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NOVEDADES EN LA CGT, HERENCIA KIRCHNERISTA Y TRABAJADORES AJUSTADOS

 

Número 32, agosto 2016.

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Unificación mega anunciada, tiempos de rosca libre, tregua hasta los extremos, y un deterioro sensible en la vida de los trabajadores conforman el damero de un mundo obrero en plena transición. ¿Qué quedó de la revitalización sindical? IdZ dialogó con especialistas en el tema: Julia y Luis Campos del Observatorio Social de la CTA, Adrián Piva de la Universidad de Quilmes, y Roberto Amador, obrero y militante.

 

DEL “AJUSTE CON INCLUSIÓN” AL “AJUSTEMOS”

JULIA CAMPOS Y LUIS CAMPOS

Observatorio del Derecho Social-CTA-A.

 

Por estos días nos enfrentamos a diferentes debates en torno a las características del nuevo gobierno y su acción sobre el mercado de trabajo y las organizaciones sindicales. Resulta llamativo el corte disruptivo que intenta establecerse entre un gobierno y otro, tanto para los militantes kirchneristas como también para importantes sectores de izquierda y centroizquierda. Y no es para menos, la llegada del PRO al poder implicó un conjunto de medidas que impactaron abruptamente sobre los trabajadores y sus organizaciones. El objetivo de este artículo no es minimizar el ajuste macrista, es más bien aportar elementos para contextualizarlo y ubicarlo dentro de un ciclo de ofensiva del capital sobre el trabajo que, en el largo plazo y con mayor o menor intensidad según las distintas subetapas, se inició a mediados de los años ‘70, y que más recientemente se relanzó, al menos a partir de 2011.

La orientación política y económica del gobierno kirchnerista no puede explicarse sin tener en cuenta el ciclo de luchas previas, que incluye la crisis de fines de 2001, y la existencia de condiciones económicas que posibilitaron el impulso de medidas ligadas a fortalecer el mercado interno (cambio de precios relativos, caída del costo laboral, modificación de los términos de intercambio, etc.).

La rápida recuperación de distintos indicadores laborales, que por cierto partían de sus pisos históricos, comenzó a enfrentarse a límites a partir de 2007 y, ya desde el año 2011 resulta difícil encontrar alguna mejora sustancial en cualquier variable referida a la situación de los trabajadores (y en términos generales al comportamiento de la economía en su conjunto). Esta pérdida de dinamismo del mercado de trabajo tuvo su correlato en un incremento de la conflictividad laboral (el promedio anual de conflictos con paro entre los años 2012 y 2014 fue un 42 % superior al promedio del período 2006-2011) y en una creciente tensión política entre una porción no menor de organizaciones sindicales y el gobierno nacional.

Desde este punto de partida deben analizarse los primeros meses de gestión del nuevo gobierno, cuyas medidas dan cuenta de un claro intento de relanzar el ciclo de acumulación a partir de un ajuste sobre el costo laboral. Medidas como la devaluación y la eliminación simultánea de las retenciones, la remoción de obstáculos para la obtención de ganancias en el sector financiero y el incremento de las tarifas de los servicios públicos tienen su contracara en una fuerte caída del salario real (casi el 10 % entre los meses de noviembre y mayo, tan solo considerando a los asalariados registrados del sector privado) y en una destrucción de puestos de trabajo.

Esta disminución del costo laboral requiere disciplinar al conjunto de los trabajadores, utilizando para ello tanto la amenaza y la efectiva pérdida de los puestos de trabajo como la desarticulación de la organización gremial mediante la persecución y la criminalización de los activistas [1] .

Sin embargo, este intento se enfrenta a tres condicionantes importantes: por un lado, un movimiento obrero fuerte y organizado con 150 años de historia y experiencia, con altos niveles de sindicalización, estructurado en torno a organizaciones nacionales por rama de actividad con una presencia importante en los lugares de trabajo; en segundo lugar un ciclo de creciente conflictividad laboral que reconoce su origen en las luchas que precedieron a la crisis de 2001, y que tuvo un nuevo incremento a partir del año 2012; finalmente, un sistema de negociación colectiva, en particular para la renovación anual de los acuerdos salariales, que es percibido como un derecho irrenunciable por una gran parte de los trabajadores.

Cabe destacar que la propia estructura sindical no está exenta de tensiones internas. Por el contrario, en los últimos años también se han exacerbado conflictos al interior de las organizaciones sindicales que no son extraños a la historia del movimiento obrero: en gran medida la fortaleza de las organizaciones sindicales de nuestro país ha sido la resultante de una relación, muchas veces contradictoria, entre bases movilizadas, seccionales locales, sindicatos de base, y federaciones y confederaciones nacionales.

Esta estructura había posibilitado resistir, al menos parcialmente y en algunas ocasiones incluso a pesar de la oposición de las direcciones sindicales, los intentos de ajustar el salario real en los últimos años de la gestión kirchnerista. Sin embargo, ello nunca pudo traducirse en una estrategia ofensiva que fuera más allá de sostener el valor del salario real.

Esta capacidad de organización y resistencia está en el centro del relanzamiento del ciclo de conflictividad laboral que en los últimos meses, con una mayor intensidad, ha cuestionado la imposición de límites a los aumentos salariales y el avance sobre los puestos de trabajo. Ello se verifica tanto en la intensidad de las medidas de lucha (predomina el paro); su prolongación en el tiempo; y la centralización de los actores (distintas organizaciones confluyendo en medidas de acción conjuntas).

La mayor intensidad de la conflictividad laboral está lejos de ser un producto del cambio de gobierno en diciembre de 2015. Por el contrario, sus orígenes pueden situarse al menos en el año 2012, y sus causas y modalidades requieren considerar procesos de más largo alcance, tales como la ofensiva del capital iniciada a mediados de los años ‘70, la participación de la clase trabajadora en la resolución de la crisis de 2001, la acumulación organizativa durante la década anterior, y en términos más generales la forma en que se estructura la acción sindical en nuestro país. Este es el punto de partida a partir del cual pensar y debatir los desafíos de los trabajadores y las organizaciones sindicales de cara al proceso de ajuste económico actualmente en curso.

***

LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA

ADRIÁN PIVA

Sociólogo UBA-UnQui.

Quizás como ninguna otra, una etapa de ofensiva del capital contra el trabajo –como la que atravesamos actualmente– debería permitirnos medir el grado de recomposición sindical de la clase obrera en la argentina postconvertibilidad. Sin embargo, los dos fenómenos más relevantes de la acción sindical de los últimos meses brindan señales contradictorias. El 29 de abril, decenas de miles de trabajadores convocados por todas las centrales sindicales produjeron la movilización obrera de protesta más importante de las últimas dos décadas. Sin embargo, para ese momento las paritarias ya mostraban, como después confirmarían, la pérdida de salario real más importante desde 2002. Algo similar ocurrió durante el primer semestre de 2014. En un contexto de devaluación y aceleración de la inflación, el 10 de abril de ese año se producía una de las huelgas generales de mayor acatamiento del período, al mismo tiempo, las paritarias cerraban a la baja sin conflictos significativos entre las bases y las direcciones sindicales. La excepción de ese semestre fue el conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires, lo fue por su extensión, por la vitalidad de las bases en el proceso huelguístico y por romper los techos establecidos informalmente por el gobierno nacional.

Sin dudas, desde 2003 –y particularmente desde fines de 2004– es posible observar un proceso de recomposición de la acción sindical de los trabajadores. Lo muestran los datos de evolución cuantitativa de protestas y/o conflictos protagonizados por obreros ocupados de todas las fuentes disponibles y con distintas metodologías. Es visible también en el mayor peso cualitativo que tuvo la acción sindical dentro del conjunto de las luchas sociales en relación a los años ‘90. Dicha recuperación tuvo un triple fundamento. En primer lugar, la caída del desempleo, que sin duda recompuso las capacidades estructurales de la acción sindical. En segundo lugar, transformaciones institucionales, centralmente el establecimiento de las paritarias. Pero, en tercer lugar, la recomposición sindical se apoyó en el proceso de luchas que desde mediados de los ‘90 erosionó la hegemonía menemista y, particularmente, en la rebelión popular que en 2001 hizo estallar la convertibilidad y bloqueó la vía deflacionaria de ofensiva contra el trabajo. Si bien –derrotas de 1976 y 1989 mediante– la acción sindical de los trabajadores ocupados no tuvo el peso de los ‘80 y mucho menos de los ‘70, el proceso de luchas iniciado en 1996/97 y la rebelión popular de 2001 incidieron en la recomposición sindical posterior por dos vías. En primer lugar, el bloqueo popular a la vía deflacionaria abrió el cauce a una reconstrucción de la dominación política sobre la base de la recuperación gradual, selectiva y limitada de demandas obreras y populares. De esa manera creó el marco para la recomposición de la acción sindical y para la recuperación parcial de un vínculo de los sindicatos con el Estado centrado en la lucha salarial en un contexto inflacionario. En segundo lugar fue, al mismo tiempo, un proceso de creación de nuevas formas de lucha y organización que se difundieron rápidamente entre los obreros ocupados, especialmente entre aquellos más jóvenes. Señal de ello fue que la fragmentación y descentralización de la lucha sindical de los años ‘90 dio lugar, en los primeros años de la nueva década, a la cristalización de experiencias sindicales de base que tuvieron un lugar significativo en distintas coyunturas de fuerte conflictividad obrera del período.

Sin embargo, la recomposición de la acción sindical de la clase obrera durante la postconvertibilidad solo alcanzó para revertir parcialmente la situación de debilidad relativa abierta por la ofensiva hiperinflacionaria de 1989. Los altos niveles de precarización laboral, similares a los de los años ‘90, consolidaron la dualización de la fuerza laboral. Ello ha impactado no solo en el debilitamiento estructural de la clase obrera sindicalmente organizada, sino en la constitución de la/s CGT/s cada vez más como representación casi exclusiva de los trabajadores registrados del sector privado. Al mismo tiempo, las experiencias del sindicalismo de base –aunque varias de ellas parecen haber consolidado sus posiciones– no han desarrollado la densidad y el volumen suficiente para desafiar a las viejas direcciones sindicales. Bajo estas condiciones, la recomposición parcial de la acción sindical de los trabajadores ha redundado en un fortalecimiento –también relativo– de las direcciones sindicales.

En los últimos meses, parece haber una tendencia al fortalecimiento de un vínculo de tipo neoparticipacionista de los sindicatos con el Estado. Durante los años ‘90, las direcciones sindicales sostuvieron su vínculo funcional con el Estado poniendo en juego su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras para vehiculizar las reformas neoliberales. A cambio, pudieron conservar capacidades organizativas y financieras a través de la participación en el desvió de una parte del plus valor a través del sistema de obras sociales, participación en ART, AFJP y en la explotación directa de fuerza de trabajo a partir de su participación en privatizaciones. En aquel momento, su mayor autonomía se fundó en un debilitamiento de largo plazo de la clase obrera –atrapada entre la fragmentación estructural, la fragmentación de sus luchas y el hiperdesempleo– que amenazaba tendencialmente el propio poder de negociación de las direcciones sindicales. Hoy las condiciones son distintas, aunque parcial, la recomposición sindical existió como lo mostró la movilización del 29 de abril– y la autonomía mostrada por las direcciones sindicales para presionar y obtener concesiones del gobierno macrista a cambio de dejar hacer, dejar pasar, se basa en la relativa pasividad de unas bases que todavía tienen condiciones para actuar. A su vez, la existencia de paritarias constituye un marco institucional que limita la pura reedición de la articulación neoparticipacionista de los años ‘90, posibilitada por la clausura de la lucha salarial. Comprender las razones de aquella pasividad y evaluar correctamente los límites y posibilidades de intervenciónen cada coyuntura es fundamental para preparar las condiciones para que más temprano que tarde la excepción del primer semestre de 2014 se transforme en la regla.

 

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UNA PELIGROSA HERENCIA PARA EL MACRISMO

ROBERTO AMADOR

Trabajador de Madygraf-Despedido de Gestamp.

 

Kirchnerismo: nuevamente controlar y regimentar al movimiento obrero

Perón ha sido un gran estratega político, sus frases nunca fueron sueltas, ni sus discursos al movimiento obrero meros episodios anecdóticos. Tajante planteo el de tener un movimiento obrero organizado, toda su retórica estuvo dirigida a sembrar en la conciencia lo que Hugo Moyano califica como “buena convivencia” con los patrones[2]. El kirchnerismo fue consecuente con esas enseñanzas. Hoy a más de seis meses del gobierno de Macri, está a las claras esa buena herencia.

Una burocracia sindical que para la organización del movimiento significa pasividad; pasividad que se traduce en tregua al gobierno de los CEO. Moyano lo llama “actuar con inteligencia”[3] . Ellos son conscientes de que creció numéricamente la fuerza de los trabajadores, y que la relación entre vanguardia obrera y trotskismo no pudo cortarse más allá de la variedad de recursos utilizados para liquidar un proceso que avanza “silenciosamente”, luego del humo de las primeras refriegas en la “columna norte” del Gran Buenos Aires[4] .

 

El inevitable resurgir del “fenómeno maldito”

La necesidad de relegitimar las organizaciones sindicales fue consciente por parte del kirchnerismo. El crecimiento económico luego de la devaluación no solo significaría poner en movimiento el capital ocioso, no solo se moverían las máquinas y el sistema de transporte, sino que el fuerte crecimiento económico demandaría hombres y mujeres, y así pasó. Los trabajadores que venían de sufrir el embate brutal de la década de los ‘90 se encontraron numéricamente fortalecidos, cargando en la conciencia las jornadas del 2001, y todo lo que de ella devino. Era imposible no ingresar con ese fuego caliente en la memoria: el “que se vayan todos”, los saqueos, las asambleas barriales y un presidente huyendo en helicóptero. Ese contingente de brazos debía ser controlado, regimentado y organizado, y el kirchnerismo apostó a eso. El macrismo debería agradecérselo.

“Si al patrón le va bien, es hora de pedir más”, esa idea fue lo que dio impulso al sindicalismo de base en Argentina. No por nada en el año 2004 comienza un cambio en la política hacia los sindicatos. La relegitimación de los mismos, y la salida a escena del camionero Hugo Moyano y la CGT respondían a la emergencia de la conflictividad laboral. Fue el año en que las cinco líneas de subterráneos y premetro de la ciudad de Buenos Aires amanecieron completamente paralizadas, la primera de tal magnitud para el por entonces gobierno de Néstor Kirchner.

Eso pudimos vivirlo muy de cerca los militantes del PTS que allá por los años 2003- 2004 comenzamos una estructuración en el movimiento obrero, una política consciente, una orientación precisa para ese momento donde la izquierda necesitaba volver a estrechar lazos profundos con los trabajadores luego de toda la propaganda del “fin de la historia” y la emergencia de nuevos sujetos.

No hubo nada de benevolencia en el kirchnerismo, sino un cálculo político acorde a la fuerza numérica que iban ganando los trabajadores. La economía crecía a tasas chinas y comenzaba a despuntar la puja por “el reparto de la torta”. Entonces aparece en escena no solo el rol de los sindicatos y la burocracia sindical peronista, sino que ese sindicalismo de base se expresaba a través de ese “fenómeno maldito” con el que tuvo que lidiar el mismo Perón durante sus tres gobiernos y que la clase obrera implantó a través de la presión en el seno mismo de la producción: las comisiones internas y los cuerpos de delegados, forma de organización que conquistaron los trabajadores para disputarle poder al patrón en su territorio.

 

Macri: todo el poder a la burocracia sindical

La tregua que mantiene la burocracia con el gobierno de Macri, no solo es por el regateo de prebendas, sino que es el reflejo de una relación de fuerzas heredado por los doce años de kirchnerismo. Ese “actuar inteligente” de la burocracia es para controlar al conjunto de trabajadores que según el INDEC alcanzaba los 12,4 millones en octubre del año pasado, dentro de los que 1.284.323 son obreros industriales, según el Boletín Trimestral de Empleo Registrado del Ministerio de Trabajo. “Los tenemos bien contaditos”[5] , dice Hugo Moyano, refiriéndose a sus afiliados.

La Corte Suprema la relegitima dándole poder de fuego, manifestando que el derecho a huelga corresponde a las organizaciones gremiales reconocidas por el Estado, deslegitimando así a comisiones internas y cuerpos de delegados opositores, como también al activismo que podría realizar acciones independientes. Algo que nosotros vivimos ya durante el gobierno kirchnerista, donde los Ministerios de Trabajo de nación y provincia solo permitían como interlocutor al nefasto Ricardo Pignanelli, Sec. Gral. de SMATA, que lejos de defendernos avaló los despidos en Gestamp argumentando que la empresa nos “despidió con justa causa” porque está- bamos haciendo “una medida de fuerza inconsulta” que no contaba con el aval del sindicato. Actuarían de la misma forma en el histórico conflicto de Lear.

Es ahí donde kirchnerismo y macrismo cierran filas, en la necesidad de cortar la relación entre la izquierda clasista y las franjas del movimiento obrero en núcleos estratégicos del capitalismo argentino. Ajuste, tarifazo y una dudosa lluvia de capitales son el condimento perfecto para poner a prueba la paciencia del movimiento de masas y la influencia que fue ganando la izquierda trotskista en el movimiento obrero.

[1] Ver al respecto los informes elaborados por el Observatorio de la CTA-A en www.obderechosocial.org.ar.

[2] P. Abal Medina, M. Rodríguez, M. Santucho, “Un camión agazapado”, revista Crisis 25, julio 2016.

[3] Ídem.

[4] “Para intentar terminar con el avance de la izquierda clasista en franjas del movimiento que se ubica en posiciones estratégicas, las patronales no dudaron en cerrar fábricas ante el avance de comisiones internas que disputaban poder donde más duele: en la producción (fue el caso de la gráfica ex Donnelley). Otros prepararon ‘científicamente’ conflictos, como en Lear, donde se abrieron las importaciones para derrotar la lucha y otros permitieron durante seis meses paritarias por encima del promedio nacional, en un gremio como la Alimentación”. F. Rosso, “La columna norte”, revista Crisis 25, julio 2016.

[5] P. Abal Medina, M. Rodríguez, M. Santucho, ob. cit.

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