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8 de agosto de 2018 Twitter Faceboock

REVOLUCIÓN MEXICANA
Emiliano Zapata y el Plan de Ayala
Pablo Oprinari | Ciudad de México / @POprinari

Este plan, fechado el 28 de noviembre de 1911, se lanzó luego de la primera agresión militar ordenada por Francisco Madero contra el Ejército Libertador del Sur.

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Este documento atacaba a Francisco Madero por haber dejado en pie “la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial de Porfirio Díaz” así como por no cumplir el Plan de San Luis, postergado por la transacción de Ciudad Juárez.

Denunciaba la persecución y opresión sobre los pueblos que reclamaban sus derechos, y la imposición de gobiernos estatales en contra de la voluntad de las mayorías, como fue el caso del general Ambrosio Figueroa, calificado como verdugo y tirano de Morelos.

Finalizaba planteando que Madero había entrado en “contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados-feudales y caciques opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible que la de Porfirio Díaz”, a partir de lo cual llamaba a continuar la lucha contra el gobierno de Madero, a quien denunciaba como traidor a la Revolución. A partir de invocar como propio al Plan de San Luis, se introducían una serie de “agregados” a éste, que en realidad cambiaban de forma radical el contenido y el carácter social del Plan maderista, expresados en los puntos 6 a 9 del Plan de Ayala (1), y que a la letra planteaban:

6º. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles; desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.

7º. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

8º. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.

9º. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso (2).

Como han sostenido diversos autores (3), el Plan de Ayala descansaba en dos principios fundamentales.

En primer lugar, la expropiación y nacionalización de las tierras, en beneficio de los “pueblos de México”; lo cual en el artículo 6º se orientaba a “los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal”, en el artículo 7º al conjunto de la gran propiedad, y en el artículo 8º “a los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan”.

El punto más radical, porque englobaba en los hechos a todas las clases propietarias en el campo y dejaba fuera cualquier indemnización, era el punto 8º. Esto suponía una inversión tajante de lo planteado por Madero y los intelectuales y políticos antes mencionados –quienes aún en sus propuestas más “progresistas” se basaban en la intocabilidad de la gran propiedad– y un cambio de fondo respecto al punto 3 del Plan de San Luis, el cual se limitaba a la situación de la pequeña propiedad y no se orientaba a resolver la situación de las mayorías agrarias desposeídas por los latifundistas.

El otro pilar sobre el que descansaba el Plan de Ayala era la transgresión de la juridicidad burguesa, ya que:

[…] dispone que los campesinos despojados de sus tierras entrarán en posesión de ellas desde luego, es decir, las tomaran inmediatamente ejercitando su propio poder. Esa posesión será mantenida ‘a todo trance, con las armas en la mano’. Y serán los terratenientes usurpadores quienes, al triunfo de la Revolución, tendrán que acudir ante tribunales especiales para probar su derecho a las tierras ya ocupadas y recuperadas en el curso de la lucha por los campesinos (4).

La lucha por la tierra y su preservación en manos de los campesinos estaba entonces asociada, no a la confianza en la acción de los tribunales, sino al poder armado de los pueblos insurrectos.

Aunque el Plan de Ayala se pudo imponer de forma generalizada solamente en 1915, durante el periodo de la Comuna de Morelos, en los años previos se intentó implementar en las zonas bajo control del Ejército Libertador del Sur. Un testimonio de esto lo encontramos en la siguiente resolución de 1912, que fue la primera expropiación acordada por la dirección zapatista, en medio de la ofensiva militar:

[…] los que suscriben, en nombre de la Junta Revolucionaria del estado de Morelos, teniendo en consideración que ha presentado sus títulos correspondientes a tierras el pueblo de Ixcamilpa, y habiendo solicitado entrar en posesión de las mencionadas tierras que les han sido usurpadas por la fuerza bruta de los caciques, hemos tenido a bien ordenar conforme al Plan de Ayala, que entren en posesión de tierras, montes y aguas que les pertenecen y les han pertenecido desde tiempo virreinal y que consta en títulos legítimos del tiempo virreinal de Nueva España, hoy México (5).

El sustento profundo del Plan de Ayala y de los intentos por llevarlo a cabo, fue la irrupción violenta de amplios sectores de las masas agrarias de Morelos y otros estados, quienes nutrieron el ejército campesino liderado por Emiliano Zapata. Eso fue lo que permitió soportar la política de tierra arrasada del mando militar federal y sustentó las varias ofensivas del Ejército Libertador del Sur contra el gobierno central.

* Este texto es parte del ensayo Senderos de la Revolución, incluido en el libro México en llamas.

Notas:

(1) Plan de Ayala

(2) Adolfo Gilly, La Revolución interrumpida / México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder, México, Ediciones El Caballito, 7ma. ed., 1980 y Francisco Pineda Gómez, La Revolución del sur 1912-1914, México, Era, 2005.

(3) Adolfo Gilly, op. cit., p. 64.

(4) Ibidem, p. 68.

(5) Ibidem, p. 43.

 
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