Su ley, nuestra lucha

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AZUL PICON Y ESTEBAN MERCATANTE

Número 13, septiembre 2014.

Ante cada intento de los explotados por cuestionar el orden establecido, la clase capitalista intenta caerle con todo el peso de la ley. Retomando tradiciones como la de los abogados que en los ‘60 y ‘70 defendían presos políticos y acompañaban a los trabajadores, el CeProDH interviene en juicios contra la represión y la impunidad y asesora sectores obreros en lucha, poniendo el objetivo en el triunfo de la clase trabajadora, siempre con independencia del Estado y el gobierno.

 

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) fue impulsado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) para dar la pelea por profesionales que se integren a las luchas de la clase obrera y que intervengan desde esa perspectiva en las luchas contra la represión, la impunidad y la criminalización de la protesta. Lo integran también luchadores y luchadoras contra la impunidad del terrorismo de Estado, como Victoria Moyano Artigas –hija de desaparecidos y nieta recuperada–, Alejandrina Barry –hija de desaparecidos y querellante en Causa ESMA y Plan Cóndor–, Gloria Pagés –hermana de desaparecidos y querellante en Causa I Cuerpo de Ejército–, Carla Lacorte –víctima de gatillo fácil– y Jorge “Turco” Sobrado –exdetenido desaparecido–. Militando en común con los trabajadores y definiendo sus acciones colectivamente, la mayoría de ellos se encuentra hoy junto a los trabajadores de Lear, enfrentando un enorme engranaje conformado por piezas del gobierno, sus ministerios, fuerzas de seguridad, sindicatos traidores y una multinacional norteamericana. Para que la lucha de los obreros triunfe, los compañeros destinan su tiempo, su imaginación y todas las herramientas a su alcance. Mientras tanto, reflexionan para qué seguir construyendo este organismo, construcción indisoluble, así lo piensan, de la perspectiva de emancipación de la clase trabajadora. Acá conversamos con algunos de sus integrantes. “Cuando lo fundamos, se vivía un momento muy particular en la Argentina, se comenzaba a ver en las calles el descontento con la infame década menemista”, nos cuenta Myriam Bregman, una de sus fundadoras. Myriam es hoy diputada nacional electa del Frente de Izquierda por la Provincia de Buenos Aires. Quiso ser abogada desde que tiene memoria. Veía la facultad de Derecho como un ámbito hostil para los estudiantes del interior que venían con pocos recursos y tenían que trabajar. “Vivía en el conurbano, hacía las prácticas y daba las últimas materias en la facultad cuando conocí al PTS. ¡Fue recibir aire puro conocer aquellos compañeros que me hablaban de la clase trabajadora!”.

Un aspecto que distingue al CeProDH es su labor incansable en conflictos laborales, utilizando todos los elementos legales y políticos como una herramienta contra los ataques de las patronales y sus aliados: las conducciones sindicales, el poder judicial y los funcionarios. “Para nosotros, era necesario un organismo que tuviera este perfil de defensa de la lucha de los trabajadores”, dice Ivana Dal Bianco. Ivana comenzó a militar en el ‘99 cuando estudiaba derecho en la UBA, luego de un proceso de lucha estudiantil contra el ajuste: “allí conocí la política del CeProDH y la impulsamos en la facultad con la idea de cuestionar de raíz la propia profesión”. Hoy, en Neuquén, participa junto con Natalia Hormazábal en las querellas contra los genocidas de Escuelita y Escuelita II. Una de las primeras causas en las que intervino fue el juicio a Castells: “Junto con mis compañeros Myriam Bregman y Rubén Tripi fuimos en el año 2000 los abogados de Raúl Castells, acusado del delito de extorsión por pedir comida en Wal-Mart”. Castells decidió realizar un “juicio de ruptura”, es decir, no aceptar defensa pública, y hacer su propio alegato de defensa. “Allí iniciamos una importante experiencia en la defensa de los presos políticos”. Ante el crecimiento de los movimientos de desocupados en un momento de hiperdesocupación, la fuerza del Estado se descargaba contra las víctimas de la bancarrota capitalista, convirtiéndolas en culpables.

 

Contra la represión y la impunidad

A partir del 2003, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el CeProDH formó parte del colectivo ¡Justicia Ya!, conformado por diversos organismos de derechos humanos independientes del gobierno, para llevar adelante causas contra los represores por delitos de lesa humanidad y genocidio. Ante ese fenómeno de reapertura de los juicios, Myriam considera como “un aporte fundamental” el realizado con otros compañeros como Adriana Calvo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: “la constitución de un espacio de querellantes y víctimas para intervenir en forma independiente del gobierno así como del poder judicial en aquellos procesos”. Desde sus inicios el CeProDH tuvo como principio fundamental la independencia política del Estado, los gobiernos y los partidos patronales. Esta independencia que hoy mantienen, les permitió mantenerse al margen de los intentos de cooptación que sí se produjeron con otros organismos y luchadores populares. Desde el CeProDH, Myriam Bregman y Luis Bonomi formaron parte de la querella en el juicio contra Etchecolatz. También intervinieron en la causa contra el capellán Von Wernich, y en la megacausa ESMA representando a las hijas de Rodolfo Walsh y Raimundo Villaflor, entre otras.

La condena a Miguel Osvaldo Etchecolatz, jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, sentó un precedente muy importante: la condena por ser delitos cometidos en el marco de un genocidio, y no por la simple suma de los delitos que se le imputaban. Para Bregman: “La conclusión es contradictoria. Logramos que se reconozca que en la Argentina hubo un genocidio de clase. Sostuvimos en nuestros alegatos que la dictadura cívico militar tuvo como fin exterminar a la vanguardia obrera y popular y a sus organizaciones políticas y gremiales, denunciamos la complicidad civil y de la Iglesia. Pero tuvimos que pasar por una experiencia nueva y dolorosa para muchos de nosotros: la desaparición de Julio López”. Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006 luego de declarar contra Etchecolatz. Se inició de inmediato la batalla por su aparición con vida.

“Hoy Julio López es reconocido como un desaparecido porque no nos paralizamos, desde el primer día dimos esa pelea”. La causa que investiga la desaparición de Julio López es el “monumento a la impunidad”, como la definió Adriana Calvo: fue secuestrado y desaparecido bajo un gobierno que en la última década construyó su relato en la defensa de los derechos humanos. Está completamente frenada y la impunidad que reina fortalece al aparato represivo del Estado. Este mes se cumplen 8 años de su desaparición.

En la megacausa ESMA, donde Myriam y Luis fueron parte de la querella, representando a Patricia, la hija de Rodolfo Walsh, se condenó a pena de reclusión perpetua a emblemas de la dictadura, como Alfredo Astíz y Jorge “El Tigre” Acosta entre otros 14 condenados. Myriam remarca el interés de llevar adelante estos juicios como parte de un colectivo con diversas miradas políticas sobre la dictadura, sobre las organizaciones de la vanguardia obrera y popular de aquella época, y sobre los objetivos de los genocidas. “Nos enfrentamos a algunos de los genocidas más grandes de la historia, no es para medias tintas, hay que jugarse todo en cada audiencia, jurídica y políticamente para demostrar, por ejemplo, la continuidad de esos genocidas en las fuerzas armadas y de seguridad de la actualidad”.

No estuvieron exentos de amenazas: el Tigre Acosta escribió una “carta” sobre la actuación de Patricia Walsh y Myriam Bregman. La labor del CeProDH en el terreno democrático, también enfrenta al aparato represivo de hoy. En Neuquén se realizó este año el primer juicio por jurados en un caso de gatillo fácil. Matías Casas, un joven de 19 años, fue asesinado por el policía Héctor Méndez en el 2012. Meses después, el policía Claudio Salas mató a Braian Hernández, de 14 años. La lucha de la familia de Matías –de la cual Ivana y Mariano Pedrero son abogados–, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, hizo que donde comúnmente reina la impunidad, el jurado dictamine la culpabilidad por unanimidad.

Luego llegó la condena a cadena perpetua para Héctor Méndez. “Fue una pelea difícil, con infinidad de maniobras por parte de la defensa y la justicia, y finalmente en este juicio por jurado, doce personas sorteadas que eran trabajadores en su mayoría, dictaminaron por unanimidad la culpabilidad del policía Méndez. Fue una experiencia muy importante que se dio junto a la movilización”, nos cuenta Ivana. No era la primera vez que se enfrentaba al aparato represivo; contaban con la experiencia de representar a Pepe Alveal, un obrero ceramista que en una represión del año 2003 recibió 64 impactos de balas de goma y perdió un ojo. “Luego de mucha lucha logramos llevar a juicio oral a 12 policías que fueron condenados por el ataque y también por haberlo mantenido cinco horas torturándolo, malherido en las comisarías sin recibir atención médica”.

En la Pcia. de Buenos Aires, donde la policía brava acumula casos de gatillo fácil impunes, con la lucha se logró, después de 13 años y sorteando todo tipo de maniobras de los uniformados y de la Justicia misma, que el ex oficial de la Policía Bonaerense José Ignacio Salmo, que disparó y dejó en una silla de ruedas a Carla Lacorte, finalmente deba ir preso preso.

Eli Díaz: el caso Tejerina, al revés

El CeProDH tuvo relación con un caso emblemático en la provincia de Córdoba. Se lo llamó “El caso Tejerina, al revés”1 ya que Eli Díaz, una joven de 19 años, fue acusada de matar a su hija al nacer. El embarazo era producto de los constantes abusos sexuales de su patrón desde que ella tenía 10 años. El fiscal pidió prisión para Eli, pero fue absuelta por un tribunal compuesto por jurados populares y el abusador fue condenado a 8 años de prisión. Como cuenta Leticia Celli, quien fue su abogada, para obtener esa absolución fue clave la movilización popular y el acompañamiento de organizaciones de mujeres y de la población, ya que se había ganado la opinión pública, contando lo que le pasa a miles de mujeres.

“Llevar adelante la querella contra el abusador de Eli Díaz me marcó a fuego. Ir a ver a Eli a la cárcel de máxima seguridad de la provincia, enrejada durante un año solo por ser mujer y pobre, fue vivir en carne propia lo patriarcal y machista que es la justicia”, cuenta Leticia, y agrega que este caso constituyó un antecedente muy importante para la lucha de las mujeres. A Leticia le impactó un comentario de Eli, una de las veces que fue a verla a la cárcel. Ella le decía que prefería estar dentro de la cárcel que fuera, porque allí no estaba expuesta a los abusos cotidianos. “Ese día salí llorando y con una bronca terrible, me fui pensando lo que era la ‘libertad’ para determinadas personas en este sistema… imposible ser libre si no tenés nada para elegir, solo la miseria y opresión, y esa bronca me dio fuerza para luchar con más fuerza por la libertad de Eli y contra la miseria y explotación de este sistema”.

 

Derecho contra derecho

Desde el comienzo, como decíamos, el CeProDH ha puesto un acento central en la defensa de los derechos de los trabajadores. Entre las primeras causas se cuentan las empresas recuperadas Brukman y Zanon.

Es imposible concebir el derecho por fuera del carácter de clase del Estado y de los intereses que éste defiende. El derecho es la herramienta de la burguesía para legitimar su dominación; por el contrario, para el trabajador, el derecho burgués no es más que la forma jurídica en la que se expresa su condición de explotado. Por lo tanto no podemos concebirlo despojado de la lucha de clases. Sin embargo, se han incorporado derechos y garantías para los trabajadores en el entramado jurídico burgués, que se conquistaron como resultado de largas luchas. Eso le permite a la burguesía disimular su dominación. Pero al mismo tiempo abre contradicciones y posibilidades según la coyuntura política. El trabajo de los abogados del CeProDH busca los puntos de apoyo legales para potenciar y no enchalecar la lucha de los trabajadores, que es la única fuerza que en definitiva decide. Las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, pretenden poner la lucha consecuente en los marcos de la “ilegalidad”. Por el contrario, desde el CeProDH buscan los elementos que permitan desarrollar la lucha, justificando acciones que muchas veces rompen la legalidad burguesa (como una ocupación de fábrica o un bloqueo de portones). El Estado y sus leyes están hechos para defender la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, y no hay solución que no sea conquistar un “poder constituyente”, un gobierno de los trabajadores que sea transitorio hacia una sociedad sin explotadores ni explotados. “En el CeProDH hemos aprendido, hemos avanzado y hemos encontrado mecanismos, nos hemos ido renovando, pensando ideas más originales”, nos cuenta Agustín Comas, quien destaca que “no separamos lo legal de lo político”. Al reconocer lo legal como una herramienta que juega un rol importante en las luchas, es fundamental registrar “las contradicciones dentro de la misma justicia, en el Ministerio de Trabajo… es un aprendizaje de cómo aprovechar las instituciones de la justicia y cómo intervenir ahí políticamente”.

A su vez, el CeProDH busca, en cada lucha, desarrollar el más amplio frente único en función de demandas progresivas. En el conflicto de Lear, por ejemplo, Victoria Moyano actuó en común con otras personalidades y organismos de DDHH, como Elia Espen –de Madres Línea Fundadora–, Pérez Esquivel –Premio Nobel de la Paz– y el SERPAJ. Acompañando las luchas obreras, también arrancaron fallos que sentaron precedente. Uno de ellos fue el del lockout/paro patronal ofensivo contra los patrones de la ceramista neuquina Zanon. Estos habían vaciado la fábrica, y la cerraron para golpear a la interna y el sindicato combativo que venía de una dura lucha en la que expulsó a la burocracia que lo conducía. Pedrero desde Neuquén, y Bregman y Tripi desde Buenos Aires, presentaron la denuncia contra la patronal. La justicia les dio la razón y sancionó el cierre ilícito que tuvo como objetivo cercenar los derechos de los trabajadores. Era la primera vez en muchos años que una resolución judicial condenaba el accionar de una empresa. La fuerza de los trabajadores ceramistas fue un fiel clave en la balanza para lograrlo. Después de esta derrota recibida por la patronal en el plazo legal, los trabajadores discutieron y prepararon la ocupación y puesta a producir. Empezaba la gestión obrera. Empezaba Fasinpat2.

 

Delegada de hecho

Catalina Balaguer había sido despedida de la fábrica Pepsico Snacks por apoyar la resistencia de 150 trabajadoras al despido. Sus compañeras eran contratadas que, como es habitual en muchos gremios, fueron dejadas en la calle. Los trabajadores en blanco que se solidarizaron con ellas fueron “escrachados” y despedidos. Catalina rechazó la indemnización e inició la pelea por su reincorporación. “Caty Balaguer se impuso en una fábrica donde siempre los delegados fueron hombres, era una activista con personalidad, y la despidieron. No era delegada, para la ley formalmente, no tenía fueros”, nos cuenta Myriam Bregman, quien la representó junto a Tripi.

A fines del 2003 Caty debió ser reincorporada por un fallo “completamente novedoso para la jurisprudencia argentina. Su reinstalación sentó un precedente jurídico. Este es el primer caso de reinstalación en el ámbito privado y contra una de las multinacionales más poderosas del país”, nos cuenta Bregman. El fallo condenó a la empresa por práctica antisindical y discriminación contra los trabajadores, y contra Balaguer en particular por ser activista sindical y compañera de Leonardo Norniella, delegado de la fábrica y opositor a la línea del sindicato. Pero lo novedoso es haber logrado el reconocimiento de Caty como delegada de hecho. “Nosotros la consideramos una delegada de hecho y no una trabajadora común, y que le correspondían los mismos derechos que a los delegados, cosa que los jueces nos reconocieron”. Este fallo sentó un antecedente muy importante para los activistas que están en empresas en las que las comisiones internas están con la patronal. “Creo que lo más importante fue que combinamos ‘audacia jurídica’ con una lectura política de todo lo que habían removido las jornadas del 2001, incluso en el conservador poder judicial”, reflexiona Myriam. Hoy a esa experiencia se la conoce como “el caso Balaguer” y se la estudia en las facultades. En Neuquén el CeProDH también consiguió el reconocimiento de María Inés Cabrera como delegada de hecho y su reincorporación, sentando más jurisprudencia, en una causa que llevó Leopoldo “Polo” Denaday.

 

Proyecto X: infiltración y espionaje K contra los trabajadores

No es un programa de ciencia ficción. Es el programa de infiltración, espionaje y posterior construcción de causas penales organizado por la Gendarmería Nacional. “A partir de la lucha del 2009 de Kraft, empezaron a llover las causas penales por cortes de la Panamericana”, comenta Agustín Comas. Él tuvo entre sus primeras experiencias, junto a Matías Aufieri, la pelea de los tercerizados del ferrocarril Roca, que peleaban por su pase a planta permanente. Una lucha dura, de muchos años, que estuvo cruzada por el asesinato de Mariano Ferreyra. Junto a Edgardo Moyano forma parte de los abogados de Kraft, y en los últimos tiempos van de conflicto en conflicto: Liliana, Kromberg, y hoy –con el conjunto del CeProDH– están abocados a las dos luchas más importantes de este momento: Lear, por la reincorporación de los despedidos y contra las maniobras para destituir a los delegados combativos y junto a los trabajadores de Donnelley, que en agosto ocuparon la planta y la pusieron a producir. “Acá ponés un pie en la Panamericana y si sos obrero, te procesan”, sigue Agustín. Javier “Poke” Hermosilla, delegado de Kraft, llegó a tener 16 procesamientos, con un embargo de 300 mil pesos.

Lo mismo ocurrió con Leonardo Norniella, delegado de Pepsico Snacks. “Causas enormes, de muchas fojas”, recuerda Agustín. Estudiando esos expedientes monumentales, observaron que los gendarmes con total impunidad decían “me metí de civil entre los manifestantes…”, y eso los llevó a descubrir que existía una red de espionaje ilegal, que infiltraba agentes en las manifestaciones y en organizaciones políticas. Nos dice Myriam: “Preparamos una filosa denuncia penal que impulsamos hasta el día de hoy logrando algo inédito, demostrar con pruebas contundentes cómo espía el Estado a través de sus fuerzas represivas”. Los sistemas de espionaje quedaron expuestos a la luz pública y en tela de juicio. Quienes construían las causas comienzan a ser juzgados. Y algunas de las causas contra los trabajadores armadas con declaraciones de infiltrados cayeron por las denuncias realizadas. Como dice Agustín: “Nosotros le cambiamos el eje: no sé si será delito o no cortar una ruta, pero vos me estás espiando”. La causa adquirió tal magnitud que la entonces Ministra de Defensa, Nilda Garré, debió referirse al tema, en un fracasado intento por negar la existencia de esta práctica de infiltración y encausamiento.

 

Lo legal y la política

Muchas anécdotas pueblan las entrevistas, desde sus primeras experiencias en conflictos duros, hasta sus experiencias con el sistema penal, pasando represiones y recuerdos de compañerismo. También vuelve una y otra vez la experiencia de los abogados de los ‘70. “Son nuestro espejo porque eran parte de las organizaciones, no eran abogados que venían desde afuera a decirle a los trabajadores que tenían que hacer y que no”, cuenta Ivana.

Estudian los hábeas corpus para pensar las estrategias de defensa de aquella época. Nos cuenta Agustín que abogados como Roberto “Cuqui” Curutchet y Ortega Peña llevaban su estrategia revolucionaria hasta la estrategia legal, y se las ingeniaban para estar en el lugar y momento indicado. Y agrega que estudian estas estrategias, “no para copiarlas, sino para extraer las conclusiones, para ver cuáles eran las debilidades, qué les faltaba, qué era lo positivo”. La estrecha relación entre política y acción legal surge una y otra vez a lo largo de las entrevistas. “Ante la pregunta que surge en cada conflicto de qué se puede hacer en el terreno legal, nosotros siempre planteamos que el punto de partida no puede ser otro que la decisión política de los trabajadores. Nosotros llevamos al terreno legal la defensa de lo que ellos deciden discutiendo en sus organizaciones”, relata Agustín. Para Myriam: “Desde lo político, lo más interesante, aprender cómo cuando se saca la bota del patrón de la cabeza de los trabajadores, lo que ellos pueden avanzar no tiene límites. De los avances de los trabajadores, de esa creatividad desarrollada en la lucha de clases, sacamos las ideas que luego intentamos rodear de forma jurídica, de plasmar en un escrito judicial”.

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1. Página/12, 25/03/10.

2. Ver la nota “Ocupar, resistir, producir” en este mismo número.

EL RECUERDO DE POLO

El 14 de marzo de 2011 fallecía en un accidente automovilístico, en Mendoza, Leopoldo “Polo” Denaday, que integraba el CeProDH en Neuquén. “Polo” acompañó desde sus comienzos la gestión obrera de Zanon, entre muchos conflictos de trabajadores en los que intervino, y trabajó intensamente en la exigencia de cárcel común para los genocidas. Un recuerdo pinta de cuerpo entero la manera en que él, y el conjunto del CeProDH, encara su actividad militante. Cuenta Myriam: “Cuando murió mi querido amigo Polo Denaday, los obreros de una papelera pararon la fábrica para ir al velorio y uno de ellos dijo en su homenaje ‘este abogado nos enseñó a levantar la cabeza y hablarle de frente al patrón’. ¿Puede haber un reconocimiento mayor? Creo que no”.

ABOGADAS Y ABOGADOS DEL CEPRODH

Edgardo Moyano, Rubén Tripi, Agustín Comas, Myriam Bregman, Matías Aufieri, Gonzalo Miri, Leonardo Carracedo, Sergio Castro, Natalia Hormázabal, Ivana Dal Bianco, Vanesa Rodríguez, Luciano Sívori, Leticia Celli, Enrique Jasid, Mariano Pedrero, Carlos Platkowski, Gabriela Campos, Luz Santos Morón, Sebastián Maidán, Tomás Celli, Maia Hirsch, Alejandro Meyer, Gustavo Intieri, Paolo Zaniratto, Luis Bonomi, Ivana Esper, Raúl Ramaccioni, Mara Beltrame, Lucas Montiel, Mariana Derni y Elena Rita Gil Sosa.

LEAR Y DONNELLEY, DOS LUCHAS QUE HACEN HISTORIA

En dos de las principales luchas de la actualidad –la de los trabajadores de Lear que enfrentan a la autopartista yanqui y al SMATA de Pignanelli; y la de Donnelley que inició la gestión obrera después de que la patronal la abandonada en una quiebra fraudulenta–, intervienen los abogados del CeProDH Edgardo Moyano y Agustín Comas. Los trabajadores los reconocen “como uno más”, y toda decisión sobre los pasos a dar ante la justicia surge de debates comunes. Como cuenta Agustín: “No suplantamos con acciones o presentaciones legales lo que los laburantes no están dispuestos o no pueden pelearla en la fábrica, por eso decimos que acompañamos y somos parte de la lucha, no asesores”.

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