Pobre incluidos

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SOBRE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA ARGENTINA

 

Número 34, octubre 2016.

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TRABAJO Y FAMILIA

NOTAS SOBRE EL PAPEL DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA RECOMPOSICIÓN DEL PODER EN LA ARGENTINA RECIENTE

 

MANUEL MALLARDI

 

Nadie duda que las llamadas políticas sociales constituyen un aspecto relevante de la intervención estatal en las relaciones sociales. Pero ¿cuál es la racionalidad que sustenta esa intervención? ¿Qué concepción de Estado, de familia, de trabajo sostienen esas políticas? En esta nota se sintetizan algunos trazos generales de las políticas sociales implementadas en Argentina durante el período kirchnerista.

En la Argentina, el inicio del siglo XXI estuvo caracterizado por la expresión de una crisis económica, política y social que tiene en los hechos del 2001 las manifestaciones más acabadas. Sin poder caracterizar, por cuestiones de espacio, las implicancias y particularidades de la crisis de 2001, interesa mencionar que la recomposición de la acumulación capitalista tornó necesaria la recomposición del poder político estatal. Siguiendo los planteos de Adrián Piva1 se afirma que, en este contexto, el primer gobierno kirchnerista fue el gobierno de la recomposición política, donde la principal tarea se ubicó en el plano de la reconstitución del consenso en torno al ejercicio del poder político y, en estrecha relación, la capacidad de internalizar el conflicto social en el marco de las instituciones vigentes. Se destaca, de acuerdo a nuestros intereses, la estrategia de satisfacción gradual de demandas mediante una intervención sistemática del Ministerio de Desarrollo Social, coordinado por Alicia Kirchner en la mayor parte del período kirchnerista2.

En las líneas que a continuación se presentan, se sintetizan algunos trazos generales sobre la racionalidad que sustenta la política social implementada en Argentina en los últimos años, para lo cual se recurre a la caracterización de los fundamentos discursivos del accionar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, espacio desde donde se han coordinado distintos planes y programas destinados a garantizar y/o facilitar la reproducción de la fuerza de trabajo.

 

La retórica sobre la familia y el trabajo: la reprivatización de la reproducción social durante el kirchnerismo

Iniciado el gobierno de Néstor Kirchner, el Ministerio de Desarrollo Social implementa un abanico de políticas públicas que se plantean como superadoras de la lógica imperante en el período anterior, donde el recorte y focalización del gasto social se articulaban con el repliegue del Estado.

En este contexto, el mencionado ministerio aglutina su intervención en torno a la retórica sobre la familia y el trabajo, definiendo una racionalidad sistemática de intervención sobre las distintas expresiones de la “cuestión social” que estará presente hasta la finalización del período kirchnerista. Cabe mencionar que en un primer momento esta lógica se expresa en la puesta en práctica de tres programas articuladores: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” y Plan Familias por la Inclusión Social, mientras que posteriormente las intervenciones se aglutinan en dos ejes integradores de acción de las políticas sociales: “Argentina Trabaja” y “Familia Argentina”.

Inicialmente, como telón de fondo al proceso de configuración de la política social del período kirchnerista adquiere centralidad la migración realizada entre el Plan Jefes y Jefas de Hogar, lanzado inmediatamente posterior a la crisis de 2001, donde, a partir dela diferenciación entre personas empleables e inempleables, los primeros son ubicados en el Programa Seguro de Capacitación y Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que los segundos pasan al Plan Familias por la Inclusión Social, para los cuales ya no habría exigencia de contraprestación laboral sino de condicionalidad sanitaria y educativa con respecto a los hijos.

En el Decreto 1506/2004 se establece que la propuesta debe centrarse en promover la mejora de la calidad de vida de los niños, sobre todo en lo referido a su educación y su salud, incluyendo la mejora educativa de sus madres para coadyuvar a su empleabilidad. Operativamente, la inempleabilidad se tradujo en criterios de elegibilidad, tales como la residencia en municipios considerados prioritarios, tener dos o más hijos menores de 19 años o discapacitados de cualquier edad, que la titular esté embarazada, que la titular sea la madre (el varón solamente cuando es jefe de familia monoparental) y que la titular no haya completado la educación secundaria3.

Como afirma Tamara Seiffer4, esta modificación afectó principalmente a mujeres, convalidando una estrategia de retorno al hogar, de reprivatización e individualización de la reproducción social. Se consolida así un proceso de maternalización de la política social5 donde, siguiendo los planteos de Estela Grassi6, se puede afirmar que la mujer se torna objeto y sujeto de la política pública.

En esta programática, las familias son consideradas como unidades de intervención, espacios privilegiados para lograr el desarrollo en el marco de un contexto caracterizado por la política social, por la presencia de “familias desintegradas”, producto del modelo neoliberal. Esta desintegración se asocia a la configuración de hogares monoparentales, la mayoría a cargo de mujeres solas con sus hijos. Frente a este panorama, entonces, el Plan Familias por la Inclusión Social es considerado central como política de Estado en tanto “tiende a promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia y en sociedad”7. Las familias pasan a constituirse como sujeto potencial de las políticas sociales, orientando la acción hacia su promoción y protección porque constituye “el primer espacio para crecer, construir y socializar valores, aprender y formar parte junto a otros”8.

La cooperación de las familias en la ejecución de las políticas sociales aparece, en consecuencia, como un eje transversal de las políticas públicas que se plantean orientadas a promover la integración social y la protección de los derechos. En esta línea, con el fin de garantizar la “apropiación de derechos” se justifica la necesidad de desarrollar un trabajo de fortalecimiento de capacidades personales o comunitarias, donde la familia no debe ser considerada solamente desde la carencia, sino también desde las potencialidades. Esta racionalidad se orienta a que sus integrantes puedan “recuperar o disponer de habilidades y destrezas, funcionalidad y resolución eficaz, para el manejo de la vida cotidiana, fomentando la organización y asociatividad”9.

En estrecha relación a la promoción de capacidades, habilidades e iniciativas de los sujetos de la política social, se plantea que las personas no “quieren limosnas” sino trabajo, porque éste dignifica la condición humana.

El empleo aparece como elemento aglutinador del tejido social y mecanismo fundamental para la inclusión y la dignidad humana. El discurso oficial sostiene que “el trabajo es vida, es dignidad, es construcción permanente hacia la utopía realizable de un mundo mejor, es poder mirar a los hijos a la cara, es reconstruir la familia y sobre todo, recrear en ellos la cultura del trabajo fecundo”10.

Tres años después, en el marco de las conmemoraciones por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, se fortalece esta idea, afirmando que

…hay que resignificar al trabajo en su dimensión de “dignidad”. No es lo mismo tener trabajo que sobrevivir de una renta precaria. Es mucho más que un simple problema de distribución con justicia. Se trata de la identidad de las personas, del compromiso con uno mismo y con la sociedad. Se trata de la participación popular en la construcción de un modelo de país más justo y equitativo, asegurando el compromiso intergeneracional, por eso la mejor política social es el trabajo11.

El trabajo aparece, entonces, como el mejor organizador e integrador social en tanto permitiría a las personas desarrollar sus capacidades, sociabilizarse y crecer con dignidad. En consecuencia, la política social aparece asociada a la promoción del desarrollo local y la economía social, propuestas desde donde se impulsan distintas herramientas, tales como el monotributo social, los microcréditos, los talleres familiares, las cooperativas de trabajo, entre otras.

Bajo la argumentación de compatibilizar crecimiento económico e inclusión social, la denominada “nueva política social” sustenta su accionar en una idea de desarrollo local basado en la solidaridad, pues se afirma que

…para la organización del desarrollo local intervenimos desde la cultura, los saberes y los haceres, las tradiciones y los vínculos afectivos y solidarios que es desde donde se construyen los proyectos colectivos. Trabajamos para la generación de trabajo a partir de la economía social, no solamente porque produce un ingreso para mejorar la calidad de vida, sino también porque promueve los vínculos solidarios en un espacio colectivo compartido12.

El ejemplo paradigmático de este posicionamiento se refleja en la retórica que fundamenta la política de microcréditos, particularmente el Banco Popular de la Buena Fe, incorporado en el año 2004 al Programa Manos a la Obra. Analizando esta herramienta de la economía social, la Ministra de Desarrollo Social sostiene que el mismo

…es original en su misma esencia e implementación. Aporta a la realidad social de cientos y cientos de emprendedores que tuvieron que poner en juego su esfuerzo, canalizando sus capacidades como respuesta a la marginación social y la insolidaridad del modelo13.

Para alcanzar estos objetivos, la propuesta considera que tiene cuatro pilares fundamentales: la unidad de quienes participan del proyecto; la disciplina para cumplir los compromisos y la palabra empeñada; el coraje para afrontar las dificultades; y las mujeres, en tanto son las principales participantes de la propuesta14.

Así, impulsando la autonomía de cada persona a través de la promoción de sus propias habilidades y saberes, incentivando la capacidad de soñar y de gestar utopías que generan trabajo digno, se busca generar autoempleo en sectores trabajadores.

 

La ciudadanía de los pobres: laboriosos, dignos y responsables

La articulación de las dimensiones trabajo y familia en la retórica y fundamentos de la política social implementada en el marco del Ministerio de Desarrollo Social encuentra sus fundamentos en la lógica hegemónica de intervención sobre las distintas expresiones de la “cuestión social” en los países capitalistas. En términos generales, se puede afirmar que estos postulados, en articulación al énfasis otorgado a aspectos como la solidaridad, la dignidad y el esfuerzo, configuran la matriz liberal contemporánea de gestión de la fuerza de trabajo en consonancia a las exigencias del mercado de trabajo, principalmente a partir de la década de 1970.

Coherente con estos posicionamientos, Pierre Rosanvallon15 sostiene la necesidad de reconocer las trayectorias individuales para entender la “nueva cuestión social”, reforzando el carácter privado de los problemas sociales e interpelando la noción de ciudadanía burguesa clásica, haciendo necesario, según el autor, un nuevo rol estatal, donde la inserción por el trabajo debe ser el eje directriz de intervención sobre la fuerza de trabajo.

La inducción comportamental, como matriz fundante de la política social en el capitalismo16 se materializa en políticas de gestión de comportamiento, políticas que implican orientaciones que incluyen desde la presión educativa hasta la intervención sobre la forma de la estructura familiar. En este marco, la experiencia francesa del Revenu Mini- um d’Insertion y los proyectos americanos vinculados al workfare constituyen la base y horizonte de la intervención estatal. Sobre la retórica que articula dignidad, disciplina, habilidad y competencia personal, estos planteos sostienen que el bienestar se alcanza a partir de la inserción laboral de las personas, por lo cual para la recepción de una prestación social se plantea como exigencia el cumplimiento de condicionalidades, sean vinculadas al trabajo, generalmente precario, y a la familia, principalmente a la mujer. Se avanza, entonces, hacia una ciudadanía contractual, que exige el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos y donde la gestión del comportamiento y la regulación de la vida cotidiana es el precio que los pobres deben aceptar para continuar siendo incluidos por el Estado.

En síntesis, se observa como en la estrategia de recomposición del consenso, la política social kirchnerista reconoce el carácter público de necesidades y problemáticas sociales mientras que, simultáneamente, refuerza el carácter privado de sus causas y responsabilidades, profundizando procesos de responsabilización individual y/o familiar.

  1. Economía y política en la Argentina kirchnerista. Bs. As., Batalla de Ideas, 2015.
  2. Su participación en el Ministerio de Desarrollo Social tiene una interrupción durante el período 10/12/2005-14/08/2006, cuando ocupó el cargo de Senadora Nacional por la Provincia de Santa Cruz.
  3. Golbert, Laura. “Argentina: aprendizajes del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados” En: Arriagada, I. (Coord.). Familias y políticas públicas en América Latina. Una historia de desencuentros. Chile, CEPAL-UNFRA, 2007.
  4. “Asignación Universal por Hijo y ProGrEsAr: ¿un cambio en la forma estatal de atendimiento dela “cuestión social” en Argentina? En: I Encuentro Interdisciplinario sobre cuestión social y políticas públicas. Tandil., 2014.
  5. Nari, Marcela. Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, Biblos, 2004.
  6. La mujer y la profesión de Asistente Social. El control de la vida cotidiana. Buenos Aires, Editorial HVMANITAS, 1989.
  7. Kirchner, Alicia. La bisagra. Memoria. Verdad. Justicia. Organización Social. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina, 2007, p. 218.
  8. Ídem.
  9. Ibídem, p. 140.
  10. Ibídem, p. 42.
  11. Kirchner, Alicia. Políticas sociales del Bicentenario. Un modelo nacional y popular. Tomo I. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina, 2010, p. 22. El destacado es nuestro.
  12. Kirchner, Alicia. La bisagra. Memoria. Verdad. Justicia. Organización Social. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina, 2007, p. 180.
  13. Ibídem. p. 204.
  14. Banco Popular de la Buena Fe. De vuelta en pie 2002 al 2007. Sistematización de las prácticas del Banco Popular de la Buena Fe. Bs. As., Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2008.
  15. La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia. Buenos Aires, Manantial, 2004.
  16. Netto, José Paulo. Capitalismo Monopolista y Servicio Social. San Pablo, Cortez Editora, 2002.

 

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ASISTENCIA PARA TODOS

LA POLÍTICA SOCIAL EN ARGENTINA COMO FORMA DE REPRODUCCIÓN DE SU ESPECIFICIDAD

 

TAMARA SEIFFER

 

El kirchnerismo significó un crecimiento récord en términos del gasto social y lo presentó como expresión del cambio de un modelo neoliberal a otro de “crecimiento con inclusión”. Junto a la “política de desendeudamiento” y a la “política de industrialización” se presentó como la evidencia de un cambio en la relación entre mercado y Estado. El gobierno de Macri aparece como su contracara. Sin embargo, aún cuando el gasto social se contrae como resultado de la crisis que se expresa en un ajuste general, no tiene en las fases “neoliberales” una tendencia a la caída. Entender el contenido que se expresa en la política social por fuera de las falsas dicotomías nos permitirá abordar en forma más potente la acción política de la clase obrera en este terreno.

 

El gasto social, el salario y el consumo de la clase obrera argentina

El análisis del gasto social permite mostrar que durante el kirchnerismo el gasto destinado a políticas sociales en general y el gasto asistencial en particular (el destinado a los sectores más empobrecidos) crecieron. Un análisis de largo plazo permite ver que se trata de una tendencia que no es novedosa y que no depende de los gobiernos de turno. Por lo menos desde la década del ‘40 el gasto social crece de manera sostenida y con mayor velocidad en momentos de expansión de la economía. En momentos de crisis cae pero sin romper el piso anterior y retoma la senda ascendente. La magnitud de su crecimiento durante la última década lleva a preguntarse por lo particular dentro de esta tendencia.

El ascenso del gasto social fue acompañado por el crecimiento de los salarios hasta mediados de los ‘70. Hasta entonces su aumento expresaba, como una tendencia del capital mundial, la demanda de una fuerza de trabajo relativamente indiferenciada en términos de conocimientos, habilidades y disposiciones. Ambos permitían, mediante la ampliación del consumo, la creación de condiciones de reproducción de una fuerza de trabajo que debía poseer atributos universales y tuvo por forma necesaria de realizarse la lucha de la clase obrera demandando a los capitales individuales y al Estado la satisfacción de más necesidades. De allí la creación masiva de servicios de salud y educación en las primeras décadas del siglo XX. Pero esta dinámica se ve interrumpida en nuestro país a partir de 1975, momento a partir del cual los salarios comienzan un proceso de largo deterioro (nunca se recomponen a pesar de los momentos de crecimiento). El alza salarial del kirchnerismo permitió apenas llevar los salarios promedio a valores cercanos a los de los ‘90, lo que explica los altos índices de pobreza recientemente difundidos. Debemos entonces de inmediato explicar el fundamento de esta tendencia del salario de la clase obrera argentina.

Argentina, como el resto de América del Sur, tiene la particularidad de centrar su economía en la producción de materias primas para el mercado mundial. Esto significa en primer término que quien es dueño de la tierra se puede apropiar de una riqueza extraordinaria que la paga quien compra esas mercancías. Su precio no se determina por los costos de producción locales sino por los costos en las peores tierras puestas en producción a nivel mundial. Cuando se producen en lugares que tienen condiciones naturales específicas favorables, como es el caso del agro en la tierra pampeana de nuestro país, los terratenientes se pueden apropiar de una plusvalía extraordinaria.

Pero, por sus características, la renta puede escapar de las manos de los terratenientes y se constituye en objeto de disputa social. El capital global intenta recuperar la plusvalía cedida para su propia valorización radicando fragmentos suyos (obsoletos desde el punto de vista del capital mundial) en este espacio nacional y fugando capital al exterior. Los capitales nacionales logran obtener una tasa de ganancia normal con una menor productividad del trabajo gracias a que reciben una cuota de esta masa de riqueza.

La historia Argentina está marcada por los ciclos de la renta: sus momentos de alza y baja explican los momentos de expansión y contracción de la economía1. El Estado juega un papel fundamental en la historia argentina en su apropiación y distribución. Los mecanismos de apropiación toman la forma de políticas públicas que van desde formas “intervencionistas” como las retenciones a formas “liberales” como la sobrevaluación de la moneda (en apariencia de mercado). Se trate de unas u otras, en ambos casos el destino principal de la parte de renta que escapa de las manos de los terratenientes son los capitales que operan localmente.

Con la crisis mundial de mediados de los ’70 la renta se contrae y el capital local recurre a otras fuentes de valorización. Una de ellas es la baja salarial y la otra el endeudamiento, que pasan a tener un rol central en las formas de apropiar renta y, por tanto, en los ciclos de la economía local. En tanto el capital argentino se sostiene sobre estas fuentes, cuando renta y deuda no están disponibles, la baja salarial se profundiza.

Como la clase obrera tiene su vida atada a la de estos capitales, su reproducción depende también de qué pasa con ella. Si la renta expande la economía, expande por tanto la demanda de fuerza de trabajo. Expande asimismo la capacidad recaudatoria del Estado y, por tanto, su capacidad de expandir el gasto público. Cuando los mecanismos de apropiación de renta son directos permite una expansión del gasto social más importante, como es el caso de los primeros gobiernos kirchneristas.

Esto le da la apariencia de ser mejores, pero el consumo del obrero no es un consumo humano en abstracto, sino la forma en la que se produce y reproduce la mercancía fuerza de trabajo. Se realice entera o parcialmente a través del salario, es un momento del ciclo del capital. El consumo mediado por el Estado de la clase obrera empleada implica un abaratamiento del pago que realiza el capital individual que la emplea, constituyéndose en fuente inmediata de valorización del capital. Cuando la política social alcanza a los obreros desocupados, el capital se apropia del gasto con la expansión del mercado interno en la medida en que puede vender mercancías que de otra manera no encontrarían demanda solvente. Esto sucede sólo cuando su magnitud y/u organización imponen una traba para la acumulación del capital, hecho que puede tener expresiones variadas: desde las formas de violencia más desorganizadas en las cuales miembros de la clase obrera atacan la propiedad y ponen en riesgo la vida de otros obreros, hasta formas organizadas como los movimientos de trabajadores desocupados. La necesidad de la lucha de la clase obrera como forma necesaria de este movimiento da la apariencia de que se trata de un avance de la clase obrera frente al capital que da como resultado un “empate” (bonapartismo). Cuando el nivel de la conflictividad cae se explica porque la misma fue “comprada” o “cooptada”. Esta explicación invierte forma y contenido, perdiendo de vista que la capacidad de lucha está dada por el movimiento cíclico de la acumulación de capital en nuestro país.

 

La transformación cualitativa del gasto social, kirchnerismo y después

Detrás del crecimiento del gasto social hay una transformación cualitativa. La transformación de los procesos productivos en la década del ‘70 conlleva una fragmentación de la clase obrera en el plano internacional pero también hacia el interior de cada país. Fragmentación que tuvo por contenido la necesidad del capital de producir fuerza de trabajo diferenciada y como su forma la dispersión salarial, el aumento de la población abiertamente sobrante y la fragmentación de la política social a partir de su focalización, descentralización y privatización. La expansión del gasto social deja de tener por contenido la creación de condiciones de reproducción para una fuerza de trabajo que debe mantenerse en activo y poseer atributos de universalidad, y pasa a explicarse por la fragmentación de la clase obrera y por la consolidación de una porción suya como sobrante para el capital. La política asistencial propiamente dicha se expande, pero además las políticas sociales en general se asistencializan y quedan cada vez más centradas en la atención de la clase obrera empobrecida. La salud pública queda relegada a las fracciones más pobres de la clase obrera, mientras otras fracciones cuentan con obra social o pueden pagar medicina privada porque su salario incluye este aspecto de la reproducción. Lo mismo sucede con la educación: mientras unos acceden a ella en el ámbito privado, la educación pública se fragmenta según la capacidad de pago de los gobiernos locales y se precariza con mayor énfasis allí donde está dirigida a la población obrera abiertamente sobrante.

La expansión del consumo durante el kirchnerismo es expresión de la reproducción ampliada de este proceso. Se monta sobre la baja salarial que implicó el proceso de devaluación de los años 2002-2003, que permitió poner en funcionamiento industrias que estaban quebradas, y por el crecimiento exponencial de la renta dada por el aumento de los precios de las mercancías agrarias debido a la expansión de la demanda China marcada por la crisis mundial. Nunca en la historia de nuestro país hubo una renta tan alta como durante los gobiernos kirchneristas, lo que les permitió presentarse como adalides de la industria y como combativos hacia “el campo” y la “oligarquía”, aun cuando el 59 % de la renta fue a manos de los terratenientes (más que con Menem y con la dictadura) y la industria local perdió peso en la apropiación.

Como los capitales locales deben ser compensados, el gasto del Estado no puede provenir de impuestos que paguen esos mismos capitales. Proviene de las mismas fuentes extraordinarias que permiten su reproducción: renta agraria y deuda. El aumento del gasto durante el kirchnerismo tuvo como particularidad la expansión de las transferencias dirigidas a la clase obrera que se muestra en su carácter de sobrante en un contexto de fuerte suba de la renta: el aumento de la cantidad de pensiones y jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Plan Argentina Trabaja, por mencionar algunos de los más importantes. La AUH es la expresión más acabada del contenido de la política social en el período, pues es la aceptación de que se puede ser pobre aun teniendo empleo.

Lejos de una ruptura en materia de política social, se consolida la tendencia a su asistencialización. Si bien el gasto social aumenta al tiempo que aumenta el salario promedio, éste no revierte el bajo nivel histórico al que ha llegado y se consolida la tendencia a la fragmentación que se pone de manifiesto con la profundización de la dispersión salarial entre trabajadores privados registrados, públicos y no registrados. La AUH, por su parte, se integra al sistema de asignaciones familiares pero lo hace con un tratamiento diferenciado que refuerza la fragmentación. El aumento del gasto es la otra cara de la moneda de un capital que encuentra de manera sostenida, en la expansión de la población que se estanca en su condición de sobrante (con bajos salarios, consolidación del empleo no registrado, etc.), una fuente de compensación a su ineficiencia.

Si en un contexto de expansión de renta el kirchnerismo puede expandir el consumo sin una contraparte, una vez abierta la crisis no se puede realizar más esa unidad. El ciclo empieza a mostrar su agotamiento hacia 2009. La imposibilidad de avanzar en la apropiación de renta vía retenciones en 2008 termina en una sobrevaluación creciente que compensa a los capitales locales pero que no le permite al Estado una apropiación directa y, por tanto, ataca sus posibilidades de financiamiento. Ello, junto a la caída del precio internacional de las mercancías agrarias y el consiguiente estancamiento de la actividad económica local y del empleo, tiene como resultado un déficit fiscal y financiero en ascenso. Empieza a echar mano al endeudamiento (sobre todo de carácter interno emitiendo bonos del Tesoro Nacional y utilizando los fondos de las ANSES), pero aun así no le alcanza para resolver el déficit del Estado y genera inflación, atacando los salarios. El déficit tiene como correlato la caída del gasto social en 2010. Así es que la toma de deuda externa, la baja salarial y la disminución del gasto social que aparecían como medidas de “la derecha”, empiezan a implementarse bajo el mismo gobierno kirchnerista.

Los primero meses del macrismo son la continuidad de esta política en un contexto de agudización de la crisis. Sus políticas van en la línea de reforzar la fragmentación y la tendencia a la asistencialización de la política social. A su vez, en la medida en que se acreciente la población abiertamente sobrante, el gasto asistencial pierde peso como complemento del salario en negro y fuente de ganancia extraordinaria para el pequeño capital que la emplea y potencia su papel en la apropiación de renta vía expansión del mercado interno.

Si la renta agraria no vuelve a expandirse en lo inmediato lo que está por delante es un nuevo ciclo de endeudamiento externo cuyas bases dejó sentadas el kirchnerismo. El “saneamiento” del INDEC y la publicación de las cifras de pobreza se explican por esta necesidad.

Frente a la crisis que se expresa en una contracción de la economía y una depuración del capital sobrante, una parte de la clase obrera buscará aliarse con el capital que la condena a su condición de sobrante en el intento de enfrentar la política de ajuste no como una política del capital sino como política neoliberal. Otra parte de la clase obrera verá en el ajuste y la política pro mercado un intento de salida. Pero no se trata de alternancia entre modelos antagónicos sino formas históricas diferenciadas y unitarias que asume la reproducción del capital local en momentos de expansión y contracción de la renta, mediados por la tendencia a la pérdida del peso de la industria como principal forma de apropiación (tendencia que en América del Sur tiene a Chile como la vanguardia y se evidencia hoy de forma más dramática en Venezuela).

Frente a esto, tenemos por delante la defensa de la vida de la población sobrante y, con ello, del valor del conjunto de la fuerza de trabajo. Pero esta acción será más potente si no queda atada a las necesidades inmediatas de los capitales locales ineficientes y se constituye en una vía para la centralización del capital. En las tres décadas y media que van de comienzos de los ‘40 a 1974 los salarios crecen el 153 % y el gasto social el 424 %. A partir de entonces, mientras el gasto social sigue la tendencia y aumenta el 34 % en los 40 años posteriores, el salario promedio se desploma y pierde el 40 % de su capacidad de compra.

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  1. Quien expuso originalmente este desarrollo es Iñigo Carrera, Juan. La formación económica de la sociedad argentina. Tomo I: Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004, Buenos Aires, Imago Mundi, 2007.

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