Reseña de LA POLÍTICA SECRETA DE LA ÚLTIMA DICTADURA ARGENTINA (1976-1983)

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DE PAULA CANELO (BS. AS., EDITORIAL EDHASA, 2016).

 

EDUARDO CASTILLA

Número 28, abril 2016.

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El libro[1] de Paula Canelo permite bucear en las múltiples discusiones que recorrieron las cúpulas militares durante el ciclo represivo iniciado en marzo de 1976. Constituye así una contribución más que interesante y, por eso mismo, recomendable.

El trabajo cuenta con fuentes valiosas. Se trata de documentación oculta hasta hace muy poco tiempo[2]. Una parte son documentos que circularon en el interior de la cúpula militar entre 1976 y 1979. Los llamados Planes Políticos de la Dictadura dan cuenta de proyectos –provenientes de diversos sectores de las FF. AA. – que buscaban perpetuar el poder militar. También pueden localizarse aportes de intelectuales civiles estrechamente ligados al régimen[3].

La segunda fuente de la que se nutre el libro son las Actas Secretas de la Dictadura, que dan cuenta del temario de 280 reuniones formales realizadas por la Junta Militar en el gobierno. Su estudio permite otear las principales preocupaciones de los jerarcas del Proceso.

Estas fuentes se completan con entrevistas, documentos públicos y prensa del período, ofreciendo un amplio material para profundizar el tema.

 

Una interpretación desde lo político

Canelo se propondrá lograr “una interpretación política de la dictadura militar” con el fin de “complejizar las interpretaciones predominantes (…) que aquí llamaremos ‘economicistas’, sin necesariamente negarlas”. Dirá que “es imprescindible recuperar como clave interpretativa fundamental la autonomía de la política” (p. 11). La autora señala que:

… la interpretación “economicista” afirma que los objetivos económicos (…) explicarían todos los demás objetivos del régimen militar (…) está estrechamente vinculada con la que enfatiza el estudio de los civiles sobre el de los militares.

Ambas confluyen para proponer el predominio del poder y los intereses socio-económicos de minorías sociales definidas alternativamente como “grupos privilegiados”, “oligarquías”, como monopolios, “grupos económicos”, etc. por sobre los de las Fuerzas Armadas (p. 32).

En el intento de contrarrestar una definición que entiende como mecanicista, la autora enfatizará la autonomía del grupo gobernante y, a partir de allí, analizará en detalle las perspectivas y los límites de los proyectos políticos esbozados por los grupos internos de las FF. AA.

 

Buceando en las internas

El trabajo ilustra las tensiones que recorrieron al poder militar, entre un ala “dura” y un ala “politicista”, mediadas por un centro que era, esencialmente, el que ejercía la conducción del Estado.

El libro muestra la existencia de un consenso global sobre la necesaria transición hacia un régimen más estable, donde las FF. AA. pudieran ocupar un lugar legitimado institucionalmente. Las tensiones emergían a la hora de precisar las formas de esa continuidad y la relación con los partidos políticos[4].

En esa perspectiva Canelo señalará como una debilidad fundamental la ausencia de “síntesis ideológica” en las FF. AA. Esto intentará suplirse por una serie de delicados mecanismos de equilibrio, en pos de garantizar un reparto tripartito del poder, aunque con primacía del Ejército.

Junto al objetivo de perpetuar su protagonismo en el régimen, otro elemento logrará amalgamar a las diferentes alas de las FF. AA.: la necesidad de ser reconocidos como “vencedores” de la llamada “guerra contra la subversión”. Esto, que la autora define como “consenso antisubversivo”, será el pilar sobre el cual exigir no ser juzgados por los crímenes cometidos[5]. Pero la imagen de “fuerzas victoriosas” será barrida por la derrota militar en Malvinas.

 

Fracasos y razones

Como ya señalamos, el trabajo de Canelo planteará la hipótesis de la autonomía de los militares como grupo gobernante en contraposición a lo que llama análisis “economicistas”. Pero en sus conclusiones se verá obligada a señalar que “la última dictadura argentina se planteó objetivos mucho más ambiciosos de los que finalmente logró concretar. Especialmente sus descomunales objetivos políticos iniciales tuvieron una pobre performance” (p. 230).

Para explicar este declive Canelo recurrirá, esencialmente, a las tensiones internas de las FF. AA. y a la imposibilidad del régimen para dar “solución” a la cuestión de los miles de desaparecidos[6]. Pero estos aspectos, si bien correctos, tienden a extrapolarse en el análisis de la autora. Ni la crisis social y económica, ni la creciente resistencia obrera y popular a las consecuencias del plan económico, tienen peso como factores explicativos en el declive del régimen genocida.

Es imposible negar la autonomía de la gozaron los militares como grupo gobernante, que llegaba al punto de que Emilio Massera, integrante de la Junta Militar, criticaba abiertamente las consecuencias sociales del plan económico gubernamental. Sin embargo, visto de conjunto, el Proceso impulsó un genocidio de clase destinado a reorganizar el conjunto de las relaciones sociales en interés del gran capital imperialista y local. La brutalidad de sus métodos estuvo definida por el poder social que debía enfrentar: una clase obrera altamente combativa, que cuestionaba a las direcciones burocráticas peronistas y amenazaba a un gobierno del mismo signo político.

La explicación de Canelo, centrada en los factores de orden político, termina torciendo el fiel de la balanza hacia un análisis relativamente unilateral, donde el carácter de clase del genocidio queda desdibujado.

 

[1] Las referencias a las páginas de esta edición del libro irán entre paréntesis.

[2] Parte de los materiales fue descubierta “en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en 2013, durante la realización de tareas de mantenimiento y limpieza”. Esto evidencia la multiplicidad de archivos sobre el período aún ocultos. A pesar del constante pedido de los organismos de DD. HH., el Estado mantiene en secreto gran parte de esa documentación.

[3] Los casos paradigmáticos son los del “socialista” Américo Ghioldi y el abogado Jaime Perriaux.

[4] Mientras el sector duro se negará a cualquier tipo de diálogo, el ala politicista sostuvo estrechos vínculos con la UCR y varios partidos provinciales.

[5] “Al ejercito vencedor no se lo enjuicia ni se le pide rendición de cuentas luego de la guerra” (p.157), afirmará el general Harguindeguy en 1980, ilustrando la lógica que guiaba a los altos mandos militares.

[6] Crisis que crecerá luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979.

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