Pagarás y te sacarán los ojos

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Buitres son todos

PABLO ANINO Y ESTEBAN MERCATANTE

Una política para que el pueblo decida

Entrevista a Nicolás del Caño

Número 11, julio 2014.

 

Cuando esta revista esté en la calle, el país puede haber entrado en default por un fallo de un juez de Nueva York. O bien puede el gobierno haber terminado de echarse para atrás completamente, desde denunciar hace unas semanas la “extorsión” de los buitres, a pagarles hasta el último centavo de lo que reclaman

 

Más probablemente, quedará un mes más de incertidumbre. Cualquiera sea el resultado, la crisis generada por los “holdouts” con la decisión de la Corte Suprema norteamericana de confirmar el fallo de Griesa, pone en evidencia el poder de fuego que tiene un pequeño grupo con menos del 1 % de la deuda reestructurada del país. Reclaman el pago íntegro de u$s 1.330 millones de unos bonos que compraron a valores bajísimos. Aceptar su “extorsión” abriría la puerta a otro 6 % de bonistas que no aceptaron los canjes, por hasta u$s 15 mil millones. No solo eso. El 93 % que canjeó podría hacer valer las cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que le habilita a reclamar por iguales condiciones si el gobierno hace una mejor oferta. Esta cascada de reclamos elevaría la nueva deuda en u$s 120 mil millones, desde los u$s 215 mil millones actuales.

La cuestión de la deuda, que ha vuelto al primer plano con este grupo de buitres que litigan en cortes yanquis, va mucho más allá de éstos. Y es otro de los planos en los que, en estos años de relatos y contrarrelatos, el gobierno nacional obró como el mejor garante de los bonistas que, según la presidenta, “confiaron en el país”, pero que más bien confiaron en un negocio redondo.

 

La economía política de la deuda

Todas las naciones emiten deuda para solventar el desenvolvimiento del Estado. También las crisis de deuda ocurren en todas partes, son inseparables de la dinámica de acumulación por efecto de los intereses, que multiplica el valor de los pasivos hasta volverlos insostenibles para enriquecimiento de los acreedores. Lo que caracteriza a las economías dependientes es que una porción significativa de la deuda pública (históricamente la abrumadora mayoría) es deuda externa (es decir con acreedores extranjeros) y en moneda de reserva internacional (dólar, euro, yen). Esto las diferencia de economías ricas con importante deuda externa, como EE. UU., que acumula pasivos en su propia moneda. Esto no lo pueden hacer las naciones dependientes. Por su débil estructura económica (y el peso en ella del capital extranjero) estas muestran un desarrollo limitado del sistema de crédito y una moneda débil. Esto vuelve al capital dinerario que circula internacionalmente en una fuente de financiamiento privilegiada.

En las economías dependientes, la deuda externa no solo financia al tesoro sino que juega el papel de compensar los desbalances externos, es decir, el déficit en divisas ocasionado por un comercio exterior deficitario o por la sangría de las remesas al exterior de empresas extranjeras o de sectores de la burguesía local. Se pretende resolver a través del crédito este drenaje de divisas, para evitar que se genere el tipo de estrangulamiento que tantas veces ocurrieron en la economía argentina (ver IdZ 7). Pero esto crea un nuevo drenaje, vinculado a los servicios de deuda, y por eso estos intentos se vuelven a la larga insostenibles y se agravan las crisis fiscales y de desbalance externo, que conducen al ajuste sobre el pueblo trabajador. Entre crisis y crisis, la deuda pasa por períodos donde primero parece “pagable”, hasta que adquiere un peso formidable en relación al PBI y sobre el presupuesto público, y vuelve a ser impagable. Aún en la Argentina “desendeudada” vemos cómo los servicios de deuda superan a muchas partidas con fines sociales como la educación, la salud y la vivienda.

Los títulos de deuda pública externa son una vía por la cual los grandes centros financieros obtienen una afluencia de riqueza desde los lugares más recónditos del planeta. Esto es así desde los tiempos de la Baring Brothers (que emitió el primer empréstito a la Argentina en tiempos de Rivadavia) hasta hoy. Aunque el peso de los activos externos en las economías dependientes (y en particular de la parte de los activos constituida por las deudas públicas externas) no tiene hoy para las economías ricas el peso que estas tenían a comienzos del siglo XX, sería erróneo pasar por alto su importancia.

Desde el punto de vista de las grandes plazas financieras, extender los volúmenes de deuda comerciada en moneda local resulta clave para fortalecerse en la competencia con otras plazas, de Nueva York con Londres y ambas con Frankfurt o Tokio. Para las economías más ricas, esta deuda genera, junto con las rentas que obtienen las corporaciones transnacionales, importantes flujos de riqueza. Gérard Duménil y Dominique Levy1, han señalado la importancia para la economía norteamericana de los últimos veinte años de las rentas generadas por los activos en el extranjero, entre ellas la deuda externa de las naciones dependientes.

Los ciclos de endeudamiento externo en las economías dependientes surgen por decisión de los gobiernos tanto como por necesidad del capital global para volcar su liquidez y garantizarse buenos negocios cobrando tasas altas, a causa del “spread” (sobretasa) por encima de las tasas que pagan los bonos de las economías ricas. Tanto el volumen de disponibilidad de créditos como las tasas de interés, varían al ritmo de esta liquidez global, afectada por la política monetaria de las potencias imperialistas. En los ‘70 hubo boom de crédito en América Latina por los llamados “eurodólares” y “petrodólares”, que se cortó cuando la Reserva Federal (Fed, Banco central de los EE. UU.) inició una fuerte suba de las tasas de interés para frenar la inflación, lo que subió el costo del crédito y disparó las crisis de deuda en el “Tercer mundo”. Más recientemente, las masivas emisiones monetarias para enfrentar la crisis de 2008 que significaron un flujo enorme de dólares a las economías dependientes (a excepción de Argentina por tener las vías rotas con los “mercados”). La emisión de deuda, así como la reestructuración después de cada crisis, abre una oportunidad de grandes negocios para el capital financiero internacional en asociación con intermediarios locales, donde las estafas con las comisiones, así como el uso de información privilegiada para adquirir títulos a precio vil, están a la orden del día. No más mencionar las denuncias en relación al megacanje, al blindaje o las sospechas sobre consultoras amigas de Amado Boudou en el canje de 2010.

Para las potencias imperialistas, la deuda externa y las crisis han sido además vehículos para impulsar agresivamente la agenda del capital trasnacional. La necesidad de los países dependientes de obtener “ayudas” tuvo como contrapartida estas exigencias. El FMI otorgó créditos a cambio de duras condiciones. Sus planes de “ajuste estructural” no solo apuntaban a estabilizar el balance externo, fiscal y los precios, sino que pugnaban por la apertura de la economía, la liberalización financiera y de los movimientos de capitales, privatizaciones y la flexibilización de la fuerza de trabajo. Estas políticas no solo se implementaron por presión externa; importantes sectores de las burguesías de las economías dependientes las impulsaban motivados por la posibilidad de sacar provecho de la apertura de otras economías, así como favorecerse con las privatizaciones y otras medidas proempresas que eran parte de los planes de ajuste.

Las crisis externas y las exigencias del FMI permitieron a éstos disciplinar o aislar a las fracciones burguesas resistentes a la apertura, a la vez que presentar estas políticas como ineludibles ante los sectores populares para “salvar” la economía. La apertura y liberalización profundizaron en varios países los desequilibrios, y se volvieron en nuevo fundamento para que los países dependientes apostaran a la deuda –así como a la entrada de capitales– para “estabilizar” sus economías, reproduciendo una y otra vez los ciclos de auge y retracción (cuando no hundimiento) de la mano de los vaivenes del sistema financiero global.

En el crecimiento del endeudamiento público y externo iniciado en los ‘70 en la Argentina, convergieron los intereses de la banca internacional y de sectores de la burguesía argentina. La deuda solventó la fuga y dolarización de activos de la burguesía argentina. Durante la dictadura creció el endeudamiento privado, que luego se transformaría en público gracias al Banco Central. En paralelo, la dictadura emitía deuda para crear una bonanza ficticia al tiempo que llevaba adelante un genocidio contra la clase obrera y los sectores populares. La deuda con la que se sostuvo la convertibilidad en los ‘90, especialmente cuando ésta entraba en crisis, tuvo como contrapartida una masiva fuga de capitales, aprovechando lo que durara la ficticia paridad con el dólar. Como contrapartida, los acreedores internacionales que financiaban esta fuga se hacían con títulos que les daban el derecho a participar de la riqueza futura que se obligaría a pagar del Estado argentino, más los intereses generados.

 

Que los dólares de la soja no tapen el bosque

Durante los años de bonanza de los gobiernos kirchneristas, pareció que la deuda externa había dejado de ser un problema. Muchos “progres” saludaron la reestructuración de 2005, basándose en que la quita pactada era de un nivel sin precedentes. Pero detrás de la quita nominal, los cupones que acompañaban los bonos, atados al crecimiento del PBI, aseguraban fondos que compensaron tal quita2. Pero además, los que canjearon hicieron jugosos negocios. Entre ellos también hay fondos tan “buitres” como el NML, que compraron los bonos por centavos (a 10 o 20 % del valor original) por lo cual aún con quita obtuvieron ganancias que podían llegar al 250 %. Las ganancias del canje que obtuvieron los bonistas desde 2005 superarían a lo que obtiene cualquier tenedor de bonos de países “emergentes”3. En 2010 estas condiciones fueron aún mejores, porque a todos los bonistas se les pagó retroactivamente todos los cupones de crecimiento que se habían originado desde 2005. En ambos canjes el oficialismo volvió a aceptar la jurisdicción yanqui para realizar los pagos como para desenvolver litigios, elemento central en la actual crisis, que en ningún modo es “heredado”. Según Cristina Fernández, el kirchnerismo pagó u$s 173 mil millones de deuda, con “hitos” como la cancelación de u$s 10 mil millones en efectivo al FMI o la utilización de dólares del Banco Central para pagar vencimientos.

Sobre la base de una situación inédita en la historia argentina reciente, como era el holgado superávit comercial que permitió la exportación del “yuyito”, la Argentina se encontró con una abundancia de dólares. Esto permitió pagar sin recurrir a nuevo endeudamiento externo, lo que se llamó “desendeudamiento”.

Esta política se defendió sobre la base de que daba margen para una política económica sin condicionamientos del FMI. La falsedad de esta postura se encuentra en el hecho de que, por fuera de algunas “heterodoxias” –que pusieron trabas al funcionamiento de los mercados pero sin atacar la propiedad privada– y la destrucción del Indec, el kirchnerismo cumplió puntillosamente con la abrumadora mayoría de los intereses de los que es guardián el FMI, cuya tutela quiso evitar. Todas las conquistas de la ofensiva neoliberal fueron preservadas, como vemos –por solo mencionar algunos ejemplos– en las regulaciones laborales o en lo que hace a los acuerdos que garantizan los derechos de las empresas multinacionales. Quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había dejado la hecatombe de 2001, y que hasta hace poco resultaba más costoso levantar que dejar pendientes, como ocurría con el Club de París, o los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 o 2010. Pero, dispuestos a aceptar, como hizo el gobierno, la lógica del capital, el resultado de estas “rebeldías” fue obligarse a redoblar el ritmo de transferencia de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones, preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes para hacer política monetaria. La “soberanía” así comprada se probó bastante costosa y poco duradera.

A pesar de ser “pagadores seriales”, la deuda pública pasó de u$s 126 mil millones luego del canje de 2005 a u$s 200 mil millones a fines de 2013. En la actualidad estaría superando los u$s 215 mil millones. El margen que daba el superávit comercial era tal que el gobierno permitió alegremente una fuga de capitales acelerada (que se llevó más de u$s 90 mil millones que esta vez no necesitaron ser financiados con deuda gracias a los dólares de la soja), así como las remesas de utilidades de las empresas, las cuales duplicaron los niveles promedios de los noventa en términos de PBI, pasando del 1 % al 2 %. Sin embargo, a partir de 2011 se evidenció que los dólares de la soja no alcanzaban para todo. Desde entonces, el gobierno se empeñó en frenar la salida de dólares para preservar los necesarios para pagar la deuda, así como para evitar una crisis externa. Varias veces se amagó con la idea de volver a los “mercados”, que resultó archivada por la crisis mundial y la cantidad de escollos que había que superar (pactar con el Club de París, cerrar el conflicto con los holdouts, etc.), costosos para el “relato”. Pero la necesidad tiene cara de hereje.

Para llegar al 2015 sin mayores trastornos, junto con el ajustazo que significó la devaluación de enero, el gobierno decidió una vuelta a los “mercados”. Empezó con los “deberes”: aceptó los fallos contra el país resueltos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas

a Inversiones (CIADI), tribunal al servicio de las multinacionales; luego llegó a un acuerdo con el Club de París (un foro informal de acreedores) por deudas originadas en la dictadura y acrecentadas por el gobierno de la Alianza, reconociendo sin ninguna explicación una deuda de u$s 9.700 millones cuando los registros oficiales daban cuenta de solo u$s 6.000 millones; además, el gobierno concedió una indemnización a REPSOL en agradecimiento a la expoliación de los recursos petroleros por más de una década. Todo esto significa que en los próximos 5 años, los vencimientos en dólares pasaron de u$s 18.000 a u$s 32.220 millones, un aumento de 79 %. Después de estas decisiones, la resolución de la Corte Suprema es una piedra en el zapato, que frenó por el momento la aspiración gubernamental. Ante esto, preparan nuevas concesiones para empapelar los mercados con nuevos papeles de deuda.

 

No pagar la deuda y cortar los nudos de la dependencia

El problema no son los buitres, sino la deuda. Pagarla aumenta las imposiciones de los especuladores y las penurias del pueblo trabajador. Por eso es de interés fundamental para la clase trabajadora impulsar el no pago, que debe estar estrechamente asociado a un conjunto de medidas para que las masas obreras y populares no asuman los costos de la crisis.

La primera de ellas es la nacionalización del comercio exterior, creando una entidad estatal que concentre todas las compras y ventas al exterior. El comercio exterior es dominado por un puñado de empresas entre las que se encuentran las multinacionales exportadoras agrarias, unos pocos complejos industriales (principalmente el automotriz), y compañías mineras y petroleras. Corrientemente defraudan al fisco, lo que está facilitado porque la aduana es su propia casa. Lo mismo ocurre con el resto de los grandes exportadores. Las multinacionales inflan los precios de sus compras al exterior para disfrazar los balances.

Con esta medida se podrá limitar la manipulación por parte de los grandes aglomerados imperialistas que buscarán generar escasez de divisas para que se desvalorice la moneda local o ahogar la economía e imponer condiciones contra el pueblo trabajador. Esto también permitirá definir cómo se administran las divisas en función de qué necesitan y qué no necesitan las mayorías del país, estableciendo algún tipo de racionalidad de las entradas y salidas con respecto a las fuerzas productivas nacionales.

El control de cambios es otra política clave. No para hacer lo que hace el gobierno con el “cepo” que limita el acceso a los dólares selectivamente, mientras los bancos junto a los especuladores financieros fugan miles de millones de dólares con operaciones legales como el llamado “contado con liqui”, o las grandes empresas imperialistas giran millones de dólares de ganancias a sus casas matrices, reinvirtiendo escasamente. El control de cambios permitiría intervenir en la compra y venta de moneda extranjera en función de que las divisas estén disponibles para atender los requerimientos de la estructura productiva para responder a necesidades del conjunto de la población y no del lucro privado.

Al mismo tiempo es indispensable que todos los bancos pasen a conformar una banca nacionalizada que unifique el ahorro nacional y el sistema de crédito en manos del Estado, con control de los trabajadores bancarios (no por la burocracia sindical). Una banca nacional única permitiría llevar un registro contable de toda la economía.

De esta manera se podrían contrarrestar las maniobras especulativas como cuando en enero los bancos ganaron $ 10 mil millones con la devaluación. Durante la crisis de 2001 y 2002 los bancos fueron denunciados de fugar los dólares del país con camiones de caudales que los llevaban a Ezeiza. En los momentos actuales estamos viendo cómo los bancos estimulan la salida de depositantes, empujándolos al dólar blue, como respuesta a los intentos de aplicar tímidas regulaciones a las tasas de interés. Hoy el crédito está orientado en beneficio de los grandes conglomerados económicos. El financiamiento al consumo popular es escaso y concentrado en bienes electrónicos, alimentación y vestimenta a tasas altísimas. Casi no existe el préstamo hipotecario.

Los grandes bancos por lo general tienen en las sombras “cuevas” donde manejan el mercado paralelo del dólar e instituciones financieras informales que prestan a los sectores más pobres cobrando tasas de hasta 20 %. La nacionalización de todas las instituciones bancarias para conformar una banca estatal única permitiría direccionar los recursos para atender las necesidades más acuciantes del pueblo trabajador como el derecho a acceder a una vivienda, como así también ofrecer crédito a los pequeños comerciantes. La nacionalización de la banca no debe significar afectar los depósitos de los pequeños ahorristas. Por el contrario, tal como fue planteado por la izquierda en la crisis de 2001, la perspectiva es atacar a los grandes monopolios, a los grandes propietarios que son además los únicos que burlaron en esa oportunidad el “corralito”.

Esta serie de medidas mínimas de defensa nacional necesitan del concurso y una amplia movilización obrera y popular, porque no las decidirá este gobierno de “pagadores seriales” y mucho menos la oposición que exige ser más “serial”. De desarrollarse la movilización por el no pago seguramente el imperialismo intentará responder, por lo cual habrá que avanzar en la expropiación de los principales conglomerados económicos en manos extranjeras. Estas medidas son un primer paso fundamental para cortar los nudos gordianos que refuerzan la dependencia para beneficio del imperialismo y sus socios de la burguesía local.

 

1. “El imperialismo en la era neoliberal: respiro y crisis de la Argentina”, Realidad Económica 225, 1º de enero al 15 de febrero de 2007.

2. Alberto Müller, “Default y reestructuración: ¿Cuál fue la real quita de la deuda pública argentina?”, Cespa, FCE-UBA, marzo 2013.

3. Según información brindada en: www.embajadaabierta.com.

 

***

UNA POLÍTICA PARA QUE EL PUEBLO DECIDA

Entrevistamos al diputado nacional Nicolás del Caño para conocer su opinión sobre esta nueva entrega y su propuesta de referéndum.

 

IdZ: Ante la crisis de la deuda están planteando que se realice un referéndum.

Sí. Nuestra propuesta es una consulta popular vinculante, es decir que su resultado deba ser cumplido. En la cuestión de la deuda vemos un gran acuerdo nacional para que Argentina ceda a lo que hace unas semanas la presidenta llamó una “extorsión”. El gobierno y los partidos opositores de la burguesía quieren arrodillarse ante los fondos buitres, continuar con la entrega nacional, comprometiendo el futuro de generaciones, completamente a espaldas del pueblo. Ni siquiera pasó por un debate público en el Congreso, apenas una reunión a puertas cerradas en el Congreso con los presidentes de bloque donde la única oposición la presentamos desde el Frente de Izquierda, con mi intervención y la de Néstor Pitrola del PO. Se negaron a que esa reunión sea transmitida por todos los medios, como propusimos desde el PTS, y negocian con los buitres en reuniones secretas. Nosotros reafirmamos la política de repudio a la deuda externa, y la acompañamos con la exigencia de esta consulta para que el pueblo decida. Que se presenten varias opciones –que no sea solo por sí o por no–, que las organizaciones de los trabajadores y partidos de izquierda podamos levantar nuestras propias alternativas y se garantice el acceso gratuito e igualitario a todos los medios de comunicación. En estas condiciones podrá desplegarse ante el conjunto del pueblo trabajador todo nuestro programa de no pago de la deuda atado a otras medidas fundamentales. Si pudiéramos exponer en todos los medios, contraponiéndolo a la ruinosa política que defienden el gobierno y la oposición patronal, no podríamos más que fortalecer la movilización contra los pactos entreguistas. Hoy hay un sector, que acuerda con repudiar la deuda, pero que puede crecer mucho.

 

IdZ: ¿La propuesta de consulta popular es la solución?

La solución es, como siempre, la movilización de masas. No se puede tener ninguna ilusión en los mecanismos de la democracia burguesa. Un referéndum no puede derrotar al imperialismo ni ponerle un punto final a la política entreguista del gobierno. Se necesita una gran movilización nacional y continental contra el flagelo de la opresión imperialista. Pero decimos: si hablan de “democracia” y “soberanía nacional” pongámosla en práctica. Es sencillo: que el pueblo decida mediante su voto directo. ¿Quién votó hipotecar a las futuras generaciones con un nuevo endeudamiento? Con la deuda regularizada más los acuerdos con el Ciadi, Repsol y el Club de París se irán unos u$s 12 mil millones en promedio en los próximos años por pagos de la deuda. Lo más democrático es que decida el pueblo, ya que eso abriría a una mayor conciencia nacional de que la salida es terminar con la sumisión del país, y de toda Latinoamérica, a los intereses del capital financiero. Al mismo tiempo que contra los rasgos bonapartistas de esta democracia para ricos reclamamos que el pueblo decida mediante este método democrático, planteamos claramente que los socialistas revolucionarios luchamos por una república obrera basada en las organizaciones de democracia directa de las masas. Solo así se puede lograr la total independencia de la nación y transformar de cuajo el actual orden social. La propuesta de referéndum es parte de plantear que la clase trabajadora intervenga activamente con una política independiente contra esta entrega.

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