Los Derechos Humanos y la justicia: relato y realidad

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EL ROL DE LOS APARATOS REPRESIVOS EN LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY

 

Número 21, julio 2015.

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El terreno de los Derechos Humanos es uno de los principales en los que el gobierno pretende haber marcado un hito. Algunos gestos simbólicos como hacer bajar el cuadro del expresidente de facto Jorge Rafael Videla le granjearon el apoyo de numerosas organizaciones de derechos humanos. El gobierno tomó una bandera de décadas de lucha de los organismos, aunque sin dejar al mismo tiempo de mantener en actividad a numerosos represores que vienen desde la dictadura, impulsando incluso su llegada hasta los altos mandos. Tal era el caso hasta hace unas semanas de nada menos que el ahora ex Jefe del Ejército César Milani, de probada participación en el accionar represivo de la dictadura como muestran los casos del soldado Alberto Ledo, desaparecido en 1976 en Tucumán, y el de Oscar Schaller, secuestrado en el batallón 141 de La Rioja. Solo la campaña electoral y el agravamiento de las causas judiciales en

contra de Milani empujaron su pase a retiro el pasado 23 de junio. El mismo había sido sostenido en su cargo por la presidenta incluso a pesar de las críticas de organizaciones cercanas al gobierno como el CELS.

En el terreno de la Justicia, en los últimos años el gobierno viene impulsando lo que llama una “democratización”, que solo lo es en el título, ya que deja intactas las prerrogativas de esta casta que custodia el orden de la propiedad privada bajo un manto de neutralidad. Desde el gobierno y sectores afines solo se acordaron de apuntar contra la Justicia cuando esta empezó a sacar fallos que no eran de su agrado. Hasta entonces, ni los privilegios de esta casta, ni la abrumadora cantidad de funcionarios que también vienen desde los tiempos de la dictadura tampoco resultaron motivo de inquietud.

Días previos a la renuncia de César Milani, se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA una charla titulada “Nueva causa Milani: la continuidad del aparato represivo de la dictadura”, en la que se reflejó, desde distintas posiciones, la vigencia en la actualidad de complicidades entre los aparatos represivos del Estado y la Justicia para perseguir y espiar a los trabajadores que se organizan, como en Kraft, en Lear y en tantos otros. De la misma participaron Graciela Ledo, querellante contra Milani por la desaparición de su hermano Alberto Ledo; el periodista y escritor Miguel Bonasso; Lucas Arrimada, docente e investigador de dicha facultad; Oscar Schaller, secuestrado por el Batallón 141 en La Rioja durante la dictadura y querellante contra Milani, y Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS en el FIT y abogada del CeProDH. A continuación reproducimos las reflexiones de algunos de los participantes.

 

Lucas Arrimada: “El clasismo del derecho es defendido bajo la idea de que es neutral”

El derecho tiene un lenguaje que oculta mucho y tiene pocos traductores. Los abogados cuestan, por eso la traducción está usualmente mediada por el acceso a la justicia, que está mediada a su vez por el dinero. Entonces, una función de los que damos clases en Derecho es tratar de romper ese abismo que hay entre Ley y pueblo. Justicia y pueblo. Pensando en la justicia no como Poder Judicial sino como valor crítico, exigente, como el compromiso que debe tener una abogacía ejercida desde el compromiso con los trabajadores y todas las personas que están sufriendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos con cualquiera de los aparatos represivos del Estado.

Una de las características que tiene el derecho, es esta idea de que hay ciertas instituciones que merecen ser independientes y defendidas como independientes. La idea de independencia judicial, la idea muy similar en otros espacios como la de un Banco Central independiente o de la mano invisible del mercado, la idea de un periodismo objetivo, de la neutralidad del derecho en las diferencias sociales, que oculta el carácter claramente misógino, clasista del derecho y cómo esta misoginia y clasismo son defendidas bajo la idea de que el derecho es neutral, o que hay una aplicación igualitaria de la ley. Para todos los militantes que están en la calle, los que luchan en las fábricas, va a ser raro entender que alguien postule esas ideas, pero lamentablemente, tengo esta mala noticia para darles: esta facultad tiene de 23 mil a 30 mil estudiantes donde se reproduce una ideología que básicamente legitima ese orden, que legitima esas ficciones. Por eso es muy importante tenerlos a todos ustedes presentes en esta oportunidad.

Haciendo un análisis del aparato represivo, hay tres espacios que tienen cierto grado de independencia y una autonomía que resulta indócil y a la vez que tiene complicidad con el poder político. Uno es el sistema penitenciario; otro son las fuerzas de seguridad -estoy pensando en las crisis policiales y como a veces no es tan lineal el control que tienen los políticos de la policía-; y por último los servicios de inteligencia.

Ya es un punto de partida observar esas prácticas sin inocencia, sin ilusiones de que estos actores nos van a resguardar porque la Ley o la Constitución lo dice, o que hay garantías. Una de las cosas que esta facultad siempre tiene que potenciar es el carácter político del derecho y el carácter estratégico del uso del derecho para los intereses políticos. Entonces nuestros intereses políticos, los intereses de una clase, de los obreros, de una defensa estratégica de los Derechos Humanos y esa compresión de la idea política y también democrática del derecho, es la que nos va alejar de estas ilusiones y nos va a acercar a la protección de los derechos de los trabajadores y del pueblo a través del derecho.

 

Myriam Bregman: “Nosotros denunciamos la continuidad en las prácticas y en las personas que provienen de la dictadura”

Bonasso, en Recuerdos de la muerte, habla del “Sopita”, aquel militante montonero era el papá de Alejandrina Barry. Alejandrina por años no conoció su historia, vivía con sus abuelos pero nunca supo que era hija de desaparecidos, cuando ella empieza a armar su historia, uno de los elementos que encuentra es el libro de Miguel Bonasso. Así se construye la historia: acá no hubo apertura de los archivos de la represión y los hijos de desaparecidos tienen que reconstruir su historia por pedacitos. Si Miguel no hubiese hablado con Rubén Dri en México y no le hubiese preguntado con quién iba en el auto cuando lo secuestraron, no habría tenido la historia del “Sopita”, que es nada más y nada menos que el padre de Alejandrina Barry1.

La derecha está muy activa porque opina que después de octubre este proceso de juicios (que incluso nosotros denunciamos como a cuenta gotas), se va a terminar. Entonces intentan reflotar la “teoría de los dos demonios”, y Miguel ha caído en el “sorteo” de esta gente y lo tratan de involucrar en dos causas: en la causa Rucci y la causa de Larrabure. Los mismos fiscales que jamás se animaron a citar a los directivos de las revistas Gente, Somos y Para Ti, quienes armaron una historia falsa sobre Alejandrina Barry diciendo que sus padres la habían abandonado, ahora quieren llevar con la fuerza pública a Miguel Bonasso para que declare por la muerte de Larrabure.

Nosotros, desde el CeProDH junto a otros organismos, hemos denunciado la continuidad en las prácticas que provienen de la dictadura militar. Por un lado, en la Justicia con jueces que vienen de servilletas de los años ‘70, porque hay servilletas de Cavallo, de Stiuso, hay jueces que pasaron dictaduras y siguen estando allí impartiendo eso que llaman justicia todos los días. Por otro, con el espionaje. Nosotros no descubrimos a Stiuso con el caso Nisman. En el año 2006 lo denunciamos por distorsionar las pistas que conducían a los responsables del secuestro de Jorge Julio López. Y Stiuso también proviene de una dictadura. En una polémica con Miguel le dijo que él no provenía de le dictadura del ‘76 porque a él lo nombraron en el ‘72. Tenía razón, venía de otra dictadura anterior y manejó los servicios de inteligencia del país durante todos estos años.

Cuando hablamos de esa continuidad hablamos también del “Proyecto X”, un proyecto donde todo aquel que participó de una movilización en este país tiene un informe. Lo descubrimos a partir de que a nuestro compañero Javier Poke Hermosilla, delegado de la Comisión Interna de la multinacional Kraft Mondelez y actual candidato a vice gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el PTS en el FIT, llegó a tener 16 causas penales y 300 mil pesos de embargo sobre su magro salario como obrero de la alimentación. Y aunando un poco los testimonios, vimos que una gendarme decía que había personas que no podía identificar en una marcha, pero que iba a las bases que tenía Gendarmería, buscaba los datos y de allí los identificaba. Ahí descubrimos que había una base de datos. Logramos que a esa gendarme se la llamara a indagatoria pero le dictaron la falta de mérito con un argumento preocupante: que obedecía órdenes. Una joven que obedece órdenes, los mismos argumentos con los que se intenta exculpar a Milani…

Nosotros denunciamos las prácticas pero también las personas que provienen de la dictadura. A esas prácticas hay que ponerles nombre y apellido concreto. Cuando desapareció López exigimos que nos dieran los números de agentes de la Policía Bonaerense que quedaban en funciones y que habían estado en la primera desaparición de Julio durante la dictadura y que seguían estando en la Policía en su segunda desaparición en el 2006. El número fue escalofriante: más de 9.000 policías de la Bonaerense seguían en funciones al año 2006. Genocidas que torturaron, secuestraron, violaron, a miles de compañeros y compañeras siguen siendo parte de la Bonaerense. Entonces cuando hoy leemos que hay denuncias de torturas en las comisarías y cárceles no tenemos por qué asombrarnos. Hay otro dato que es escalofriante: toda la cúpula completa del Servicio Penitenciario Federal proviene de la dictadura. Se pueden crear muchas defensorías de presos, muchas comisiones para que investiguen violaciones a los derechos humanos, pero son hermosas formalidades: le dicen a genocidas que manejaron las cárceles y centros clandestinos cómo tratar a un preso. Es una utopía.

Otro dato que descubrimos y nos lleva directamente al jefe del Ejército César Milani es que 3.308 miembros de las Fuerzas Armadas en la actualidad fueron parte de la dictadura. Milani solo es uno de los 50 generales que tiene el Ejército que provienen de la dictadura. Si lo sacan a Milani, quien lo sigue en el escalafón también proviene de la dictadura. Por eso, defender a Milani no es solo defenderlo a él, sino también a esos 50 generales restantes, es defender esa continuidad en las personas y en las prácticas. Toda esa gente no está siendo juzgada y con el método actual jamás va a serlo.

En esto no se diferencia en nada el gobierno de la oposición. En una investigación que realizamos sobre la Policía Metropolitana (la que el candidato Horacio Rodríguez Larreta dice que va a extender a todos los barrios de la Ciudad) descubrimos que de sus 52 altos mandos, 38 provienen de la dictadura. La Metropolitana es una fuerza nueva, pero no así aquellos que la componen: el Fino Palacios, el primer jefe de la Metropolitana, no solo proviene de la dictadura, sino que además es parte del cuerpo especial de agentes de la Federal de espionaje junto con Ciro James.

No es una exclusividad del kirchnerismo mantener en sus Fuerzas Armadas y de Seguridad la continuidad del aparato represivo de la dictadura. Estas son las fuerzas que necesitan para mantener los acuerdos con Chevron, para reprimir todos los días a los compañeros de la comunidad Qom, para extender la frontera de la soja. La frontera de la soja se extiende así, a sangre y fuego. Estas son las fuerzas de seguridad que necesitan para mantener esta sociedad dividida en clases sociales. Nosotros, los marxistas, queremos terminar con eso. Queremos terminar con toda forma de explotación, con toda forma de opresión. Y en ese camino vamos a ser los primeros en denunciar a los genocidas, a la represión y a la impunidad. Por eso vamos a seguir luchando por la cárcel común y efectiva a todos los genocidas, incluido Milani.

 

Miguel Bonasso: “El gobierno sabe que el 98 % de los funcionarios que están en Comodoro Py eran amigos de Stiuso”

Todos los que estamos acá coincidimos en una posición que muchos no entienden porque dicen “Pero ¿cómo?, si este es un gobierno que defiende los derechos humanos, si este es un gobierno que ha procesado y encausado a represores”. Yo les diría a los de Carta Abierta que no pueden seguir haciéndose los distraídos. Porque un genocida estuvo al frente del ejército del gobierno llamado “nacional, popular, democrático y progresista”.

Y hoy el Sr. Agustín Rossi, ministro de Defensa, defiende a este señor y el Sr. Aníbal Fernández, dice que “se expida la justicia”. Confían cuando los fallos son a favor y se quejan cuando son en contra, ¡porque saben de dónde viene la justicia! Saben que el 98 % de los funcionarios que están en Comodoro Py eran amigos de Stiuso, o habían recibido favores de él.

¿Por qué le otorgan 500 millones de pesos de presupuesto a la inteligencia del Ejército y lo colocan segundo después de la SIDE, pero con un crecimiento presupuestario superior en términos relativos? ¿Por qué hay 1.400 oficiales de inteligencia, militares del ejército? ¿Por qué hay 14 generales en el Estado Mayor que proceden del área de inteligencia? ¿Qué pretenden? Me parece que no es por un “enemigo externo”, les preocupan en realidad los obreros de Lear, de Donnelley, a los que rigurosamente revientan a patadas los miembros de la Gendarmería bajo las órdenes de Sergio Berni, el mismo que estaba ahí en lo de Nisman. Es brillante el trabajo realizado por Myriam Bregman y otros compañeros con el tema del proyecto X de la Gendarmería, desnudando la hipocresía de una pseudo progresista como es Nilda Garré que decía que eso era simplemente un proyecto informático.

¿Por qué hay un cuerpo secreto de la Policía Federal que tiene mil efectivos y fue creado por decreto en 1967 durante la dictadura militar del general Onganía? ¿Por qué ningún gobierno democrático lo derogó hasta hoy? Esos mil integrantes de ese cuerpo secreto son miembros de una logia al servicio del capital y el imperialismo. ¿Con qué se relaciona esto? Muy sencillo. Creo que tiene algo que ver con el acuerdo secreto firmado por el CEO de YPF con Chevron, por el cual hacemos concesiones en la Patagonia de las que se ruborizaría Arturo Frondizi, por coloniales, miserables y perniciosas por el tema del fracking, que es un peligro ambiental por la contaminación de las napas. Y es este gobierno, que se dice “nacional y popular” el que entrega a David Rockefeller vastas regiones de la Patagonia en un acuerdo secreto.

Estamos todos espiados por el problema social y económico de la dependencia estructural de la República Argentina dentro del sistema capitalista mundial y el papel que jugamos. Cuando se habla de que este es un gobierno progresista se olvida que el campo está en manos de Monsanto, que la Cordillera de los Andes está en manos de las compañías mineras que practican la mega minería con cianuro y ponen en peligro el abastecimiento de agua y que efectivamente estamos entregando el petróleo convencional y no convencional al bueno de Rockefeller, a quien le mandamos un cariñoso saludo por su cumpleaños número 100.

 

Se puede acceder a la charla completa en: www.youtube.com/user/ptsargentina

 

1. Alejandrina Barry es hija de padres asesinados en la última dictadura militar por un operativo conjunto entre fuerzas armadas uruguayas y la marina argentina. Con tres años de edad, fue utilizada en una campaña mediática contra los militantes asesinados durante el genocidio. Alejandrina es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Ver: http://www.laizquierdadiario.com/El-caso-de-Alejandrina-Barry-en-Lo-que-no-dije.

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