¿Qué universidad para qué sociedad?

5
Share Button

 

Gabriel Pyro

Licenciado en Historia, Juventud del PTS.

Número 41, abril-mayo 2018.

Ver pdf

Distintos discursos sobre la universidad se han propuesto incidir sobre lo que consideran una crisis del sistema universitario en Argentina. Sin embargo, es la propia sociedad de clases la que da fisonomía a la universidad, generando una brecha entre estos discursos y la realidad.

¿Es posible criticar los límites de la universidad actual sin al mismo tiempo proponerse superar la sociedad de clases?

 

La crisis de la universidad

Juan Carlos Portantiero describía, en Estudiantes y política en América Latina, uno de los fenómenos determinantes que atraviesan a la universidad de masas desde la segunda mitad del siglo XX:

 

La contradicción de fondo operante en la Universidad latinoamericana, que contribuye a modificar la figura social del estudiante y su comportamiento político potencial, al menos en los países de mayor desarrollo relativo del continente, es la que se deriva de los desajustes entre la creciente masificación de la enseñanza superior (…) y las dificultades que enfrenta el sistema para dar a los estudiantes, una vez egresados, una vía de ascenso social [1].

 

En otras palabras: la universidad de masas se transformó en una institución costosa en términos materiales para el capitalismo, en tanto productora de una enorme cantidad de mano de obra calificada imposible de ser absorbida por el sistema. El crecimiento de los neoreformismos en Europa, apoyados en parte sobre una base electoral de miles de jóvenes universitarios que están sin empleos o tienen trabajos para los cuales están sobrecalificados, da cuenta de esta contradicción. A este problema material se suma una contradicción política: el peso social y cultural que ganó el estudiantado y el mundo universitario a partir de la masificación de las universidades explica que, como mecanismo privilegiado de cooptación y contención de enormes franjas de las clases medias, sea inviable políticamente (sin producir grandes conmociones) volver a un modelo elitista y excluyente como el decimonónico.

Ante esta crisis, y pese a estas contradicciones, la burguesía no se quedó quieta. Desde la avanzada neoliberal que comenzó a fines de los ‘70, sobre todo en Europa, pero también en algunos países de América Latina, se viene planteando una “salida” a esta contradicción, mediante lo que aquí llamaremos el discurso “bancomundialista” [2], por su identificación con los planes esbozados por los organismos de crédito internacional. Aunque emparentado con el elitismo decimonónico, este discurso reconoce la masificación de la universidad en tanto negocio y busca concebirla como un “servicio”, susceptible de ser brindado por quienes lo puedan hacer de forma “competitiva”. Si dicho elitismo buscaba filtrar desde el ingreso la posibilidad de acceso a la universidad para “seleccionar” al personal político servil a la burguesía de aquel entonces, el privatismo actual elitiza mediante una selección social previa, al tiempo que busca direccionar las políticas universitarias hacia un modelo empresarial, mediante recorte de contenidos, evaluaciones cuantitativas y la aplicación de una lógica mercantilista a la enseñanza. El Banco Mundial, como exponente de este discurso, recomienda un avance en la privatización y arancelamientos de las universidades, al tiempo que incita a desfinanciar la oferta pública con el fin de reducir la matrícula y fortalecer al sector privado, supuestamente más “eficiente” ante la deserción y fracaso que priman en el sector público.

En nuestro país, este modelo se referencia con la Ley de Educación Superior (LES) menemista, que ninguno de los gobiernos posteriores han derogado y de hecho han utilizado como marco legal para la flexibilización del sistema universitario y científico.

Sin embargo, es necesario plantear que la LES, pese a avanzar en significativas reformas reaccionarias, vaciando de presupuesto la universidad y moldeando las carreras de grado y posgrado en función de los intereses empresariales, no logró instalar un modelo privatista al nivel de otros países latinoamericanos como Chile o Brasil, debido a las múltiples luchas que se opusieron a su aplicación.

Si bien al gobierno de Macri, cuyos miembros son CEO formados en su mayoría en universidades privadas, le gustaría avanzar en un modelo como el que proponen los informes del Banco Mundial para América Latina [3], ante la imposibilidad de desarrollar un ataque de conjunto a la educación superior, ha optado hasta el momento por sostener lo que llamaremos el “modelo LES” (contemplando tantos los aspectos sobre los que avanzó la ley, como sobre los que no pudo), es decir, una universidad cogobernada por un régimen de alternancia entre peronistas y radicales (concentrados desde la LES en el Consejo Interuniversitario Nacional), que si bien no avanzó significativamente en la privatización, se basa en el sostenimiento de una universidad masiva pero ahogada presupuestariamente y, por ende, reproductora de una creciente precarización.

 

El modelo LES y el discurso kirchnerista

 

Tras la crisis del 2001 y el comienzo de la década kirchnerista se han ensayado en nuestro país diversos discursos de oposición al modelo privatista neoliberal, que algunos creyeron ver realizados durante el menemismo. Eduardo Diaz de Guijarro sintetiza la idea central de estos planteos, que en relación al discurso bancomundialista argumentan que

 

(…) La oposición a este modelo comienza por rescatar la responsabilidad indelegable del Estado sobre la educación, pues las instituciones privadas no deberían tener derecho a otorgar títulos habilitantes y a incidir sobre las políticas educativas nacionales.

 

En esta línea encontramos también a Eduardo Rinesi, quien afirma que la multiplicación de las universidades públicas es la clave para superar el modelo privatista. Todos los promotores de este discurso, identificados en nuestro país con el gobierno kirchnerista, argumentan que basta con “más universidades”, “más cerca”, y que sean “un derecho” garantizado por el Estado, para que haya “igualdad de oportunidades”, y el único obstáculo sea las “ganas de ir a la universidad”. Pero, ¿es realmente así?

Más bien lo que vemos en los años kirchneristas es que, pese a la ampliación en el ingreso a la universidad producto de la creación de nuevas unidades educativas (incorporando en los casos de las universidades del conurbano a nuevas generaciones de universitarios), existe una fuerte continuidad en la política hacia la educación superior respecto de los gobiernos precedentes, el menemismo y la Alianza. Tanto desde el punto de vista del régimen universitario, como en lo que respecta a la política universitaria (sostenimiento de la LES), la universidad Argentina actual es reflejo de décadas de deterioro y de avance de la mercantilización en donde, más allá del discurso, los problemas estructurales se profundizan. Analizaremos a continuación estos elementos de continuidad que presentan una radiografía del “modelo LES” que se sostuvo durante estos años [4].

Veamos en primer lugar qué sucede con el incremento de instituciones educativas. En la actualidad existen 132 instituciones universitarias en Argentina, de las cuales 62 corresponden al sector público nacional, 6 al público provincial y 62 al sector privado. En el sector público existió un continuum entre el periodo menemista (creación de 10 universidades nacionales públicas) y el periodo 2003-2013 (creación de 13 universidades públicas), en ambos casos concentradas en el conurbano bonaerense. Por su parte el sector privado creció un 47% en la última década. Sin embargo, el principal dato que surge de este crecimiento exponencial de la oferta universitaria en los últimos años es que el presupuesto destinado del PBI a la educación superior tuvo un incremento en el periodo 2003-2015 (del 0,96 al 1,32% del PBI) menor aún que en el periodo 1983-2001 (en donde pasó de un 0,36 a un 0,92%). Es decir, el crecimiento de universidades significó al mismo tiempo el aumento de la precariedad en los recursos y en el presupuesto dedicado a cada estudiante: si para 2016 la Universidad Nacional de México, que cuenta con 346.720 estudiantes, dispuso de un presupuesto de 2.300 millones de dólares, es decir 6.633 dólares por estudiante, y la Universidad de San Pablo, con 58.204 estudiantes, de 1.400 millones de dólares, lo que equivale a 24.250 dólares por estudiantes, la UBA, con 328.361 estudiantes, solo se sostiene con 590 millones de dólares, es decir, menos de 1.800 dólares por estudiante, siendo uno de los presupuestos más bajos en América Latina. Esto explica que los llamados “recursos propios”, uno de los mecanismos de financiamiento que fomentó la LES y que implica celebrar acuerdos con empresas, se haya vuelto el “predilecto” de las universidades públicas entre 2006 y 2011, creciendo un 417% y representando el 11% del crédito total a las universidades. También explica que las principales inversiones en infraestructura y equipamientos se concentren en el sector privado: del total del presupuesto a las instituciones públicas, un 75% está destinado a salarios docentes, donde en 2017 los ayudantes de primera con dedicación simple (por no hablar de las decenas de miles de docentes ad honorem), cobran un sueldo bruto de 6.500 pesos, cuando el salario mínimo está fijado en 9.500 pesos.

Entonces, ¿quiénes acceden a estas universidades desfinanciadas? Tomemos estadísticas de la UBA. Si en 1992 el 54% de los ingresan tes eran de colegios públicos, en la actualidad solo el 39% lo son. En 2014, tomando las estadísticas de la CABA, por cada 100 nuevos alumnos que se inscriben en las universidades públicas, solo 27 egresan. En las privadas, los egresados suman 33 por cada 100 nuevos inscriptos. ¿La creación de universidades en el conurbano explica esta baja tasa de graduación durante el periodo? No, ya que tomando solo el área bonaerense el número de graduados es similar: cada 46 mil nuevos inscriptos solo se gradúan 13 mil, que se explica en gran parte por el abandono, que según el censo de 2010, llegaba a un 30% de la población universitaria entre 25 y 39 años. ¿Es la creación de más universidades en el interior del país una solución al abandono? Más bien lo que observamos es que nacionalmente las universidades ex presan las desigualdades socioeconómicas dadas de antemano entre las provincias: mientras en Jujuy la tasa de abandono llega al 43 y en Buenos Aires redondea el 37%, en la Capital Federal se reduce drásticamente al 24%. Esta tendencia, sumada a la falta de un sistema de becas integrales que contemple las necesidades que tiene un estudiante para permanecer en la universidad (lo cual ningún gobierno ha revertido en las últimas décadas), explican los niveles de abandono que estamos graficando. Y más que de abandono, deberíamos hablar de un filtro: la mayoría de los casos se dan en los primeros años. En la UBA, el 40% de los inscriptos deserta en el Ciclo Básico Común, sin siquiera ingresar a sus carreras.

¿Y cómo entender el abandono si no es señalando que incluso en las universidades de mayor composición de “clase media”, como la UBA, el 60% de los estudiantes trabajan? Y que en la juventud el 60% de esos trabajos son en “negro”, cobrando salarios en promedio 10% más bajos que la media, por no hablar de que el incremento de las universidades en la provincia de Buenos Aires, fue totalmente desproporcional al incremento en la Probabilidad de Acceso a la Universidad (PAU) [5], creciendo en la PBA solo 6 puntos porcentuales entre 2001 y 2010.

Desde el punto de vista del conocimiento, el desfinanciamiento, la baja tasa de graduación y los límites en el acceso a becas de investigación, provocan que en las universidades públicas avancen las mismas tendencias que en la universidad privatista: la fragmentación del conocimiento, la híperespecialización creciente de las disciplinas (producto principalmente de las exigencias específicas del mercado) y la “feudalización” del saber, en tanto se generan lazos de dependencia entre titulares, graduados y estudiantes avanzados para poder acceder a una carrera académica o insertarse en los espacios de investigación del sector público.

Finalmente, podríamos decir que si algo “cambió” significativamente, fue que se profundizó una de las tendencias inherentes al “modelo LES”, hacia una nueva estratificación dentro del propio estudiantado, entre aquellos que pueden acceder a posgrados –en su mayoría arancelados– y los que concluyen su carrera académica en el grado, siendo los primeros solo el 7% del total de estudiantes universitarios. El sistema de educación superior argentino ha tenido, en promedio, un aumento anual de 9,8% en la oferta del número de posgrados entre 1994 y 2007 [6]. No es casual que en este nivel educativo sea donde ha avanzado con más fuerza la privatización y arancelamiento de las universidades públicas, reguladas por la ya nombrada LES y su organismo encargado de acreditar los posgrados, la CONEAU. Esta tendencia global se refleja en que las carreras de grado progresivamente van generando una mayor cantidad de egresados sin empleo [7]. Este crecimiento de los posgrados, además de un avance de la mercantilización, supone la progresiva subvaloración del grado universitario, a costa de su calidad.

El egresado universitario de grado tiene ventajas con respecto a la clase trabajadora no calificada (lo cual, como hemos dicho, es esencial para sostener a la universidad como un mecanismo de cooptación de las clases medias por parte de la burguesía, que el kirchnerismo supo interpretar como condición de gobernabilidad post 2001), pero no escapa a la relación salarial, como oposición al ideario de profesional/autónomo, solo realizable para egresados de posgrado. Esta asalarización de los profesionales egresados, que en Argentina hacia comienzos de siglo llegaba al 78%, se combina con la imposibilidad del capitalismo de absorber una enorme cantidad de mano de obra calificada, destinándola a empleos precarios o mal remunerados y a la imposibilidad de sostener un sistema científico nacional sustentable, en el marco de una economía dependiente, donde por múltiples vías el imperialismo obtura ese desarrollo, en tanto lo ve como una potencial amenaza a sus intereses (el de los exportadores de capitales de gran valor agregado en desarrollo científico y tecnológico). Esta tendencia implica que la gran mayoría de los egresados de las universidades, deben o aspirar a la reducida vía de la oferta científica estatal [8] o a insertarse inmediatamente en el mercado laboral, y por ende sufrir la “selección del mercado”.

 

Ninguna isla es una isla

El historiador italiano Carlo Ginzburg utilizó esta frase para referirse a Utopía, la famosa isla de Tomás Moro, y argumentar que la fantasía creada por el escritor inglés no escapaba a las influencias grecoromanas e itálicas que habían llegado a él por diversas vías. De la misma manera podemos afirmar que la pretensión de trasformar a la universidad mediante “modelos” que la hagan “inclusiva”, “democrática”, “nacional y popular”, en los marcos de un sistema segregador, administrado por una democracia para ricos, en una economía dependiente del imperialismo y atado a las leyes del mercado, es suponer que la universidad puede superar su crisis y las contradicciones sociales que la atraviesan “en una sola institución”.

Sin desestimar de las peleas por mejoras en la universidad existente pero sin desconocer su sentido de clase, aquí proponemos entenderla como un campo de disputa en el terreno político-ideológico. Contra las visiones althusserianas que reducen las instituciones educativas a meros aparatos ideológicos del Estado, en tanto reproductores de la ideología dominante, la experiencia de los nueve siglos que tiene la universidad como institución (y en el siglo XX de forma acelerada), demuestran que las trasformaciones sociales son el verdadero motor de los conflictos y cambios en ésta.

La propia reforma universitaria de 1918 es una expresión de esto: incompresible sin considerar los aires trasformadores de la Revolución rusa, su legado estuvo sujeto durante el siglo XX a permanentes contrarreformas (empezando por la que estableció el golpe militar de 1930), demostrando que ningún triunfo parcial es permanente en este sentido.

Es decir, plantearse trasformar la universidad hoy, es indisoluble de proponerse expresar en el plano político e ideológico, dentro de la universidad, las tendencias existentes en la sociedad para superar al sistema capitalista y viceversa: fortalecer desde la universidad, en ese “campo de disputa” político e ideológico, aquellas tendencias a ligarse a la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud que se propongan superar el orden de cosas existente. En otras palabras, pasar de la crítica de la universidad de clase a la crítica de la sociedad de clases.

 

Una segunda Reforma Universitaria

Transformar la universidad actual implica establecer una crítica y un plan de acción contra la sociedad de clases que sostiene los aspectos más reaccionarios de la institución universitaria, como vía para pensar una producción de conocimiento liberada de las trabas que impone el capitalismo para su verdadero desarrollo. Es decir, conlleva pelear por una universidad al servicio de los trabajadores, en donde ser estudiante universitario no sea un privilegio ni una vía para la diferenciación social.

Esto supone, en primer lugar, luchar contra todas las trabas feudalizantes que hoy tiene la universidad y que garantizan la subordinación de la misma a los intereses de los capitalistas (y en nuestro país al imperialismo en particular) y las multinacionales, como lo es que la universidad esté en manos de un 2 de los profesores que conforman una casta estamental, sostenida por múltiples privilegios materiales. La lucha por democratizar los órganos de cogobierno con mayoría estudiantil, claustro único docente y participación no docente, estableciendo el voto directo (una persona, un voto), como mecanismo de elección de autoridades y revocabilidad de los cargos, no es una demanda desligada de que esas nuevas mayorías expresen el avance de un programa transformador, ligado al movimiento obrero y a sus luchas. Dar esta pelea por una mayor democratización lleva a cuestionar las trabas materiales estructurales que hoy imposibilitan el acceso y permanencia en las universidades: sin becas integrales para poder estudiar, financiadas por impuestos progresivos a las grandes fortunas para que nadie abandone la universidad, sin una reducción de la jornada de trabajo para poder trabajar y estudiar, sin salarios iguales a la canasta familiar para docentes y no docentes, con docentes –mal llamados– ad honorem, con una carrera docente que garantice la estabilidad laboral, no es posible siquiera pensar en el avance de un programa trasformador de la universidad.

Lo dicho supone, contra todas las políticas de precarización que han mantenido tanto los gobiernos kirchneristas como el macrismo, exigir la triplicación del presupuesto destinado a la educación, a costa de dejar de pagar la ilegitima y fraudulenta deuda externa y de cortar los subsidios a la educación privada. Al mismo tiempo, derogar todas las leyes antieducativas como LES y los vetustos estatutos universitarios.

En segundo lugar implica cuestionar el sentido social del conocimiento salido de la universidad. Contra la mercantilización del conocimiento, algunos discursos sobre educación ligados a los gobiernos posneoliberales en Latinoamérica [9], han propuesto reforzar el concepto de “extensión universitaria” para referirse a las iniciativas que vinculan a la universidad con el “afuera”. La realidad es que actualmente la principal forma de vinculación existente, y la que ha predominado durante todo el “modelo LES”, es la que propone el propio mercado: pasantías, asesoramiento legal y técnico, investigaciones científicas al servicio de las empresas o de justificar el orden social. Además las “innovaciones” a este vínculo que ha ofrecido el kirchnerismo en nuestro país, estuvieron lejos del ideario de “extensión universitaria”, como hubiese sido por ejemplo la implementación de un plan de viviendas de calidad elaborado por la universidad pública o la producción de medicamentos ligada a los hospitales públicos como contraposición al mercado farmacéutico dominado por empresas bioquímicas multinacionales. Más bien lo que observamos fue por un lado un “vínculo” con el afuera mediante el clientelismo político que acompañó la instalación de universidades en el conurbano (que en muchos casos sirvió como “caja chica” de negociados locales para los intendentes [10]) y, por otro, planes de alfabetización o trabajo barrial que convivieron perfectamente con el deterioro de la educación primaria y secundaria.

Si de lo que se trata es de cuestionar los límites que impone la lógica capitalista para producir conocimiento –expresado en algunos casos por la vía directa de producción para la ganancia empresaria, pero en otros casos como en las facultades humanísticas, mediante la reproducción de la ideología dominante y la obturación de un pensamiento crítico [11]–, la crítica debe partir de su relación con la clase que puede llevar adelante una trasformación social. Arquitectos que pongan su conocimiento al servicio de las luchas en las barriadas populares por verdaderos planes de urbanización y no los que sirvan a los negocios inmobiliarios; médicos al servicio de denunciar las condiciones laborales insalubres a las que somete el capitalismo; agrónomos que se propongan terminar con el monocultivo sojero; ingenieros químicos que generen tecnologías para producir sin contaminar; o abogados que estén al servicio de enfrentar las trampas legales de la burguesía y las patronales: son todas orientaciones despreciadas por la universidad burguesa, pero profundamente necesarias para una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.

Es exponencial el campo de conocimientos que se abriría por el solo hecho de empezar a producir conocimientos hoy “innecesarios” desde la lógica capitalista, pero insustituibles para el desarrollo humano. Por eso, la lucha por una universidad de los trabajadores está íntimamente ligada a la lucha contra la clase capitalista que obtura este desarrollo en función de sus ganancias. La movilización conjunta de docentes, no docentes y estudiantes, con herramientas políticas como centros de estudiantes y sindicatos que se propongan ligarse al resto de las luchas del movimiento obrero y la juventud en una perspectiva anticapitalista, es la condición indispensable para pensar en una segunda Reforma Universitaria que cuestione hasta el final de la sociedad de clases que dominó la universidad hasta ahora.

 

 

  1. Portantiero, J.C., Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la reforma universitaria (1918-1938), Buenos Aires, Siglo XXI, 1978.
  2. Este modelo tuvo su cristalización cuando la Organización Mundial del Comercio incluyó, en el Acuerdo General sobre Comercialización de Servicios, a la educación superior como un bien transable.
  3. Ver: María Marta Ferreyra, Ciro Avitabile, Javier Botero Álvarez, y otros: “Momento decisivo. La educación superior en América Latina y el Caribe”, Grupo Banco Mundial, Washington DC, 2017.
  4. Los datos expuestos en la siguiente sección fueron extraídos de la base de datos estadísticos compilada por la Secretaria de Politicas Universitarias de la Nacion (SPU) provenientes de todas las universidades del país. Para la Capital Federal nos basamos en el Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires.
  5. Este índice construido por Sandra Fachelli y Pedro López Roldán en Análisis del sistema universitario argentino. Una propuesta inicial de indicadores, combina las características socioeconómicas de la población universitaria argentina (ingresos familiares, niveles de educación, edad, sexo, etc.) con las estadísticas censales para establecer una estadística de probabilidad de acceso a la universidad.
  6. Barsky, Osvaldo y Davila, Mabel, “El sistema de posgrados en la Argentina: tendencias y problemas actuales”, RAES, Nº 5, octubre de 2012.
  7. Uno de los países donde se ve esta tendencia proyectada es España, donde desempleo juvenil es de los más altos: si se la compara con la tasa de desempleo de los trabajadores que solo tienen formación superior (13,7%), la empleabilidad de los profesionales con estudios de posgrado es un 55% mayor que la de aquellos que únicamente tienen estudios universitarios, y un 201% mayor que la del total de población activa.
  8. Nogueira, M. L., “Ciencia nacional o avanzada neoliberal”, IdZ 36, marzo 2017.
  9. Condensados centralmente en la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe, Conferencia Regional de Educación Superior 2008.
  10. Ramirez, G. y Valdez, V., “Privatismo nacional y popular”, IdZ 15, noviembre 2014.
  11. El caso de la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA puede ser un buen ejemplo: en todo su plan de estudios está prácticamente censurada cualquier crítica marxista a la economía clásica y neoclásica que predominan en la facultad.

5 comments

Post a new comment

Te puede interesar

Reseña REPRESENTAR EL CAPITAL

de Fredric Jameson ESTEBAN MERCATANTE   N.3, septiembre  2013 VER PDF No debemos engañarnos por la extensión del reciente libro de Fredric Jameson sobre el ...