Sin lugar para los débiles

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El negocio inmobiliario y las políticas de exclusión en las ciudades argentinas

ANDRÉS ARNONE, VERÓNICA ZALDÍVAR Y ESTEBAN MERCATANTE

Número 9, mayo 2014.

 

Las ciudades mutan, se reproducen, se expanden. Este proceso de cambio no se da de forma ordenada ni pacífica, ya que sobre él operan también intereses de clase. La ciudad es en sí misma un espacio en disputa.

 

Bajo el imperio de la valorización del suelo

En la Argentina de las últimas décadas se potenció la estratificación social. Como no podía ser de otra forma, las principales ciudades del país nos muestran descarnadamente, en la transformación de su espacio, esta polarización. La ciudad se transformó en sucesivas oleadas de frenética “recuperación” de barrios. Cada una de ellas limitó un poco más el espacio que pueden tener en el corazón de la ciudad los estratos medios y bajos, cuyas alternativas se reducen a un padecer una densificación habitacional en el centro y acomodarse en las edificaciones que surgen de la expansión “informal” en las periferias semiurbanas de la ciudad.

La lógica del capital en el negocio inmobiliario tiende a la polaridad entre la oferta de viviendas de alto valor a la que acceden los ricos y las que se producen para el resto de los estratos de menores ingresos. En este segundo caso la inversión resulta proporcionalmente limitada, y la oferta crece menos que la demanda. Es comprensible ya que para el capital se trata de maximizar la rentabilidad. La “inversión en ladrillos” es un refugio de primer orden para los inversores, y esto contribuye a aumentar el valor de las propiedades, que el boom de la construcción –que lleva al aumento de los precios de los terrenos al crear una escasez de los mismos– no hace más que reforzar. El acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil para los trabajadores y sectores medios, mientras paradójicamente crece el número de emprendimientos de lujo y viviendas deshabitadas, sujetas a la especulación del negocio inmobiliario.

Durante las últimas décadas, esta lógica no solo no se vio limitada en lo más mínimo por las políticas públicas, sino todo lo contrario; en los principales entramados urbanos del país, la apuesta ha sido a favorecer el negocio inmobiliario. La ciudad de Buenos Aires resulta un caso paradigmático. A comienzos de los noventa, la gestión de Carlos Grosso concentró sus esfuerzos en el desarrollo de Puerto Madero. Se malvendieron áreas del parque Tres de Febrero correspondientes a La Rural para impulsar negocios inmobiliarios. A finales de la década, los gobiernos de De La Rúa e Ibarra impulsaron modificaciones al Código de Planeamiento de la ciudad para liberar espacio para edificaciones, que ya estaban avanzando en contravención con la legislación vigente. Durante la gestión de Macri crecieron las obras de infraestructura que apuntan a valorizar ciertas zonas, mientras se congeló el gasto público en vivienda.

Según datos censales, entre 2001 y 2010 en CABA se registró un proceso de intensificación del uso del suelo que reemplazó casas por edificios, que ocupan el 90 % de la superficie residencial construida. Pero esta densificación en metros cuadrados no va de la mano con una densificación en términos de población. Desde el censo de 2001 la población de la Ciudad se incrementó en un 4,1 %, esto es, hay 114.013 personas más. En las zonas donde más se construyó no hubo aumento poblacional significativo, al contrario de las zonas de escasa construcción. Esto quiere decir que el patrón de distribución territorial de la población es inverso al patrón de valorización del suelo: las zonas de mayor precio del suelo y construcción no son las que más población atraen. Según los datos censales, las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) son las que más crecimiento de la población registraron, al tiempo que ocupan los últimos puestos en la distribución de la edificación1, que se concentró en un 50 % en solo 5 comunas: 14 (Palermo), 12 (Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Pueyrredón), 13 (Nuñez, Belgrano, Colegiales), 6 (Caballito) y 11 (Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del Parque y Villa General Mitre). La CABA expulsa a los trabajadores más precarizados hacia zonas periféricas, hacia villas o zonas sin urbanizar dentro y fuera de la ciudad, mientras que el sector público construye en cantidad inferior al crecimiento de los sectores desplazados por la inversión privada, muy cuidadoso de no afectar en lo más mínimo la ganancia de empresarios de la construcción y compradores especulativos, entre los cuales se encuentran numerosos funcionarios de la Ciudad. Estos inversores privados tienen en su poder más de 340.000 viviendas desocupadas en la CABA y 2.500.000 en Argentina. Al mismo tiempo, la ciudad registra cientos de desalojos.

El resultado de las “renovaciones urbanas” (como puede verse en barrios porteños como Palermo, San Telmo y en cada vez más áreas del sur) es el cambio de la población existente, a través del alza de precios en alquileres y servicios producida por las intervenciones; los más pobres deben mudarse a las zonas de la periferia más baratas, con la consiguiente dificultad para trasladarse a trabajar, tener acceso a servicios de salud y educativos para sus familias, etc. Esta tendencia, característica de la urbanización capitalista, se define como gentrificación. Consiste básicamente en el

 

…proceso a través del cual un barrio habitado por población de bajos ingresos es modificado y ocupado por población de clase media y alta, quienes a su vez –ya sea por cuenta propia o por inversión privada (agentes inmobiliarios)– renuevan las viviendas. De esta manera, son dos las condiciones para hablar de un proceso de gentrificación clásica: desplazamiento de población y reinversión económica en las viviendas del barrio2.

 

Lo mismo podemos observar en Rosario. La gestión “socialista” elaboró el Plan Estratégico Rosario (PER) apostando a la construcción de una “marca ciudad”.

 

Bajo estos parámetros, efectivamente la ciudad se posicionó como un importantísimo polo de atracción de las inversiones provenientes del excedente de los agronegocios de las zonas linderas, que principalmente se orientaron a la construcción de inmuebles dando lugar al llamado boom de los últimos largos años. Esta euforia constructora, lejos de contribuir a aliviar las graves carencias en materia habitacional, viene potenciando paradójicamente un modelo de concentración del suelo y la vivienda y de privatización de la ciudad, instalando a Rosario como una verdadera cuidad-negocio3.

 

Según cifras oficiales de la ciudad, desde 2003 se construyeron 4 millones de m2, la mayoría en el área más cotizada, en el centro de la ciudad. Mientras tanto, el déficit habitacional es de 50 mil hogares, afectando a 160 mil personas (sobre una población de 1 millón), cuando hay 80 mil viviendas vacías (20 % del total). Recientemente se vio en Córdoba otra expresión de estos contrastes. En la última década la provincia vio crecer los “barrios ciudades” o “ciudades dormitorio”, que resultaron en la erradicación de las villas que ocupaban terrenos valiosos para la especulación inmobiliaria. Estas villas crecieron al mismo tiempo que Nueva Córdoba florecía como barrio emblemático del boom sojero. Según Pablo Semán, los barrios ciudades

 

eran la promesa de relocalización “justa” y con servicios suficientes para las nuevas unidades habitacionales. Resultó en unidades inmobiliariamente miserables y segregadas por un celoso cerco policial que retiene en esas ciudades a miles de ciudadanos que, por portación de edad, cara, zapatillas inconsistentes con el prejuicio del observador, etc. son objeto de retenes policiales sistemáticos. Los retenes demoran, aíslan y ofenden. Este orden, que se aceitaba con los recursos que el narcotráfico le derivaba a la policía, ha perdido transitoriamente su lubricante. Las denuncias sobre el narcoescándalo traen penuria a los guardianes del orden, mientras la inflación atiza el ánimo humillado de los excluidos de siempre en un contexto en que cierto estancamiento da lugar a más motivos de queja4.

 

El famoso “boom inmobiliario” en Argentina fue liderado por edificios de lujo y vivienda para los sectores de mayores recursos (un 75 % de lo construido es de alta categoría). Además, la fuerte presión del mercado inmobiliario repercute directamente sobre los precios de la tierra y propiedades de los sectores medios y bajos de la clase trabajadora, que hoy tienen ya pocas posibilidades de acceder a una vivienda en la “ciudad formal” (la que forma parte de la trama urbana legal, urbanizada). Los salarios promedio se encuentran hoy, en relación a los alquileres, un 21 % por debajo en comparación con el promedio de la década del noventa. Con respecto al precio de las viviendas, cayó un 39 % la relación salario/m2 en los últimos 10 años. Es decir, que cada vez se necesitan más salarios para acceder a una vivienda, y en la gran mayoría de los casos no alcanzan los ahorros de toda la vida para lograrlo. Desde el punto de vista empresarial, un gran negocio. Hasta se conocen casos de inversores que compran en las villas una gran cantidad de casillas para alquilarlas, obteniendo un retorno aun mayor que en la ciudad formal.

Las grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias como IRSA de Elsztain, Nicolás Caputo, Consultatio de Eduardo Constantini, ODS de Angelo Calcaterra, el Grupo Roggio o Dacal se benefician de múltiples formas: además de ganar una concesión tras otra para la obra pública en todo el país gracias a contratos armados a su medida, son beneficiados con terrenos fiscales cedidos a precios irrisorios y exención de impuestos para sus emprendimientos privados. Por poner solo un ejemplo, basta ver que varios emprendimientos de “Nicky” Caputo –asesor ad honorem del gobierno de Macri– reciben electricidad directamente de los mayoristas (sin pasar por las distribuidoras). Hace poco Julio De Vido describía sus negocios, y se autoinculpaba al mismo tiempo:

 

esta persona a la que según Macri nosotros le echamos la culpa de todo, a través del Grupo Sadesa participa como socio de Edesur, participa en Hidroeléctrica Piedra del Águila, en Compañía Operadora en Brasil en el gas, como subsidiaria y con Gas Andina en Chile, que son subsidiarias de TGN donde también es socio5.

 

Por lo tanto, no es casual que las luces de sus megatorres sigan encandilando aunque la ciudad permanezca a oscuras en los prolongados cortes de energía.

 

Déficit habitacional: una crisis sin techo

Aun en la década de mayor crecimiento económico de la Argentina en mucho tiempo, parece que en lo que a vivienda se refiere, la cola de esperar para pasar del infierno al purgatorio está bastante atascada. Entre 2001 y 2010 el resultado de la ecuación entre nuevas viviendas construidas y las que efectivamente eran necesarias para cubrir la demanda existente dio por resultado que se sumaron en promedio 60 mil hogares al año al problema de la falta de vivienda. Entre censos, el “exceso” de hogares6 respecto del número de viviendas pasó de 360 mil a 855 mil. Lo que significa que algo más de 1,5 millones de hogares comparten la vivienda que debería servir para un hogar promedio: viven en condiciones de hacinamiento. Al mismo tiempo el número de inquilinos, quienes alquilan y no son propietarios, creció de 11,6 % al 16,1 %. El hacinamiento y la reducción del número de propietarios, dos de los indicadores más elocuentes de la calidad de vida, ilustran que lejos estamos de “salir del infierno”, como gustaba decir Néstor Kirchner.

Uno de los aspectos centrales en el marco de la crisis más general de lo urbano es este acuciante problema de la vivienda, que implica la degradación de la calidad de vida de millones. Hay en el país más de 6 millones de hogares con problemas de vivienda, por la precariedad de su construcción y deterioro, por el hacinamiento, por el mal estado del terreno donde están instaladas, por la falta de acceso a servicios elementales, o por la imposibilidad de acceder a un techo propio. Se trata nada más y nada menos que de la mitad de los hogares argentinos7. El 12,4 % de viviendas del país carece de agua corriente, el 26,8 % de gas natural, el 34,6 % de cloacas, el 32,3 % de desagües pluviales y el 19,2 % de pavimento8.

¿Cuáles son las medidas tomadas desde el gobierno nacional para resolver la crisis habitacional? Uno de sus caballitos de batalla, como parte del discurso de la “década ganada”, es el programa Procrear. Es un plan a paso de tortuga, ya que para un déficit de vivienda de más de 3 millones de hogares –y problemas de vivienda que alcanzan a más de 6 millones–, presentó inicialmente un plan de 400.000 créditos9.

Además, estos créditos están destinados principalmente a sectores medios de la población, ya que debido a los ingresos necesarios para solicitarlos y la exigencia de tener recibos de sueldo en blanco, no podrán pedirlos los que más sufren la crisis de vivienda, que son los trabajadores más precarizados. Según el Indec, sobre un total de 16 millones de ocupados que hay actualmente en el país, el 75 % (12 millones de personas) gana menos de $ 6.500 por mes y la mitad cobra menos de $ 4.040, el 25 % menos de $ 2.500, y el 33 % en negro. Como “daño colateral” que no previó el gobierno, la salida de estos créditos trajo como consecuencia que los especuladores inmobiliarios subieran velozmente los precios de terrenos y viviendas, y por lo tanto muchos de los “felices ganadores” se encuentran en la situación de no poder encontrar qué comprar con la suma recibida (que además impone plazos de construcción difíciles de cumplir). El gobierno pretende hacer gala de un “gran crecimiento” en la inversión en vivienda, pero esta apenas representa el 1 % del presupuesto nacional. En el caso de la CABA, el gobierno de Macri es bien caracterizado como uno de “políticas públicas y rentas privadas”10. La política de vivienda se encuentra cruzada por un “paradigma de la valorización”: “la medida del desarrollo urbano son la expansión física de la ciudad y los procesos de valorización del suelo”11. Políticas de crédito orientadas a sectores de ingresos medios, compatibles con el negocio privado. Mientras tanto, la población de las villas se incrementó en un 52 % respecto de 2001, llegando a alrededor de 163.587 habitantes sólo en la Ciudad de Buenos Aires. La ley 148 de la CABA, que ordena la urbanización de las villas, duerme en algún rincón desde hace 16 años, mientras las condiciones de vivienda no paran de degradarse más y más12.

 

Des(infra)estructurados

Los sectores obreros y populares de menores ingresos son empujados a las edificaciones más precarias. Son, a la vez, quienes cuentan con menor resguardo ante los crímenes sociales que vienen golpeando la vida de miles (o cientos de miles) en los principales entramados urbanos del país. Estos crímenes sociales, intencionalmente tratados por los gobiernos y grandes medios como “catástrofes” sin responsables, se encuentran cortados por la misma tijera: el desenfreno de la edificación para los estratos más ricos, y las obras que cruzan las ciudades para brindarles “servicios” a estos sectores (especialmente redes de transporte), terminó de desestructurar los precarios equilibrios en ciudades “inundables”, como La Plata o Buenos Aires. A esto se suma la negligencia criminal en lo que respecta a inversiones en infraestructura básica. Al mismo tiempo que los desaguisados de la urbanización creada por los negocios inmobiliarios imponen un aumento en las necesidades de obras, volviéndolas más complejas, ni siquiera se ejecuta aquello que ya está programado. Esta combinación fatal fue observable en la inundación de La Plata en 2013, con más de 50 muertos reconocidos oficialmente13. Lo que se hizo resulta tan dañino como lo que se dejó de hacer. Las obras para la construcción de la autopista Buenos Aires-La Plata taparon los arroyos, por lo que el agua no se desagota de las calles y provoca inundaciones en la ciudad. Al mismo tiempo, el “Estudio de la cuenca del arroyo el Gato”, realizado por la Universidad Nacional de La Plata en enero de 2010 incluía la realización de derivadores y readecuaciones de las redes de desagües en el casco urbano. Estas obras contaban con presupuesto desde aquel año, pero no se pusieron en marcha. Por si esto fuera poco, la entrega de tierras a sectores de bajos ingresos en tierras que bordean el arroyo, expuso a los sectores más pobres a las peores consecuencias. El Ing. Pablo Romanazzi, integrante del departamento de Ingeniería hidráulica de la UNLP denunciaba:

 

lotearon los terrenos más inmediatos al curso del arroyo y esos terrenos hay que dejarlos libres porque es evidente que son zonas inundables (…) No podíamos parar la tormenta, pero sí podíamos no exponer a la gente a esto14.

 

Tomemos otro ejemplo, el de Buenos Aires. Luego de los 8 muertos que dejaron las inundaciones del año pasado tan solo en Capital Federal, se puso sobre la mesa la falta de inversiones en materia de control de inundaciones. Esto se evidencia en que en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico se invirtieron apenas $ 2,8 millones y para las obras del arroyo Maldonado $ 19 millones, sin mencionar que, analizando la calidad de las mismas, tampoco evitan que si el nivel del río sube afecte el escurrimiento de las lluvias, al no estar previstas esclusas y funcionar todo el sistema mediante vasos comunicantes. El resultado de las obras, en el contexto de una construcción de torres cuyo ritmo no cesa, es que las inundaciones en la ciudad rotan de barrio. La solución parece ser siempre una nueva obra, en un cuento de nunca acabar. Como sostiene Eduardo Reese

 

…siempre se pensó que todo se arreglaba con un par de obras, pero las obras necesarias son cada vez más grandes, caras y difíciles. (…) si, junto con las obras, no se controla el proceso de urbanización, la situación tenderá a agravarse, aun cuando se metan más caños, más aliviadores, más diques15.

 

En el último mes vimos cómo en Neuquén una lluvia de 200 milímetros terminó inundando el 80 % del área urbana. Se hizo evidente la falta de obras públicas de drenaje, defensa, espacios verdes y otras obras. En 2012 y 2013 se destinaron $ 7 millones para remodelar el edificio de la Legislatura, mientras que en el mismo período apenas se desembolsaron $ 2,6 millones para mantenimiento de desagües en Neuquén capital. Las obras hídricas presupuestadas para ese mismo periodo son de $ 25 millones sobre un presupuesto provincial total de $ 20 mil millones, sumados los dos años.

 

El derecho a la ciudad

No hay plan que, a un ritmo de 40 mil casas por año, pueda resolver los enormes problemas de vivienda del país. Mucho menos podría hacerlo sin crear a la vez nuevos problemas de infraestructura si no es parte de un plan urbano de conjunto. Un plan urbano integral solo traerá soluciones si es conquistado por la movilización y está bajo control obrero y popular.

El punto de partida de cualquier plan para garantizar vivienda para todos debe pasar por una reforma urbana que expropie las tierras usurpadas por los desarrolladores privados, las propiedades en manos de la Iglesia y las que controlan los grandes grupos inmobiliarios. Son cientos de miles de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas populares y que hoy son usufructuadas por los sectores sociales más ricos, por instituciones parasitarias como la Iglesia o manipulados para operar sobre los precios de la tierra. Además, es necesario expropiar las viviendas desocupadas que estén en manos de poseedores de grandes fortunas. Hay que luchar por prohibir los desalojos. Para los inquilinos debe establecerse, como salida transitoria, que los alquileres no excedan el 20 % del salario mínimo. Para todos aquellos que necesiten acceder a la vivienda única mediante crédito hay que establecer un fondo público para préstamos cuya cuota no exceda el 20 % del salario mínimo y sin más requisitos que el de establecer el déficit habitacional familiar. La resolución del problema de la vivienda está estrechamente vinculado a terminar con todas las privatizaciones de los servicios públicos como gas, electricidad y transporte, para poner todas las empresas bajo control obrero y popular, para que la infraestructura básica llegue a la mayorías trabajadoras.

Es necesario desarrollar un plan de construcción de viviendas –y junto a ellas nuevas escuelas, hospitales, y tendido de infraestructura básica y transporte– controlado por los trabajadores, cuyos recursos deben salir de la imposición de impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los terratenientes, además de la expropiación de las grandes explotaciones rurales y el no pago de la deuda externa. Estos recursos no solo permitirían responder a las acuciantes necesidades de vivienda, sino también crear fuentes de trabajo con un salario acorde a la canasta familiar. Las villas y asentamientos deben ser urbanizados de acuerdo a un plan de conjunto trazado junto con sus habitantes, y debe imponerse la entrega en propiedad de las viviendas para quienes las habitan, terminando con el descarado lucro con las necesidades de los sectores más pobres. Si estas edificaciones se encuentran en terrenos no aptos, debe emplazarse en unos adecuados, evitando así las “tragedias” ante cada fenómeno climático.

Conquistar verdaderamente el “derecho a la ciudad”, como abogaba Henri Lefebvre, el “derecho a una renovada vida urbana”, solo será posible si la clase trabajadora domina los destinos de la sociedad transformándola de base. Como Engels planteaba en Contribución al problema de la vivienda: “La penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz”16.

 

1. Se excluyó a Puerto Madero del recuento de m2.

2. Luis Alberto Salinas, “Gentrificación en la ciudad latinoamericana. El caso de Buenos Aires y Ciudad de México”, GeoGraphos 44, Vol 4, México DF, febrero de 2013.

3. “Notas a propósito del desalojo de Kasa Pirata”, en blog Club de investigaciones urbanas, julio de 2013.

4. Pablo Semán, “Córdoba y los abismos de la desigualdad”, http://pabloseman.wordpress.com, 2013.

5. Discurso del 3 de enero de 2014 frente a la crisis energética.

6. Hogar: persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación, de acuerdo al glosario del Censo 2010 (INDEC).

7. Gustavo A. Llambias, “Déficit habitacional y acceso a la vivienda en Argentina”, www.reporteinmobiliario.com.ar.

8. Observatorio de la deuda social – UCA.

9. www.procrear.anses.gob.ar/programa.

10. Natalia Cosacov y Eduardo Faierman, “Políticas públicas, rentas privadas. Política habitacional y mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires”, Laboratorio de políticas públicas, junio 2012.

11. Ídem.

12. Ley N° 148. Sanción: 30/12/1998. Promulgación: Decreto N° 123/999 del 20/01/1999. Publicación: BOCBA N° 621 del 29/01/1999.

13. De la cual se comprobó, más de un año después, el ocultamiento oficial del verdadero número de muertos, como ya se venía denunciando.

14. Entrevista exclusiva cedida a TVPTS, 10/04/2013.

15. “No hay políticas para regular el suelo”, Página/12, 05/04/2013.

16. Tomado de la versión digital de Marxists Internet Archive (MIA).

 

***

Ciudadelas amuralladas, barrios inundados

Mirta Pacheco

 

El negocio inmobiliario a gran escala pegó un

salto en la primera década de este siglo, cambiando

la fisonomía tanto de la ciudad de Buenos

Aires como del conurbano bonaerense.

El carácter ficcional del relato K se pone de manifiesto cuando se advierte que la recuperación económica no redundó en mejoras en las condiciones de hábitat para la gran mayoría de los sectores populares. Esto es: vivienda digna, eficientes servicios domiciliarios de redes de agua y energía, infraestructura urbana básica y condiciones medio ambientales saludables. Si de la vivienda hablamos, Argentina experimenta una crisis muy seria.

Es ominosa la brecha entre el estilo de vida de los que se beneficiaron en los años del neoliberalismo y en esta última década continúan haciéndolo, y el pueblo trabajador. Por ejemplo, cada vez que una lluvia apenas copiosa cae sobre los barrios donde viven estos últimos. Esta situación no podría darse sin una política que, desde los distintos gobiernos, favorece el enriquecimiento de sectores ligados a estos grandes negociados inmobiliarios sin importar en lo más mínimo la vida del pueblo trabajador. Abundan los ejemplos de lo que afirmamos. Veamos tan solo un caso testigo.

 

Una Miami en el Tigre

Nordelta es básicamente una ciudad privada emplazada en el partido de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires, gobernado desde 2007 por Sergio Massa, uno de los principales referentes de la oposición patronal, y anteriormente por el ultrakirchnerista –de pasado menemista y colaborador de la dictadura militar– Ricardo Ubieto. Muchos urbanistas la definen como una forma avanzada de organización privada del espacio urbano; tiene 30.000 habitantes, con un perímetro que contiene 9 barrios y dos escuelas, por supuesto privadas y de elite, como son Cardenal Pironeo y Northlands. Esta “Miami argentina” (como expresara el mismo Massa) cuenta, como no podía ser de otra manera, con servicio de seguridad privada y control de cámaras, servicios de salud, centro comercial, una ciudadelas amuralladas, barrios inundados “isla modernizada”. Junto con los countries del partido de Tigre, Nordelta territorializa la exclusión.

El principal inversor en esta “isla moderna” es Eduardo Constantini, cuya fortuna personal se estima en más de 300 millones de dólares. Posee además Torres Catalinas Plaza, Torres Grand Borng Oro y el museo de arte Malba, usado por Constantini como carta de presentación internacional para sus negocios. Conviviendo con esta “isla modernizada”, destinada a ser territorio exclusivo de la burguesía, del otro lado de los muros que la “protegen”, se encuentra el barrio Las Tunas: un dormitorio obrero y popular, donde viven por ejemplo las mujeres que son empleadas como servicio doméstico en las mansiones de Nordelta y countries de la zona. Y donde la mayoría de las viviendas son precarias1.

Este barrio está situado al borde del arroyo Las Tunas, brazo del Río Reconquista, donde arrojan sus residuos las fábricas de la zona, razón por la cual las napas que lo circundan están contaminadas con arsénico. Nada más lejos de las condiciones medio ambientales saludables que rodean las mansiones y barrios cerrados de la burguesía. Pero esto no es privativo del caso particular que nos ocupa: la degradación medio ambiental (el conjunto de procesos que directa o indirectamente transforman negativamente dicho medio, comprometiendo incluso la vida), es algo que se puede observar en todo lugar donde las clases más desposeídas habitan, constituyendo uno de los principales problemas ambientales y es el resultado, aunque no exclusivamente, del volcado de químicos por parte de empresas a ríos y lagos. Ya en 2011 las investigaciones arrojaban que el 86,1 % de los hogares en villas y asentamientos del país estaban próximos a aguas contaminadas. Pero en el conglomerado del Gran Buenos Aires, las malas condiciones medio ambientales afectan a un porcentaje aún mayor de viviendas que en las ciudades del interior del país (18,7 % y 8 % respectivamente)2.

Pero volvamos a la “Miami en Tigre”. Las Tunas fue noticia en abril de 2013 cuando una fuerte lluvia lo dejó bajo el agua. No fue la naturaleza la responsable de que cientos de familias se quedaran sin lo poco que tenían. El arroyo usualmente entra a Nordelta, pero cuando arrecian las lluvias los señores cierran las compuertas y el agua sólo tiene salida hacia el barrio. Cuentan los vecinos que antes, cuando llovía, el agua desagotaba en el río Luján, pero los countries cambiaron su cauce natural para construir sus canchas de golf. Construyeron compuertas y bombas gigantes que tiran el agua hacia los barrios aledaños, donde habita el pueblo trabajador. Las imágenes de los habitantes de las Tunas –hastiados de tanto oprobio al que son sometidos diariamente– rompiendo el paredón de una parte de Nordelta para que el agua que les llegaba a las rodillas drenara, recorrió diversos medios de comunicación. La misma urbanización de Nordelta también alteró el bañado de Rincón de Milberg, acarreando inundaciones también allí.

Nordelta no es un caso aislado. Hoy el 60 % del territorio del partido de Tigre (148 km2 de continente) está ocupado por barrios privados. En ese 60 % de territorio solo vive el 10 % de la población de Tigre, poblada de vecinos “ilustres” de lo más granado del empresariado y los funcionarios públicos. El 90 % restante convive en el 40 % que queda de territorio y ve colapsar los servicios de agua, luz, cloacas y gas. Apenas a 100 metros de donde vive el fundador de Nordelta, Eduardo Costantini, está proyectando “Venice Ciudad Navegable” (32 hectáreas sobre un frente de 500 metros sobre el río Luján), se encuentra Villa Garrote, donde viven más de 700 familias sin agua potable ni cloacas y donde las inundaciones son una constante (y queda sólo a cinco cuadras del centro de Tigre).

Las políticas de los intendentes de estos partidos bonaerenses, al igual que las de Buenos Aires y otros centros urbanos favorecen el negocio inmobiliario, la construcción de mansiones, megatorres, etc., y para nada las obras de infraestructura necesarias para que no se produzcan colapsos que provocan grandes inundaciones, o para que las unidades de producción no eliminen sus desechos en lugares con población cercana. La única medida tomada ante el jugoso negocio de los countries, en la provincia de Buenos Aires, ha sido la tardía Ley 14.449 de hábitat, que apenas les impone a los desarrolladores aportar un 10 % de la valorización inmobiliaria lograda con el proyecto, algo irrisorio respecto de sus ganancias. La concentración de la riqueza y la nula planificación en cuanto a un hábitat saludable, con todos los factores que este implica, trae aparejadas condiciones de vida paupérrimas o directamente la muerte para sectores obreros y populares.

VER PDF

1. Se define vivienda precaria a aquellas viviendas que cuentan al menos con algunas de las siguientes características: 1) casillas o ranchos o 2) casa o departamentos que no cuentan con las terminaciones de paredes o pisos. Tomado del informe de EDSA, Bicentanario, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, 2012.

2. Ídem.

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