¿Siempre lo mismo? Restricción externa y ajuste en la economía argentina

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Después de los globos, se vino el ajuste con todo. ¿Cuál es el plan de Macri –o lo que esbozó del mismo hasta el momento– y a quiénes beneficia? ¿Cuál es la famosa “herencia” dejada por el kirchnerismo de la que tanto habla el gobierno para justificar el ajuste? En estas páginas, varias miradas para responder estas preguntas.

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MARTÍN SCHORR Y ANDRÉS WAINER

Número 28, abril 2016.

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La dinámica de la economía argentina bajo los gobiernos del kirchnerismo registra un punto de inflexión hacia 2008. Una vez consumada una fenomenal avanzada del capital sobre el trabajo tras la mega-devaluación que signó la salida de la convertibilidad y, en ese marco, un quinquenio caracterizado, entre otros factores, por un crecimiento económico vigoroso, la vigencia de los llamados “superávits gemelos” y una importante creación de puestos de trabajo, la situación comenzó a modificarse a partir de 2008. No solo se siente el impacto de la crisis internacional en las exportaciones, sino que también se acelera la fuga de capitales y comienzan a agotarse las condiciones internas que hicieron posible las altas tasas de crecimiento entre 2003 y 2007 (amplia capacidad ociosa, alto desempleo, salarios reducidos, bajos vencimientos de deuda, etc.). La situación no se hizo tan evidente durante los últimos años de la primera década del siglo gracias a la escalada que registraron los precios de los principales productos de exportación del país, factor que persistió, con sus altibajos, hasta mediados de 2012.

En esta etapa de la posconvertibilidad (2008-2015) el PBI creció a un ritmo significativamente inferior al de la fase anterior (un promedio del 3 % por año frente a una media anual cercana al 9 % entre 2003 y 2007). En ese marco, se destacan dos años de importante expansión económica (2010 y 2011), dos de crecimiento moderado (2013 y 2015) y tres de virtual estancamiento del nivel de actividad (2009, 2012 y 2014). Todo ello en un cuadro signado por el despliegue de la crisis mundial, una paulatina erosión de la holgura fiscal y la externa, y una suba considerable en el nivel general de precios, que superó largamente los dos dígitos por año (Gráfico 1). Pero no solo hubo cambios cuantitativos en el ritmo de crecimiento, sino que el mismo (en los años en que lo hubo) adoptó características distintas a las de la etapa previa: estuvo apoyado en la expansión del gasto público (que adoptó un perfil anticíclico y acarreó, en conjunción con otros elementos, la reaparición del déficit fiscal), con altos niveles de inflación, apreciación cambiaria y un deterioro paulatino de la posición externa (Gráfico 2). Es justamente en esta etapa cuando se hacen evidentes las dificultades en el sector externo, expresadas en un persistente deterioro del resultado en cuenta corriente, un salto en la fuga de capitales y, finalmente, la continua pérdida de reservas internacionales a partir de 2011, lo que desembocó en la instrumentación del denominado “cepo cambiario”. En este desenlace confluyeron una serie de factores coyunturales con otros de carácter estructural.

Entre los primeros se destacan las consecuencias de la crisis internacional, agravada por el deterioro en los términos de intercambio para los países exportadores de commodities, lo cual impactó negativamente sobre las exportaciones, a la vez que tendió a impulsar una mayor remisión de utilidades de las filiales de las empresas transnacionales a sus casas matrices. Otro factor que restó liquidez fue la retención de parte de la cosecha de granos realizada por productores y exportadores desde fines de 2013 que, ante el rezago cambiario, apostaron por una devaluación (real) de la moneda.

Ahora bien, el impacto de estos factores coyunturales se enmarca y cobra su importancia en un marco de deterioro de ciertas variables estructurales referidas al sector externo. Entre las principales dificultades de fondo que arrastró la economía argentina en relación con la balanza de pagos se destacan la temprana reaparición del déficit comercial industrial –vinculado estrechamente al desempeño de la industria automotriz y el enclave ensamblador de Tierra del Fuego, así como a la casi total ausencia de políticas activas en materia de promoción a la sustitución de importaciones1–, la continuidad de los pagos en concepto de vencimientos de la deuda externa (capital e intereses), la remisión de utilidades y dividendos por parte del capital extranjero predominante y la fuga de capitales. A estas cuestiones se le sumó, a partir de 2011, la aparición de un significativo déficit en la balanza comercial energética, consecuencia directa de la estrategia que desplegó el oligopolio petrolero de subexploración y sobreexplotación, la que fue convalidada por diversas acciones y omisiones estatales.

Tanto el déficit industrial como el energético hicieron mermar el saldo comercial, único rubro de la cuenta corriente que daba positivo y que había permitido, sobre todo entre 2003 y 2007, la acumulación de reservas internacionales. La situación se agudizó de tal manera que, tras quince años seguidos con resultados superavitarios, la Argentina volvió a registrar déficit comercial en 2015. Ello cobra una importancia decisiva ya que, si bien el peso del pago de intereses de la deuda externa se vio reducido respecto de la década de 1990, las dificultades para obtener nuevo financiamiento externo hicieron que la mayor parte de los mismos, así como los vencimientos de capital, fueran cancelados con divisas provenientes del superávit comercial. Por otro lado, la elevada extranjerización que alcanzó la economía nacional a inicios del nuevo siglo repercutió en una creciente remisión de utilidades; al mismo tiempo se manifestó a partir de 2007 una notable reactivación de la fuga de divisas por parte de las grandes empresas y grupos económicos locales, lo mismo que por sectores de altos ingresos. Ambos fenómenos (remisión y fuga) se mantuvieron hasta la aplicación del “cepo”.

Si bien las restricciones a la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento produjo un brusco descenso en el drenaje de divisas, paralelamente se “abrieron” otros canales por fuera del mercado único y libre de cambios, como las operaciones conocidas como “contado con liqui” y “dólar bolsa”, así como la aparición de un mercado ilegal de divisas (“dólar blue”).

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En la medida en que las exportaciones se volvieron insuficientes para financiar conjuntamente las importaciones, los pagos de intereses, la remisión de utilidades y la fuga de capitales, se hizo evidente la debilidad de la posición externa de la economía argentina, abriéndose el camino a una nueva dependencia financiera que hasta poco antes parecía haber sido superada. La necesidad de financiamiento para cerrar la brecha externa fue reconocida implícitamente por el gobierno de Cristina Fernández en sus primeros intentos por “cerrar” las cuestiones irresueltas en el frente financiero, especialmente la deuda pendiente con el Club de París, la situación de los bonistas que habían quedado fuera de los canjes de 2005 y 2010, y de aquellas empresas extranjeras que habían obtenido fallos a su favor en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI). A ello hay que agregar la decisión de emitir bonos por 5.000 millones de dólares para resarcir a Repsol por la expropiación del 51 % de las acciones que el holding español tenía en YPF.

Sin embargo, este intento por regularizar el frente financiero encontró grandes escollos debido a la crisis internacional y el fallo contrario a la Argentina en su litigio con muchos de los bonistas que no adhirieron a ninguno de los dos canjes. Ante esta situación el gobierno optó por utilizar reservas internacionales, imponer algunas restricciones a las importaciones, mantener las limitaciones a la adquisición de divisas para atesoramiento y negociar con las empresas transnacionales y los bancos extranjeros la postergación de la remisión de utilidades.

De todos modos, la utilización de las reservas para sostener el nivel de actividad económica no podía ser indefinida dado que el nivel de las mismas era decreciente. Un primer límite en este sentido fue el nivel relativamente bajo que alcanzaron las mismas a inicios de 2014, cuando perforaron el piso de 30.000 millones de dólares. Para evitar que las mismas continuaran descendiendo a un ritmo tan vertiginoso (a mediados de 2011 rondaban los 52.000 millones), el gobierno decidió avanzar con un ajuste parcial de la economía a partir de la devaluación de la moneda, el aumento de las tasas de interés y una menor emisión monetaria. Sin embargo, dado que dichas medidas afectaban directamente a la base social del gobierno, se buscó acotar sus efectos más negativos promoviendo algunas medidas expansivas.

A los fines de sostener el nivel de reservas también se acordó una línea de swap con China (junto con la suscripción de una serie de “convenios estratégicos” en materia de inversiones). La activación de distintos tramos del acuerdo financiero con dicho país, sumado a otros factores (como la licitación de nuevas bandas de telefonía móvil), posibilitaron una moderada recomposición de las reservas internacionales en poder del Banco Central en 2014 y 2015 (Gráfico 2). De esta manera el gobierno logró posponer un ajuste más drástico, pero a costa de profundizar los desequilibrios económicos dado que los problemas de fondo siguieron sin resolverse, tal como lo evidencia la evolución de la inflación (Gráfico 1).

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El kirchnerismo pudo avanzar con su “modelo de crecimiento con inclusión” sin grandes problemas mientras se dio una situación donde (casi) “todos ganan”, en la cual el incremento del producto permitía una simultánea recomposición de las ganancias y del empleo y los salarios. Sin embargo, las contradicciones que presentaba el proceso abierto en 2002 comenzaron a hacerse más evidentes cuando las necesidades de acumulación de capital, en una estructura productiva desquilibrada y dependiente, empezaron a colisionar con la mejora en los ingresos y la distribución del ingreso.

Sobre la base de los legados críticos del kirchnerismo, el triunfo de Macri parece haber generado condiciones propicias para poner fin al “ciclo populista”. Si bien es insuficiente el tiempo transcurrido al momento de escribir este artículo para establecer una conclusión acabada sobre ello, al menos se puede plantear a modo de hipótesis que se trata de un intento de la clase dominante por reposicionarse políticamente de la mano de las dos fracciones económicamente más poderosas: el capital financiero y las empresas transnacionales.

Esto queda de manifiesto al revisar las primeras medidas de política económica tomadas por el flamante gobierno. No hay espacio aquí como para desarrollarlas en profundidad, pero vale mencionar las más relevantes hasta el momento:

  • la eliminación de los controles cambiarios, la unificación del tipo de cambio y la consecuente devaluación del peso (el incremento del tipo de cambio con el dólar estadounidense fue del orden del 50 %);
  • la reducción o la supresión de las retenciones a las exportaciones (agropecuarias, mineras e industriales); controles a la cuenta capital y una creciente liberalización del sector financiero local, a la par de aumentos importantes en las tasas de interés;
  • la conversión parcial de yuanes en dólares, la emisión de nueva deuda en un esquema que implicó además el canje de deuda intraestatal por deuda exigible en manos de la banca extranjera y, en lo sustantivo, los intentos por iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo, la negociación y el acuerdo con los “fondos buitre” para pagar el fallo del juez Griesa y la voluntad de “regresar” al FMI;
  • la decisión de convalidar bruscos aumentos tarifarios en distintos servicios públicos (energía eléctrica, gas natural por redes, agua y cloacas, telefonía fija, transporte automotor y ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires);
  • la renovación acotada del programa de “precios cuidados” con ciertas peculiaridades para nada desdeñables en un escenario inflacionario profundamente regresivo, entre las que sobresale la decisión de quitar de la lista a un conjunto de bienes muy sensibles en el consumo popular (carnes rojas, pollos, frutas, verduras, algunos lácteos y varios enlatados); • en línea con las “señales de precios” del gobierno anterior, se autorizaron nuevos aumentos en el precio final de los combustibles, al tiempo que al oligopolio petrolero se le otorgaron cuantiosas subvenciones (por caso, el reconocimiento en el mercado local de un precio del barril superior a los 50 dólares, cuando a nivel internacional cotiza a menos de 40 dólares);
  • una creciente liberalización comercial, la redefinición de las alianzas a nivel regional y mundial y, más allá del salto que experimentó la paridad cambiaria y el cambio en el sistema de retenciones, la ausencia de políticas activas en procura de competitividad; y
  • los despidos masivos dentro del sector público, que tuvo un importante “efecto demostración” en el ámbito privado (donde también proliferan las suspensiones).

El incremento de la dependencia financiera respecto al período kirchnerista no necesariamente será equivalente a la alcanzada durante década de 1990, ya que por el momento no se optó por una caja de conversión fija ni tampoco se dispusieron reformas estructurales de aquel tenor. Ello se debe en parte a que la reestructuración capitalista encarada en la década de 1990 se produjo ante a un cuadro social y económico incomparablemente más degradado que el que se encontró la administración macrista. Asimismo, a pesar de la pasividad complaciente de buena parte de la dirigencia sindical, parece difícil que la clase trabajadora esté dispuesta a soportar pasivamente pérdidas de semejante magnitud, al menos en tanto no medien mecanismos fuertemente coercitivos que garanticen un nuevo y fuerte disciplinamiento de la misma (como fueron la hiperinflación y la hiperdesocupación).

Quizás su mayor similitud con la década de 1990 esté dada por un Estado que procura retomar su rol de “organizador” de las fracciones de la gran burguesía argentina en el bloque dominante. Al respecto, pareciera configurarse una especie de “alianza” entre el capital financiero y las fracciones superiores del capital productivo (mayormente empresas transnacionales y grandes exportadores), aunque la misma no está exenta de tensiones internas. Si bien estos capitales oligopólicos resultaron ampliamente favorecidos en el primer ciclo kirchnerista, el agotamiento de las condiciones que hicieron posible la convergencia de altas tasas de ganancia con mejora en las condiciones de vida de la población derivó en una creciente puja distributiva y su consecuente impacto inflacionario.

Resta ver si el macrismo será capaz de procesar las contradicciones que puedan emerger entre las distintas fracciones burguesas y entre el conjunto de estas y las clases subalternas para dar lugar a una dominación de clase estable y coherente, es decir, a un proyecto hegemónico. Ello dependerá, en buena medida, de cómo reaccione la clase trabajadora ante el deterioro salarial, el aumento del desempleo y la degradación de las condiciones de vida.

La victoria de “Cambiemos” puede ser pensada como un reajuste de la política a la economía, o más bien, como los límites que exhibe la política cuando no media un cambio sustantivo en las relaciones de poder y de clase. Si bien el kirchnerismo logró recomponer la acumulación de capital tras la debacle de la convertibilidad, la ausencia de un cambio estructural en la economía argentina terminó siendo unta traba insuperable al “crecimiento con inclusión”. Las limitaciones que presenta una economía dependiente como la argentina, cuya máxima expresión es la restricción externa, encuentran su origen en los intereses de su clase dominante, la cual ha demostrado no estar dispuesta a traspasar ciertos umbrales en términos de distribución del ingreso.

He aquí el dilema del llamado “populismo” en países como el nuestro: en tanto se trata de una economía dependiente y subdesarrollada, no alcanza solo con distribuir parte del excedente (ello no resuleve la restricción externa, por caso) en la medida en que no se lleven a cabo transformaciones en la estructura productiva que promuevan otro tipo de desarrollo. Si se trata únicamente de una redistribución parcial del excedente sin afectar la propiedad de los principales medios de producción, en un momento dado, tras haber obtenido beneficios extraordinarios y afianzado su predominio estructural, los grandes capitales invierten menos o directamente dejan de invertir, agravando la situación a partir de la retención y/o de fuga de las divisas necesarias para sostener el proceso de acumulación.

 

  1. En varios rubros no solo no se definieron ni se implementaron políticas activas que sentaran las bases para un proceso sostenido de sustitución de importaciones (cuando sucedió, la sustitución estuvo mucho más asociada al “efecto cambiario” y/o a medidas de coyuntura como los controles a las importaciones), sino que incluso se promovió una suerte de “sustitución inversa” en la medida en que se habilitó el ingreso al país de bienes importados que terminaron desplazando a producciones nacionales existentes y, en no pocos casos, con importantes y probados grados de competitividad externa. Este “efecto desplazamiento” de la masa crítica existente en el país fue particularmente intenso en industrias como la de bienes de capital, la automotriz y la electrónica de consumo.

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