¿Participación popular o legitimación del sistema?

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Juicios por jurado

MYRIAM BREGMAN E IVANA DAL BIANCO

Número 11, julio 2014.

 

En los últimos tiempos se ha reavivado el debate en torno a la implementación del juzgamiento de hechos que caen en el ámbito de la justicia penal mediante el juicio por jurados, promovidos bajo el lema de dar lugar a los ciudadanos comunes en la Justicia. Se los presenta en el marco de avanzar en terminar con los sistemas inquisitivos vigentes e ir a sistemas acusatorios o adversariales1.

 

Partimos de afirmar que para los marxistas, la mentada participación popular directamente ligada al poder punitivo del Estado, amerita un análisis especial, pues consideramos que “entre las instituciones de una sociedad burguesa, que sirven para engañar y oprimir a las masas trabajadoras debemos mencionar a la justicia burguesa (…) Cualquiera sea la composición de la corte, sus decisiones están reguladas de acuerdo a los estatutos donde están incorporados todos los privilegios del capital y la falta de privilegios de las masas trabajadoras”2.

En 1919, después de la Revolución rusa, se debatió por qué algunos Estados los contemplaban; crudamente se afirmó que mientras las masas estuviesen lo suficientemente sometidas por el capital “para que sean debidamente sumisas y respeten las leyes del Estado burgués como sus leyes propias, los trabajadores tienen permitido (…) ser sus propios jueces (…) Es así como las decisiones legales hechas en interés del capital pueden ser enmascaradas como decisiones hechas por ‘todo el pueblo’”3.

El juicio por jurados populares está contemplado en la Constitución Nacional en los art. 24, 75 inc.12 y 118. Históricamente, surge ligado a una forma de resistencia contra los poderes feudales y aristocráticos, como derecho a ser juzgado por pares. En el país, los sectores dominantes se han negado a implementarlo, aunque ya el Primer Triunvirato lo vio como la forma adecuada de garantizar la libertad de imprenta y, por esa vía, de expresión de los sectores revolucionarios4.

Más cerca en el tiempo, el juicio por jurados ha sido levantado como consigna por sectores reaccionarios, ligado al reclamo de endurecimiento de penas. Ejemplo de ésto es que fueron propuestos por Blumberg o actualmente por los gobiernos de Sapag en Neuquén o Scioli en la provincia de Buenos Aires. Los sectores garantistas mayormente se han opuesto a su implementación cayendo en una lógica similar, afirmando que la participación popular en el sistema de justicia traería aparejadas condenas más duras, pues estos jurados serían propensos a caer en las habituales campañas mediáticas exigiendo “mano dura”. Uno de los ejemplos que habitualmente se pone es el de Estados Unidos, aunque las estadísticas muestran que es absolutamente ínfima la cantidad de juicios que llegan a instancia de juicio por jurados en ese país5.

Adelantamos que nuestra posición no se relaciona ni con la de algunos garantistas que temen a esta –muy deformada– expresión popular, ni con la de sectores reaccionarios que se oponen a los juicios por jurados considerando que solo jueces profesionales están “capacitados”. Opinamos que la discusión es otra, que justamente en un sistema penal clasista y selectivo que actúa en los marcos de una sociedad de clases, con jueces que ganan sueldos siderales y tienen cargos vitalicios, no puede existir ninguna reforma que en sí misma o por si sola pueda reportar un cambio democrático; lo que tenemos que cuestionar es el sistema mismo.

 

Juicios por jurados en las provincias

Veamos primero qué ocurre en las experiencias de Córdoba o de Neuquén. El impacto es grande porque de la decisión que cada jurado tome dependerá la libertad de una persona. Bien lo refleja la periodista Irina Hauser en el primer juicio por jurados en Cutral Có, Neuquén:

 

La votación del jurado se hizo en una sala aislada (…) Cada jurado puso su decisión en un papel dentro de un sobre. Florencia los abrió y contó doce. Con ocho, según las reglas del jurado neuquino, hubiera alcanzado (si no se alcanza ese número, se declara al acusado “no culpable”). Pero era una decisión unánime de culpabilidad. Se quedó perpleja al ver los papelitos, dijo. Juntó coraje y salió a anunciarlo. Le quedó grabada, delante suyo, la imagen de Bruno Posse, el acusado, casi de su edad: “Ese chico sentado ahí, tan joven, con toda una vida por delante, pero fue la decisión que tomamos6.

 

Córdoba

El sistema es muy limitado, de tribunal escabinado, compuesto por 3 jueces técnicos y 8 jurados populares. De esa experiencia se pueden obtener algunas conclusiones: se mantiene la selectividad de los delitos que se juzgan y, contra lo esperado por sus promotores, se demostró que los jurados no votan en forma más dura que los jueces técnicos a pesar de que los delitos fueron de alta sensibilidad pública. En una investigación publicada en Derecho Penal (Infojus), se señala que en la experiencia cordobesa no se ha avanzado contra los llamados “delitos de cuello blanco” y cuando se lo hizo fue contra funcionarios menores. Sobre 117 sentencias analizadas: “el homicidio –efectivo o tentado– es el principal tipo delictivo presente en estos procesos (…) abarca el 84 % de los casos. Los casos de corrupción son muy poco frecuentes”7.

A su vez, se indica que el nivel de coincidencia entre las opiniones de magistrados y ciudadanos comunes es alto: en el 85 % de los casos los veredictos son adoptados por unanimidad. Igualmente los autores alertan que “a diferencia del sistema anglosajón, en los tribunales mixtos cordobeses la deliberación de jurados y jueces ocurre en forma conjunta, por lo que no se puede descartar la influencia de éstos sobre aquéllos”.

Lo interesante a tomar de la investigación citada es que en la mayoría de los casos en que los jurados han disentido con los jueces, sus decisiones resultaron menos severas que las de los magistrados: “la introducción del juicio por jurados no ha conducido en los primeros cinco años de su vigencia a un endurecimiento de las decisiones finalmente adoptadas”. Podríamos plantearlo de otro modo: los jueces técnicos y populares votan en forma bastante similar, en cuanto a lo que castigan y en cuanto a los temas que llegan a su conocimiento, no hay modificaciones significativas.

Más adelante trataremos de responder por qué ocurre esto. El Ceprodh tuvo relación con un caso emblemático en la provincia de Córdoba, el llamado caso “Eli”8. Se lo llamó “El caso Tejerina, al revés”9. En 2006, mediante juicio por jurados, se absolvió a Eli de 19 años, acusada de matar a su hija al nacer. Un comerciante en cuya casa trabajaba Eli, abusó de ella desde que tenía 10 años y quedó embarazada. El fiscal pidió 8 años de prisión pero Eli fue absuelta por un tribunal compuesto por jurados populares.

En el juicio oral, seis de los ocho jurados populares elegidos entre la población de Villa Dolores votaron en favor de la joven. Los dos jueces de la Cámara del Crimen votaron en contra. Para obtener esa absolución fue clave la movilización popular y el acompañamiento que tuvo Eli de organismos y la población en general, derrotando cualquier campaña punitivista.

 

Ahora en Neuquén

Se implementaron en enero de 2014 bajo el modelo anglosajón: los jurados dictaminan y el juez pone el monto de la pena. Para un veredicto de culpabilidad no se requiere unanimidad, basta con el voto positivo de 8 jurados (sobre 12). Rige para casos de “delitos contra las personas o la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas” siempre que el fiscal solicite una pena superior a los 15 años10.

Al acotarse así su ámbito de aplicación –como ocurre en la mayoría de los proyectos en curso– se demuestra el intento de atarlos a un sistema que legitime las penas más duras; lo que se confirma con la exigencia de unanimidad para obtener una condena.

En una provincia dominada por los intereses de las compañías petroleras, se excluyen los grandes delitos económicos, los derivados de desastres ambientales, los que terminan con la muerte de miembros de las comunidades mapuches, entre otros.

Aunque como en el caso de Eli, la movilización siempre puede colarse. En el mes de mayo, en lo que constituyó el primer juicio por jurados en un caso de gatillo fácil, la lucha que desarrolló la familia del joven asesinado Matías Casas junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, hizo que en una causa donde comúnmente los jueces resuelven por la impunidad o penas menores para el policía, el jurado popular dictaminó la culpabilidad del acusado por unanimidad11.

 

Un sistema que no se puede emparchar

Estos procesos, así como los proyectos que se comenzaron a discutir en otras provincias y en Congreso Nacional, son acompañados en muchos casos por la legítima aspiración de aquellos que defienden la instauración del juicio por jurados como modo de minar las bases del actual sistema judicial elitista y aristocrático.

Eso nos exige afilar el análisis. No podemos obviar que con la actual estructura judicial, policial y penitenciaria intactas, los imputados serán aprehendidos por las policías bravas, la instrucción de la causa la llevarán jueces o fiscales completamente alejados de los intereses del pueblo trabajador, y los que resulten condenados terminarán sus días en cárceles inhumanas. Igual que con el sistema anterior.

Es más, la experiencia demuestra que el sistema acusatorio en sí no asegura más garantías y derechos para los imputados. El ejemplo de la provincia de Buenos Aires es contundente: solo reportó mayor poder para las Fiscalías y el aparato punitivo del Estado. O Neuquén, donde con la publicitada reforma procesal se está dando una avanzada del Ministerio Fiscal como órgano absolutamente político y punitivista, que hace prensa con los casos en que consigue prisiones preventivas.

En este marco es que el juicio por jurados no es más que una cobertura del poder punitivo del Estado capitalista. Es evidente que el interés de los funcionarios que los promocionan está en lograr una forma de legitimación para aceitar un sistema clasista, racista, antipopular. Esto no será eliminado porque se implementen juicios por jurados, como se demostró en los casos citados al comienzo.

Nos negamos a reducir la discusión en el binomio sistema inquisitivo vs. sistema acusatorio/adversarial (con juicio por jurados), pues ambos responden a mantener lo esencial del sistema judicial vigente. La legislación represiva expresa los intereses de las clases dominantes12 y en defensa de esos intereses deberán pronunciarse aquellos que integren los jurados populares, más allá de la extracción social de la que ellos mismos provengan. Se acabará el monopolio de los veredictos de los jueces técnicos, se acabará el sistema inquisitivo, pero el Código Penal es un código para defender el orden social capitalista y su propiedad privada de cabo a rabo.

 

Un verdadero ejemplo histórico

Como vemos, no hay lugar para “parches” o medidas aisladas. Ciertamente se ha dicho que:

 

La mayoría de las medidas (…) incluyendo la transformación completa de los métodos penales habituales, ya han sido recomendadas por el mejor criminólogo burgués. Pero en la sociedad burguesa aún se mantienen en un sueño. Solo la victoria del proletariado puede asegurar su realización13.

 

Por eso ponemos como gran ejemplo histórico a la Revolución rusa de 1917, donde a la hora de organizar el modo de juzgamiento, se reconoció la división de la sociedad en clases sociales y al delito como un hecho determinado por esa división14. Se dispuso la elección de los jueces y su revocabilidad. Se establecieron tribunales populares. Cualquiera podía ser juez o abogado. Se estableció la figura de los “asesores populares”, elegidos en representación de los diferentes sectores de la comunidad y cuya función era frenar cualquier arbitrariedad, y para ello tenían la potestad de remover al presidente del tribunal15. Se fundó la institución del “control judicial supremo” integrada por delegados de los tribunales locales, elegidos por no más de un año, que podía orientar las decisiones de los tribunales así como proponer enmiendas a la legislación. Se apelaba a la “conciencia socialista de la justicia” de los tribunales populares.

Se discutió la necesidad de los Códigos, hubo riquísimos debates alrededor de la figura del Procurador General, y tantos otros que apuntaban a terminar con el “culto a la legalidad”. Sobre el funcionamiento de los tribunales populares, en aquellos primeros años posteriores a la Revolución de Octubre se señalaba:

 

Estos tribunales están completamente libres del espíritu de revancha. No pueden vengarse de la gente simplemente porque esto sucede por haber vivido en una sociedad burguesa. Por este motivo, nuestra corte manifiesta un cambio revolucionario en el carácter de sus decisiones. Cada vez más frecuentemente encontramos que son impuestas sentencias condicionales, castigos que no incluyen a ningún castigo, su jefe apunta a prevenir la repetición del delito. Otro método es el de la censura social, un método que solo puede ser efectivo en una sociedad sin clases, una sociedad en la que la conciencia social y la responsabilidad han aumentado enormemente16.

 

Otros, como Michel Head, señalan que:

 

Aunque estos tribunales impartían justicia de acuerdo a la “conciencia revolucionaria”, las estadísticas indican que se acercaban a los casos con indulgencia y con una mente abierta. Un análisis de 1919 preparado por Kursky, a continuación, la Comisión de Justicia, informó que de los 61.128 casos penales, el 43 % dio lugar a la absolución, 35 % a prisión (las cuatro quintas partes con la libertad condicional), el 8 % a trabajo socialmente necesario, el 4 % a multas y 10 % a otras variantes, generalmente admoniciones17.

 

Para concluir, debemos reiterar que no podemos reducir la discusión sobre los juicios por jurados a un parche de este sistema. Si queremos terminar con el sistema inquisitivo actual en serio, hay que modificar de raíz el sistema mismo, cuestión que excede claramente a quién determina la culpabilidad o inocencia de una persona, sino que eso forma parte de un engranaje mayor. Ese engranaje sostiene la dominación de una minoría, la burguesía, por sobre las grandes mayorías de los trabajadores y el pueblo.

Desde esta perspectiva estratégica, íntimamente ligada a un cambio revolucionario de la sociedad y acompañando las sanas aspiraciones de aquellos que quieren terminar con la casta judicial, planteamos la necesidad de luchar por la elección popular y universal de los jueces, la posibilidad de su revocatoria y que ganen lo mismo que un trabajador. Unido a estas transformaciones de conjunto, la exigencia de juicios por jurados realmente democráticos, puede tener fuerza vital, en el camino de una democratización. Son medidas mínimas de una real democratización que termine con esa casta privilegiada y vitalicia.

Nos dirán que nos vamos muy lejos, tal vez, pero creemos que si nos quedamos en el debate solo de juicios por jurados si o no, no se llegará a la mentada democratización y terminará avalándose otro discurso diferente pero igualmente legitimador del poder punitivo del Estado burgués. Eso sí, con un ropaje presentado como más democrático.

VER PDF

1. Son presentados como más democráticos por limitar las enormes atribuciones concentradas en la persona del juez, dando más poder a los fiscales, y por proponer un enfrentamiento entre iguales. Pero la realidad es que de un lado estará simplemente el defensor del imputado y, del otro, los poderosos fiscales que cuentan con la policía, el Proyecto X y todo el poder punitivo del Estado.

2. N. Bujarin y E. Preobrazhenski, ABC del comunismo, Cap. 9, 1920, marxists.org.

3. Ídem.

4. El 26/10/1811 fue sancionado por el Primer Triunvirato el “Decreto de la Libertad de Imprenta”. Miguel A. Osorio, Juicio por Jurados. Perspectivas actuales e históricas, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007.

5. Solo el 2% de los casos se resuelve en juicios por jurados. Casi han desaparecido, cobrando más peso como forma de resolución la “negociación” sobre declaración de culpabilidad (plea bargaining).

6. Página/12, 25/04/14.

7. María Inés Bergoglio y Santiago Abel Amietta, “Participación ciudadana en la justicia. Infojus”, Derecho Penal 3, Año 1, diciembre 2012.

8. Abogados del Ceprodh participaron en el juicio por violación. El imputado resultó condenado a 8 años de prisión.

9. Página/12, 25/03/10.

10. Art.35 Código Procesal Penal de Neuquén.

11. Los abogados de la familia de la víctima son Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero del Ceprodh.

12. O más simplemente, delito es lo que la burguesía dice que es.

13. N. Bujarin y E. Preobrazhenski, ob. cit.

14. En 1919 se dictaminaron los “Principios básicos del derecho penal de la RSFSR”. Allí “se describía al delito, no como culpa propia del delincuente, sino de la estructura de la sociedad clasista. El derecho penal era un expediente provisional adoptado por la sociedad en una época de transición hasta que se superaran las divisiones de clase”. E. Carr.

15. Ver Matías Maiello, “El derecho penal y la lucha de clases”, IDZ 8, abril 2014.

16. N. Bujarin y E. Preobrazhenski, ob. cit.

17. Michel Head, Pashukanis Repraisal.

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