Un balance de la legislación laboral durante el kirchnerismo

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CLARA MARTICORENA

Socióloga UBA-CONICET.

Número 20, junio 2015.

 

Analizar los cambios en materia de legislación laboral durante el kirchnerismo cobra particular importancia teniendo en cuenta las sucesivas reformas que tuvieron lugar durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, tendientes a abaratar los costos laborales, flexibilizar la contratación de trabajadores, flexibilizar la distribución del tiempo de trabajo, promover la flexibilidad funcional, descentralizar la negociación colectiva y limitar el derecho de huelga. También por el lugar que ocupa en el discurso kirchnerista la idea de la recuperación y ampliación de derechos.

Lo primero que habría que plantear a la hora de hacer un balance de la legislación laboral sancionada en estos años es que podemos ubicar distintos momentos, determinados por el juego de relaciones de fuerzas sociales. En este sentido, nos interesa situar el análisis de la legislación laboral a partir de la crisis de dominación y acumulación que se expresaron en la crisis del 2001 –que desde el punto de vista ideológico significó la crisis del consenso neoliberal– y en la posterior construcción y reproducción de hegemonía por parte del kirchnerismo como parte del proceso de recomposición de dicha dominación y acumulación en crisis.

En el marco de la crisis del consenso neoliberal, durante la última década el gobierno del Estado dejó de promover leyes flexibilizatorias pero no revirtió el legado de la reestructuración capitalista, a través de reformas parciales en la legislación sancionada en los ‘90 y de la homologación de convenios y acuerdos colectivos que incluyen distintas modalidades de flexibilización horaria [1], contractual y en la organización de funciones y tareas, las cuales han operado en muchos casos como “moneda de cambio” de los aumentos nominales de salario logrados por los trabajadores en paritarias. Efectivamente, los cambios legales se vincularon fundamentalmente con las condiciones salariales y de contratación sin avanzar centralmente sobre la organización del proceso de trabajo [2].

 

De la contención del conflicto social a la re-regulación de las reformas laborales de los ‘90

Es posible afirmar que en tanto proyecto de recomposición de la dominación y la acumulación en crisis, la política laboral del kirchnerismo tuvo sus antecedentes en el gobierno de E. Duhalde. En el marco de los cambios políticos y económicos impuestos por la movilización popular de diciembre de 2001, de los altísimos niveles de desempleo abierto y de pobreza se implementaron mecanismos para limitar el despido de trabajadores y políticas salariales que propiciaron cierta recuperación de la capacidad adquisitiva, modificándose también algunos aspectos de la legislación de contenido flexibilizador sancionada durante la convertibilidad.

En cuanto a los mecanismos limitantes del despido, en el año 2002 se estableció la doble indemnización mediante la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (25.561), que fue reducida al 80 % en el año 2004 (Decreto 823/04) y al 50 % en el año 2005 (Decreto 1.433/05), quedando sin efecto a partir de septiembre de 2007 en función de la evolución de la tasa de desempleo abierto.

La política salarial iniciada en el año 2002 con el otorgamiento de sumas fijas no remunerativas, tendió a ser desplazada durante la presidencia de N. Kirchner por la regulación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde julio de 2003, aunque las sumas no remunerativas mantuvieron su vigencia. A su vez, a partir del año 2003, el Decreto 392/03, dispuso la incorporación al salario básico, a través de la negociación colectiva, las sumas de carácter no remunerativo otorgadas previamente. No podemos dejar de señalar como parte de la política salarial el establecimiento “de hecho” desde el gobierno del Estado de pautas que disponen un “techo” a los aumentos salariales en la negociación paritaria desde 2006, para limitar el impacto de los aumentos nominales de salarios sobre el costo salarial real.

Cabe apuntar también los incrementos de las asignaciones familiares y el mínimo no imponible del denominado impuesto a las ganancias. Sin embargo, no se restituyó el carácter universal de las asignaciones, que había sido eliminado en 1996. Con respecto al impuesto a las ganancias, a partir del año 2006 se tomaron disposiciones de ampliación del mínimo no imponible, en virtud de los crecientes reclamos por parte de los sindicatos frente a la evolución de la inflación. Pero tanto el mínimo no imponible como las escalas han quedado crecientemente retrasados con respecto a la evolución de los precios, de modo que cada vez más trabajadores tienen que pagar este impuesto y cada vez una mayor proporción se encuentra ubicada en tramos de mayor carga impositiva.

En el plano de la legislación, la Ley de Ordenamiento Laboral (25.877) sancionada en el año 2004, derogó la Ley de Empleo Estable (25.250), un “emblema” de la flexibilización laboral. Los aspectos modificados por la Ley de Ordenamiento Laboral fueron, sin embargo, limitados en lo que refiere a la reversión de los contenidos sancionados durante la década pasada. Un aspecto relevante que cambió lo dispuesto en la ley anterior sobre derecho colectivo del trabajo fue la plena restitución del principio de ultraactividad [3] y la preeminencia otorgada a las negociaciones colectivas de ámbito mayor (mayor centralización), revirtiendo las disposiciones que en esta materia habían sido legisladas en el marco de la crisis de la convertibilidad por la Ley 25.250, aunque ello no implicó en los hechos una reducción de las negociaciones a nivel de empresa.

Estos dos aspectos fueron importantes en relación con la mayor centralidad y gravitación de la CGT en la regulación (y contención) de las demandas salariales y laborales, restituyendo dos factores de poder para la organización sindical, permitiendo reencauzar la conflictividad laboral en el marco de la tradicional corporación de los trabajadores, unificada desde el 2004 con un secretariado tripartito y bajo la conducción de H. Moyano desde 2005.

De todos modos, la Ley 25.877 mantuvo la limitación del derecho de huelga en caso de “servicios esenciales” (Art. 24) dispuesta en 1990 (Decreto 2.184/90), aunque reduciendo la nómina a aquellos mencionados de manera taxativa. En otro claro ejemplo de los cambios parciales o regulaciones que al mismo tiempo mantuvieron diversas disposiciones sancionadas en los años ‘90, dicha ley mantuvo el período de prueba para contratos por tiempo indeterminado, dispuesto en 1995 (Ley 25.013). Si bien estableció una reducción en su duración máxima (de 3 meses, no prorrogable), mantuvo la posibilidad de extinguir la relación laboral sin causa y sin derecho a indemnización.

Por su parte, el decreto 1.694/2006 estableció regulaciones sobre las empresas de trabajo eventual y se introdujo un cambio en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Nº 20.744, sobre la facultad del empleador de modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo con mayores garantías para el trabajador (Ley 26.088/2006). En materia salarial, en el año 2007 se estableció el carácter remunerativo de los vales almuerzo, alimentarios y canasta de alimentos, incorporado al básico de forma escalonada (Ley 26.341), modificando la disposición iniciada en el año 1989 (Decreto 1.477/89) del pago de parte del salario en vales alimentarios.

 

Entre la crisis política y la sintonía fina

Fue durante el primer gobierno de Cristina Fernández cuando se introdujeron mayores cambios en la legislación laboral. Cabe considerar que a partir del conflicto con la burguesía agropecuaria en el año 2008, el gobierno buscó pronunciar su alejamiento de las políticas neoliberales y se pudo apreciar una mayor gravitación de la CGT en la política laboral, gravitación que descansaba en la alianza entre el kirchnerismo y el sector sindical liderado por H. Moyano, alianza que entró en crisis hacia fines de 2010.

En el año 2008, la Ley 26.428 introdujo una modificación a la LCT sobre aplicación de la norma más favorable al trabajador y se promulgó la Ley 26.390 sobre trabajo infantil y adolescente. A su vez, se modificó el sistema de pasantías educativas mediante la Ley 26.427. Sin eliminar dicho régimen utilizado por el sector público y privado para abaratar costos laborales, introdujo algunos límites a las condiciones vigentes con anterioridad.

En el año 2009, signado por la crisis económica, la intervención estatal en el ámbito laboral se orientó a contener el aumento de la tasa de desempleo. Sin embargo, en lugar de reestablecer un aumento de las indemnizaciones por despido, el Estado subsidió al sector empresario a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). Las modificaciones operadas en la legislación laboral se orientaron a la regulación de ciertas condiciones de empleo, fundamentalmente frente a las condiciones “a la baja” que suelen multiplicarse en momentos de crisis. En este sentido, se introdujo una modificación a la LCT incluyendo como irrenunciables las condiciones pactadas en los contratos individuales de trabajo (Ley 26.574) y se incorporaron regulaciones para el contrato de trabajo a tiempo parcial (Ley 26.474).

Durante el año 2010, recuperado el crecimiento económico y reavivado el conflicto distributivo, se sancionaron diversas leyes laborales como la disposición sobre la gratuidad de las cuentas sueldo (Ley 26.590), la compensación de desigualdades en el marco de la prohibición de la discriminación de trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad (Ley 26.592), y disposiciones sobre el plazo de pago de remuneraciones e indemnización en caso de extinción del contrato de trabajo (Ley 26.593).

Hubo dos modificaciones de mayor importancia. En primer lugar, la derogación del artículo 141 de la Ley 24.013 sobre salario mínimo (Ley 26.598) que disponía que el SMVM no podía tomarse como índice o base para la determinación cuantitativa de otros institutos legales o convencionales. En segundo lugar, nos referimos a la modificación de la Ley de Jornada de trabajo (Ley 26.597), que redujo el alcance en la excepción del pago de horas extra a “directores y gerentes”, cuando anteriormente quedaban exceptuados los ocupados en “…empleos de dirección o de vigilancia”.

Es posible apreciar que mientras la legislación laboral y las disposiciones implementadas hasta el año 2007 se refirieron fundamentalmente a las condiciones salariales, con modificaciones que tienen impactos más bien en la distribución, o bien en aspectos vinculados a las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo (período de prueba, subcontratación laboral), en los años siguientes cobraron impulso por la acción de la clase trabajadora algunas medidas que modificaron ciertas condiciones en el uso o consumo productivo de la fuerza de trabajo por el capital.

Estos cambios legislativos tuvieron un límite en el proyecto de ley sobre el “Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas”. El mismo, inicialmente alentado “desde arriba”, fue desactivado por el propio gobierno hacia el fin de ese mismo año. Si bien el mecanismo de “reparto” de ganancias puede (y suele) operar aumentando la explotación de los trabajadores, el proyecto otorgaba poder de fiscalización a los sindicatos en las empresas y esto alertó particularmente a las patronales. La discusión del proyecto sobre “participación” de los trabajadores en las ganancias empresarias fue desactivada por el gobierno a fines de 2010, planteando que el ámbito de dicha discusión debía darse en paritarias, condicionándola a la productividad y los niveles de rentabilidad de cada sector y anticipando, de este modo, la etapa de la “sintonía fina”.

La desaceleración económica y la crisis de la alianza entre el gobierno y sectores sindicales que hasta el 2012 habían formado parte de la construcción política kirchnerista, marcaron un freno a los avances parciales en materia de legislación laboral [4]. Ello se observa, por ejemplo, en la política gubernamental con respecto al impuesto a las ganancias aplicado a la cuarta categoría (Trabajadores en relación de dependencia) y en la promoción de paritarias de una vigencia mayor al año en un contexto de aceleración inflacionaria. También en la sanción, en 2012, de una modificación a la Ley de Riesgos de Trabajo (del año 1995) –El “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (Ley 26.773)– que a pesar de establecer una actualización de los montos de las indemnizaciones por accidente y regular los plazos de pago, incluyó una reivindicación empresaria que llevaba años: la eliminación de la “doble vía” o “cúmulo”. Efectivamente, desde que la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el año 2004, el trabajador podía acceder a la indemnización correspondiente de la ART y luego demandar a su empleador en la Justicia Laboral, en caso de considerar insuficiente la reparación, lo cual dio lugar a crecientes presiones de las cámaras y corporaciones patronales argumentando el incremento del costo laboral.

 

Reflexiones finales

A partir de este breve balance de la legislación laboral sancionada durante los gobiernos kirchneristas, es posible observar que si bien el Estado dejó de promover la flexibilización laboral, no se modificaron diversos mecanismos que constituyeron una cristalización del avance del capital sobre los trabajadores operado en los años ‘90. Nos referimos, por ejemplo, a las disposiciones sobre jornada laboral (a partir de la vigencia de jornadas promedio o de la implementación del turno americano, entre otras modalidades de flexibilización horaria), organización de funciones y tareas, fragmentación de vacaciones y aguinaldo, período de prueba, mecanismos de flexibilización de los salarios, formas de flexibilización contractual, etc. En general, la legislación laboral introdujo cambios parciales que, en tanto tales, convalidaron el avance patronal consolidado en las reformas noventistas.

Cabe apuntar, a su vez, que estas condiciones legales se despliegan sobre la base de un profundo retroceso de larga data en las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. El análisis de la evolución de los salarios reales, el empleo no registrado, la evolución de la productividad, la distribución del ingreso, así como los contenidos de la negociación colectiva –aspectos que no pudimos abordar en este artículo– muestran que durante estos años los trabajadores lograron una recuperación parcial de sus condiciones de trabajo respecto de las condiciones impuestas por el capital en las últimas décadas del siglo XX.

Ahora bien, en un contexto de reducción del desempleo y de avance de la organización sindical en los lugares de trabajo, los cambios legislativos señalados, aún con su carácter parcial, no dejaron de imponer a las patronales cierta limitación en el uso de la fuerza de trabajo. Es en este sentido que desde las corporaciones empresarias la política laboral del kirchnerismo ha sido caracterizada como favorable a los sindicatos o bien que ha reintroducido “rigideces” en el “mercado de trabajo”.

De todos modos, el gobierno evitó enfrentarse en cuestiones sensibles a los empresarios como la “participación” en las ganancias y la tercerización laboral, más allá de logros de algunos gremios en particular, y en los últimos años es posible observar que la política laboral del kirchnerismo ha mostrado mayores límites a las concesiones parciales desplegadas desde 2003, planteando nuevos desafíos a la clase trabajadora.

 

 


[1] Un aspecto clave en este punto es el mantenimiento de la posibilidad de disponer jornadas promedio, incluida en la reforma laboral de 1991 (Ley 24.013), que se mantiene vigente.

[2] Por motivos de espacio no podemos desarrollar aquí todos los cambios operados durante la década del ‘90 ni exponer con todo detalle las leyes sancionadas desde el año 2003. Pueden encontrar un análisis detallado en Marticorena, Clara (2014): Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los noventa a la posconvertibilidad. Buenos Aires: Imago Mundi.

[3] El principio de ultraactividad previsto en la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (14.250) establece que una vez vencida la convención colectiva sus cláusulas siguen vigentes hasta tanto las partes acuerden la celebración de otro convenio.

[4] Una excepción, sin embargo, puede señalarse en cuanto a los cambios en materia de trabajo agrario (Ley 26.727/2011) y trabajo doméstico (Ley 26.844/2013), ligada a los sectores más pauperizados y precarizados de la clase trabajadora. Ambas leyes se vinculan directamente con la persistencia de altos niveles de precariedad laboral que dan lugar a una de las principales críticas al gobierno.

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