Time Warp: una trama de negociados criminal

0
Share Button

 

PATRICIO DEL CORRO

Número 29, mayo 2016.

VER PDF

Lo sucedido en Time Warp rememora inevitablemente aquella terrible noche del 30 de diciembre de 2004 donde 194 jóvenes murieron calcinados. Desde ese día, miles al grito de “ni la bengala ni el rocanrol a nuestros pibes los mató la corrupción” ocuparon las calles para denunciar que la “fiesta” nunca había sido para ellos sino para los “empresarios de la noche” y su asociación corrupta con los funcionarios públicos que lucraron con la juventud destinándoles por todo futuro la muerte. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, no pudo evitar el juicio político, aunque sí –amparándose en su “jerarquía” (quienes debían controlar eran otros)– logró ser sobreseído en la causa penal que le iniciaron familiares de las víctimas. Pasaron más de once años y el nuevo crimen social ocurrido en Costa Salguero muestra que desde entonces poco y nada ha cambiado en lo esencial en la Ciudad PRO, donde gobierna el heredero del presidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno apela a su cinismo y esboza por toda respuesta a la tragedia la suspensión de las fiestas electrónicas en la ciudad hasta que no estén reguladas, envía un proyecto de ley a la Legislatura que calca reglamentaciones ya existentes e impulsa “mesas de diálogo sobre adicciones” porque, si en tiempos de Aníbal Ibarra los culpables eran “la bengala y el rocanrol”, ahora lo son las drogas de diseño que acompañan el ritual de los jóvenes en las fiestas electrónicas. La hipocresía, como siempre, es lo que sobra. Más, cuando no hay dudas de que en Time Warp funcionó una asociación de funcionarios, empresarios y fuerzas de seguridad, públicas y privadas que actuaron de manera criminal para incrementar sus ganancias.

Los hechos que terminaron con la muerte de cinco jóvenes denotan toda una “cadena de responsabilidades”. Horacio Rodríguez Larreta, como antes Aníbal Ibarra, es responsable.

 

Entramado de una trampa mortal

Sucintamente va una descripción de hechos de dominio público a fin de poder pasar a echar luz sobre mi anterior afirmación: la justicia ha apuntado hacia la empresa Dell Producciones, cuyo presidente Adrián Conci (hoy detenido) actuó, según el Ministerio Público Fiscal, de forma consciente en la sobreventa de entradas, hacinando el lugar, cerrando el agua durante la madrugada, provocando altas temperaturas y falta de ventilación, además de haber sido parte necesaria en la venta de drogas durante el evento. En segundo lugar, los cañones se dirigen hacia la Prefectura Naval donde más de 30 miembros ya fueron convocados a indagatoria, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad por haberse hallado en sus manos una bolsa de estupefacientes recolectada entre los asistentes y no reportarla a tiempo. La bolsa habría sido entregada por el jefe encargado de la seguridad privada perteneciente a la empresa SISEG. Por último, abundan las noticias en los medios sobre la detención del abogado Víctor Stinfale, sindicado como la “cara oculta” detrás de la organización de la fiesta electrónica, ligado a Energy Group (al igual que Conci), la empresa que comercializa el agua Block, vendida forzadamente en Time Warp a 100 pesos la botella. El otro eslabón que falta es el de Martín Gontad, conocido como el “rey de las fiestas electrónicas”, quien figura como asesor de Dell, y es otra de las caras visibles del imperio que había creado Stinfale.

De lo que casi no se habla es de que estos ilícitos no hubieran podido suceder si no estuvieran implicados los funcionarios políticos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, además de impulsar la interpelación política en la legislatura porteña y el juicio político al jefe de Gobierno he decidido presentar una denuncia penal contra Horacio Rodríguez Larreta y el director de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, por encontrarse ambos en comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La crisis política que merece lo sucedido en Costa Salguero está oculta en una olla a presión que no termina de estallar por la campaña cínica contra la juventud y un pacto tácito entre el macrismo y los grandes medios de comunicación para sostener en funciones al jefe de Gobierno y sus funcionarios involucrados, aunque no puede descartarse que deban deshacerse de algún “fusible” si las denuncias escalan.

Desde la masacre de Cromañon a la ciudad PRO solo cambió el tamaño del negocio y el esquema de “protección” para garantizar la impunidad del funcionario más alto. Si antes la corrupción, en lo que respecta a la recreación juvenil, se circunscribía fundamentalmente a los llamados “boliches de clase C”, y a un sistema de coimas y prebendas para garantizar la falta de inspecciones de funcionarios públicos con connivencia de la Policía Federal, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene la corrupción que el estilo empresarial del PRO merece. Se trata de favorecer un entramado de grandes negociados entre el Estado y toda la gama de empresas asociadas a eventos masivos para la juventud de las capas medias y altas, más pudientes, e incorporando a la “fiesta” el lucrativo negocio de las drogas de diseño.

En ese marco, el sistema de control de la ciudad para los eventos nocturnos es tan deficiente que apenas tiene 79 inspectores para los más de 1.500 lugares entre pubs, quioscos, boliches (locales bailables de clase C), estadios y complejos. Orientado el sistema de inspección, en lo atinente a lo recreativo, a la clausura de centros culturales destinados a un público más popular y a la colaboración con los empresarios para abaratarle costos y aumentar exponencialmente ganancias compartidas, el “sistema de corrupción” privilegia el “nicho” de lo más rentable y recauda a lo grande. La Ley 2.624 votada en el año 2007 vino a cerrar el círculo. Mediante esta norma se creó la Agencia Gubernamental de Control, una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objetivo fundamental fue el de eximir de responsabilidades a todos aquellos funcionarios políticos que debieran ser responsables por lo que sucede en la ciudad, incluido quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Sucesos como el de Time Warp no deben afectar al jefe de Gobierno a pesar de ser quien cuenta con las facultades de nombrar y remover al Director de la AGC. Tragedias evitables como el incendio del taller clandestino de la calle Luis Viale 1269 en 2006, los derrumbes del gimnasio de Villa Urquiza en la calle Mendoza 5042, el del boliche Beara en 2010, así como el incendio de otro taller clandestino en la calle Páez 2796 en 2015 son antecedentes trágicos de este sistema de desidia y corrupción que el pasado 15 de abril cargó impunemente contra la vida de Nicolás Becerra, Francisco Bertotti, Bruno Boni, Martín Bazzano y Andrés Valdez.

 

“Oportunidades de negocios”

En Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar sus autores1 relatan que el partido creado por Mauricio Macri no reniega necesariamente del Estado, sino que uno de sus principales roles es la creación de “oportunidades de negocios”. Costa Salguero es solo un ejemplo de cómo funciona el “partido del hacer” y la “gestión” en este terreno, orientado a la venta, en general a precio vil, de lo público para favorecer a los emprendimientos privados. “‘Está bueno Buenos Aires’ –slogan de campaña del jefe de Gobierno (se refiere a Mauricio Macri, NdR) – si se promueven manifestaciones culturales como espectáculos que son oportunidades de negocios, pero también si se ofrecen espacios de diversión y entretenimiento”, resumen en Mundo PRO.

Buenos Aires es cada vez más una ciudad que pretende “venderse a los negocios” con centros de convenciones, hoteles y lugares de ocio para los viajeros VIP y atraer inversiones, dejando de lado las necesidades de sus propios habitantes. Esa “marca Buenos Aires”, que Gabriela Massuh en su libro El robo de Buenos Aires2 define como parte de una política que llama “city marketing”.

El predio público de 17 hectáreas concesionado a Costa Salguero S.A. data del gobierno de Menem y es completamente irregular. Catalogado como Urbanización Parque, su uso debiera ser permitido solo para actividades deportivas. Sin embargo, hace años se lo dedica a boliches, negocios gastronómicos y a eventos masivos como Time Warp. En 2009, ante la denuncia de estas irregularidades, el juez Andrés Gallardo ordenó clausurar 19 de los 23 locales subconcesionados en Costa Salguero, que además invadían los 15 metros costeros que debían dejar libres para uso público (camino de sirga). La empresa no cumplió el fallo y Martín Farrell, el director de Habilitaciones (el mismo que oficiaba en la ciudad cuando el derrumbe del boliche Beara donde murieron dos jóvenes) procedió a la habilitación en tiempo récord.

Desde 1988 la empresa “Telemetrix” está a cargo de la concesión de los pabellones donde se hizo la fiesta electrónica Time Warp. En 1991 dicha concesión se extendió por 30 años, desde 2001 los terrenos pasaron al ámbito de la ciudad con la sanción de la Ley 25.436 y “Telemetrix” paga un canon ridículo de $ 263.576 por mes por todo el predio. Es decir, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está cobrando $ 1,5 por m2 por mes. Un precio irrisorio si comparamos que en la zona más cercana se paga el alquiler de 1 m2 de $ 160 a $ 250, cien veces menos según lo que el mercado establece. Según denuncia la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM). Costa Salguero es además un lugar con históricas vinculaciones con el PRO. De hecho, en el directorio de Costa Salguero S.A. está Fernando Polledo Olivera, esposo de la vicepresidenta primera de la legislatura porteña, Carmen Polledo. Asimismo, es el lugar donde el partido amarillo instala su búnker después de cada elección y es donde también celebraron su casamiento Mauricio Macri y Juliana Awada. Allí también funciona una concesionaria de la familia del Ministro Guillermo Dietrich.

Ciertamente, el lucro capitalista de las empresas y la connivencia con el Gobierno de la ciudad volvió al centro de escena con la tragedia de Costa Salguero. Pero tampoco es novedad. Quien fuera el máximo responsable de la Dirección de Concesiones de la Ciudad, el Dr. Gabriel María Astarloa, está imputado en el marco de la causa N° 12.885/2014:

… a través de la serie de violaciones a sus deberes como funcionarios públicos, (que) provocaron un perjuicio para la administración pública nacional y local al omitir tomar las medidas necesarias para que los cánones sean actualizados, para que a los permisionarios o concesionarios incumplidores les sean revocados sus permisos o concesiones, y para optimizar el ingreso de fondos al erario público en tal concepto.

Así consta en el dictamen de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 39, María Paula Asaro, quien agrega que

… los sucesivos Directores de la Dirección de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, hoy Viceministro de Trabajo y Silvia Martha Imas, y quien los sucedió, el Dr. Astarloa, habrían actuado de común acuerdo entre sí conforme a un plan de tareas y a una metodología constante a través del tiempo.

Denuncia también que estos funcionarios “recurrían al otorgamiento de las concesiones, permisos o adjudicaciones por períodos menores a los cinco años establecidos, los que renovaban nuevamente previo a su vencimiento”. Esto se constituyó en una práctica sistemática para eludir el procedimiento legal establecido en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires que requiere la aprobación por parte de dos tercios del total de los miembros de la legislatura porteña. La fiscal se refiere a 40 concesiones de la ciudad de Buenos Aires que fueran otorgadas y figuran en la denuncia.

Recientemente, se conoció además la denuncia contra el gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Claudio Alberto Iacobaccio, realizada por el diputado Gustavo Vera por haber incrementado su patrimonio de $ 128.000 a más de $ 8.000.000 en solo cuatro años.

 

El Estado presente

Con los antecedentes que enumera la historia reciente, ¿a quién puede asombrar que el Director de la Agencia Gubernamental de Control haya mentido a los diputados en la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura porteña diciendo que en Time Warp no hubo temperaturas de calor extremo, no hubo hacinamiento, que el aire acondicionado funcionaba correctamente, así como la ventilación y la circulación de aire. ¿A quién puede sorprender que Matías Álvarez Dorrego haya afirmado que no hubo sobreventa de entradas y que todos los controles se cumplieron eficientemente? Evidentemente, sus explicaciones solo buscan encubrir sus propias responsabilidades. Al día de hoy las denuncias de testigos asistentes a la fiesta son pruebas materiales que confirman que Time Warp se llevó a cabo sin las condiciones de seguridad, sanitarias y de infraestructura que exige la legislación local.

Posteriormente, se descubrió también que las localidades para la fiesta electrónica comenzaron a comercializarse el 10 de marzo, más de un mes antes de que se completara la presentación de los documentos. Respecto a la venta de entradas y la habilitación, el director de la AGC había declarado que los trámites empezaron el 23 de febrero y el 11 de abril la empresa había terminado de presentar la documentación. La denuncia vuelve a develar la connivencia entre el funcionario y la empresa ya que está prohibido por normativa oficial efectuar la venta anticipada de entradas y ante los hechos consumados debería haber prohibido el evento denegando el permiso. También se supo que, ante la emergencia y la descompensación de los jóvenes ya en la fiesta electrónica, la respiración artificial que pudieron recibir no fue dada por médicos. No podía ser de otra manera. Era imposible que el equipo de socorristas existente (apenas 10 para las 13 mil personas que dijeron que había) pudiera llegar hasta donde estaban debido a la cantidad de gente que había en los pabellones.

“El Estado no estuvo ausente”, como suele decir la oposición kirchnerista en la Legislatura. Estuvieron presentes en el entramado de negocios corrupto. El jefe de Gobierno no ha hecho otra cosa que avalar y justificar mediante declaraciones públicas lo sucedido en Time Warp. Al director de la Agencia Gubernamental de Control no solo lo sigue sosteniendo en funciones, sino que hasta asumió como propio su discurso a sabiendas que sus explicaciones eran mentiras alevosas develadas por decenas de testigos. Ya está demostrado que los funcionarios del PRO han venido actuando como los principales voceros de los organizadores.

El sistema que actuó en Time Warp fue una trampa mortal. Como en Cromañon, como en la masacre de Once, los muertos no fueron producto del devenir lógico de la vida, del destino o de la mala suerte. Hubo un crimen social provocado por el afán de empresarios complotados con funcionarios públicos y fuerzas de seguridad estatales y privadas para satisfacer su adicción a las ganancias sin importar la seguridad y la vida de la juventud. No se trata solo de señalar la crueldad del sistema capitalista sino de castigar a todos los culpables.

 

  1. Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar fue escrito por el sociólogo Gabriel Vommaro, el politólogo Sergio Morresi y el periodista Alejandro Bellotti. Editorial Planeta. 2015, p. 213.
  2. El robo de Buenos Aires de la escritora Gabriela Massuh fue publicado por Editorial Sudamericana en 2014.

***

LEGALIZACIÓN: UN DEBATE ABIERTO

El cinismo que explotó como consecuencia de la tragedia en Time Warp volvió a abrir el debate sobre la legalización de las drogas. En la semana de la movilización por la legalización de la marihuana (cada año más masiva), los referentes del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, pusieron a disposición de diversas organizaciones cannábicas, médicas y juveniles un anteproyecto de ley que propone la legalización integral del uso de marihuana. El proyecto de la izquierda es el primero en la historia del país en proponer la legalización integral del uso de la marihuana para cualquier fin, sin excepción alguna, abarcando desde el cultivo a su comercialización y su consumo.

En el marco de un fuerte cuestionamiento al prohibicionismo de Estado y a su histórico lema de “guerra contra las drogas”, aplicada con herramientas y discursos propios en Argentina, los referentes del FIT sostienen que la prohibición de la planta, una de las más utilizadas en todo el mundo, generó las condiciones para el control social, aumentando la inversión en fuerzas represivas y dando lugar a un “mercado negro”, ilegal, que rompió con la continuidad del uso milenario del cannabis y allanó el camino para criminalizar, perseguir y demonizar a quienes lo usan y cultivan. El proyecto señala que:

… la legalización de la marihuana, como parte de una política que legalice y regule el conjunto de los estupefacientes, debe considerarse como una herramienta indispensable para combatir el narcotráfico y para terminar con la política de Estado que durante todos estos años garantizó la persecución, el abandono y el encarcelamiento de los cultivadores y usuarios del cannabis, al mismo tiempo que garantizar la atención a los usuarios medicinales”, y busca “la amnistía a todas las personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por consumir o autocultivar.

Puede consultarse el anteproyecto completo en “Bregman y Del Caño proponen la legalización integral del cannabis”, La Izquierda Diario, 7/05/2016.

No comments

Te puede interesar