Mani pulite y punto final: el macrismo y los retazos de un nuevo relato imposible

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CHRISTIAN CASTILLO

Número 29, mayo 2016.

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Es casi un sentido común afirmar que el kirchnerismo se caracterizó por una saturación de “relato”. Para ello contó, particularmente a partir del conflicto con las patronales agrarias en 2008, con la intervención privilegiada de los intelectuales nucleados en Carta Abierta, que se fue desplazando de un apoyo crítico inicial al propagandismo liso y llano final de la acción gubernamental de los K. El “relato” sirvió sobre todo para amalgamar al sector progresista de la heterogénea coalición que onformó el gobierno anterior. Un relato que frecuentemente se chocaba con la realidad y que, para ese sector, se nutrió con la ilusión que el kirchnerismo podría trascender al aparato del PJ y no terminaría siendo un mero “avatar del peronismo”, como se lamentaba el cineasta Nicolás Prividera en un reportaje en la revista El Ojo Mocho1. En este sentido los intelectuales “carta abiertistas” terminaron en un lugar similar al de los “gramscianos argentinos” que se ilusionaron con que el alfonsinismo daría lugar a un “tercer movimiento histórico” que superase al peronismo y al radicalismo. Recordemos que después del famoso discurso de Parque Norte donde se planteó esta perspectiva la UCR solo logró aliarse en las elecciones posteriores con el derechista Partido Federal de Francisco Manrique y pequeños partidos provinciales conservadores.

En el caso de Carta Abierta su intervención fue clave para legitimar un relato donde el kirchnerismo se presentaba con tintes refundacionales, mostrándose antagónico a las políticas neoliberales de los ‘90 cuando tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández fueron parte del elenco gubernamental menemista y no rompieron con el PJ ni cuando se realizaron las privatizaciones ni cuando se dieron los indultos a los genocidas.

En el caso del macrismo es sabido que Durán Barba se esmeró en hacer del PRO un producto presentado como “a-ideológico”, más allá de “izquierdas y derechas”, basado en la “gestión y la eficiencia”. Un perfil basado en el diagnóstico posmoderno sobre el debilitamiento de las identidades políticas que le permite a la vez encubrir los intereses sociales que expresa (los del gran capital) y permitirle giros políticos pragmáticos de ser necesario. Esto último, por ejemplo, le permitió a Macri aggiornar su discurso en pleno proceso electoral cuando el PRO casi pierde la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a manos de Martín Lousteau, reivindicando la continuidad de las “políticas sociales” del kirchnerismo e incluso inaugurando un monumento a Perón junto a sectores de la burocracia sindical.

Este perfil, sin embargo, prácticamente se evaporó con la elección de un elenco gubernamental hegemonizado por gerentes y exgerentes de empresas multinacionales, y por las duras medidas de ajuste contra los trabajadores claramente contrastantes con los beneficios otorgados a diferentes grupos capitalistas (en particular a las patronales agrarias, mineras, petroleras, el sector financiero, los “fondos buitres”).

En este sentido el centro del discurso macrista a lo largo de estos meses ha estado apoyado en tres ideas: la necesidad de “volver al mundo” para justificar la entrega a los “fondos buitre” y el inicio del nuevo ciclo de endeudamiento; la obligación del ajuste a partir de la “herencia recibida” (incluyendo lo que se “robaron” por los casos de corrupción); y la ilusión de que luego de devaluar, los tarifazos en los servicios públicos y el transporte, y el pago a los “fondos buitre”, lloverán inversiones que terminarán como por arte de magia con los padecimientos del presente. Si fuese por el núcleo del PRO, Macri y el propio Durán Barba incluidos, acá se acabaría la arquitectura del “relato M”, (si es que no es mucho darle ese estatus a planteos tan banales), reedición de la noventista “teoría del derrame” más algunas políticas de contención para los sectores más pauperizados como recomienda desde hace años el Banco Mundial, particularmente luego de la crisis latinoamericana del cambio de siglo. En los demás temas la norma es actuar pragmáticamente, con un discurso “técnico” que, como señalamos, encubre los intereses sociales y políticos a los que expresa el gobierno.

 

Las contradicciones del discurso “anticorrupción”

Sin embargo, en la coalición gubernamental dominada por el PRO hay sectores que bregan por un relato más intenso, centrado en dar carácter fundacional a la intervención judicial en los casos de corrupción y metiéndose también en otros temas como el debate sobre lo ocurrido durante el ascenso revolucionario de los ’70, la dictadura y la política de juicio y castigo a los genocidas. En este campo militan tanto Elisa Carrió y sus seguidores como periodistas del grupo Clarín (con Jorge Lanata como portaestandarte) y el diario La Nación, que tratan de presentar al nuevo gobierno como lo opuesto de un “populismo” que históricamente ha sido “corrupto” a diferencia de quienes se conciben como defensores del “republicanismo”. Este sector cuestiona a Macri por “tener poco relato” y “poca épica”, enfrentando de hecho la estrategia duranbarbista que considera esto justamente una virtud.

El principal problema que enfrenta este bloque no es solo la “gobernabilidad” (ya que el avance de las causas sobre corrupción podría afectar los acuerdos de Cambiemos con sectores del PJ y del massismo) sino ante todo que gran parte del elenco gubernamental está salpicado por diversos hechos que muestran que estas prácticas son el pan de cada día de la burguesía.

Los Macri, por ejemplo, no hicieron su fortuna en forma muy diferente a como se enriqueció en la última década Lázaro Báez –de hecho el empresario está entrelazado con Ángelo Calcaterra, primo de Macri que está al frente de Iecsa SA, la constructora que fuera de los Macri, con quien fue socio en varias obras–, con el agravante de que su crecimiento mayor se dio en la dictadura genocida, donde pasaron de controlar 7 a 47 empresas y estatizaron su deuda privada, como hizo el conjunto de la patronal gracias a todo tipo de maniobras ilícitas (como consta en el fallo del juez Ballesteros). El propio Mauricio fue acusado de contrabando y evasión impositiva cuando era presidente de SEVEL, causa en la que fue salvado por la Corte menemista en hechos que luego fundamentaron el juicio político que desplazó a dos de sus miembros. En otra causa por la que el año pasado durante a campaña Cambiemos denunció al gobierno de Cristina Fernández, la del dólar futuro, ahora fueron imputados funcionarios de la actual administración por un pedido presentado por la expresidenta. Entre los imputados está el director del Banco Central, Pablo Curat, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello y el amigo de Macri Nicolás Caputo. Los Panamá Papers dejaron en claro cómo el presidente y su familia comparten con distintos miembros del oficialismo la práctica de abrir cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos o blanquear capitales, algo que para la burguesía es muy natural pero que se choca con la idea de “honestidad” y “austeridad republicanas”. Por no hablar de la acción presidencial de pasar todo un fin de semana largo en la estancia del magnate británico Joe Lewis, quien es propietario de Edenor (una de las beneficiarias directas del brutal tarifazo en la provisión de energía eléctrica) y se encuentra en desacato con los fallos judiciales que lo intiman a abrir una senda en su propiedad que permita la llegada al Lago Escondido de quien quisiese hacerlo. A esto debemos agregar el nombramiento al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE) de un amigo personal del presidente dedicado a la compraventa de jugadores de fútbol, un negocio caracterizado por el lavado de dinero, y la vuelta de todo el personal ligado a Stiuso a la plana mayor del espionaje local2.

Macri, además, tiene la costumbre de forjar su sistema de alianzas con sectores de lo más corrompido de las burocracias políticas (tanto radicales como peronistas) y sindicales (véanse sus lazos con el “Momo” Venegas y Luis Barrionuevo), del poder judicial (con Daniel Angelici como operador) y del aparato de seguridad (recordemos su relación con el “Fino” Palacios), un pragmatismo que también en este campo lo aleja de cualquier cruzada refundadora basada en el “honestismo”. Por último, pero no menos importante, la repetición una y mil veces por TV de las causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo puede resultar eficaz durante un tiempo para reforzar las lealtades de quienes ya votaron por Macri pero con los escándalos mediáticos, dando vuelta lo que Alfonsín afirmaba de la democracia, “no se come, no se cura y no se educa”… A fuerza de tarifazos, despidos, caída del poder de compra del salario, una inflación que rondaría el 40 % anual y la economía estancada o directamente contrayéndose, no es posible construir épica alguna ni tampoco conseguir mera “legitimidad de gestión” a lo Durán Barba. Ya las encuestas registran un desplazamiento a la oposición de votantes de Massa en primera vuelta que habían optado por Macri en el balotaje, fenómeno que en parte estuvo presente en la movilización convocada por las centrales el 29 de abril.

 

Tanteando el terreno para un nuevo punto final

En lo que hace a la década del ‘70 y la dictadura, Macri se viene moviendo a paso lento, tratando de evitar una confrontación directa con los organismos de derechos humanos a la vez que tanteando el terreno para avanzar en una suerte de nuevo punto final. En el marco de las visitas de los presidentes de Francia, Francois Hollande, y de Estados Unidos, Barack Obama, recorrió por primera vez el predio de la ex ESMA y el Parque de la Memoria, algo que no hizo durante sus ocho años al frente de la Jefatura de Gobierno de la CABA. En este terreno la estrategia gubernamental parece ser que Macri hable lo menos posible del tema y evada cualquier definición política fuerte, en un tema del que le conviene que no se discuta debido a los negocios realizados por su clan familiar durante el genocidio. Esto no quita que, con Macri personalmente en un segundo plano, se vaya tanteando el terreno para tratar de volver a una visión basada en la teoría “de los dos demonios”, que fue discurso de Estado bajo el alfonsinismo. Luego de un editorial de La Nación3 al inicio del nuevo gobierno (con posiciones “a lo Cecilia Pando”), que fue repudiado fuertemente por los propios trabajadores del diario, vinieron las declaraciones realizadas por el Secretario de Cultura del gobierno de CABA, Darío Lopérfido, quien alrededor de una discusión sobre el número de los desaparecidos mostraba no solo su ignorancia sobre un conjunto de temas (mencionando al Secretario General de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, como si fuera el presidente de Corea del Norte) sino que buscaba instalar un discurso basado en la versión más derechista de la teoría mencionada. Poco después, el Secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos, Claudio Avruj, a la vez que se separaba de los dichos de Lopérfido, recibió en el ámbito de la ex ESMA a familiares de militares que cayeron por acciones guerrilleras que clamaron por tener “memoria completa”, en un claro acto de provocación. Luego vimos una nueva oleada de artículos, declaraciones, intervenciones televisivas, editoriales, reportajes, etc., no casualmente con motivo de cumplirse el 40 aniversario del golpe genocida. La Nación publica en la misma edición un documento del Club Político Argentino4 (agrupamiento de intelectuales que apoyan al gobierno de Cambiemos aunque desde una posición “independiente”) y una larga entrevista a Graciela Fernández Meijide5, quien es a su vez integrante de dicho nucleamiento.

Hay dos ejes centrales en estos textos para entender adónde apunta el tanteo del oficialismo en este terreno. El primero, es lanzar la presión por la “autocrítica” de quienes fueron miembros de la guerrilla, bajo el argumento de que ya fue condenada la acción del terrorismo de Estado pero no lo fue la “violencia guerrillera”. Incluso en una nota de Clarín firmada por Ricardo Roa6 a propósito de la promesa de Obama de desclasificar archivos estadounidenses sobre la dictadura, se llega insólitamente a pedir “que se abran los archivos de la guerrilla”, cuando los documentos de las organizaciones guerrilleras están publicados en numerosos libros y el Estado argentino, en oposición, no ha abierto archivo alguno (empezando por el de la ex SIDE) con excepción del de la disuelta DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Una operación destinada a transformar en victimarios a quienes fueron parte de las víctimas del terrorismo de Estado. El segundo es instalar la idea que la estrategia de juicio y castigo fracasó, victimizar a los genocidas presos y sostener que hay que implementar una política similar a la de Sudáfrica de “verdad por perdón”, algo que viene planteando desde hace años Elisa Carrió y que sostiene Fernández Meijide en el reportaje mencionado7. Un objetivo que es parte de tratar de deslegitimar todo lo que huela a “setentismo”, que los miembros del Club Político Argentino comparten con periodistas vinculados al grupo Clarín que en algún momento de sus vidas pasaron por alguna variante del “progresismo”, como Alfredo Leuco (con su columna en “el gran diario argentino”8, alabada luego en un editorial de la “tribuna de doctrina”, planteando la necesidad de “nuevos organismos de Derechos Humanos” en función del nuevo gobierno) o Jorge Lanata9, este último pionero en la cruzada descalificatoria de toda militancia política y en particular de todo lo que huela a militancia de izquierda o revolucionaria.

En realidad, quien primero tanteó la posibilidad de una política de “verdad por perdón” fue Carlos Menem, a partir de la llamada “autocrítica” de quien era su Jefe del Ejército, Martín Balza. Implementando las reparaciones económicas a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado el menemismo buscó crear consenso, luego de haber implementado los indultos a los comandantes de las Juntas pero también a dirigentes y militantes Montoneros que estaban bajo proceso judicial, para esta política de “reconciliación”. Menem fracasó en ese intento y, por el contrario, al cumplirse los 20 años del golpe las multitudinarias marchas del 23 y el 24 de marzo de 1996 reforzaron la lucha contra los indultos y contra las leyes de impunidad que había dictado el gobierno de Alfonsín (las de “Punto final” y “Obediencia debida”), con el surgimiento de HIJOS y una reivindicación de la pertenencia política de los desaparecidos en una medida muy superior a lo que se planteaba anteriormente. Esta reivindicación se daba predominantemente en términos de lo que en un artículo de 200410 denominé un “tercer relato” sobre el proceso revolucionario de los ‘70 y la dictadura genocida, que ponía el centro en la militancia dentro de las organizaciones guerrilleras y subestimaba el proceso de ascenso de masas, obrero y juvenil, que caracterizó la etapa que va de mayo de 1969 (con las semiinsurrecciones de Córdoba y Rosario y la huelga general contra el Onganiato) al 24 de marzo de 197611. En aquel artículo planteaba la necesidad de un “cuarto relato” que pusiera en el centro de la interpretación del período las tendencias a la insubordinación de masas entre los trabajadores y la juventud para poder interpretar más cabalmente el proceso histórico ocurrido12.

A su manera, el kirchnerismo impulsó una suerte de estatización del “tercer relato”. La institucionalización de los desaparecidos vino de la mano de edulcorar el contenido político de las confrontaciones políticas reales que se vivieron en los ‘70. Acompañando la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final y con gestos simbólicos como descolgar el cuadro de Videla del Colegio Militar, Néstor Kirchner logró el alineamiento prácticamente ncondicional de la mayoría de los organismos de derechos humanos llamados “históricos”13, incluyendo a la Asociación Madres de Plaza de Mayo encabezada por Hebe de Bonafini, hasta entonces ubicada en el ala más contestataria de los distintos gobiernos y que había tildado de “traidores” a quienes habían aceptado cobrar las indemnizaciones estatales por haber sufrido el terrorismo de Estado. Desde entonces Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como parte de los H.I.J.O.S. se transformaron en asistentes más o menos permanentes de los actos gubernamentales y parte de ellos también en funcionarios estatales.

Si bien en los años previos al golpe tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández habían tenido militancia en la Juventud Peronista como estudiantes universitarios en la agrupación que encabezaba Carlos Kunkel en la UNLP, durante la dictadura se refugiaron en Río Gallegos sin militancia política conocida, amasando en cambio una cierta fortuna personal desde su estudio de abogacía, en parte gracias a la adquisición de departamentos producto de hipotecas incobrables gracias a la circular 1050 de la dictadura militar. En los tiempos de Néstor en la gobernación de Santa Cruz tampoco el matrimonio Kirchner dio muestra alguna de un interés particular en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas. Como dijimos, cuando Carlos Menem dio los indultos no se les conocen pronunciamientos políticos en contrario y no renunciaron por ello al Partido Justicialista ni rompieron con el menemismo. Pero, habiendo llegado al gobierno con solo un 22 % de los votos, hicieron una de sus jugadas políticas más audaces que les permitió cubrir parte importante del flanco izquierdo de las posibles críticas a su gestión, incorporando a su alianza de gobierno a parte central de los organismos de derechos humanos. Así lograron amortiguar los cuestionamientos por la actuación del gobierno frente a la desaparición de Jorge Julio López (cuando Aníbal Fernández dijo que se había “ido a la casa de su tía” en los cruciales primeros días de la desaparición), la sanción de la nefasta “Ley antiterrorista”, las represiones y muertes ocurridas en protestas populares o poner a un represor como Milani al frente del Ejército.

El emblocamiento prácticamente incondicional con el kirchnerismo llevó a un cierto deterioro del prestigio de los organismos de derechos humanos que siguieron este camino, pese a lo cual el reclamo del castigo a los genocidas y la condena al terrorismo de Estado siguen gozando de un apoyo popular muy importante, como mostró la masiva movilización del último 24 de marzo. Esto explica que Macri haya por el momento tratado de evitar toda confrontación directa, limitándose más bien desarmar o inutilizar los organismos estatales que tenían alguna vinculación con los juicios o con la investigación del rol de los empresarios en el genocidio y a vaciar de contenido social y político los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, como la ex ESMA. En este caso, incluso, la política de banalización y vaciamiento político del significado del predio había comenzado con la gestión kirchnerista, que realizó “asados” de campaña y ofertó la realización de actividades que incluían cursos de cocina entre otras, algo rechazado por los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sin que sea una prioridad para el nuevo gobierno, condicionado para avanzar en obtener logros en otros terrenos que le den más legitimidad, no hay que perder de vista que con el doble juego de mostrar a Macri prescindente mientras otros actúan buscando crear opinión pública favorable a sus intenciones, la dirección del nuevo gobierno es avanzar en un nuevo punto final en lo que hace al castigo a los genocidas, cuya clave es que no se avance en la responsabilidad empresaria en el golpe.

 

Conclusión

Asesorado por un convencido de la política “posmoderna” como Jaime Durán Barba, no tiene sentido esperar de Macri una relación con algún núcleo intelectual como la que tuvo Alfonsín con el “grupo Esmeralda” o el Club de Cultura Socialista, o los Kirchner con Carta Abierta. Lo suyo es más el discurso “aideológico” del “experto”, que justifica lo hecho en base a decisiones que son presentadas como “técnicas” y no en defensa de determinados intereses sociales (los de la gran burguesía en este caso), algo que caracteriza el discurso de los economistas neoliberales que tanta presencia tienen en el gobierno.

A la vez, coexisten en la coalición gubernamental sectores que bregan por un discurso más “fundacional”, donde la condena a la corrupción del gobierno anterior es puesta al servicio de favorecer y legitimar un giro político e ideológico a la derecha en toda América Latina, oponiendo al “populismo” en retroceso un supuesto “republicanismo”. La discusión sobre lo ocurrido en los setenta y en la dictadura es parte de esa confrontación, donde los pseudo “republicanos” aprovechan el bastardeo hecho también en este terreno por el kirchnerismo para tratar de hacer girar la situación a la derecha en este terreno, ir construyendo incluso las condiciones para avanzar en un nuevo punto final en los juicios a los genocidas.

Pero, como señalé en uno de los artículos de polémica con uno de los mediáticos preferidos del gobierno, Fernando Iglesias, ver

… la historia nacional como una lucha entre ‘republicanos’ y ‘populistas’ no resiste el cotejo histórico. Los “republicanos” defendieron la proscripción política y dieron personal político a todas las dictaduras, incluyendo la de Videla que tuvo más de 400 intendentes radicales (y varios provenientes del peronismo). Los “populistas” no vacilaron en entregar el país en la década de los ‘90 aliados a los liberales, y hoy los gobernadores del PJ defienden y aplican en sus provincias el ajuste macrista. Ambos sectores han sido responsables de la continuidad del atraso y la dependencia nacional14.

Poner en evidencia los objetivos de las distintas variantes de los discursos reaccionarios del nuevo gobierno derechista, como lo fue y lo sigue siendo la crítica a la impostura kirchnerista, es parte de la tarea por fortalecer una alternativa de izquierda obrera y socialista (como la que impulsamos desde el PTS y el Frente de Izquierda) en nuestro país y a nivel internacional.

 

  1. “Conversación con Nicolás Prividera”, El Ojo Mocho, segunda época, número 2-3, verano 2012-2013.
  2. Ver Diego Genoud, “¿Quién maneja la SIDE de Macri?”, La Izquierda Diario, 3/5/16.
  3. “No más venganza”, La Nación, 23/11/15.
  4. “Hacer de la memoria un patrimonio común”, La Nación, 24/3/16.
  5. “Creo en la justicia y en los derechos humanos si puedo pedir el mismo nivel de justicia para mi hijo que para mi peor enemigo”, La Nación, 24/3/16.
  6. “Que se abran todos los archivos”, Clarín, 24/03/16.
  7. Vale recordar que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue implementada por el gobierno de Nelson Mandela a partir de la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación sancionada en 1995, de acuerdo al criterio “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La Comisión utilizó un mismo criterio para tratar las acciones realizadas por los sostenedores del régimen del Apartheid como las de quienes lo enfrentaron, los “dos demonios” a la sudafricana. A cambio de confesar sus actos, los asesinos y torturadores del Apartheid recibieron la más completa impunidad.
  8. “Es necesario que haya nuevos organismos de Derechos Humanos”, Clarín, 26/3/16.
  9. “Sobre la militancia”, Clarín, 7/2/16.
  10. Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario de los ‘70 y la dictadura militar”, Lucha de Clases 4, noviembre 2004.
  11. El estreno el 21 de marzo de 1996 de la película dirigida por David Blaustein sobre la izquierda peronista, Cazadores de utopías, y la edición del primer tomo de La voluntad, el libro de Eduardo Anguita y Martín Caparrós (donde los protagonistas, con pocas excepciones, son ante todo militantes juveniles provenientes de las clases medias, algunos de ellos proletarizados), fueron clara expresión de este clima de ideas.
  12. Este punto de vista está presente en el libro de Ruth Werner y Facundo Aguirre: Insurgencia obrera en Argentina 1969-1976, Bs. As., Ediciones IPS, segunda edición ampliada, 2009. Entre otros temas, contiene la investigación más completa sobre el proceso de las Coordinadoras Interfabriles, desarrolladas al calor de la lucha contra el Plan Rodrigo en junio y julio de 1975.
  13. La excepción fue la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, uno de los principales impulsores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, también integrado por partidos de izquierda y organizaciones sindicales y estudiantiles, que desde 2007 organiza las marchas del 24 de marzo en forma independiente del kirchnerismo y que encabezó la lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López.
  14. “La vulgata liberal”, La Izquierda Diario, 17/3/16.

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