Voces de resistencia ante el despojo de ayer y hoy

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CONFLICTOS INDÍGENAS EN TIEMPOS DE MACRI

 

AZUL PICÓN

Número 29, mayo 2016.

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Genocidio, despojo, usurpación. Los pueblos indígenas que habitaron estos territorios ancestralmente lo sufrieron una y otra vez desde la Conquista. Esclavización, negación, invisibilización y la imposición de una identidad hegemónica fue lo que siguió para construir el mito de la nación blanca y europea, descendida de los barcos.

Las campañas militares del siglo XIX diezmaron y esclavizaron a la población indígena. La falta de datos certeros dificulta hablar de cifras, sin embargo Diana Lenton afirma que según registros de la época, la llamada Conquista del Desierto comandada por el Gral. Julio Argentino Roca en la Patagonia había trasladado, hasta 1883, 20 mil prisioneros a Buenos Aires que luego serían asesinados, desaparecidos o esclavizados1. En la “conquista del Chaco” las cifras serían mayores. Allí se condenó a las poblaciones indígenas del Norte como mano de obra esclava en plantaciones de caña de azúcar y algodón. El Estado argentino se funda sobre millares de muertos, culturas devastadas, despojo territorial y proletarización forzada.

Durante el siglo XX gobiernos peronistas y radicales fueron responsables de grandes matanzas, que lejos de ser aisladas, fueron prácticas recurrentes de los terratenientes y el poder político para privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia y así introducirlos en el sistema de producción capitalista, obligándolos a migrar a las ciudades y vender su fuerza de trabajo para subsistir, mientras se apropiaban de sus territorios2.

En la Argentina actual, a pesar de los amplios reconocimientos jurídicos, continúa la violación sistemática a los derechos de los pueblos originarios. Los mecanismos de dominación van desde el uso de la fuerza represiva estatal y paraestatal, a formas de dominación más sutiles, mientras el modelo productivo agroexpotador y extractivista necesita de sus territorios para desarrollarse. Los medios hacen su parte con la estigmatización cuando no la lisa y llana invisibilización. Hoy las raíces económicas y sociales del “problema indígena”, siguen ligadas a la tierra, pero se articulan también con los problemas de una sociedad más intensivamente capitalista y predominantemente urbana, donde se produce una mayor imbricación de los problemas nacionales y culturales con los de clase al interior de los pueblos indígenas, ya que muchos originarios son parte del proletariado agrícola y urbano3.

 

Los conflictos del modelo

En la actualidad cerca de 200 conflictos involucran a más de 250 comunidades originarias en 15 provincias. Un informe presentado en septiembre de 2015 por Amnistía Internacional4 realiza un mapeo que muestra 183 conflictos por causas territoriales, ambientales y criminalización en las comunidades. A estos debemos sumarle los conflictos en barrios y comunidades indígenas por necesidades básicas como agua potable, trabajo, educación y vivienda, entre otros, que no están directamente ligadas a lo territorial, sino que forman parte de los problemas que sufre gran parte de la población trabajadora, desocupada y el pueblo pobre.

Las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Misiones y Formosa encabezan el ranking de conflictos, seguidas por Chubut, Salta y Río Negro, y luego por Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, San Juan, La Pampa y Mendoza. En todos los conflictos las comunidades exigen sus derechos vulnerados, enfrentándose a gobiernos municipales, provinciales y nacional, a jueces, terratenientes, empresas nacionales y multinacionales: mineras, petroleras, madereras, sojeras, empresarios turísticos, que cuentan con un sistema político y judicial que garantiza sus intereses. El avance de la frontera agropecuaria e hidrocarburífera durante la última década fue descomunal y todo indica que continuará durante el nuevo gobierno. El crecimiento descomunal de la soja (pasó de 12 a 20 millones de hectáreas desde 2002 al 2016) y el monocultivo de árboles (pasó de 600 mil a 1,2 millones de hectáreas en 10 años), afecta a una docena de comunidades de Misiones, Chaco y Formosa. Las consecuencias: desalojos de campesinos e indígenas, desmontes, contaminación con agrotóxicos, concentración de la tierra, deforestación y derrumbes.

Algo similar ocurre con la expansión de la frontera hidrocarburífera en los últimos años. Actualmente hay cerca de 20 conflictos relacionados con la extracción de petróleo y gas. Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut son las más afectadas, pero en menor medida, también afecta a Formosa, Salta y Jujuy. Estas comunidades sufren la contaminación de sus suelos y cauces de agua, el avance sobre sus territorios y los desalojos y la criminalización que de ahí se derivan. El caso más emblemático de criminalización fue el de Relmu Ñamku, enjuiciada durante el 2015 por tentativa de homicidio cuando la comunidad resistía un desalojo, cargo del que fue absuelta por un jurado popular5. Chevron, Texaco, Pioneer, Yacimientos del Sur, Petrobras, Energy Company, Apache Corporation, petrolera Piedra del Águila, Imau, Transportadora Gas del Sur y Orión del Sur, son algunas de las empresas en conflicto con las comunidades.

La minería también se desarrolló exponencialmente en los últimos años; según información de la Secretaría de Minería de la Nación en 2002 había 18 proyectos mineros, hoy en 2016 hay 435 prospectos mineros en desarrollo de 157 empresas, el 85 % de las cuales son extranjeras. Catamarca, San Juan, Salta, Jujuy, Chubut y Neuquén son provincias donde se ubican explotaciones de megaminería a cielo abierto que extrae cobre, zinc, oro y plata, y utiliza grandes cantidades de agua, químicos y cianuro que contamina pueblos enteros. Imausa, Ambar, IMA Explorations Inc, Aquiline Resources, Meridian Gold, Barrick Gold, mineras Minarco, Piedra Grande y Sima, son algunas de las mineras con las que actualmente las comunidades mantienen una docena de conflictos. Recientemente la demanda de baterías de ion-litio reavivaron los proyectos exploratorios del litio en los salares de Jujuy y Salta, que forman parte del “triángulo del litio” formado por Argentina, Bolivia y Chile, y donde se encuentra el 80 % del depósito total del famoso “oro blanco”6. Estos proyectos de exploración han entrado en conflicto con comunidades kolla y atacama que habitan allí ancestralmente ya que la extracción del mineral requiere abundantes cantidades de agua, un bien por demás escaso en esas áridas zonas. Dos procesos organizativos encabezan la resistencia a las mineras del litio (FMC, Orocobre, Jemse, entre otras, asociadas a automotrices como Nissan, Toyota, Mitsubishi), la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” y el “colectivo La Apacheta”, que en conjunto organizan a casi 40 comunidades.

La pérdida de la tierra trae aparejados otros problemas, como los altos grados de mortalidad infantil que según denuncian las comunidades está ligado a la pérdida de territorio a manos de empresas. La falta de alimento y medicinas naturales sumados al abandono de prácticas culturales y cambios en los hábitos alimenticios ligan inexorablemente la situación sanitaria a los desmontes y la desvinculación de la tierra.

La falta de títulos, el incumplimiento o irregularidades en el relevamiento territorial y la usurpación de territorios comunitarios por parte de privados, empresas e incluso el Estado, son los principales conflictos territoriales. Casi todas las comunidades han sufrido intentos de desalojo en algún momento del conflicto y muchas de ellas ataques a los miembros de la comunidad (amenazas, ataques con armas blancas o de fuego, asesinatos, incendio de casas, etc.) cuando no directamente represión estatal.

 

Pasan los gobiernos, queda la criminalización

En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Más de mil hermanas y hermanos están siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represión, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra (fragmento de la Declaración de la I Cumbre de Pueblos originarios, junio 2015).

No se puede garantizar el modelo y los intereses de estas empresas extractivas sin vulnerar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, fumigando sus territorios, contaminando su agua y su suelo, judicializándolos, persiguiendo y reprimiendo sus protestas, no solo con represión institucional, sino también a manos de patotas, guardias blancas y sicarios contratados por terratenientes. Llama la atención el alto número de causas penales contra miembros de las comunidades indígenas por delitos de usurpación o vinculadas a los reclamos territoriales. En el año 2013 había más de 900 originarios y campesinos judicializados y en 2014 la APDH denunció que el 70 % de las causas en Formosa eran contra pueblos originarios.

Existe un amplio abanico de normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las comunidades indígenas; el artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia de los pueblos y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, el Convenio 169 de la OIT que garantiza el derecho a la consulta libre previa e informada y la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, ordena frenar los desalojos y realizar un relevamiento de todos los territorios indígenas, son las más importantes. Sin embargo el grado de implementación de las mismas es muy bajo e irregular, las resoluciones judiciales rara vez reconocen estos derechos y la mayoría de estas normas son abiertamente violadas por todos los órganos y en todas instancias del Estado. En diciembre pasado, diputados y senadores de distintos bloques parlamentarios, entre ellos el Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de Propiedad Comunitaria Indígena elaborado conjuntamente con organizaciones de pueblos originarios, pero este avanzado proyecto nunca fue discutido ni tratado en el Congreso7.

Por el contrario, las normas que garantizan la implementación de actividades extractivas tienen cumplimiento rápido y efectivo. El monocultivo de soja transgénica fue rápidamente aprobada por el gobierno de Carlos Menem sin realizar estudios sobre los efectos ambientales; actualmente está en tratativas un nuevo proyecto en el cual Monsanto busca aumentar los derechos y regalías. La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, impulsa el monocultivo de árboles, subsidiando y beneficiando a las empresas. La minería cuenta con la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería y el Acuerdo Federal Minero al servicio de sus empresas. La Ley de Hidrocarburos beneficia a las empresas extranjeras, establece 25 años de concesiones para las explotaciones convencionales y 35 para las no convencionales ambas prorrogables por 10 años, y reducción de regalías. En los años ‘90 se creó la base para este entramado jurídico que fue sostenido y profundizado por los gobiernos posteriores, y que perjudica directamente a las comunidades originarias, razón por la que encuentra allí la mayor resistencia y obstáculo para su implementación.

 

Cinismo amarillo

Leyes con las que hicieron bandera, fotos y promesas ocultaron durante el kirchnerismo la falta de respuesta a las problemáticas estructurales de los pueblos originarios. Cooptación de algunos sectores por un lado, negativa rotunda a dar soluciones cuando los perjudicados eran sus aliados. Eso sucedió con la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en Formosa, el caso emblemático de represión a las comunidades durante su gobierno en el que la policía provincial junto a la gendarmería reprimieron asesinando a Roberto López. Tras un acampe de 5 meses en 2011 en Capital Federal reclamando justicia y respuestas en relación al territorio, volvieron a Formosa con un papel firmado pero las manos vacías, las promesas nunca se cumplieron. Cinco años después similares razones los llevaron a realizar un segundo acampe, esta vez de 10 meses y junto a 40 comunidades de Formosa. ¿Las respuestas? Nunca llegaron.

Macri siguió el mismo camino. En los 10 meses que el acampe se sostuvo en la ciudad, no se acercó a pesar de las apremiantes necesidades que sufrían quienes acampaban allí. Sí lo hizo, de manera cínica y demagógica, en plena campaña: se sacó fotos e hizo promesas. A una semana de asumir recibió una delegación que entregó un petitorio con sus demandas y se sacó más fotos. El 6 de enero transfirió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una de sus promesas. Pero 3 meses después de haberlos recibido, las respuestas seguían sin llegar, por lo que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas se declaró en estado de asamblea permanente y realizó una toma pacífica del INAI. La respuesta del macrismo fue intentar desalojarlos con una amenaza de bomba, sin darles ninguna respuesta.

El doble discurso no se hizo esperar: mientras en abril anunciaba en Misiones medidas para el cuidado del medio ambiente y hablaba de “ayudar a los pueblos originarios para que no tengan que abandonar su lugar y su cultura”, recortaba y hacía desaparecer las políticas públicas para los indígenas. En sintonía con los ajustes y recortes que llevó adelante en todas las áreas del Estado, despidió a 110 trabajadores del INAI, con el argumento del “sobredimensionamiento” del personal. Y en la reestructuración de las áreas de gobierno, la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y la Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Agroindustria fueron directamente desmanteladas.

La composición del gabinete del nuevo gobierno da cuenta de que “el reconocimiento de los pueblos originarios como política de Estado” son solo palabras bonitas. El Ministro de Energía Juan José Aranguren aclaró que “el desafío es lograr que la sociedad se enamore de la minería”. Nombró como secretario de Minas a Daniel Meilán –quien ya había ocupado el mismo cargo durante el menemismo– que como primer medida anunció la quita de retenciones a las mineras. El sanjuanino Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero y férreo defensor del modelo minero de San Juan, afirmó que la minería produce “cero contaminación”, cuando hace 7 meses en su provincia un inmenso derrame de cianuro de la Barrick Gold volcó más de un millón de litros de agua contaminada, contaminando 5 ríos y causando un desastre ambiental. Hace pocos meses salió a la luz que 3 derrames anteriores (en 2011 y 2012) donde se fugaron 1500, 1680 y 1494 litros de solución cianurada, no se habían hecho públicos.

Por su parte, en el Ministerio de Agroindustria nombraron a Ignacio Garciarena, referente de Aapresidh y amigo de los pooles transgénicos que se refirió a los críticos del agronegocio como “ecoanarquistas y pseudo ambientalistas que siembran miedo en la sociedad”8. Defensor de la soja transgénica y el glisfosato de la mano de la siembra directa impulsada por Monsanto, salió a desmentir los análisis que vinculan el agronegocio a la deforestación e inundaciones.

Desde hace 524 años los pueblos originarios son blanco de ataques y represiones de gobiernos de todos los colores, es su tenaz resistencia las que los mantuvo en pie. Hoy existe un gran número de organizaciones indígenas que, aunque con diferencias, son conscientes de que el modelo se profundizará y se preparan para un tiempo de movilización para lo que es necesario trabajar en conjunto. Los trabajadores y pueblo pobre tenemos el mismo enemigo: grandes terratenientes, empresarios, multinacionales, poder político y oposición patronal, que son los garantes de este sistema de explotación. Por eso debemos tejer una sólida alianza entre todos los sectores oprimidos que ponga fin al avance capitalista.

 

  1. Aranda, D., “El Estado se construyó sobre un genocidio”, entrevista a Diana Lenton, Página 12, 10/10/2011.
  2. Ver Picón, A. y Santillán, L. “Los pueblos originarios frente a la barbarie capitalista”, IdZ 8, abril 2014.
  3. Ferreira, J., Comunidad Indigenismo y marxismo, La Paz, Ediciones Palabra Obrera, 2014.
  4. Disponible en www.territorioindigena.com.ar.
  5. Picón, Azul, “Relmu Ñamku: criminalización y resistencia”, IdZ 26, diciembre 2015.
  6. Ortega, Lucía, “La explotación del litio en Argentina: ¿nueva minería para el desarrollo?” y Picón, Azul, “Las comunidades originarias frente a la extracción de litio” en sitio de Ideas de Izquierda, febrero 2016.
  7. “Se presentó el Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena”, La Izquierda Diario, 4/12/2015.
  8. Aranda, D., “Un gabinete para hacer lobby”, Página 12, 1/2/16.

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