Reseña de TIERRA ARRASADA. PETRÓLEO, SOJA, PASTERAS Y MEGAMINERÍA

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De Darío Aranda (Sudamericana, Buenos Aires, 2015).

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GABRIEL BRIZUELA

AZUL PICÓN

Número 20, junio 2015.

 

El periodista de Página/12, Darío Aranda, presenta en este libro de reciente aparición, un crudo panorama de la situación en la que se encuentra la Argentina a partir de la implementación de un modelo económico que organizaciones de pueblos originarios, asambleas ambientales y movimientos campesinos denominan “extractivismo”. El texto se divide en cuatro secciones, cada una de las cuales indaga en las principales actividades productivas que forman parte del modelo referido: “Petróleo”, “Desmonte-Agro”, “Forestales-Pasteras” y “Minería”. Contra la idea de que los llamados “gobiernos posneoliberales” implicaron una reversión de las políticas neoliberales de los ‘90, el autor señala una continuidad entre las políticas del Consenso de Washington y las de los gobiernos “progresistas de izquierda”.

El trabajo se centra en la década kirchnerista, demostrando que el autoproclamado gobierno nacional y popular representa una profundización del menemismo. Las consecuencias del avance de este “modelo” ponen en cuestión el “relato oficial” de enfrentamiento con los buitres, de inclusión social y de respeto a los derechos humanos. Tanto en la continuidad del saqueo de los recursos naturales como el petróleo o los minerales, así como en la concentración terrateniente (expansión de la frontera agroganadera mediante), la contaminación y el daño irreparable a la salud de las poblaciones, la explotación laboral exacerbada, la represión, la criminalización y los asesinatos de activistas y militantes de las organizaciones campesinas, originarias y ambientalistas. Resulta clarificadora la sola enumeración de los datos que se detallan en el libro: “El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones. La minería también fue por más. De 40 proyectos pasó a 600 (creció el 1.500 %)” (pág. 14). Jugosas ganancias para los empresarios del agrobusiness, las multinacionales mineras como la gigante canadiense Barrick Gold y las petroleras imperialistas. Para los pueblos que resisten esta avanzada no hay derechos humanos. Mujeres, hombres y niños reprimidos con balazos de goma en el rostro y gases lacrimógenos se multiplicaron en estos años en Tinogasta, Rawson, Famatina, Malvinas Argentinas, Neuquén y Misiones. El autor cita un informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas que contabiliza 347 integrantes del pueblo mapuche judicializados en Neuquén por defender su territorio. Los asesinatos y muertes dudosas de campesinos e indígenas en Santiago del Estero, Chaco y Formosa, completan el cuadro.

Uno de los casos emblemáticos es el de la entrega del yacimiento petrolero Vaca Muerta a la multinacional Chevron, en la cuenca neuquina. Luego de la “estatización” parcial del 51 % de YPF en abril del 2012, que fue presentada como un acto de “soberanía energética”, el gobierno indemnizó a los concesionarios con 5 mil millones de dólares. El paso siguiente fue la entrega a la petrolera yanqui Chevron, con un largo historial de contaminación en Ecuador, de la formación Vaca Muerta. La petrolera tenía un embargo por más de 12 mil millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas de selva ecuatoriana, que hacía peligrar la inversión en Argentina. Aranda denuncia el lobby del presidente de YPF, Miguel Galuccio, los directivos de la multinacional, el poder judicial, el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, el gobierno nacional y los medios de comunicación como Clarín, La Nación y Perfil, para el levantamiento del embargo ordenado por el “aliado” gobierno de Ecuador. En julio de 2013 se firmó el acuerdo con Chevron, un contrato que nunca se hizo público y mantiene cláusulas secretas, que habilita la perforación de 1.500 pozos en 395 kilómetros cuadrados con la técnica, altamente contaminante, del fracking. Aranda relata pormenorizadamente la sesión de la legislatura neuquina del 28 de agosto de 2013 en la que se trató el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF que, como plantea el autor, implicó “la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta”. Como hace a lo largo de toda la obra, además de mostrar por arriba la alianza patronal-estatal-judicial y mediática para la aplicación de las políticas de entrega, saqueo y contaminación, narra las luchas que, por abajo, libran los sectores populares contra esas políticas y contra la represión con que buscan implementarlas. Ese mismo día organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches realizaron una masiva movilización a las puertas de la legislatura que se encontraba repleta de policías y de patotas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La represión duró más de cinco horas e incluyó gases, palos y balas de goma. Mientras afuera se producían los enfrentamientos, la mayoría del MPN y el Frente para la Victoria (FPV) aprobaron el pacto de la provincia con YPF. Dos días después de la brutal represión el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, se pronunció sobre la movilización: “…un grupo de 150 inadaptados quería hacer un golpe institucional en Neuquén, que no querían que la legislatura funcionara… se juntaron la izquierda y la derecha para atentar contra los intereses del pueblo argentino y amenazar a la Presidenta, que si no llevamos adelante la política que ellos quieren implementar, habrá caos en la Argentina” (pág. 84). Acá nos permitimos criticar un aspecto “olvidado” por Darío Aranda en el relato detallado de los hechos. El diputado del PTS-FIT, de la Cerámica Zanon bajo gestión obrera, Raúl Godoy, denunció no solo el escandaloso acuerdo sino también el ataque por parte de las fuerzas represivas al conjunto de los manifestantes. Su intervención fue continuamente interrumpida por los insultos de los legisladores del MPN y del FPV. Su moción, que fue secundada por legisladores de otros bloques, fue que se levante la sesión a raíz de la represión policial y al no tener, como era de esperarse, un resultado positivo, se retiró con los mismos legisladores para incorporarse a la movilización en la calle. Antes de dejar el recinto hizo una acción que simbolizó claramente la vergonzosa entrega a la multinacional imperialista: desplegó la bandera norteamericana e increpó a los diputados oficialistas a seguir sesionando bajo esa bandera.

Recomendamos la lectura de Tierra Arrasada y lo consideramos un importante aporte para fortalecer la resistencia contra el saqueo, la contaminación y la profundización de la dependencia de nuestro continente a la vorágine imperialista. Queda para una discusión más de fondo la caracterización del conjunto de políticas impulsadas por este gobierno y todos los de la región (“bolivarianos” progresistas y los de derecha neoliberal): ¿“modelo extractivista” o patrón de acumulación capitalista en su fase imperialista? No es solo un problema de semántica sino que tiene implicancias a la hora de proponer una salida de fondo favorable a las mayorías explotadas y oprimidas por el imperialismo. Se requiere de un programa que contemple la expropiación sin pago indemnizatorio de las petroleras privadas y la nacionalización de los hidrocarburos y demás recursos naturales bajo gestión de los trabajadores junto a los pueblos originarios. Esto permitiría la recuperación de la renta que hoy queda en mano de un puñado de grupos nacionales y extranjeros, para ponerla al servicio de un verdadero desarrollo que contemple, en primer lugar, las necesidades de la población, su calidad de vida y el cuidado de la naturaleza.

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