aliados, Bergoglio y Aguer no son amigos. Y hasta hay quienes aseguran que fueron férreos competidores en la carrera eclesiástica. Sin embargo cuando, ya siendo Francisco, jubiló a Aguer y lo reemplazó al frente de la arquidiócesis platense por Víctor Fernández (de su estrecha confianza), lejos estuvo de sugerirle a su discípulo que borre a Plaza del nombre del Instituto de Teología.

El olvido y el “perdón” que esconde impunidad son una marca de agua de la Iglesia formateada por los Plaza, Tortolo, Laghi, Bonamín, Primatesta, Aramburu, Ogñenovich y Von Wernich.

Tan es así que en octubre de 2007, cuando el excapellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich fue condenado a reclusión perpetua por haberlo encontrado culpable de al menos siete asesinatos, 42 secuestros y 32 instancias de tortura, la Iglesia casi ni se inmutó.

Tras conocer la sentencia, el Arzobispado de Buenos Aires conducido por Jorge Bergoglio emitió un breve comunicado donde se le pedía a Von Wernich un acto de arrepentimiento y un pedido de perdón a las víctimas. Además aseguraba que la Iglesia estaba preocupada por el “dolor causado” por la participación de “uno de sus sacerdotes” en crímenes “tan serios”.

Pero después de ese juicio histórico, donde la querella de la que era representante la abogada Myriam Bregman logró que al cura se lo juzgue como lo que es, un genocida, ¿se produjo su expulsión del sacerdocio? ¿El Vaticano lo excomulgó de la Iglesia? No, nada de eso.

Si el propio Bergoglio fue acusado por sobrevivientes de haber colaborado en desapariciones de curas de su congregación (entonces era superior de los Jesuitas) y hasta de haber sabido de robos de bebés y no haber hecho nada para impedirlo, ¿por qué actuaría de forma discriminatoria con un colega de la talla de Von Wernich?

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No perdones esas deudas

El período que va del 24 de marzo de 1976 y al 10 de diciembre de 1983 fue de los más fructíferos para la Iglesia católica argentina en cuanto a obtención de beneficios de parte del Estado. A cambio de prestarles el nombre de Dios a los represores para que sellen con él cada ataque criminal, la Curia recibió en compensación decretos, leyes, muchos bienes y la posibilidad de digitar la educación pública.

Como lo mostró una investigación de este diario, hasta el día de hoy están vigentes muchas medidas impuestas en aquel entonces que garantizan el costoso financiamiento estatal de la institución religiosa, tal como lo ordena el reaccionario y antidemocrático artículo 2 de la Constitución Nacional que todos los gobiernos respetan con reverencia.

Una serie de decretos firmados por Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, vigentes actualmente, le garantizan a la Iglesia un financiamiento directo y millonario con fondos del Estado. Ninguno de esos decretos fueron anulados por Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner ni Macri.

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Todos los gobiernos protegieron la inmunidad del clero. Todos mantuvieron disposiciones de la dictadura como las jubilaciones especiales, los subsidios por seminaristas, “sueldos” de obispos y capellanes y demás ítems que reglamentan el sostenimiento del culto. Y sumaron incluso nuevos aportes “indirectos”, como exenciones impositivas y financiamiento para remodelar iglesias y conventos bajo el rótulo de “obras públicas”.

Y ni hablar del subsidio a las escuelas, colegios y universidades confesionales y la cesión estatal de terrenos, edificios públicos y otros inmuebles que engrosan el inmenso patrimonio inmobiliario con el que cuenta la Iglesia.

Hoy la Iglesia católica, la institución que bendijo y participó de la masacre genocida de 1976 (y que nunca pagó por ello) sigue siendo sostenida por el mismo Estado que mantiene a miles de genocidas libres, que no da justicia a la mayoría de sobrevivientes y familiares, que mantiene a cientos de hijas e hijos con sus identidad sustraídas y que hace que se la sigan llevando en pala los mentores económicos del genocidio.

El mismo Estado que se niega a abrir los archivos más sensibles que tiene en su poder, lógicamente, es el que no obliga a la Iglesia a abrir esos otros archivos, los eclesiásticos, tan manchados de sangre como los otros.

Es el mismo Estado, en definitiva, que sigue asesinando a la juventud pobre (una víctima cada 21 horas), que le da vía libre a las patronales para que solucionen sus “crisis” despidiendo a miles de trabajadoras y trabajadores, el que decreta los tarifazos que exprimen los bolsillos y el que desfinancia al máximo la educación y la salud públicas. Eso sí, cada tanto la Conferencia Episcopal Argentina publica un documento condenando al “Dios dinero” y la miseria que se extiende entre la población.

¿Se entiende ahora, aunque sea un poco, por qué la Iglesia bendijo la masacre genocida de 1976?

 
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