Suspensiones a la carta

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DÉBORA VASSALLO

Número 20, junio 2015.

Formando parte del menú de la precarización, las suspensiones en el ámbito automotriz marchan como minuta.

 

Las suspensiones de trabajadores sin Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) –que cobraron visibilidad con el caso Lear– no son una excepción sino la regla en la coyuntura económica actual. Este mecanismo, que comenzó a aplicarse a fines de 2008 en terminales, autopartistas, talleres mecánicos y concesionarios con Convenio Colectivo (CCT) con el SMATA, permite a las empresas adaptar sus finanzas a los ciclos productivos y disciplinar a la fuerza de trabajo en varios aspectos, mientras que fortalece a la dirección oficial del sindicato como “representante de los trabajadores”.

Este tipo de medidas –negociadas por la empresa con el sindicato y autorizadas por el Ministerio de Trabajo– son violatorias de la legislación vigente sobre el tema (véase: “A confesión de parte”). Una de las particularidades que hacen a su gravedad –para un gobierno que se autodefine como el gobierno de los derechos humanos– radica en que se están aplicando principios ya vigentes durante la última dictadura militar. Otra particularidad es que esta transformación en el ámbito de la negociación colectiva queda invisibilizada ya que en lugar de introducirse la reforma en la ley marco, se aplica en convenios por empresa que –como dice Marta Novick– ha sido el principal mecanismo de precarización en la década del ‘90. A su vez, la homologación de las suspensiones sin PPC por parte del Ministerio de Trabajo muestra, contra toda idea de neutralidad, el carácter político de la mediación ministerial. Otro ejemplo de esta política es el caso de los acuerdos salariales de los trabajadores aceiteros que el ministerio se resistió a homologar durante días priorizando el disciplinamiento de los trabajadores por sobre el riesgo de desabastecimiento.

 

Una nueva legalidad emergente

La crisis de 2008 fue el puntapié inicial para la superación del banco de horas como forma de adaptación del precio de la fuerza de trabajo a los ciclos productivos (véase: “Caso Toyota Tsusho”). La necesidad de reemplazar este mecanismo por uno más eficiente para los intereses del capital surge del hecho de que, pasado un año, la empresa se ve imposibilitada de recuperar las horas adeudadas por los trabajadores ya que quedan saldadas automáticamente sin ningún tipo de contraprestación hacia la empresa.

En este contexto, a fines de 2008 se reactualizó la aplicación –de manera velada– de un mecanismo legal de la dictadura militar: la suspensión de trabajadores en períodos de baja de la producción sin la exigencia de presentar el PPC. Para que esto sea legalizable, el Ministerio de Trabajo sustituye el PPC por la presencia y testimonio de dirigentes del sindicato aceptando las suspensiones, argumentando que esto es prueba suficiente de la existencia de una crisis empresaria (véase: “A confesión de parte”).

Entre diciembre de 2008 y todo 2009 se legalizaron suspensiones mediante 31 resoluciones –entre diferentes empresas y el SMATA– frente a solo 3 legalizaciones de aplicación del banco de horas. Ya en 2010 el banco de horas desapareció de los acuerdos y solo se legalizaron este tipo de suspensiones porque como mecanismo tanto económico como disciplinario es mucho más eficaz.

Durante los últimos 7 años –solo en acuerdos de SMATA– el Ministerio de Trabajo homologó 140 resoluciones suspendiendo trabajadores sin exigir la presentación del Procedimiento Preventivo de Crisis.

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De la excepcionalidad a la regla

Al inicio de la crisis de 2008, y debido a su carácter global, el kirchnerismo consideró la aplicación de estos procedimientos como excepcionalidad. Con el transcurso del tiempo –y la superación de la crisis– las suspensiones siguieron aplicándose, siendo sus justificativos absolutamente laxos ya que responden a las variaciones propias de toda actividad económica: desde la baja en el pedido de algún cliente, el cierre de planta por reformas de algún sector, la reorganización productiva y hasta el periodo de vacaciones de un cliente o un proveedor.

Ahora bien, ¿en qué aspecto este mecanismo es violatorio de una ley de mayor alcance? Según la ley vigente desde 1991 (24.013, Capítulo 6) y su complementario decreto de 2002 (265) –ambos tenidos en cuenta por el Decreto 1135/04 de Néstor Kirchner (CCT de Crisis)– solo se puede suspender sin PPC por cuestiones disciplinarias (y no por cuestiones productivas) dado que las variaciones en los ciclos productivos son parte del riesgo empresarial normal propio de la actividad económica capitalista. Siguiendo esta lógica la ley establece que solo se debe contemplar la aplicación de medidas especiales (como las suspensiones) al existir una situación de crisis, esto es, cuando existen posibilidades reales de que una empresa entre en proceso de quiebra. En síntesis, lo único que justificaría las suspensiones por motivos económicos, según la ley vigente, es la posibilidad real de quiebra que dejaría a muchos trabajadores en la calle. Recordemos que el PPC y su CCT de crisis resultante son estrategias legales transitorias cuyo único objetivo es la recomposición financiera de la empresa como tal. Pero, si esto es así, ¿por qué motivo sigue implementándose?

 

Aspectos económicos, ideológicos y de disciplinamiento de las suspensiones sin preventivo de crisis

En primer término, la inexistencia del PPC evita las restricciones financieras que se aplicarían a las empresas con riesgo de quiebra tales como imposibilidad de recibir y/o transferir fondos a casa matriz, diferir pagos a proveedores o acceder al crédito. A su vez permite bajar el precio del salario en los períodos de baja en la producción, ya que al aplicarse la suspensión lo que se paga efectivamente a los trabajadores es entre un 50 % y un 80 % del salario básico como subsidio no remunerativo.

Como todo mecanismo empresario, los beneficios materiales están acompañados por el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Se puede inferir que la aplicación sucesiva de suspensiones permite mantener los ritmos de trabajo constantes, quebrar la solidaridad entre compañeros de trabajo, aislar a aquellos que son más combativos y reforzar la hegemonía de la representación sindical oficial en el lugar de trabajo. Veamos.

Las suspensiones en los períodos de baja en la actividad permiten mantener un ritmo de trabajo constante (y elevado), al tiempo que se reduce el nivel de producción (para evitar sobre-stocks). Este objetivo resulta muy importante para la empresa porque elude las consecuencias de las oscilaciones en los ritmos de trabajo, es decir, elude el acostumbramiento de los trabajadores a un ritmo de trabajo menor al deseado por la empresa (véase: “El caso Mercedes Benz”). De no existir estos “recesos compulsivos” bajo la forma de suspensiones, las oscilaciones en los ritmos de trabajo podrían generar reclamos por parte de los trabajadores hacia la Comisión Interna (CI) y la empresa, ya que las lesiones y enfermedades profesionales son moneda corriente en la industria automotriz debido a las exigencias cotidianas a las que son sometidos los trabajadores para cumplir con los objetivos de producción.

A su vez, esta forma de disciplinamiento del colectivo de trabajadores genera una mayor fragmentación –tanto salarial como simbólica– incorporando a las divisiones ya existentes (efectivos, tercerizados, contratados) una nueva: los suspendidos. De esta forma, se persigue la sumisión de los trabajadores y, de manera concomitante, el aislamiento de los dirigentes o compañeros combativos que se revelan. Las suspensiones sin PPC resultan así, no solo un mecanismo de disciplinamiento a través de la fragmentación (y el temor a que la suspensión sea seguida por despidos), sino también un mecanismo de demonización de posiciones contestatarias. En esta ofensiva hacia los trabajadores que se resisten a ser suspendidos suele argumentarse que la crisis es consecuencia de la tentativa de politizar el lugar de trabajo y no un componente propio de la actividad económica. Este es un factor fundamental para conseguir la desmovilización de los trabajadores y la imposibilidad de supervivencia de CI opositoras o enfrentadas a la dirección oficial del sindicato.

En este punto deben incorporarse los intereses específicos de la dirigencia oficial del sindicato: al respaldar estas suspensiones en el Ministerio de Trabajo pueden incluir en el grupo afectado –como mecanismo punitivo– a los trabajadores no alineados u opositores que cuestionan su legitimidad. Cualquier protesta o lucha de resistencia ante las suspensiones abre inmediatamente la posibilidad de despidos debido a que los acuerdos homologados en el ministerio incluyen la denominada “cláusula de paz social”. De este modo, los delegados combativos que deciden emprender una lucha, pueden ser privados de sus fueros y luego despedidos por haber quebrado la “paz social” (véase: “Garantizando la paz social”).

Esta estrategia conjunta entre empresa y sindicato es uno de los elementos que permite explicar la perpetuación de la lista Verde en el SMATA, incluso en un contexto de pérdida de derechos de los trabajadores del sector observable a través del análisis de la negociación colectiva. Los Convenios y Acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo profundizan el proceso de precarización progresiva iniciado en los ‘90 que afecta no solo la estabilidad laboral sino también las condiciones de trabajo hasta en su más mínimo detalle, así como también las condiciones salariales cada vez más desventajosas para el trabajador (véase: “Algunos mecanismos de precarización laboral en SMATA”). Para que esto ocurra, necesariamente empresa, sindicato y Estado deben acordar cuáles serán las formas legitimadas legalmente que hagan posible apartar a aquellos trabajadores que denuncien esta situación minimizando consecuencias judiciales y políticas.

 

Incorporación a los convenios colectivos

Ya desde 2012, en la sanción de los nuevos Convenios Colectivos de Trabajo –en lo referente a SMATA– se están incorporando artículos que habilitan las suspensiones por motivos económicos combinadas con el banco de horas. Esto evita tener que negociar en el Ministerio de Trabajo cada vez que se decida suspender trabajadores.

Esta transformación que tanto perjudica a los trabajadores, que consolida y profundiza el proceso de precarización laboral generalizada iniciado durante el menemismo, requiere ser desnaturalizada y puesta en debate, no solo por el colectivo de trabajadores en el lugar de trabajo sino también por las agrupaciones y partidos de izquierda. Si concebimos a todo complejo legal –incluido el laboral– como en proceso de construcción permanente, así como el capital utiliza sus múltiples interpretaciones y contradicciones para satisfacer sus intereses es necesario que se efectúe una contraofensiva en beneficio de los intereses de los trabajadores.

Ante un discurso oficial en el que la negociación colectiva ha sido equiparada a la reconquista de derechos como fruto del empoderamiento de los trabajadores, el análisis presentado permite señalar una vez más las contradicciones entre el relato kirchnerista y la realidad.

 

Apartado 1: A confesión de parte

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Apartado 2: Caso Toyota Tsusho

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Apartado 3: El caso Mercedes Benz

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Apartado 4: Garantizando la paz social

Este recurso fue el utilizado por SMATA para convocar a nuevas elecciones de delegados en Lear.

Este recurso fue el utilizado por SMATA para convocar a nuevas elecciones de delegados en Lear.

 

Apartado 5: Empresas que acordaron suspender trabajadores si PPC (2008-2014)

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