Privatismo “nacional y popular”

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La Universidad que deja el kirchnerismo

GASTÓN RAMÍREZ Y VERÓNICA VALDÉZ

 

Según una investigación reciente del Centro de Estudios de Educación Argentina, a cargo del ex director del Banco Mundial, Alieto Guadagni, uno de los problemas centrales de las universidades nacionales es el bajo rendimiento académico de los estudiantes y el alto costo de los graduados. El 44 % de los estudiantes no aprueba más de una materia por año. Y el 29,6 % no aprueba ninguna. Sin dudas, el enfoque del CEA reduce la crisis del sistema educativo a una cuestión de insumo (presupuesto)-producto (graduados), reproduciendo un ya conocido enfoque de las usinas liberales para las cuales la educación pública es un costo y la mejora en la calidad educativa viene de la mano de medidas de mercado que introduzcan criterios de “eficiencia”, algo similar a la “racionalización” capitalista en las empresas.

 

Sin embargo, más allá del interés privatista, expone una dura realidad. El bajo rendimiento académico de los estudiantes y las fuertes desigualdades entre las Universidades nacionales, se inscriben en un sistema educativo que ya no puede ocultar su crisis, pese a los esfuerzos de los funcionarios que profesan un “optimismo educativo”. Los liberales como Guadagni ponen el acento en la “baja productividad” de la educación superior a través de un análisis que omite deliberadamente, entre otros aspectos, la realidad de una juventud para la cual se hace cada vez más difícil estudiar. Tomando como referencia el último censo de la UBA1, ya que no hay datos nacionales, vemos que el 57,4 % de los estudiantes cursó la enseñanza media en colegios privados, es decir, hay una población mayoritariamente de clase media y con buen nivel educativo. Sin embargo, el 62,7 % de los estudiantes trabaja, el 56,9 % vive de su renta personal y el 42 % trabaja entre 7 y 9 horas diarias. El mismo censo revela que el 70 % de los estudiantes que trabajan jornada completa declara tener inconvenientes para cursar por la falta de oferta horaria acorde a sus posibilidades.

Si a esto agregamos las desigualdades regionales, y que en general la juventud accede a trabajos precarios, o directamente en negro, sin licencias, con salarios que no alcanzan para cubrir los gastos de libros, fotocopias y viáticos, combinados con los mecanismos restrictivos para el ingreso y permanencia, tenemos una realidad un poco más compleja.

 

Una década acreditada

En esta década, lejos se estuvo de iniciar una contramarcha respecto de las políticas educativas inspiradas en el Consenso de Washington. Peor aún, la política educativa por un lado garantizó la continuidad de la herencia neoliberal instituida por la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, combinado con el incremento de la oferta en educación superior vía la apertura de 12 nuevas Universidades, que responde a una política específica de los gobiernos kirchneristas. Por un lado, estas casas de estudio, creadas en tiempo récord y de dudosa calidad académica, le dan soporte al demagógico discurso de “inclusión” cubriendo la demanda de los hijos de trabajadores y sectores populares, y por otro sirven como mecanismo de inserción proto-territorial del kirchnerismo, como veremos en este artículo. Y es en este marco donde se deben buscar las raíces de los problemas de la educación que vuelven a salir a la luz, cuestión que analizamos en el dossier de IdZ 10, “La mala educación”. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fue el organismo creado en los ‘90 para implementar las reformas educativas dictadas por el neoliberalismo.

Las Universidades, sus facultades, carreras y hasta profesores se ven sujetos al control de este organismo externo que aplicando “estándares de calidad”2 se propuso moldear la educación superior según los criterios de eficiencia de mercado. A cambio, las autoridades que lograran acreditar sus Universidades mejoraban sus chances de recibir fondos de los programas implementados para las “mejoras” educativas. Según datos de la propia Comisión3, desde 1998 hasta el 2011 su actividad no ha dejado de crecer llegando a acreditar a 80 instituciones estatales y privadas, y en relación a los trámites de acreditación de los posgrados acreditó el 64 % entre 1997 y 2011. Y fue por más, ampliando sus funciones. Por si con la CONEAU no alcanzaba, se habilitó a que ella misma sea quien apruebe la solicitud de entidades privadas encargadas de impartir acreditaciones.

Hasta ahora fueron aprobadas dos entidades. Llegados hasta acá, podemos afirmar que el avance de esta comisión ha sido triunfal. Y para ello, fue necesario aceitar los mecanismos de cooptación de una casta profesoral mediante el juego de la zanahoria de los proyectos o, técnicamente hablando, los recursos adicionales. Si bien nunca tuvieron un peso significativo en relación al presupuesto –casi un 4 % en 2011–, estos recursos provenientes de programas como el Fonid, Programa de Incentivo a Docentes e Investigadores, Promei, etc., han sido decisivos para ganar la voluntad de una casta de profesores y autoridades que abrieron de par en par las puertas de la Universidad a la CONEAU. Muchos de ellos, opositores en los ‘90, se transformaron en sus mejores defensores, ahora bajo un discurso de “inclusión social”.

 

Más plata y más negocios, para una universidad mercado “friendly”

La Ley de Financiamiento Educativo fue la estrella de las más variopintas leyes destinadas a la educación de los últimos años, entre ellas la Ley Nacional de Educación, la Ley de Garantía del Salario Docente, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral, etc. En sus orígenes se proyectó elevar el presupuesto educativo de todos los niveles (inicial, primario, secundario y superior) al 6 % del PBI en 2010 siguiendo las indicaciones de los países centrales. El presupuesto universitario pasó del 0,61 al 0,92 % del PBI entre 2006 y 2011. Por último, los llamados “recursos propios”, uno de los mecanismos de financiamiento favoritos de los funcionarios obtenidos gracias a que están habilitados a celebrar acuerdos con empresas, entre 2006 y 2011, crecieron un 417 % y representan el 11 % del crédito total a las Universidades. Una clase magistral de “innovación creativa” y negociados dentro de la Universidad pública.

 

La inclusión de los barones

Como parte del relato de “inclusión”, el sistema de becas fue uno de los pilares del kirchnerismo. Respecto a las becas, un estudio de la CONADUH muestra que entre 2012 y 2013 hubo una reducción del 47 % de las becas para estudiantes de escasos recursos y del 55 % para los estudiantes de carreras prioritarias, y el crecimiento de becas de incentivo docente en realidad no ha sido significativo (considerando que se abrieron nuevas Universidades); sumado a que la mayor parte del presupuesto se destina a salarios, el resultado es un ajuste en las partidas destinadas a la denominada “inclusión”. Otro de los pilares es la ampliación de las Universidades del conurbano. A las 5 creadas durante el menemismo, en los últimos años se sumaron al menos 6 nuevas Universidades4 con el objetivo de llegar a estudiantes de bajo recursos y jóvenes trabajadores con carreras cortas y de salida laboral rápida. La Universidad de Avellaneda (UNAV) por ejemplo, firmó un acuerdo con el zar de los servicios fúnebres, Ricardo Péndulo, habilitando la carrera de “Gestión de Empresas Fúnebres”5, y el año pasado suscribió un acuerdo con el SMATA por la cual crean la “Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene Industrial”, la cual se cursa en la sede del propio SMATA. Puede uno imaginarse cómo en este lugar, donde fueron llevados bajo secuestro los trabajadores de LEAR a una asamblea que el propio Ministerio de Trabajo consideró ilegal, se pueda desarrollar un “clima áulico y académico”. La Universidad Provincial de Ezeiza es una especie de oficina de capacitación del futuro personal de las Aerolíneas, solo hace falta ingresar a su portal para verificarlo. La Universidad del Oeste la dirige el hijo del intendente de Merlo y la de Moreno la dirige un ex empleado de la intendencia. El rector de José C. Paz es un ex concejal de San Martín y el de Avellaneda un ex funcionario de la comuna. El funcionamiento de unidades básicas, recubiertas de academia, tiene su paga. Del total de Universidades del conurbano, excepto

La Matanza, el resto tienen un presupuesto por alumno superior a la UBA –la Universidad con mayor cantidad de estudiantes–; y en algunos casos superan a Córdoba y La Plata que le siguen en número de estudiantes. En el caso de la UNAV o Moreno, superan en seis veces y media y tres veces y media a la UBA respectivamente.

 

¿Mejoraron los salarios docentes?

Hay quienes destacan que si algo cambió en la Universidad fueron los salarios docentes. En la actualidad el 75 % del presupuesto se destina a cubrir los salarios de un total de 185.503 docentes y 47.688 trabajadores administrativos, ordenanzas, etc., los denominados “no docentes”.

El anuario del Ministerio da cuenta de un incremento del salario nominal bruto del 812 % en el caso de los docentes titulares (dedicación exclusiva y antigüedad máxima) hasta un aumento del 967 % en los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semiexclusiva y una antigüedad promedio durante el período de diciembre de 2001 a setiembre de 2012.

Dentro de la compleja estratificación laboral docente, la mejora salarial, si bien tuvo un mayor impacto en los cargos de JTP o en los Ayudantes de Primera, no cambió la desigualdad entre estos últimos y los titulares con dedicaciones exclusivas, que se mantuvo en valores muy elevados. Un docente titular con dedicación exclusiva percibe un salario neto de $16.472,22, casi tres veces y media más de lo que percibe un auxiliar de primera con dedicación semiexclusiva (cargo testigo) con 10 años de antigüedad.

La desigualdad se profundiza dado que el 57,3 % de los docentes tienen una dedicación simple y de ellos, el 32,4 % son Ayudantes de Primera que apenas alcanzan en agosto de 2014 un salario neto de $2.422,39 con una antigüedad de 10 años. O sea, que la mayoría de los docentes universitarios están por debajo del salario mínimo vital y móvil recientemente fijado en $4.700 para enero de 2015. Ni hablar si lo comparamos con los $8.870 que cuesta la Canasta Básica Total (medida de la línea de pobreza) según el cálculo de la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que en el resto de la estructura laboral argentina, en la Universidad también encontramos trabajadores pobres y aun miles que directamente no perciben remuneración alguna, como los ad honorem, que en el caso de la UBA llegan a 11.000. Sobre estos últimos, el kirchnerismo tuvo la política de invisibilizarlos; para ello dejó correr los preceptos de la CONEAU y habilitó el sistema de las adscripciones como requisito de ingreso a la docencia de los alumnos que no reciben paga alguna por sus servicios  prestados. La existencia de trabajo no pago juega a la baja del salario de los que sí llegan a cobrarlo6.

 

Fuerte alza de la titulación rentable

Ante la fuerte oposición social a un arancelamiento y privatización de la Universidad pública durante la década del ‘90, una de las grandes conquistas de la LES fue la promoción de los estudios posgrados pagos, como las especializaciones, maestrías o doctorados. Una medida que a costa de quitarle contenidos y valor a la formación de grado, habilitó un gran negocio que rápidamente se desvirtuó generando un montón de posgrados de dudosa calidad, tal como reconocen Osvaldo Barsky y Mabel Dávila7. Desde ese momento hasta la actualidad, los posgrados pagos no pararon de crecer. Entre 2001 y 2009 se crearon casi el doble de posgrados que entre 1998 y el 2000, según el MECyT. En 2014 solo los posgrados acreditados por la CONEAU alcanzan a 2.468 carreras.

De esta manera se habilita una especie de “llave de mandala” hacia nuevas oportunidades de negocios educativos. Recordemos que para ser docente en un posgrado hay que acceder previamente a un título de posgrado, y los salarios en los mismos superan ampliamente a los magros ingresos que se perciben en el grado; se alimenta así la carrera por el “credencialismo”, una búsqueda frenética por aprobar nuevas titulaciones de posgrados como vía para sumar puntos que mejoren la carrera académica.

Por otra parte, si consideramos que el 75 % del total de los estudiantes de posgrados cursan en Universidades estatales, a lo que por supuesto solo acceden los que pueden pagar, el hecho de que se dicten en las Universidades públicas muestra cómo las mismas, financiadas con el presupuesto público, generan una especie de subsidio indirecto para la generación de “recursos propios”, un verdadero negocio para la Universidad. Este logro de la LES lo festejan liberales y kirchneristas por igual.

 

Nuevos ricos

Si algo no cambió fueron los privilegios de las 3.291 “autoridades superiores” de las Universidades nacionales de todo el país, uno de los pilares fundamentales para que la Universidad moldeada por la LES pudiera afianzarse durante la última década. Nos referimos a los rectores, decanos, secretarios de universidades, etc., un grupo que equivale a poco menos del 2 % del total de los trabajadores docentes y no docentes. Este pequeño sector es el que más se ha visto beneficiado por las políticas universitarias, transformándose en una especie de nuevos ricos por medio de la educación. Partiendo de que el 60 % de las autoridades tienen una dedicación exclusiva, o sea, son los que más ganan, vemos que perciben salarios de privilegio.

Según datos extraoficiales, porque no publican sus ingresos en las estadísticas del Ministerio de Educación, en 2013 el actual rector de la UBA, Alberto Barbieri (ex Decano de la Fac. de Cs. Económicas) percibía un ingreso mensual neto de $ 76.004; en el caso del Secretario de Asuntos Académicos, percibía $ 54.043 mensuales. Y son ellos, junto a los profesores concursados –que dentro del claustro docente son los únicos con derecho a voto en el gobierno universitario–, una minoría que decide el rumbo de la Universidad por encima de la inmensa mayoría de estudiantes, los profesores no concursados y los no docentes. La democratización en la elección de las autoridades mediante el sufragio universal con voto directo de cada miembro de la comunidad educativa, “una persona, un voto” es una demanda pendiente, como también lo es que las autoridades ganen igual que un docente, tal como plantea el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, en relación a los funcionarios nacionales. Estas medidas pueden abrir el camino a un proceso más profundo de democratización que permita conquistar la mayoría estudiantil en los órganos de gobierno, un paso fundamental para acceder al control de los recursos y comenzar a desandar todo el camino privatista iniciado desde la LES hasta nuestros días.

 

Conclusiones

Durante el kirchnerismo, la Universidad no resolvió sus problemas estructurales, sino que los pospuso e incluso profundizó la estratificación que es la esencia de las políticas neoliberales: degradando los contenidos del grado cuya gratuidad mantiene el acceso masivo (aunque una minoría logra el egreso), en beneficio de los posgrados pagos a los que solo puede acceder una minoría. Lejos del discurso de “igualdad de oportunidades”, esta política ha redundado en una Universidad cada vez más elitizada para la investigación y la producción de conocimientos. Al 2011 existían 48 universidades y 7 institutos universitarios estatales, 46 universidades y 11 institutos privados, 1.808.415 estudiantes inscriptos de los cuales el 80 % asiste al ámbito estatal y con un crecimiento promedio anual del 2,5 % de nuevos inscriptos.

Este “gigante con cabeza” exige un cambio de fondo. Un movimiento histórico que encarne el espíritu de la reforma de 1918 en una alianza entre estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores, puede ser la llave que abra el camino de la crítica de la universidad de clase, hacia la crítica de la sociedad de clases.

 

VER PDF

 

1. Censo de Estudiantes 2011, UBA. Disponible en www.uba.ar.

2. Néstor Pan et. al., La CONEAU y el sistema universitario argentino: memoria de 1996-2011, Bs. As., CONEAU, 2012.

3. Laura Romero (comp.), Posgrados acreditados de la República Argentina. Edición 2014, Bs. As., CONEAU, 2014.

4. En el Gran Buenos Aires, entre 1989 y 1995 se crearon cinco universidades nacionales: las de La Matanza (UNLaM), Lanús (UNLa), General Sarmiento (UNGS), San Martín (UNSaM) y Tres de Febrero (UNTreF). Bajo el kirchnerismo se inauguraron Oeste (UNO), Avellaneda (UNdAv), Moreno (UNM), Arturo Jauretche (UNAJ, radicada en Florencio Varela) y José C. Paz (UNPAZ) y la más nueva Ezeiza (UPE). Memen las creó para ganar poder en el conurbano y dentro de la universidad, dado que el Consejo Interuniversitario Nacional estaba dominado por rectores de la UCR. Los Kirchner en su disputa con los viejos barones del conurbano utilizaron las nuevas Universidades para ganar sus propios espacios de poder.

5. “Summa cum laude: las nuevas universidades del conurbano crecen con lógica adaptada”, Informe Digital Metropolitano, Fundación Metropolitana, mayo de 2013.

6. Si calculamos la baja del salario, la masa salarial correspondiente a todos ellos sería de 1.170,92 pesos por los 21.292 docentes.

7. Osvaldo Barsky y Mabel Dávila, “El sistema de posgrados en la Argentina: tendencias y problemas actuales”, Revista Argentina de Educación Superior 5, octubre de 2012.

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