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31 de enero de 2019 Twitter Faceboock

EN PRIMERA PERSONA
Diez años sin Luciano, la década perdida
Adriana Meyer |

Foto Twitter

La autora recuerda la cobertura desde el inicio del caso Arruga, el joven desaparecido por la Policía Bonaerense durante la gobernación de Scioli. La lucha de la familia y cómo está hoy la causa.

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Tenía el pelo diferente y vestía un trajecito turquesa que era su uniforme del trabajo. Apareció en la redacción una noche de marzo, hace diez años, con un compañero de la facultad de Sociología, y aunque estábamos casi en horario de cierre me senté con Vanesa Orieta para que me contara que su hermano estaba desaparecido.

Al día siguiente salía la primera nota sobre él en un diario nacional y, tras vencer algunas resistencias, seguimos paso a paso el devenir de la lucha por Luciano Arruga, junto a los medios alternativos que estuvieron desde la hora cero y acompañaron toda la década.

Pareció fugazmente que habían logrado instalarlo en la agenda de los medios hegemónicos, pero la ausencia de cobertura de la multitudinaria marcha del sábado pasado organizada por sus familiares y amigos, que fue desde Mosconi y General Paz hasta la plaza Luciano Arruga en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, evidencia que volvió a quedar afuera.

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Arruga tenía 16 años, era solidario con otros pibes de la calle, trabajaba en una fundición y cartoneando, escuchaba cumbia y reggaeton y su pasión era River Plate.

Vanesa y Mónica (madre de Luciano) peregrinaron en su búsqueda por todo tipo de instituciones, soportando mentiras, respuestas evasivas y humillaciones. Fueron años de bregar en soledad, de acumular impotencia y bronca por la inacción policial y judicial.

El 21 de septiembre de 2008 Luciano había sido llevado al destacamento ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador. “¡Vanesa, me están pegando!”, gritó mientras su hermana esperaba que lo liberaran. Cuando salió señaló uno a uno a los golpeadores, pero se negaron a darle sus nombres. “Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a la Octava para que te violen, o terminás en un zanjón”, lo amenazaron.

En el policlínico de San Justo verificaron los golpes. Pero eso no impidió que lo volvieran a parar cada vez que andaba por la calle.

Chalecito resignificado

El destacamento de Lomas del Mirador parece un chalet de familia. Había nacido al calor del reclamo de mano dura impulsado por un grupo de vecinos luego de algunos casos resonantes de “inseguridad”, entre ellos el asesinato del florista de Susana Giménez.

Para exigir justicia los familiares y amigos de Arruga lo habían tomado y durante años dieron otra larguísima batalla para lograr su desafectación y la creación allí de un espacio de memoria y de “contención para que los pibes y pibas del barrio tengan una alternativa ante el acoso policial”, según decían.

El entonces intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, jugaba al gran bonete: cada vez que podía les negaba las llaves del lugar. A esa altura, la familia ya había sido víctima de intervenciones telefónicas y hasta el seguimiento de sus movimientos por parte de Gendarmería.

Luciano vivía con su mamá y sus hermanos menores. Cuando cartoneaba, la Policía lo paraba acusándolo de robo. Y cuando Vanesa lo iba a buscar a la comisaría preguntaba a los policías si el móvil para robar era el carrito de cartoneo. “Hubo dos semanas de incertidumbre, y por un llamado extorsivo la DDI de San Justo intervino teléfonos y apretó a amigos de mi hermano en la brigada. Era una pantomima, no lo estaban buscando”, evoca Orieta.

Mónica Alegre se levantó temprano ese sábado 31 de enero. Su hijo ya no estaba. Así comenzó la recorrida por comisarías y hospitales. Junto a Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, presentaron un habeas corpus que fue rechazado. En esas horas en el hospital Santojanni les negaron información.

Años más tarde supieron que, al mismo tiempo que ellas preguntaban si tenían algún cuerpo de esas características y les respondieron que no, el cadáver de Luciano estaba esperando para ser trasladado para la autopsia.

Pasaron quince días hasta que un chico del barrio se quebró y contó a la familia que un compañero de secundaria había estado detenido junto a Luciano y que ambos habían sido “reventados a palos”. Ese joven lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación, y por eso estaba muy asustado. “Nos mataron a golpes, a Luciano lo vi muy mal”, había dicho.

Se habría cumplido la amenaza que recibió en septiembre, cuando lo detuvieron y lo llenaron de moretones. Ya por entonces Pimentel aseguraba que “en la causa hay testigos que declararon que la Policía lo levantó de la calle”. Y aseguraba que lo de Luciano no había sido un hecho aislado. “En varios barrios humildes los policías reclutan pibes chorros y les liberan zonas”, describía.

El sábado pasado, durante la marcha, volvió a ser tajante: “Desde Daniel Scioli para abajo tendrán que hacerse cargo de la Policía que formaron, la que reclutó a jóvenes, entre ellos a Luciano. La negativa de un joven a robar para la Policía es la condena de muerte o que lo “empapelen” y vaya a una cárcel. La reflexión es que ahora tiene que haber una verdadera justicia, que los responsables materiales e intelectuales vayan presos”.

Más de tres años tardó el entonces gobernador Scioli en recibir a la familia, para decirles la nada misma. Cuando Luciano llevaba cuatro años desaparecido la presidente Cristina Fernández de Kirchner hasta se animó a decir en un acto en La Plata que “hoy nadie puede desaparecer, estamos todos vivitos y coleando”.

Y vale recordar que la Provincia de Buenos Aires seguía convulsionada por la impune desaparición forzada del testigo y sobreviviente de la dictadura Jorge Julio López, ocurrida poco más de dos años antes, en septiembre de 2006.

“Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos ver al Gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el exministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la Policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía”. Así resumía Vanesa su contacto con los funcionarios en la entrevista que publiqué en febrero de 2011 (Página|12).

Su señoría no sabe, no responde

Los primeros cuatro años transcurrieron en un desierto de resultados, no había política de derechos humanos para los desaparecidos en democracia. Ante la inacción de la UFI 7, a cargo de Roxana Castelli, acudieron a la Fiscalía General, que pasó el caso a la fiscal Cecilia Cejas (UFI 1), quien tampoco activó la investigación.

En mayo de 2011, en plena movilización para lograr el cierre del destacamento policial, los familiares y amigos de Arruga denunciaron que seguían recibiendo amenazas. Tal como había sucedido con López, la causa seguía siendo por “averiguación de paradero” y los policías sospechados permanecían en funciones, con total impunidad para amedrentar.

En enero de 2013, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la causa pasó al fuero federal para investigar la desaparición forzada de Arruga. Patrocinadas por Juan Manuel Combi y Paula Litvachky, Mónica y Vanesa presentaron por segunda vez un recurso de habeas corpus que, al igual que el primero, fue rechazado, esta vez por el juez federal de Morón Juan Pablo Salas y por la Cámara Federal de San Martín.

De no haber sido admitido por la sala IV de la Cámara de Casación Penal, ninguna instancia judicial se hubiera ocupado de cotejar las huellas de Arruga con los cuerpos NN. En cambio, con ese fallo se tuvieron que poner en acción todas las agencias del Estado.

Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky tomaron en cuenta que los familiares de la víctima “oportunamente denunciaron que policías bonaerenses detuvieron ilegalmente a Luciano Arruga, que tenía 16 años, el 31 de enero de 2009” y que “existe una relación causal entre la desaparición, hostigamiento constante y amenazas que sufría Luciano desde 2008, principalmente las dos detenciones efectuadas por agentes del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue severamente golpeado el 22 de julio y el 22 septiembre de 2008”.

Parado muy cerca del lugar donde Arruga murió atropellado, Pimentel explica que hay un antes y un después del día que Luciano dejó de ser un NN enterrado en el cementerio de Chacarita. “Ahí empieza una nueva etapa, lo que es el 17 de octubre de 2014, en la que no podemos avanzar si no habla la gente que vive sobre esta colectora y denuncia y cuenta lo que pasó esa madrugada cuando a Luciano lo bajan de un patrullero y lo obligan, como a Ezequiel Demonty, no a cruzar el Riachuelo sino a cruzar una autopista. Es lo que todavía está impune, es lo que todavía hay que investigar y debe ser juzgado”, dijo el dirigente de la APDH La Matanza a Canal Abierto.

“Mi justicia la hago cada día”

Claramente Mónica Raquel Alegre no tuvo un hijo para que se convierta en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, pero fue inevitable que esto sucediera. Su historia generó empatía popular. Y, sin duda, Vanesa se convirtió involuntariamente en lúcida abanderada de esta causa.

“Nos metimos mucho en los barrios con pibes y pibas, y con la problemática de la inseguridad donde instalan la idea del otro peligroso, un trabajador exigiendo su sueldo, un integrante de una comunidad originaria o un pibe en un barrio, vuelven con la baja de la edad de imputabilidad por un puñado de votos, hay que pensar qué democracia tenemos, hay que empezar a reaccionar, la pobreza duele en el alma”, dijo Orieta en una profunda entrevista en radio La Retaguardia a horas de la movilización del sábado.

“Recordar todo esto da bronca, tuvimos que reconocer a Luciano por sus huesos, recuperar una historia con restos no con un cuerpo, eso es perverso, causa un daño irreparable, encontrarlo fue dejar de buscar un desaparecido con la incertidumbre enorme que implica eso, estas muerta en vida, puede estar teniendo frío, secuestrado, muerto, millones de imágenes que te vienen, así que es saludable terminar con eso. Pero que te formen un esqueleto es algo que no se te va jamás de la cabeza, es la perversidad sistemática que padecimos nosotros y muchas otras familias”, dijo sobre los diez años.

Para Orieta la causa judicial avanza generando más impunidad. “Hemos encontrado un respaldo social que nos alienta, eso en alguna medida repara. La sociedad está mal pero hay un sector de nosotros que acompaña en la lucha, ahí los familiares tenemos una cierta forma de justicia. Hay banderas que son innegociables, nunca vamos a dejar de expresar que la represión estatal tiene nombre y apellido, los responsables políticos y judiciales. Llevarlos al banquillo es difícil porque entendemos cómo se maneja la impunidad, de hija a madre podemos decirnos lo que esperamos, es como un escudo para soportar esto. Acompañamos un montón de otros casos, vemos familias destruidas. Pero nunca abandonamos la causa judicial, no vamos a permitir la revictimización de familia y amigos, vamos a insistir para que toquen determinados intereses, que no sea cerrada ni desvirtuada. A diez años seguimos peleando”.

A su lado, Mónica reconoce que su hija es dura pero realista. “Vanesa me dijo quizás nunca tengamos justicia, tiene razón. Si no hay justicia, te caes. La lucha que me enseñaron los chicos y Vanesa es hacer justicia paso a paso, en las calles, tenemos un policía condenado por torturar a Luciano. Cuánto le podrían dar a los demás, veinte años y con buena conducta salen igual. Mi hijo va a seguir sin estar. Mi justicia la hago cada día, la del pueblo, es lapidaria”.

Se abrazan mutuamente por teléfono con Nora Cortiñas, la Madre de Plaza de Mayo que, según Mónica, le marcó el camino, la contuvo, le enseñó cómo seguir. Alegre y Orieta saben que el caso Arruga se convirtió en emblemático de la podredumbre de la policía y sus puntales del poder político.

Por eso no bajan los brazos, afinan estrategias, crean vínculos con otros familiares de lo que llaman sin eufemismo “represión estatal”. Y nunca dejarán de exigir respuestas.

 
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