Paraguay: nuevo gobierno pero viejos problemas sin resolver

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ALEJANDRO SCHNEIDER

Número 6, diciembre 2013.

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Hace un poco más de un año, América Latina tuvo un nuevo golpe de Estado: en Paraguay, junio de 2012, contra el ex presidente Fernando Lugo. Esto abrió un período de relativa inestabilidad gubernamental que, en estos últimos meses, intentó cerrarse con la asunción de Horacio Cartes. Sin embargo, detrás de estos acontecimientos, permanecen problemas que se ramifican con las características estructurales e históricas que posee el país.

Sin duda, para comprender el panorama de lo que sucede en la actual nación mediterránea, hay que retrotraerse a la sangrienta guerra de la Triple Alianza o Triple Infamia, como la describió magistralmente Juan B. Alberdi. Este conflicto bélico, que opuso a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870, tuvo entre sus principales objetivos suprimir el singular modelo de crecimiento capitalista que venía desarrollando el país agredido, así como también resolver los problemas de construcción de los Estados nacionales de Brasil y Argentina. A partir de entonces, sobre el devastado territorio paraguayo, donde murieron más de un millón de personas, se erigió la actual nación guaraní con su estructura agraria concentrada en pocas manos, derivando en una situación de permanente miseria para la mayoría de la población.

Este proceso debe ser enmarcado dentro de las formas que adquirió el capitalismo paraguayo basado centralmente en un modelo exportador de bienes primarios. Además de sus recurrentes crisis económicas, provenientes de su vulnerabilidad comercial externa, durante el siglo XX los trabajadores rurales y urbanos padecieron un nuevo conflicto bélico, en este caso con Bolivia (la Guerra del Chaco, 1932-1935) junto con la instalación de reiteradas dictaduras militares; entre otras, la más perdurable del continente, la de Alfredo Stroessner (1954-1989). Bajo esa sangrienta tiranía, la estructura agraria comenzó a cambiar. En la década del setenta se inició un proceso modernizador autoritario caracterizado por la instalación de nuevas empresas agropecuarias capitalistas en consonancia con la descomposición de la tradicional economía campesina en torno a la producción de algodón para la exportación. La transición democrática que se inició en 1989, controlada por las FF.AA., el Partido Colorado y los grandes grupos empresariales, consolidó la transformación capitalista abierta con Stroessner. Durante esos años Paraguay reorientó su economía alrededor de la producción exportadora de soja transgénica y el aumento del comercio de triangulación por Ciudad del Este. En ese marco, los gobiernos colorados de Andrés Rodríguez, Juan C. Wasmosy y Raúl Cubas profundizaron las políticas económicas neoliberales con una amplia apertura de los mercados y la privatización de empresas públicas que había comenzado a desarrollar el extinto dictador.

Todas estas medidas redundaron en provocar un mayor índice de pobreza (especialmente, en la población indígena), una suba en los niveles de desempleo, un incremento en las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos y un constante flujo migratorio de población hacia los países limítrofes.

A este deterioro en el panorama económico-social, se le sumó la inestabilidad política reinante con los gobiernos de Luis González (1999-2003) y Nicanor Duarte (2003-2008) que derivaron en un hecho histórico: la derrota del Partido Colorado, en el 2008, tras más de sesenta años en el poder. Fernando Lugo asumió la presidencia integrando una coalición de partidos liberales y reformistas denominada Alianza Patriótica para el Cambio. A pesar de cierta esperanza que generó dentro de determinados sectores de la sociedad paraguaya y latinoamericana, el ex obispo no desarticuló a los grupos políticos y empresariales que se enriquecieron y fortalecieron durante la dictadura stroessnista. Lejos de favorecer a aquellos sectores que lo habían apoyado, como el movimiento campesino, prosiguió alentando al monocultivo extensivo de la soja, desplazando las comunidades campesinas, destruyendo sus formas de producción e incrementando la cifra de labriegos sin tierra. En este contexto, se produjo tanto un aumento en las ocupaciones de tierra como un abierto rechazo a los forzados desalojos. El golpe institucional que destituyó a Lugo estuvo precedido por una brutal masacre que se efectuó como consecuencia de un violento operativo policial de expulsión de campesinos en una hacienda perteneciente al terrateniente y ex senador colorado Blas Riquelme, en Colonia Ybyrá Pytâ, en junio de 2012.

A pesar de que el mandatario permitió la represión, con heridos torturados y menores detenidos durante los procedimientos policiales, las fuerzas tradicionales que gobernaron históricamente el país decidieron destituirlo por vía de un juicio político cuasi sumario, en el Parlamento. En su reemplazo asumió el vicepresidente Federico Franco del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación política que había permitido la llegada del ex obispo al Poder Ejecutivo.

Los grupos de campesinos e indígenas que habían marchado a Asunción a protestar por la masacre ocurrida la semana anterior, decidieron cambiar el eje de sus reclamos ante el juicio político contra Lugo proclamando la defensa del gobierno. Esto explica, en parte, los enfrentamientos que se produjeron frente al Congreso con las fuerzas de seguridad tras darse a conocer la decisión parlamentaria de expulsar al religioso.

Ante ello, Lugo pidió que la población se desmovilice y que regrese a sus hogares. La nula defensa de Lugo frente al ataque del Poder Legislativo y su decisión de no convocar a una movilización popular en resguardo de su mandato, fueron los dos últimos hechos que, en gran parte, sintetizaron ese estilo de gobierno.

 

El regreso al neoliberalismo de la mano de Cartes

En el pasado mes de agosto asumió el presidente Cartes, magnate terrateniente que dirige cerca de treinta companías tabacaleras, textiles, sojeras y financieras. Su candidatura fue parte de un acuerdo entre diferentes sectores empresariales extranjeros y paraguayos con el aval político del stroessnista Partido Colorado. Desde el inicio de su gestión, el principal objetivo de gobierno fue fortalecer un sólido bloque empresarial en torno a la agricultura para la exportación (en particular, soja) a la vez que intentar aumentar el comercio de bienes de consumo importados del sudeste asiático para su posterior venta a los países miembros del Mercosur. En esa senda, comenzó una frenética búsqueda de apoyo de diferentes empresarios regionales para que realizasen inversiones (principalmente, en áreas rurales) en donde el gobierno continuó garantizando un régimen fiscal caracterizado por su escasa carga tributaria. En una reciente reunión con empresarios en la República Oriental del Uruguay, el presidente exclamó una frase polémica y repudiable que sintetiza su pensamiento al respecto: “Ustedes saben lo que es vivir de los vecinos. Hay que ponerse fácil. Paraguay tiene que ser esa mujer linda, tiene que ser un país fácil”. Toda una síntesis filosófica sobre su concepción de los bienes estatales y lo que piensa de las mujeres.

En ese contexto, Cartes ha tratado de recomponer los lazos políticos y comerciales con los tres principales socios del Mercosur: Brasil, Uruguay y Argentina, deteriorados tras el derrocamiento de Lugo. En forma paralela, Cartes se acercó al denominado bloque del Pacífico impulsado por México, Colombia y Chile con el fin de atraer nuevos mercados e inversiones. En todos los casos, el objetivo último del gobierno es el de tratar de conseguir consorcios empresariales interesados en participar en el actual ciclo privatizador que impulsa su gestión a través de la sanción de la Ley de Participación Público-Privada. La norma busca dar en concesión ‒por treinta o cuarenta años‒ diversas empresas de transporte, energía eléctrica, redes eléctricas, agua, rutas, ferrocarriles, puertos, navegación fluvial, aeropuertos, escuelas, hospitales, centros de salud, penitenciarías, telecomunicaciones, infraestructura urbana (agua potable), producción, refinamiento y comercialización de cemento e hidrocarburos.

Además, como parte de su política de estabilidad económica, y con la excusa de un supuesto accionar del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Poder Ejecutivo modificó la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual se autorizó el empleo de las Fuerzas Armadas dentro del territorio. Como consecuencia, a un mes de la asunción del mandato de Cartes, se militarizaron los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay en el norte del país. En ese escenario, se prohibió la creación de nuevas entidades sindicales, se reprimieron varias movilizaciones campesinas en demanda de una reforma agraria, y se asesinaron a tres trabajadores rurales.

De manera clara, el nuevo gobierno busca criminalizar las medidas de fuerza. Expresión de esto es que de cada diez sindicatos que buscan organizarse, siete de ellos no logran hacerlo por la negativa de los empresarios, que cuentan con la colaboración de las autoridades de la cartera laboral. Una situación similar de protestas sociales, durante este primer mes de gobierno, se vivió en algunas ciudades. Desde hace varias semanas choferes de autobuses, trabajadores de la salud y docentes protagonizaron numerosos conflictos gremiales originados por despidos, demoras en el pago de salarios y bonificaciones, falta de medicamentos e insumos en los centros sanitarios, prohibición de constituir nuevas entidades sindicales, rechazo a las privatizaciones de las empresas estatales, entre otros reclamos.

A esto hay que sumar la presencia de distintas personas –beneficiarios de programas sociales establecidos en la presidencia de Lugo y de campesinos sin tierras e indígenas– durmiendo en las calles de Asunción reclamando alimentos y semillas. Dentro de estas manifestaciones, sin duda una de las más impactantes fue la huelga general que mantuvieron los conductores de micros en demanda de la reincorporación de sus companeros despedidos. En este caso, entre las medidas realizadas para convocar la atención de la población se observó la crucifixión a un madero de un grupo de huelguistas durante cerca de tres semanas.

Más allá de estos reclamos puntuales, los mencionados enfrentamientos sociales remiten a una situación histórica estructural que atraviesa Paraguay desde hace más de un siglo. Luego de creciendo a ritmo sostenido desde hace una década, la pobreza se conserva en los mismos niveles que hace varios años. De acuerdo con datos de la CEPAL, la pobreza alcanza a un 49 % de una población de 6,2 millones de habitantes, siendo el país con mayor pobreza extrema de la región con una tasa de 28 %. Una de las principales causas de la pobreza en Paraguay es la dificultad para el acceso a la tierra. Un 2 % de la población es duena de alrededor el 80 % de la tierra. La concentración de la tierra es uno de los factores que explican la amplia brecha entre ricos y pobres, así como la falta de oportunidades en el sector rural, donde se registra la mayor cantidad de indigentes en el país. En este escenario, es importante observar que el 62 % de los 6,2 millones de personas que tiene el territorio es menor de 30 años, y que tres de cada cinco jóvenes de 15 a 29 años se encuentra desocupado o subempleado, según datos difundidos por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).

El gobierno de Cartes no va a traer beneficios a las castigadas familias campesinas e indígenas paraguayas que viven en la pobreza e indigencia. Aquellos que propiciaron la caída de Lugo y que se favorecieron con el gobierno de Franco, son los mismos grupos económicos y políticos que se beneficiaron durante las últimas décadas con el proceso de concentración de la tierra. En otras palabras, son los mismos sectores que, respaldados por los principales partidos (el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico), continúan sosteniendo el poder real del vecino país sudamericano.

En ese sentido, no está de más reafirmar que ningún gobierno de este tipo puede terminar con los altos índices de pobreza y la desigual distribución de la propiedad existente en Paraguay; sólo un gobierno obrero-campesino que luche por el socialismo puede dar vuelta esta historia.

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