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La precariedad laboral en la Argentina actual

ESTEBAN MERCATANTE

Número 5, noviembre 2013.

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En las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo en la Argentina durante los años de gobiernos kirchneristas, volvemos a encontrar –como en tantos otros terrenos– una distancia abismal entre las pretendidas mejoras de la última década para los sectores populares, y la cruda vivencia cotidiana de los trabajadores.

Por mucho que se hable de crecimiento “con inclusión”, hoy el 60% de los trabajadores con empleo percibe ingresos inferiores a $ 4.200. Bien por debajo del costo de una canasta familiar, estimado en $ 7.500. Difícilmente podría ser de otra forma considerando los amplios sectores de trabajadores sumidos en la precariedad. Desde 2003 en adelante se registró un fuerte crecimiento –interrumpido por una recesión en 2008/2009– que debe mucho al marcado aumento de la rentabilidad empresaria logrado gracias a la megadevaluación de 2002 (un mazazo al salario que abarató los costos salariales para los empresarios). Con un crecimiento en 4 millones de los puestos de trabajo, la clase obrera tuvo una fenomenal recomposición objetiva, lo cual se reflejó en el mayor peso del sindicalismo en la arena política, así como alimentó el surgimiento del sindicalismo de base antiburocrático y una mayor inserción de la izquierda clasista. En estas nuevas condiciones los trabajadores pudieron recuperar parte de los ingresos perdidos durante los años que culminaron en la crisis de 2001. Sin embargo, los indicadores de precariedad de las condiciones de trabajo, aunque se redujeron, muestran un piso elevado.

 

Un fenómeno de vasto alcance

La precariedad laboral abarca distintas dimensiones: la inexistencia de contrato laboral; la firma de contrato por tiempo determinado; la ausencia de aportes a la seguridad social y de otros componentes remunerativos establecidos por ley (vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares) o por convenio; la existencia de múltiples empleadores; que la prestación laboral se desarrolle fuera del domicilio del empleador (como ocurre en buena parte del trabajo textil); la no afiliación sindical. Estas se combinan de variadas formas.

La inexistencia de contrato, es decir, el empleo no registrado, nos remite a un trabajo que se realiza en condiciones de informalidad, ya sea en empresas que trabajan en la llamada economía “en negro” (sin declaración de sus actividades) o que funcionan en el sector formal pero mantienen parte de sus empleados sin declarar. Los trabajadores no registrados perciben un salario que durante la última década rondó el 60% del que cobran los trabajadores registrados. Esta brecha salarial se mantuvo estable durante el período. A diferencia de los asalariados registrados, su ingreso se limita al dinero que reciben en mano; no reciben pagos de obra social ni jubilaciones. Tampoco tienen ningún derecho ni representación sindical. El no registro engloba a los trabajadores más pobres.

En el caso de los empleos formales, junto con los contratos a término y otras variantes que florecieron en los noventa y siguieron creciendo, tenemos la tercerización o subcontratación, que “consiste en el encargo o la entrega de una determinada actividad periférica, eventual o secundaria, de una empresa principal para ser realizada de manera autónoma, por una empresa subcontratada” (Neffa, 2013) y siguió creciendo durante la última década, impulsada por las múltiples ventajas que otorga a las empresas. Aparte de que reduce costos e incrementa la flexibilidad para las empresas, la tercerización segmenta la fuerza de trabajo y contribuye así a favorecer la disciplina en el ámbito laboral. En algunos casos la tercerización permite incorporar trabajadores de otros gremios con sueldos de convenio más bajos, como ocurre en numerosas compañías petroleras, como PAE, que emplean trabajadores encuadrados en UOCRA.

 

El empleo no registrado

La tasa de empleo no registrado (es decir, como porcentaje del total de trabajadores en relación de dependencia) llegó a un punto máximo de 50% en el tercer trimestre de 2003. Tuvo desde entonces un descenso casi continuo. Pero desde 2008, cuando llegó al 36%, cayó a un ritmo más lento. Los últimos datos del segundo trimestre de 2013 ubican la tasa de empleo no registrado en 34,5%. Como se ve, la informalidad laboral tiene un piso notoriamente alto, por encima del 30%. Esto significa que más de 3 trabajadores de cada 10 está en la economía informal. Lejos del 25,2% que tenía en mayo de 1990 y cerca del 38% que tenía en mayo de 2001.

Este indicador llega al 65% en la construcción y 60% en la industria textil, lo que nos muestra fuertes disparidades entre distintos sectores de la economía. También es muy extendido entre los trabajadores rurales (como analizamos en Ideas de izquierda 1).

¿Quiénes son estos estratos obligados a conformar el “subsuelo” de la clase trabajadora? Entre los mayores afectados se encuentran los jóvenes: entre ellos el empleo no registrado llega a nada menos que el 58,7%. Casi 6 de cada 10 jóvenes, un total de 701.000 asalariados entre 18 y 24 años, tienen un empleo informal. El 54,8% de los jóvenes con empleo recibe, además, retribuciones inferiores al salario mínimo, que hoy está en $ 3.300.

También las mujeres muestran mayor vulnerabilidad; la tasa de no registro es superior a la de los varones (35,5% versus 28%), y en el servicio doméstico, donde la abrumadora mayoría son mujeres, el empleo no registrado alcanza al 82%. Este tercio de los trabajadores en la informalidad integra, junto con los desempleados, los estratos sociales pobres. Aún con medidas como la Asignación Universal por Hijo, siguen bien lejos del umbral de una canasta básica, estimada en $4.800.

 

La precariedad dentro del empleo formal

Los contratos “basura”, establecidos por un plazo determinado, se multiplicaron en los últimos años en todos los sectores de la economía: comercio, gastronomía, servicios, agroindustria, construcción. Estas variantes de trabajo precario pero formal alcanzan incluso a algunos de los sectores de más vigoroso crecimiento, como es el caso de la industria automotriz. Cuando esta comenzó a recuperar sus niveles de ocupación tras la abrupta caída del período 1998-2002, estableció para los nuevos ingresos a planta formas de contratación que se caracterizan por tener un plazo temporalmente limitado e “implican para el trabajador una situación de alta inestabilidad en su ocupación” (Gentile y Vidosa, 2013). Sucesivos acuerdos del SMATA con las automotrices permitieron que “todas las innovaciones flexibilizadoras que introdujeron en los años ‘90 los convenios colectivos de las nuevas radicaciones empresariales, que, si bien no pudieron en este caso aplicarse al conjunto de los trabajadores, sí se establecieron para los nuevos trabajadores que se incorporasen a partir de ese momento” (Guevara, 2012). El resultado es que se avanzó aún más en la fragmentación “distinguiendo entre nuevos ingresos y viejos, sumándose a la diferencia entre contratados y efectivos” (Guevara, 2012).

Dentro de las formas de subcontratación se distingue el trabajo eventual, utilizado por numerosas empresas para incorporar trabajadores temporarios a través de firmas como Adecco o Manpower. Al analizar lo que ocurre a largo plazo con quienes ingresan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a través de un empleo eventual, se puede observar que desde 2008 en adelante, un 32,6% en promedio tiende en el largo plazo a permanecer en un empleo eventual; un 38% en promedio tiende a acceder a un empleo no eventual, mientras que un 29,6% en promedio sale del sistema formal (Trajtemberg y Varela, 2013), podemos presumir que para ingresar en alguna forma de contratación informal. Como se ve, entonces, a largo plazo un 62,2% de la fuerza de trabajo que ingresa con un contrato eventual, permanece en condiciones de inestabilidad.

En el caso del empleo público, la contratación a término (10% de la planta nacional) convive con un sector no registrado (12% de los empleados públicos de todo el país), y con formas tercerización, así como el ocultamiento de la relación de dependencia bajo la contratación por locación de servicios. A nivel nacional la inestabilidad laboral afecta al 26,4% de los trabajadores.

 

Política de Estado

Durante la última década se derogaron algunas leyes de flexibilización sancionadas en los ‘90. Es el caso de la ley 25.250 (“ley Banelco” votada en 2000 mediante la compra de voluntades de varios legisladores) que fue sustituida por la ley 25.877. O de los Decretos 342/1992 y 951/1999, que se reglamentaban el trabajo eventual y que fueron reemplazados por el decreto 1694/2006. Sin embargo, estas modificaciones, que en el discurso revertían la precariedad, se hicieron con el cuidado de preservar lo establecido de hecho y de derecho. Por ejemplo, en el caso de la contratación eventual, la reglamentación no establece de manera taxativa el tiempo máximo durante el que un trabajador puede estar contratado bajo dicha modalidad, señalando sencillamente que los plazos deberán ser “razonables” o estarán sujetos a lo que determine la negociación colectiva. En el mismo plano de ambigüedad queda la relación entre trabajadores eventuales y permanentes, que según el decreto de 2006 “deberá respetar una proporción razonable y justificada”. La reformulación del marco legal garantiza la continuidad de la inestabilidad laboral. El resultado es que, empezando por la medida más elemental que es el empleo no registrado, y siguiendo con las demás, en números absolutos, hoy hay más trabajadores en condiciones precarias que hace una década, aunque en términos proporcionales el empleo formal “pleno”

haya aumentado.

No es sorpresivo que sea así, ya que la precarización es un componente necesario del “capitalismo en serio”, fundamental para el sostenimiento de la Argentina capitalista que busca compensar sus debilidades productivas cargando los costos sobre las espaldas del pueblo trabajador. ¿Cómo juega en esto la precarización? Divide las fuerzas de la clase trabajadora, poniendo trabas a su capacidad de arrancar mejoras en la disputa con el capital por el reparto de la “torta”. La informalidad laboral permite ante todo segmentar los estratos más bajos y pobres en la economía informal en beneficio de las patronales de los sectores menos productivos, que trabajan más al límite y lo compensan degradando aún más las condiciones laborales y pagando salarios bien por debajo de los trabajadores registrados. “Para cada sector empresario una condición de trabajo que se ajuste a sus requerimientos”, podría ser el lema, y acá la anuencia de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo es central para hacer la vista gorda y permitir que en sectores como los textiles se multipliquen los talleres clandestinos. En las empresas más concentradas, en cambio, se observa el aprovechamiento de la tercerización como mecanismo de precarización. Así, se diferencia en estos grandes establecimientos entre trabajadores “de primera” y “de segunda”. Con esto se logra reducir significativamente los costos laborales y ajustar más rápidamente la planta ante cambios en la demanda, no renovando contratos (despidiendo sin decirlo) o suspendiendo con pago parcial de sueldo (o incluso pagando el 100% del salario neto, pero siempre sin aportes a la seguridad social ni otros componentes indirectos del salario), como están haciendo hoy las automotrices gracias a las posibilidades que otorgan los convenios con los sindicatos, homologados por el Estado.

Aunque la clase trabajadora, en muchos casos con delegados combativos a la cabeza, mostró creatividad para superar los escollos en momentos de lucha, estas divisiones son un peso en la balanza a favor de las patronales en su búsqueda por arrancar más trabajo excedente, tira y afloje diario de la jornada laboral. La articulación de estas diversas situaciones de precariedad contribuye a explicar por qué, después de un período de alto crecimiento con fuerte reducción de la desocupación, la recomposición salarial tuviera un techo relativamente bajo y la participación del salario en el ingreso nacional apenas haya recuperado la abrupta caída de comienzos de milenio.

La tan mentada década “ganada”, lo ha sido ante todo para los empresarios que pudieron garantizarse la preservación de esta gran conquista noventista que es la precariedad laboral. Es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización. Objetivo inseparable de la pelea por expulsar de los sindicatos a los burócratas y por conquistar la representación gremial en todas las unidades productivas donde los sindicatos están ostentosamente ausentes para ir contra la “triple alianza” de patrones, Estado y burocracia que sostiene la precarización.

 

Blog del autor: puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar.

 

Fuentes

Gentile, Julia, y Vidosa, Regina (2013), “Transformaciones en el mercado de trabajo y la estructura productiva en Argentina durante la post-convertibilidad: el caso de la industria automotriz”, Congreso ASET, Buenos Aires.

Guevara, Sebastián (2012), “Reactivación de la movilización obrera en la industria terminal automotriz (2004–2011). Recuperación parcial del salario con persistencia en la flexibilización laboral”, Trabajo y Sociedad 19, Buenos Aires.

Neffa, Julio César (2013), “La tercerización y la subcontratación como características del nuevo modo de desarrollo”, Congreso ASET, Buenos Aires.

Trajtemberg, David y Varela, Hernán (2013), “Movilidad laboral de los trabajadores con contratos eventuales: ¿mecanismo de inserción en empleo regulares o regularización de la inestabilidad laboral?”, Congreso ASET, Buenos Aires.

7 comments

  1. ¿”Industria del juicio” o “industria de la precarización laboral”? - La Barbarie 14 junio, 2017 at 21:02 Responder

    […] Pero, ¿son las empresas las víctimas inocentes de una “mafia” como describe Mauricio Macri? Sobran las evidencias de que esto no es así. En la industria del calzado, uno de los grandes “damnificados” por las demandas laborales, la AFIP detectó en 2014 que el empleo “en negro”, es decir no registrado, afectaba nada menos que al 69 % de los trabajadores del sector. Esta imposición de la informalidad reportaba beneficios muy palpables para los patrones: pagaban gracias a ello un sueldo 60% menor al mínimo de convenio. En otros rubros como la industria textil el empleo en negro promedia el 60 %, mientras que en la construcción alcanza al 65 %. […]

  2. No fue magia: desmontando los mitos de la década kirchnerista - La Barbarie 15 julio, 2018 at 14:50 Responder

    […] Esta idea, retomada desde entonces en numerosos balances del período, solo se sostiene tomando como punto de comparación el momento de máximo hundimiento económico, los años 2001/02. Así, el panorama de 2015 (o preferentemente el de 2010/2011, cuando todavía se sentía menos el deterioro económico con el que concluyó el ciclo) es contrastado con la situación de 2002: hiperdesempleo de 25 %, pobreza de 50 % y poder adquisitivo de los salarios alcanzando su mínimo en 2002 después de la megadevaluación y el alza del costo de vida que tuvo como consecuencia (que permitió que el poder de compra de los salarios cayera casi 30 %). Solo cotejando con este panorama puede celebrarse que el salario real hubiera llegado en promedio, en 2015, a superar apenas por poco el nivel de diciembre de 2001 –cuarto año de severa recesión– o que, a pesar de la caída del desempleo (que se estabilizó en 7 %), un tercio de la clase trabajadora siguiera al final del último mandato de CFK condenada a empleos en relación de dependencia sin aportes (“en negro”), mientras que en el empleo formal siguieron perfeccionándose las formas de flexibilidad y precarización. […]

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