Pocos derechos, muchas fronteras

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Trabajadores inmigrantes en Argentina

AZUL PICÓN Y MANUEL AJUACHO

Número 6, diciembre 2013.

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Las políticas de Estado hacia la inmigración se orientan según las necesidades de la acumulación capitalista. Hoy existe una importante brecha entre los discursos y ciertas iniciativas democratizadoras de parte de los gobiernos, y las condiciones de precariedad en la vida de los inmigrantes.

Inmigrantes, peregrinos de las fronteras del país hermano, expulsados, ilusionados con bien-vivir. Buscando trabajo digno, comienza la explotación. Grandes mansiones que no van a habitar jamás, son construidas por albañiles inmigrantes que viven en las villas miserias. Mujeres cosmetólogas de pisos y paredes limpiamos esos paraísos ajenos. En las vidrieras vestidos costosos que no podremos comprar, cosidos por las mágicas manos de textiles inmigrantes… Más mi espíritu rejuvenece cada vez que salimos a luchar por nuestros derechos.

Dora Franco, trabajadora doméstica paraguaya.

 

Desde sus inicios como Estado-nación, la inmigración constituyó un componente significativo en la dinámica del país. Argentina recibió una importante magnitud de flujos migratorios europeos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1914 los inmigrantes llegaron a constituir casi un 30 % de la población del país, produciéndose luego un descenso sostenido. A partir de la década del ‘60 se observa un cambio importante en la composición extranjera: al reducirse la inmigración europea, los migrantes limítrofes pasan a constituirse como el grupo de extranjeros más importante del país.

Según los datos del último censo1 los inmigrantes constituyen un 4,5 % de la población total. Esta población proviene principalmente de Paraguay, Bolivia, Chile y Perú, que en total acumulan un 68,9 % del total de los extranjeros en el país. Hasta la década del ‘60, al ser las economías regionales el principal foco de atracción, los migrantes de países limítrofes se ubicaban en zonas fronterizas con sus países de origen. En décadas posteriores la población migrante fue desplazándose y concentrándose en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraídos por la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). Al moverse hasta destinos urbanos la inmigración tendió a volverse más estable y prolongada, y el AMBA comenzó a erigirse como el destino más importante. Actualmente concentra el 62 % de los extranjeros que residen en el país.

Una de las características significativas de la inmigración en los últimos 50 años a nivel mundial, se refiere a la llamada “feminización de las migraciones”, es decir, la creciente participación de las mujeres que migran de manera individual, sin estar asociadas a un varón migrante previo. La feminización de las migraciones de países limítrofes está asociada a la concentración en las grandes ciudades y se vincula con el trabajo doméstico, ya que la mayoría de las migrantes se insertan laboralmente en este sector.

 

Productores de riqueza ajena

La recuperación económica pos2001 impactó de forma positiva en ramas de la economía donde se insertan laboralmente la mayoría de los trabajadores inmigrantes. La construcción entre 2003 y 2010 ha tenido un crecimiento anual del 14 % y la industria manufacturera del 7,6 % (Baer, Benítez y Contartese, 2012). Sin embargo, estos sectores son los que registran mayores índices de informalidad y trabajo no registrado: 65% en la construcción y 60 % en la industria textil. El trabajo doméstico donde se insertan la mayoría de las mujeres inmigrantes, presenta la más alta tasa de empleo no registrado: 82 % (como analizamos en IdZ 5).

La situación de los trabajadores inmigrantes de los mercados agrícolas no escapa a esta realidad: el 80 % está en negro, y la mitad son trabajadores temporales o golondrinas, trabajo precario por excelencia (ver IdZ 1). Muchos de los trabajadores inmigrantes son víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Son traídos a partir de engaños, transformados en deudores. Ya en Argentina, el reclutamiento para los talleres textiles clandestinos se produce a plena luz del día a la manera de subastas humanas (Fernández y Legnazzi, 2012) en esquinas clave, donde cientos de personas, generalmente mujeres provenientes de Bolivia, esperan a que los talleristas lleguen en busca de mano de obra barata. Este método, lejos de ser exclusivo de la industria textil, también se utiliza en el trabajo agrícola.

La flexibilización, tercerización y precarización laboral heredadas del neoliberalismo, se perpetúan en esta década de crecimiento. La población inmigrante cumple un importante rol como mano de obra barata, es una fuente inmensa de obreros disponibles para ramas que compensan su menor desarrollo tecnológico con una explotación más intensiva de la mano de obra. Los empresarios lograron significativos aumentos de la productividad imponiendo mayores ritmos de trabajo, horas extras y bajos salarios, con una baja inversión y subsidios a la producción.

Ante una crisis económica los inmigrantes serán una variable de ajuste para abaratar costos: entre las primeras víctimas de despidos, que pueden ser desechados sin indemnización al estar exentos de cualquier protección legal o sindical.

 

Legislación migratoria

La legislación migratoria le da un marco formal a las necesidades del proceso de acumulación capitalista. En este sentido la Argentina pasó de fomentar y proteger a la inmigración, a reglamentar y expulsar a los inmigrantes según el momento socioeconómico. Hasta el año 2004 rigió la llamada Ley Videla, promulgada en 1981 por la dictadura militar, una norma altamente discriminatoria y restrictiva, que otorgaba a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de detención y expulsión de inmigrantes sin reconocer ningún tipo de derechos o garantía judicial. Esta ley, al mantener a los inmigrantes de manera ilegal y en condiciones de máxima vulnerabilidad, instalaba la precarización, informalidad y flexibilización laboral, que se profundizarían en los ‘90.

La Ley de Migraciones 25.871 sancionada a fines de 2003, constituyó un cambio importante en materia de legislación migratoria ya que considera la migración como un derecho humano, y por ende establece que cualquier migrante debe gozar de los mismos beneficios que los nativos en materia de salud, educación, etc. Pero si bien establece trabas legales para la expulsión de los inmigrantes, éstos no dejan de ser sujetos potencialmente expulsables.

A tono con la ley, en el año 2006 se implementó el programa de regularización migratoria “Patria Grande” a fin de regularizar la situación de migrantes del Mercosur. Sin embargo, casi la mitad de las personas que se presentaron (alrededor de 200.000) no pudieron completar el trámite por no cumplir los requisitos exigidos y continúan en una situación migratoria irregular. Las trabas son burocráticas y sobre todo materiales. A la escasa información de cómo realizar los trámites, se suma el alto costo de los mismos y requisitos de difícil cumplimiento. Todo esto sin mencionar que la mayoría de los trabajadores inmigrantes no cuentan con el tiempo necesario para realizar los trámites.

De todas formas, la residencia legal no es garantía para que el trabajador inmigrante ingrese en un empleo formal. En este sentido, reconocer los avances formales y simbólicos de la ley, no autoriza a desconocer la realidad material en la que viven y trabajan los inmigrantes: la precariedad de sus vidas es la regla.

 

Pertenecer… tiene sus privilegios

Con relación a la salud, la legislación nacional establece que toda persona inmigrante tiene derecho a gozar de las mismas condiciones de protección y amparo que las personas nativas y que no podrá negárseles o restringírseles el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.

Sin embargo, los hospitales públicos muchas veces reproducen la xenofobia y niegan la atención o discriminan a los inmigrantes. Además las condiciones de precariedad e informalidad en que trabajan hace difícil que puedan acceder a una obra social, así como a la protección en accidentes de trabajo. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que muchos de ellos viven y trabajan, son las causas principales de las enfermedades que padecen. Las investigaciones señalan que la incidencia de tuberculosis y mal de Chagas es mayor sobre la población de inmigrantes bolivianos que sobre los nativos2.

De la misma forma, una alta proporción de trabajadores inmigrantes sufre problemas de vivienda. El mercado inmobiliario es inaccesible para los sectores populares, por lo que la mayoría de los trabajadores inmigrantes se ven obligados a vivir hacinados y pagar altos costes en conventillos, inquilinatos, villas de emergencia o asentamientos precarios, alquilando informalmente, mientras el boom de la construcción no cesa de construir viviendas ociosas. Según el Censo 2010 las villas aumentaron su población en un 52% en los últimos 10 años. Relevamientos recientes demuestran que más de 2,5 millones de personas viven en villas o asentamientos precarios. Entre un 50 y un 65% de estos habitantes son extranjeros provenientes de países limítrofes.

El profundo problema habitacional al que están sometidos miles de trabajadores llevó a que se optara por la toma de terrenos fiscales ociosos. Este fue el caso del Parque Indoamericano, ocurrido a fines de 2010, cuando cientos de familias que reclamaban viviendas ocuparon este predio público sin uso. Los ocupantes fueron brutalmente reprimidos por la Policía Metropolitana y la Policía Federal Argentina. El saldo fue el asesinato de Rosemary Chura Puña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, tres jóvenes inmigrantes. Las causas siguen impunes. La respuesta de los gobiernos se centró en la culpabilización de los ocupantes y la promesa de planes de vivienda que nunca llegaron. El escaso presupuesto asignado a los programas de viviendas, sumado a paliativos que no dan soluciones de fondo al profundo déficit habitacional, muestran la verdadera cara de los gobiernos en materia de políticas habitacionales.

 

Una herramienta eficaz

La discriminación y xenofobia es otro de los problemas cotidianos que sufren los inmigrantes. En el trabajo, en la calle, en la cancha de fútbol, en los medios de comunicación la mayoría de los inmigrantes son señalados con el dedo del racismo. Aquellos que más sienten el peso de la opresión son los trabajadores, y esto es así porque la discriminación cumple un rol fundamental para la clase dominante.

El mayor rendimiento económico se logra cuanto más fragmentada está la clase obrera, cuanto más se enfrentan los nativos a los inmigrantes. Es decir, cuanta menos solidaridad hay entre los miles de trabajadores que dejan día a día sus cuerpos al servicio del capital. Marx comprendió de qué manera estas divisiones debilitaban a la clase obrera3. La división en dos campos “hostiles” hace que el obrero nativo se identifique con su opresor connacional y no con el obrero inmigrante que es tan o más oprimido que él. Este falso antagonismo es lo que Marx consideraba “el secreto mediante el cual la clase capitalista mantiene su poder” y asegura que “esta clase es plenamente consciente de ello”.

El hecho de que sean los mismos “paisanos” los que explotan en talleres textiles, los cuadrilleros en el campo y los contratistas en la construcción, demuestra a las claras que no nos une la nación, sino la clase. Los gobiernos suelen hacer un doble juego para cooptar y dividir a los inmigrantes. A la vez que “oficializan” las festividades de las comunidades barriéndoles todo componente de lucha, mantienen guardianes del nacionalismo que están a disposición en los momentos necesarios, sean estos de crisis económica o en escenarios de lucha de clases.

Para formar el sentido común nacionalista, los discursos políticos y medios de comunicación están a la orden del día, reproduciendo mitos discriminatorios y creando estereotipos que asocian al migrante con la delincuencia y el narcotráfico. Escuchábamos a Macri decir luego del Indoamericano: “Todos los días llegan cien, doscientas personas nuevas a la ciudad de Buenos Aires, que no sabemos quiénes son porque llegan de manera irregular de la mano del narcotráfico, la delincuencia” (Ceriani Cernadas y Morales, 2011). Los medios de comunicación resaltan cada vez que un delito es cometido por un inmigrante. “Le quitan el trabajo a los argentinos. Usan hospitales y escuelas. No pagan impuestos. Algunos delinquen para no ser deportados”, se leía bajo el titulo “La invasión silenciosa” en la revista La Primera, en 2001.

Sobran ejemplos de burócratas sindicales, políticos y medios de comunicación extendiendo el mito discriminatorio de que “los trabajadores inmigrantes quitan el trabajo a los argentinos”. Así se leía en un afiche del gremio de la construcción en 1993: “que no se apoderen del pan nuestro de cada día con la importación de mano de obra clandestina”. Y en 1998 Duhalde haría campaña presidencial responsabilizando a los inmigrantes por la desocupación diciendo que de llegar a la presidencia no permitiría que los extranjeros ilegales “le saquen el trabajo a los argentinos”4.

Las herramientas legales consolidan estas divisiones: la Ley de Asociaciones Sindicales establece en su artículo 18 que: “El 75 % de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos, el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos argentinos”. Esta ley se aplica a todas las organizaciones sindicales, incluso a las de los sectores donde trabajan mayormente inmigrantes.

 

Nativa o extranjera, la misma clase obrera

Seis personas de nacionalidad boliviana, entre ellos cuatro menores de edad, murieron encerrados y calcinados al incendiarse un taller textil sobre la calle Luis Viale en 2006. Este caso testigo puso sobre el tapete las condiciones de explotación en las que viven y trabajan gran parte de los inmigrantes, así como el rol que cumplen los diferentes actores: mientras miles de trabajadores y organizaciones de la comunidad se movilizaron pidiendo justicia, el sindicato miraba para otro lado y la justicia de la mano del juez Oyarbide exculpaba a los empresarios argumentando que respondía a “las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano”.

Los problemas laborales, legales, de vivienda, salud y discriminación que cotidianamente sufren y afrontan los trabajadores inmigrantes, no podrán ser resueltos mientras el capitalismo sea el sistema imperante.

La lucha por una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, debe ser llevada a cabo por la clase obrera en unidad con los campesinos pobres, indígenas, y sectores populares, contra la dominación imperialista y las burguesías nacionales. Es esta unidad la única que puede terminar con las divisiones que perjudican a todos los trabajadores, poniendo en pie un partido revolucionario y socialista, que elimine para siempre los padecimientos que sufre la mayoría de la sociedad.

 

Bibliografía

– Baer, Benítez y Contartese (2012), “La participación de los trabajadores inmigrantes procedentes de países limítrofes y de Perú en los mercados laborales urbanos en la Argentina en El impacto de las migraciones en Argentina”, Cuadernos migratorios 2. Organización Internacional para las Migraciones, Dirección Nacional de Migraciones.

– Ceriani Cernadas y Morales (2011), “Argentina: Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de una política migratoria basada en los Derechos Humanos”, Centro de Estudios Legales y Sociales y Federación Internacional por los Derechos Humanos.

– Fernández y Legnazzi (2012), Mujeres en la industria textil. De la fábrica al taller clandestino, Biblos. Bs. As..

– Lenin (1942), Sobre el derecho de autodeterminación de las naciones, Problemas, Bs. As.

– Pacecca (2009), “La Migración boliviana, peruana y paraguaya a la Argentina (1980-2005)”, Ponencia presentada en el Congress of the Latin American Studies Association, Río de Janeiro.

– Pascucci (2011), “Avances y límites de la acción político-sindical en la industria de la confección de indumentaria. Una caracterización del SOIVA y la UTCAlameda”, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

 

1. Las organizaciones de inmigrantes calculan más del doble de inmigrantes que los indicados por el Censo. Pero por su cobertura y comparabilidad se utilizarán los datos brindados por este último.

2. En áreas de alta concentración de población boliviana que trabaja en talleres clandestinos, se registra una incidencia de tuberculosis de 198 casos cada 100 mil habitantes, una tasa muy superior a la media nacional que es de 26 casos cada 100 mil, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

3. Carta del 9 de abril de 1870 a Meyer y Vogt.

4. “A Duhalde solo le gustan nacionales”, Página/12, 17/09/1998.

 

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Migración africana

Juan Manuel Quiroga

 

La historia de la migración africana a nuestro país está fuertemente atravesada por el traslado de poblaciones esclavizadas desde el siglo XVI, proceso que adquiere una dimensión política significativa en la organización de quienes hoy se reconocen como afrodescendientes.

El rasgo que la ha distinguido es su invisibilización, el ocultamiento ideológico de la presencia de poblaciones de origen africano, así como de su aporte económico y cultural a la sociedad argentina. Desde mediados de la década del ‘90 se registra un aumento en el volumen de migrantes africanos, así como una diversificación de sus lugares de procedencia.

Si hasta ese momento provenían en su mayoría de Cabo Verde y los Estados del norte del continente, en las últimas décadas se registra la llegada de poblaciones del África Subsahariana, principalmente desde Senegal. Si bien se hace difícil contar con datos precisos sobre los migrantes africanos residentes en el país, los censos nacionales de 2001 y 2010, así como las solicitudes de refugio en la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) y las radicaciones otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), permiten reconocer un incremento de su presencia en el país.

El Censo 2010 arroja la cifra de 2.738 africanos residentes en Argentina. La DNM, por su parte, otorgó entre 2004 y 2010 un total de 231 radicaciones permanentes y 292 temporarias a migrantes africanos (Maffia, 2011). Si bien el registro oficial es inferior a las estimaciones de las organizaciones de migrantes, que sostienen que hay alrededor de 5.000 africanos viviendo en el país, el incremento en el flujo migratorio se registra en cada medición. El mismo es acompañado por una gran dificultad para regularizar la situación migratoria.

Este aumento de la migración africana se hace visible a partir de una extendida presencia en el espacio público, producto del ejercicio de la venta ambulante. Las redes migratorias, la barrera del idioma, las dificultades para regularizar su documentación y las representaciones sociales negativas que influyen al momento de insertarse en un empleo formal, son algunos de los factores que explican la concentración en esta actividad.

En este contexto, la invisibilización histórica de africanos y afrodescendientes en Argentina funciona como mecanismo que incentiva la visibilización extrema de esta migración más reciente (Morales, 2010). Se trata de una hipervisibilización que, por un lado, da lugar a la exotización como forma de racismo, y por otro lado se relaciona con prácticas de violencia institucional ante la venta ambulante, ejercidas por la policía o agencias de control municipal. En la mayoría de estos casos, a la violencia física, los pedidos de coima y el constante hostigamiento, se suma la sustracción de mercadería sin la elaboración del acta contravencional correspondiente, lo cual inhabilita la recuperación de sus pertenencias. De manera tal que a los históricos abusos sufridos por las poblaciones africanas, que motivaron su emigración y a la inserción desigual en la economía argentina, se agregan prácticas directas que afectan su reproducción material. Ejecutadas por representantes de un Estado que exhibe su legislación migratoria como ejemplo de respeto a los derechos humanos.

Como resultado de la demanda de organizaciones sociales, la DNM dispuso en 2013 un Régimen Especial de Regularización Migratoria para migrantes senegaleses. Se trató de una respuesta parcial, enmarcada en la política de control poblacional, con reducidas restricciones al ingreso.

De cualquier manera, las situaciones de violencia institucional, discriminación, trabajo precario y criminalización de la venta ambulante, no se solucionan con la obtención del DNI. Se trata de problemáticas más profundas que la irregularidad de documentación, que superan los alcances de la política migratoria del Estado argentino.

 

Bibliografía

– Maffia, Marta (2010), Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, parentesco y familia, Biblos, Buenos Aires.

– Maffia, Marta (2011), “La migración subsahariana hacia Argentina: desde los caboverdeanos hasta los nuevos migrantes del siglo XXI”, Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina 5. Buenos Aires, PNUD.

– Morales, O. G. (2010), “Nuevas dinámicas migratorias globales y representaciones locales sobre los negros en Argentina. El caso de las percepciones de agentes de la Policía bonaerense sobre recientes migrantes africanos”, Sociedad y discurso.

– Zubrzycki, Bernarda (2009), “La migración senegalesa y la diáspora mouride en Argentina”, VIII Reunión de Antropología del Mercosur, UNSAM.

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