Los pueblos originarios frente a la barbarie capitalista

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Historia y actualidad de la desposesión y la resistencia

AZUL PICÓN Y LAURA “XIWE” SANTILLÁN

Número 8, abril 2014.

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Más de 45 pueblos indígenas habitaban en el territorio que hoy es la República Argentina, antes del brutal genocidio comenzado en el continente hace 522 años. Hoy, según una encuesta del INDEC1, 600.329 personas se reconocen como parte de estos pueblos o descendientes. De este total 113.680 son mapuce, 70.505 son kollas y 69.452 son qom.

Sin embargo, diversos estudios y las mismas comunidades cuestionan estos resultados ya que, entre otras cosas, subestiman a la población indígena que migra a las ciudades. La comunidad mapuce estima que su población es de 500.000 personas, e incluso estudios indican que más del 60 % de la población actual del país es descendiente de algún pueblo indígena2.

Sin embargo, no son las estadísticas sino su actividad y resistencia lo que los hace ganar visibilidad. Qom, wichi, mapuce, kollas, como tantos otros, se ganaron la visibilidad con muertos, heridos y procesados por la represión a sus reclamos, a la resistencia ante el avance de la agroindustria, las petroleras y a los reclamos por tierra y territorio. Es decir, en la lucha contra el extractivismo, del cual el kirchnerismo se muestra como abanderado.

Como sostiene Javo Ferreira3, el “problema indio” tiene raíces económicas y sociales, pero no solo ligadas a la tierra, como decía Mariátegui, sino que hoy se articulan con los problemas de una sociedad más intensivamente capitalista y predominantemente urbana, donde se produce una mayor imbricación de los problemas nacionales y culturales con los de clase al interior de los pueblos indígenas, ya que muchos originarios son parte del proletariado agrícola y urbano.

 

La conquista y su legado

Con la llegada de los europeos a América en 1492 empezaba el genocidio y el despojo más grande y la más tenaz resistencia de los pueblos originarios del continente. El “nuevo mundo” abrió nuevos mercados y riquezas para una burguesía en ascenso que dio nacimiento a un capitalismo manchado de “sangre y lodo”.

Las guerras por la independencia de la Corona Española no significaron la liberación de las naciones originarias. La consolidación de los estados nacionales trajo consigo la oficialización de una identidad nacional única. Con grados desiguales, en América Latina, el plan homogeneizador a través de las instituciones estatales logró una relativa incorporación de la población indígena a la identidad nacional, invisibilizando identidades territoriales e idiosincrasias ancestrales.

En Argentina la cuestión indígena es resultado de un complejo proceso histórico. La “Campaña del Desierto” a cargo de Roca, consumada en 1879, y la incursión militar en el gran Chaco, a cargo del Gral. Victorica en 1884, provocaron un nuevo genocidio con millares de muertos y culturas devastadas. Los móviles eran diferentes: en el sur, el objetivo era avanzar sobre la frontera diezmando y desterritorializando a los mapuce que mantenía aún una organización libre e independiente. En el Chaco, el objetivo era la proletarización forzada de la población indígena para los ingenios y cosecha de algodón. Pero no terminó ahí. Desde recién arrancado el siglo XX tanto gobiernos radicales como peronistas han sido responsables directos de grandes matanzas que respondían a los intereses de la clase dominante.

Una de estas masacres fue la de Napalpí en 1924, durante el gobierno de Alvear, donde fusilaron a más de 200 qom y moqoit que se negaban a cosechar algodón, en un régimen de explotación que rozaba la esclavitud. Los mataron a fuego de ametralladoras, acuchillados y colgados, y sus cuerpos fueron exhibidos como trofeos de guerra.

En octubre de 1947, durante el primer gobierno de Perón, entre 500 y 1000 pilagá fueron fusilados por la Gendarmería Nacional en la silenciada masacre de Rincón Bomba. Se temía una rebelión luego de que centenares de pilagás marcharan desde Formosa hasta el ingenio azucarero “El Tabacal” de Patrón Costas en Salta, y volvieran estafados, enfermos y hambrientos. Los pocos sobrevivientes fueron perseguidos y fusilados.

Estas matanzas no fueron aisladas, por el contrario se trataba de prácticas recurrentes del poder político y los terratenientes para forzar a los indígenas a dejar su forma ancestral de vida, privándolos de sus condiciones materiales de existencias para introducirlos al sistema de producción capitalista, obligándolos a vender su fuerza de trabajo para subsistir, a la vez que se apropiaban de sus territorios, y muchas veces obligándolos a migrar a las grandes urbes. “¡Por fin los coyas tendrán tierra!” indicaba la revista Ahora, en referencia al Malón de la

Paz. Era agosto de 1946 y Perón recién asumía.

Las comunidades de Jujuy y Salta vieron una oportunidad inédita para sus reclamos y 174 kollas que resistían condiciones extremas de explotación y peleaban por la recuperación de sus tierras emprendieron una larga marcha hacia Buenos Aires. Luego de 81 días de caminata, recorriendo 2.000 km, fueron recibidos por Perón. Solo querían el título de propiedad de sus tierras, pero sus intereses, ayer como hoy, se contraponían con los de la burguesía que no estaba dispuesta a ceder sus beneficios. Durante un mes estuvieron alojados en el Hotel de los Inmigrantes, hasta que tropas de la Marina de Guerra golpearon y expulsaron a todo el contingente, que terminó secuestrado y subido por la fuerza a trenes que los llevaron de vuelta a sus comunidades sin ninguna solución a sus demandas.

A pesar de los amplios reconocimientos jurídicos, a más de dos siglos de desarrollo, el Estado Nacional ha reforzado y profundizado viejos mecanismos de dominación hacia los pueblos originarios, que van desde el uso de la fuerza represiva estatal (y paraestatal) a sutiles formas de imposición de la ideología dominante en contraposición con las cosmovisiones originarias. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios bajo el kirchnerismo? ¿Qué “modelo” promueve el gobierno nacional para las demandas históricas de la población indígena?

 

La década kirchnerista

Para los festejos del bicentenario, numerosas organizaciones indígenas flameando sus wiphalas llegaron a Plaza de Mayo en una larga marcha en la que confluían tres columnas que venían de distintos puntos del país. Fueron recibidos por la presidenta, hubo promesas y muchas fotos, pero ninguna respuesta a la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio. En esa reunión la presidenta advirtió que priorizaría la actividad petrolera sobre las comunidades, y pidió ser inteligentes para aceptar los avances de la modernidad, confirmando así que el modelo extractivo tiene prioridad sobre el territorio indígena. Nuevamente la utilización política de una marcha indígena y el regreso a sus territorios con las manos vacías. Cualquier parecido con el Malón de la Paz es pura coincidencia.

Las políticas del gobierno en estos 10 años con las que hacen bandera hacia los pueblos originarios poco se ejecutan y no terminan de resolver –ni intentan hacerlo– el problema estructural. La Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, aprobada en 2006, ordena frenar procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas y realizar en 3 años un relevamiento de todos los territorios indígenas. Hasta septiembre del 2013 solo se había relevado el 12.5% de las comunidades y con muchas irregularidades. El relevamiento solo se terminó en las provincias con menor peso indígena. En las provincias con mayor composición indígena y donde se desarrollan la mayor cantidad de conflictos territoriales, el relevamiento se hizo a medias o ni siquiera se empezó. El bajo nivel de cumplimiento no se aplica solamente al relevamiento, sino a que los desalojos no han sido suspendidos4.

El proyecto de reforma del código civil, impulsado por el Poder Ejecutivo, contradice la legislación nacional e internacional en materia de derechos indígenas que obliga a los Estados a consultar a los pueblos originarios toda decisión que les concierna directamente. En caso de aprobarse se reemplazaría el derecho comunitario al territorio por la concepción individual de propiedad inmueble, contra el derecho ancestral. Incorpora a las comunidades como persona jurídica de derecho privado o asociaciones civiles, es decir que quienes conquistaron ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público, pasan a ser considerados como “entes privados”. La posible aprobación de esta reforma es un claro retroceso en relación a la legislación indígena.

El clientelismo y la cooptación de dirigentes indígenas con prebendas por parte de los gobiernos, también son moneda corriente. Su rol consiste en minar la resistencia al modelo y desprestigiar las legítimas luchas que se llevan a cabo5. Detrás de las políticas de maquillaje, clientelismo, cooptación, pobreza, hambre, racismo, muertes evitables, falta de agua y represión es la realidad en la que viven los pueblos originarios.

 

El modelo extractivista

El avance del extractivismo en todas sus formas (monocultivo de soja, forestales, megaminería a cielo abierto, petroleras) durante la última década, demostró ser la base del modelo kirchnerista.

La soja pasó de ocupar 12 a 20 millones de hectáreas provocando un corrimiento de la frontera agropecuaria, al que se suma el uso de agrotóxicos. La concentración de la tierra es cada vez mayor: el 2% de las explotaciones agropecuarias utiliza el 50% de la tierra. Lo mismo sucede con el monocultivo de árboles para las madereras, que pasó de 600 mil a 1,2 millones de hectáreas en 10 años. Las consecuencias de estos monocultivos son deforestación y derrumbes6.

Al igual que ocurre con la soja, en la última década se produjo un corrimiento y expansión de la frontera hidrocarburífera. La nueva técnica desarrollada para explotar yacimientos no convencionales, el fracking o fractura hidráulica, es fuertemente cuestionada por los gravísimos problemas de contaminación que acarrea a las comunidades cercanas a los pozos. Así perdía la vida hace poco más de un año Cristina Lincopan, Lonko7 de la comunidad Gelay Ko, lugar donde se realizó el primer pozo bajo la técnica del fracking en Argentina. Como autoridad mapuce encabezó la lucha en defensa del territorio y organizó a su comunidad para enfrentar a la petrolera Apache. Gracias a su lucha se impidió la perforación de nuevos pozos en ese territorio, pero la contaminación le causó la muerte. Riqueza para pocos, contaminación para muchos.

La minería se desarrolló exponencialmente en los últimos 10 años. Según información de la Secretaría de Minería de la Nación en su informe “Minería en números” en 2002 había 18 proyectos mineros, en 2003 ya había 40, y en 2012 llegaron a 614, un aumento de 3.400 % en 10 años. Al igual que el fracking, la minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de agua, químicos y sustancias tóxicas que contaminan pueblos enteros. Las comunidades afectadas están organizadas en más de 50 asambleas que enfrentaron firmemente a las multinacionales obteniendo de parte del Estado solo represión.

La comunidad mapuce Huisca Antieco fue una de las primeras en denunciar la avanzada minera en 2001. La minera Meridian Gold ingresó a territorio comunitario sin respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado que consta en la legislación internacional8. La comunidad exigió que se respeten sus derechos, pero la empresa y el gobierno desoyeron los reclamos. Hoy, como ayer, los ataques a originarios y campesinos responden a las necesidades del sistema capitalista.

 

Los costos de garantizar el modelo

No se puede garantizar el modelo extractivo más que vulnerando los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas, fumigando sus territorios, contaminando su agua, su suelo y su atmósfera, judicializándolos, persiguiendo y reprimiendo sus protestas. No solo a manos de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, sino también tercerizando la represión a manos de patotas, guardias blancas y sicarios contratados por los terratenientes y latifundistas. Las comunidades siguen resistiendo el despojo de sus territorios y los avances del imperialismo.

Según el informe de James Anaya, relator de los pueblos indígenas para las Naciones Unidas9, hay 142 conflictos en Neuquén, Río Negro, Formosa, Jujuy y Salta vinculados a la explotación minera, petrolera, al problema de tierras, latifundistas, impacto ambiental y la persecución.

Félix Díaz y 24 qom de La Primavera fueron procesados por instigación al delito y atentado a la autoridad, en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados; el pueblo mapuce en Neuquén es el sector de la sociedad que más sufre la judicialización: 42 causas penales criminalizan a 241 mapuce; 500 campesinos del Mo-CaSE-VC enfrentan causas por resistir desalojos. La ley antiterrorista, que otorga impunidad para reprimir la protesta social, fue utilizada en Catamarca contra los ambientalistas que protestaban contra las mineras y en Neuquén contra comunidades que protestaban contra Chevron.

Según un informe de ODHPI en el sur del país la persecución a los indígenas está reducida a una cuestión penal, mientras en el norte del país, la situación de los pueblos originarios está más ligada a la muerte violenta, desde asesinatos directos de fuerzas de seguridad y terratenientes hasta muertes dudosas (ver recuadro). Causas, judicialización y muerte solo para los luchadores, impunidad para quienes reprimen y matan.

En los últimos 5 años, más de 20 asesinatos a miembros de comunidades indígenas o campesinas se sucedieron a manos de fuerzas policiales –en represiones o no-, guardias blancas, sicarios o dudosos “accidentes” de tránsito. Todos ellas luchaban por poner freno a la extracción intensiva de recursos naturales y/o por recuperar sus territorios. Quizás la más resonante sea la muerte de Roberto López, de la comunidad La Primavera, asesinado durante la represión de noviembre de 2010 en Formosa, pero decenas de estas muertes son silenciadas a diario. En lo que va de 2014 ya hubo 9 represiones en Neuquén, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán y Mendoza, sobre poblaciones rurales e indígenas que reclamaban tierra, viviendas y agua, y en Córdoba sobre organizaciones que reclamaban contra el extractivismo. Todas ellas dejaron un importante número de heridos y detenidos. Causas, judicialización y muerte solo para los luchadores, impunidad para quienes reprimen y matan.

Por su parte, el racismo y la opresión nacional juegan un rol destacado en la vida de las comunidades, la vida de muchos originarios se va a manos de criollos o bandas parapoliciales que tienen vía libre y total impunidad para actuar. Los casos de Alberto Galván, un joven qom asesinado por criollos cuyo cuerpo fue mutilado y tirado al río para que lo devoren las palometas, o de Imer Flores, un niño de 12 años asesinado a golpes por criollos, solo por el hecho de ser qom, ilustran una triste realidad. Las muertes en hospitales por falta de atención médica, falta de insumos, o enfermedades evitables, así como la falta intencional de redes de agua en las comunidades, también son moneda corriente, demostrando abandono, desprecio y discriminación.

El silencio de los medios y el manto de impunidad encubren el racismo sistemático contra las comunidades indígenas que mantiene una poderosa vigencia.

 

Tender lazos

En Neuquén el pueblo mapuce junto a los obreros de Zanon y la izquierda han llevado a cabo importantes procesos de lucha: en 2002 la Confederación Mapuche fue un factor fundamental en la puesta en producción de la fábrica bajo gestión obrera; en un acuerdo consulto y libre, brindaron la arcilla que antes les robaba el patrón de su territorio. Enfrentaron codo a codo la represión, en el 2006 en la movilización ante la reforma de la constitución neuquina y en el 2013 durante más de 6 horas cuando se aprobaba el acuerdo YPF-Chevron.

Las comunidades originarias, los trabajadores y el pueblo pobre enfrentamos los mismos enemigos: grandes terratenientes, empresarios, poder político y oposición patronal, que son los garantes de este sistema de explotación y muerte. Zanon es un ejemplo de pequeña magnitud pero de gran sentido estratégico de cómo los trabajadores podemos poner en pie una sólida alianza entre todos los sectores oprimidos, que será la única que ponga fin al avance capitalista.

 

1. INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005. Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

2. Según un estudio del CONICET de 2009, el 63,1 % de la población argentina tiene descendencia amerindia.

3. Javo Ferreira, Comunidad, indigenismo y marxismo. Un debate sobre la cuestión agraria y nacionalindígena en los Andes. La Paz, Ediciones Palabra Obrera, 2010.

4. “Tres años más para relevar los territorios indígenas”, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Originarios (ODHPI), 2013.

5. Ejemplifica el caso de Roberto Ñancucheo, que fue invitado al programa oficialista 678 del 25/06/13, presentado como líder mapuce y ocultando que es funcionario de la Secretaría de Ambiente de la Nación, para desprestigiar la lucha que estaba llevando a cabo Félix Díaz y la comunidad La Primavera. La Confederación Mapuce aclaró públicamente que no es autoridad mapuce lamentando que cumpla ese triste papel defendiendo al gobierno ante la violencia física y cultural contra los pueblos originarios.

6. Darío Aranda, “La década extractiva”, Comunicación ambiental, 2013.

7. Autoridad mapuce.

8. Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina.

9. Informe Definitivo del Relator Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina, 2012.

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Neuquén: comunidades asediadas para abrir paso a las petroleras

Entrevistamos a Relmu Ñancu y a Martín Maliqueo del Lof (comunidad) Winkul Newen, werken (voceros) de la Confederación Mapuche. Ambos están judicializados por  intentar impedir que la petrolera Apache ingrese a su territorio.

 

IdZ: En agosto del año pasado se firmó el acuerdo entre el gobierno y Chevron. ¿Cuál es el reclamo de las comunidades mapuce?

RÑ: El reclamo del pueblo mapuce es denunciar en primer lugar que a Chevron no le alcanzó con ser juzgada por los tribunales de Ecuador y vino a Argentina. El Estado le abrió sus puertas y hoy pretende instalarse en territorio mapuce obviando toda la legislación vigente, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, que es la posibilidad de estar debidamente informados sobre un proyecto que pretende instalarse en territorio mapuce. La consulta incluso debe obligar al Estado a consultar a los pueblos antes de hacer una nueva concesión del área. Todo esto está escrito, no es un capricho de los pueblos indígenas. Lo que ocurre es que los intereses son tan grandes, económicos y políticos, que si es necesario sacrificar la existencia de los pueblos, los Estados están dispuestos a abrir y garantizar la entrada a las empresas y darle la espalda a los pueblos indígenas.

 

IdZ: ¿Cómo sigue la lucha contra el fracking?

RÑ: La lucha sigue y cada vez será más intensa, porque el fracking está pensado para todo el territorio neuquino y patagónico, por lo tanto hoy estamos recién comenzando un nuevo proceso o dándole continuidad. Es por esto que en cada territorio debemos defender y garantizar como personas comprometidas con el territorio que no se contamine. Es un crimen realmente la contaminación que genera. Desde la visión mapuce no solo contamina el medio ambiente sino también genera un impacto cultural, que no puede ser revertido, poniendo en peligro la misma existencia del pueblo mapuce, porque al desaparecer su cultura y territorio el pueblo también desaparece, es una condena a la muerte a plazo fijo.

 

IdZ: ¿Cómo es la persecución judicial en Neuquén?

MM: La persecución judicial en Neuquén es paz para el gobierno de Jorge Sapag. El tema del pueblo mapuce nunca estuvo en la agenda del gobierno provincial, esto para nosotros no es un tema nuevo, solo que hoy vemos con preocupación mayor esta persecución sistemática que lleva adelante este gobernador porque ha demostrado ser el principal gerente de las multinacionales que operan en Neuquén y trata de callar las voces en favor de la vida, inventándole causas al que piensa y actúa diferente a su modelo.

 

IdZ: ¿Se realizó el relevamiento territorial en Neuquén?

MM: El relevamiento territorial ha empezado hace unos meses atrás y de la peor manera posible, porque el gobierno logró sacar a su favor un convenio marco acorde a sus intereses, sin brindarle toda la real información a las comunidades y logró dejar afuera la participación de su institución madre que es la Confederación Mapuce, como lo establece el convenio 169 de la OIT. Lo único que pretende el gobierno es dejarle una carpeta con información a medias a las comunidades para que tramiten por sus propios medios la titularidad del territorio.

 

IdZ: ¿Cuál es la perspectiva de las organizaciones de pueblos originarios?

MM: La perspectiva hacia adelante está siempre, hoy más que nunca, porque vemos que la constante arremetida del gobierno hacia los pueblos indígenas es cada vez más fuerte y más violenta, más criminalización de los que luchan, más leyes y decretos inconsultos a nuestros pueblos, más persecución, por eso es necesario empezar a unificar criterios de lucha entre los pueblos y entre los propios hermanos mapuce. Los derechos que hay en la legislación argentina nunca fueron gratis, los legisladores nunca legislaron para nosotros, cada reconocimiento implicó una represión y eso ha sido una denuncia internacional.

 

Entrevistó: Laura “Xiwe” Santillán.

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La cuestión nacional

Azul Picón

 

“(…) la cuestión nacional no existe para beneficio de los comunistas, sino que los comunistas existen para resolver el problema nacional como parte constituyente de la cuestión más general de la organización de la vida del hombre sobre la tierra”.

León Trotsky, “Sobre la cuestión nacional”, Pravda, 1 de mayo de 1923.

 

La cuestión nacional es el complejo entramado de relaciones de poder que se produce entre una nación oprimida y su nación opresora. El capitalismo, lejos de liberar a los pueblos oprimidos por el feudalismo, refuncionalizó la opresión a naciones, pueblos y minorías nacionales en el seno del Estado al servicio de la clase dominante. En América Latina, la penetración del capital, con el consiguiente bagaje simbólico y cultural, produjo profundos ataques a las formas de organización política, social y económica en las comunidades indígenas, así como en su cosmovisión originaria. La emergencia de los Estados nacionales y la consolidación del capitalismo profundizaron aún más la opresión sobre las comunidades.

La cuestión nacional no tiene la misma magnitud en los diferentes países de Latinoamérica. En Bolivia, Perú y Ecuador, entre otros, la cuestión de las nacionalidades oprimidas tiene más peso en la estructura social, la lucha de clases y es parte constitutiva del Estado mismo. En Argentina, debido a los genocidios y la homogeneización cultural, la cantidad de población indígena es comparativamente menor en relación a los mencionados países. Sin embargo su magnitud es importante en varias provincias como Neuquén, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta entre otras. Las luchas por tierra y territorio y la consecuente represión desatada confirman la vigencia que la cuestión nacional tiene en estas provincias.

 

Una tradición revolucionaria

La cuestión nacional fue un tema que se ha desarrollado extensamente dentro del marxismo. Los revolucionarios rusos continuaron el legado de Marx y Engels, quienes habían sentado posición sobre naciones oprimidas, como Irlanda por Inglaterra. En Rusia la cuestión de las nacionalidades oprimidas tenía una gran importancia, ya que el Imperio zarista oprimía centenares de pueblos que constituían más de la mitad de la población. Lenin en diversos escritos fue desarrollando los principios y bases del programa para una respuesta revolucionaria a la situación –que generó extensos debates dentro de la Internacional Comunista– reconociendo el derecho a la autodeterminación de las naciones. La revolución en Rusia no habría triunfado de no haber interpretado con sensibilidad los problemas y aspiraciones de las nacionalidades oprimidas por el zarismo. Con el triunfo de la revolución se garantizaron las condiciones materiales para el libre desarrollo social y cultural.

Trotsky compartirá estas posiciones y retomará esta concepción política llevando a cabo una lucha incansable contra el estalinismo, el cual había consolidado una política nacionalista que fulminó la solidaridad entre los diferentes pueblos que componían la URSS. También la aplicó a ámbitos nuevos como las mayorías negras en Sudáfrica o las minorías negras en Estados Unidos.

 

En América Latina

En América Latina, la cuestión nacional se expresa como opresión de los pueblos originarios, que tiene su origen en la conquista y que los Estados Nacionales mantuvieron, aunque cambiando sus formas de esa opresión.

Mariátegui fue uno de los primeros marxistas del continente que comenzó a dar respuesta al problema, ligando claramente la cuestión de la liberación de los indígenas al problema de la tierra y el socialismo, contra las tesis nacionalistas- populistas y el indigenismo “cultural”. Sin embargo su concepción tendía a reducir la problemática a la cuestión de la reforma agraria, sin contemplar que el crecimiento capitalista fue de la mano de la urbanización, lo que no suprimió sino que amplió el alcance de la cuestión indígena: millones de aymaras, quechuas, mayas, etc. dejaron de ser campesinos y son ahora maestros, obreros e incluso burgueses, que siguen siendo discriminados racial y culturalmente.

Las corrientes indigenistas pueden formular denuncias a veces muy agudas y levantar banderas progresivas contra la opresión indígena, pero no tienen un programa para ir hasta el final en su resolución y terminan como aditamento de los gobiernos progresistas y nacionalistas. En el caso de Bolivia, el Estado Plurinacional, con Evo Morales al frente, no ha resuelto plenamente las demandas históricas de los pueblos originarios. El reconocimiento de los pueblos indígenas como tales en el nuevo régimen implicó una conquista democrática muy importante y de gran peso simbólico.

Pero la nueva Constitución preservó el latifundio, primando la estrategia económica desarrollista y extractivista sobre los derechos al territorio de las comunidades indígenas. Las bases materiales de las que se nutre la opresión siguen intactas: el latifundio, la propiedad privada de los medios de producción, la subordinación al capital extranjero. Acabar con la opresión no significa solo la inclusión y el reconocimiento cultural, sino liquidar las fuentes de opresión materiales.

Si bien el derecho a la autodeterminación contempla el derecho a formar un Estado separado, en América Latina los pueblos indígenas no plantean un Estado separado sino autonomías relativas1, terminar con la opresión, discriminación y represión, y lograr plenos derechos. La consigna más importante que levantan los movimientos indígenas es la de “tierra y territorio”, que plantea el problema de la reforma agraria y el respeto a sus formas políticas, económicas y culturales. La liquidación de la opresión de una nación sobre otra es una tarea democrática que no tiene resolución posible en el marco de los Estados burgueses semicoloniales ligados al capital extranjero, por lo tanto se presenta como una tarea que solo puede ser íntegra y efectivamente resuelta por el proletariado en alianza con los indígenas y todos los sectores oprimidos, en las condiciones que ellos mismos determinen, levantando y llevando hasta el final el conjunto de sus demandas, incluyendo el derecho a la autodeterminación, a la autonomía política, y sentando las bases para el más amplio florecimiento cultural.

 

Colaboraron: Ivana Otero y Eduardo Molina.

 

1. Ciertos grados de autogobierno, gestión territorial, cultural, social y económica.

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“Nos van matando lentamente para que dejemos de reclamar”

 

Entrevista a Félix Díaz

 

IdZ: En noviembre pasado se cumplieron 3 años de la represión en la ruta 86, donde mataron a Roberto López. Sumados los meses que estuvieron cortando la ruta antes, son 4 años de lucha. ¿Cuál es tu balance?

Y para nosotros es una lucha que parece que avanza y después retrocede, porque estábamos tan confiados en que esto se iba a resolver con la aplicación de la Ley de Emergencia Territorial, pero esa ley no sirve para nada, sirve para ocultar la realidad del pueblo indígena. La provincia nos quitó una parte de las tierras, que es donde yo vivo, y nos compensó con un triángulo, que no lo podemos recibir como propiedad porque el Parque Nacional es el propietario de este terreno. Los gobiernos nacional y provincial me dejaron afuera y usan el mismo relevamiento para legitimar la causa por usurpación. (…) Es una lucha que venimos arrastrando y nos bloquean todos los accesos a los recursos del Estado como programas sociales, agua, salud, educación, nos bloquean todo y encima nos quitan los recursos que nosotros teníamos para poder subsistir. Nos van matando lentamente para que dejemos de reclamar, salgamos del territorio y migremos a la ciudad.

 

IdZ: ¿Y tienen causas?

Sí, yo tengo 7 causas penales abiertas, somos 4 los que tenemos causas, antes éramos 24, pero fueron liberando. Los abogados que trabajan con esta causa pidieron que me liberen, pero el gobierno nacional y provincial dijeron que primero hay que relevar y probar que realmente Félix está viviendo dentro del territorio indígena. Y ahora probaron que yo estoy fuera del título que para ellos es el legal. Entonces ahí tienen la facultad de la justicia, tienen su propio argumento, es una estrategia bien estudiada junto con el INAI y el gobierno de Formosa, pero la mayoría de la comunidad no está de acuerdo. Si el gobierno de la provincia y el gobierno nacional no resuelven este tema, veremos qué acción tomar. (…) Dicen que estoy violando todas las leyes, que no respeto a la policía, no respeto la propiedad privada, que corto la ruta cuando yo quiero, que manipulo a la gente, es como una estrategia jurídica que sustenta el proyecto de la presidenta de la ley antiterrorista. Las causas penales que todos tenemos son por los reclamos territoriales, porque para nosotros el territorio no es un espacio para comercializar o para negociar, es para poder mantener los recursos naturales y también es protegerlos para que no se terminen. Y el Estado mira de otra manera: hay que sembrar soja, hay que desmontar, hay que contaminar. Y eso no queremos que pase en el lugar donde estamos.

 

IdZ: Después de la represión en el corte de ruta de 2010 acamparon 5 meses en la Av. 9 de Julio. ¿Cuáles de las promesas que les hicieron se cumplieron y cuáles no?

Empezamos en el año 2010 con la idea de que el Estado se haga cargo de este conflicto territorial, porque era el momento oportuno para que se prorrogue la ley de emergencia. Y el INAI fue, pero quería negociar que nos retiremos de la ruta para hacer el relevamiento. Y mientras la universidad seguía avanzando la obra para levantar un edificio universitario, ya se habían desmontado unas 600 hectáreas de monte y nosotros tuvimos que reaccionar y cortar la ruta y no permitir el ingreso de ninguna máquina. El Juzgado Federal N° 1 dictó una sentencia de que en el pedido de devolución de tierras a la comunidad qom tenía que ser la corte la que defina. Se presentó el pedido pero no se cumplió el relevamiento, no se hizo la capacitación del método a usar y estuvimos constantemente peleando con las autoridades, hasta que llegó un momento que nosotros estábamos tan cansados que no se respetó la participación del pueblo indígena que nos retiramos. A partir de ahí decidimos cortar la ruta, hemos sido reprimidos el día 23 de noviembre, donde murieron 2 personas: el hermano Roberto López y un oficial de policía, Ever Falcón. Un hermano que fue víctima de esta represión, Samuel Garcete, que hoy está en silla de ruedas, una hermana que le rompieron la pierna a través de un balazo, una hermana que se quebró el brazo con un cachiporrazo de un policía y hay un hermano que está grave por los golpes en la cabeza que recibió. Entonces están ahí las víctimas, y los policías, ninguno ha sido detenido, ni investigado, ni sancionado o separado del cargo, y esa injusticia que padecemos es una injusticia que marca el método del gobierno de decir que el que se opone va a recibir todos los golpes. Después de ahí vinimos para acá y armamos una mesa de diálogo con los organismos de derechos humanos a nivel nacional para garantizar el proceso de búsqueda de diálogo con el Estado, pero ninguno de los compromisos se cumplieron. El único que hemos logrado fue la elección de las autoridades, de la cual fui electo en ese año 2011.

 

IdZ: ¿Cómo fue la elección de autoridades?

Se hizo la elección el 25 de junio de 2011, el gobierno puso los recursos, regaló camionetas al presidente de la asociación, al delegado, repartieron colchones, plata, mercadería, para que no me apoyaran. Y mis hermanos recibieron todo. Y cuando cerró el escrutinio sacamos 690 votos y el otro sacó 300 con los recursos que derrocharon. Yo no le pedí a nadie para que me voten y no voy a hablar de promesas, porque la disputa es territorial y la gente entendió. Desde ahí por lo menos bajaron el nivel de violencia y persecución de la policía hacia nosotros. Y empezamos a sacar a la empresa sojera Nidera y los ganaderos que estaban adentro de nuestras tierras, y fuimos depurando el territorio sin tener todavía la resolución. Y ahí se generó más bronca con nosotros, porque ahí dijeron que los indios no le quieren al blanco, que quieren vivir con sus costumbres de salvajes, no quieren escuelas, no quieren agua, quieren vivir su vida antigua. Por eso dijeron “cerramos el CIC, que no haya medicamentos, que no haya agua, que vivan como ellos quieren”. Y duró como 2 años ese abandono. Murieron varios hermanos de diferentes violencias: supuestos accidentes, muertes dudosas, muerte por enfermedad evitable, y en todo este tiempo murieron 30 hermanos. Entonces yo nunca pienso ceder o negociar esta lucha, porque no se trata de una función pública o un cargo. Lo que yo quiero es recuperar las tierras. Sería bueno  que nos uniéramos con los hermanos mapuches, kollas, que los indígenas se unan para parar frente a este sistema. Yo creo que están dadas las condiciones para unificar la lucha, si juntamos esa fuerza de todos los líderes se puede lograr que la justicia pueda rever los casos que los indígenas tienen encima, causas penales abiertas, con esa posibilidad de que te encierren. Es un tema muy grave lo que está pasando pero por qué no nos animamos a juntarnos y discutir la salida de esta problemática, si nos sumamos creo que más de alguno tiene una experiencia muy rica en la lucha, no tiene sentido luchar por un caso puntual sin ver la problemática generalizada, el despojo territorial, la violación de los derechos humanos, el desalojo que se está haciendo, las empresas que entran sin importarles las comunidades, y es preocupante porque no va a haber un gobierno que es el que va a hacer justicia por nosotros, yo no tengo la esperanza de que un gobierno vaya a hacer. Tengo la esperanza de que nosotros como pueblos indígenas podemos frenar esta violencia organizada. Para mí la única salida es esa, usar el derecho y defender con acciones que le molesten al gobierno y muestren disconformidad con lo que está pasando.

 

IdZ: Circularon muchas críticas por tu entrevista con el Papa y hace unos días con Massa…

Sí y me parece muy bien, para qué ocultar. Lo que yo estoy haciendo es una estrategia política de instalar el tema en todos los niveles. Yo escuché una vez al Papa Juan Pablo II cuando pedía perdón a los pueblos indígenas por el genocidio que cometieron y él decía que era momento de reparar los daños. Entonces esa reparación ¿dónde está, cuándo se va a hacer? Este Papa, que yo lo conocí mediante el acampe, pensé, le voy a plantear esto a ver qué dice. Me dicen de por qué me fui con este genocida, este asesino, ¡fui para que se haga cargo! (…) El objetivo es instalar el tema. Y estos seguimientos que tenemos que hacer, entonces si los pueblos indígenas no nos ponemos de acuerdo esto va a seguir para siempre. Argentina no puede ignorar los derechos indígenas porque ha adherido al convenio 169, que no está reglamentado, está con media sanción y nosotros tenemos que exigir que se sancione. Por eso hablo con los legisladores, porque tienen competencia en el tema, no porque me gusta la cara o el partido. (…) Lo que nosotros tenemos que hacer es pararnos y decir BASTA. Y eso, decir basta, puede cambiar el color del río. El río tiene que seguir un cauce natural y el río está regado de sangre ahora. Nosotros tenemos que luchar para que no siga corriendo sangre, y no es fácil, porque la vida tiene un valor único, sagrado, no tiene precio el valor del ser humano, entonces si queremos cambiar esta historia tenemos que limpiar el río juntos, no sé cómo, pero tenemos que hacerlo.

Entrevistaron: Azul Picón y Laura “Xiwe” Santillán.

2 comments

  1. waltergabriel 18 abril, 2016 at 19:50 Responder

    muy bueno, hay algun material que tome la causa indigena desde el marxismo?, ya que es muy bueno el analisis , las limitaciones de Mariategui no estan profundizadas, que necesario es un material que tome la causa indigena y su resolucion transitoria y la final, que como sabemos no sera bajo un estado nacional capitalista, gracias.

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