Las luchas obreras en el purgatorio

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PAULA VARELA

Número 8, abril 2014.

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La política va más lento que la economía. La huelga docente marca la despedida de los “conflictos del crecimiento” y la apertura de los “conflictos del fin de ciclo”, que nos encuentran, recordando el epopéyico lenguaje de Néstor Kirchner, en el purgatorio. En esta nota señalaremos algunos elementos de las luchas obreras en el kirchnerismo, para analizarlos a la luz de la pregunta sobre la relación entre conflictividad laboral y huelgas generales en las últimas décadas en Argentina. Retomaremos, para ello, los planteos que han heho al respecto Adrián Piva y Nicolás Iñigo Carrera.

 

Alta y fragmentada

Siempre es controversial intentar cualificar los datos que surgen de mediciones cuantitativas. En el terreno de la conflictividad laboral se agrega que no hay registros oficiales de mediano y largo plazo1, y que los distintos equipos que trabajan en el tema presentan diferencias en la unidad de análisis, el método y las fuentes2.

Sin embargo, hay ciertos consensos que permiten destacar algunos rasgos. Que la última década presenta un alza en la conflictividad laboral respecto de la década menemista, aunque no alcanza los niveles de la década del ‘80. Tomando la base de Nueva Mayoría el promedio de conflictos laborales anuales para el período 1983-1992 fue de 502; para 1993-2002 de 207 (una baja del casi 60 %); y para 2003-2013 de 377 (una baja del 25 % respecto de la década del ‘80 y una suba del 83 % respecto de la década menemo-duhaldista). Que, a diferencia de la década del ‘80, en la que el pico de la conflictividad laboral se dio en 1988/1990 (fin de ciclo alfonsinista), el pico de esta década se dio en 2005/2007, años de combinación entre crecimiento económico, del empleo y baja inflación. Es decir, conflictos de “comienzo de ciclo” y no de “fin de ciclo”.

Que, íntimamente relacionado con lo anterior, el ascenso de la conflictividad laboral se da en el marco de una baja conflictividad social general en relación a la década del ‘90. Es decir, hay mayor conflictividad de los trabajadores ocupados, pero menor conflictividad general (coherente con un período de crecimiento). 2011 preanuncia el punto de inflexión de esta dinámica con el aumento exponencial de la conflictividad en el sector público, lo que se repite en 2012 y 2013 (y ya podemos decir que 2014 no hará más que confirmar la tendencia a partir de la huelga docente). Esto es importante porque el sector público opera, desde fines de los ‘80, como “termómetro de las crisis” tanto por su afectación directa de los ajustes en las cuentas fiscales, como por el lugar de caja de resonancia del clima social que ocupan, particularmente los docentes. No es casual que la “bienvenida” a los “conflictos de fin de ciclo” la hayan dado marchas multitudinarias de guardapolvos blancos.

Que el conjunto de la década está marcado por un alto nivel de fragmentación en la conflictividad laboral tanto organizacional como territorial. En el ámbito privado, de 2007 en adelante, pierden peso relativo los conflictos a nivel nacional y por rama (impulsados por federaciones/uniones) y lo ganan los conflictos por empresa (impulsados por comisiones internas). En el ámbito público, las luchas se mueven por provincias y/o municipios al ritmo de las crisis fiscales parciales. La muestra más contundente de esta fragmentación es un dato nada desdeñable: la última década ha sido la que menos paros generales tuvo desde el retorno de la democracia constitucional.

Han habido solo 3, dos de ellos medidas de repudio ante el asesinato del docente Carlos Fuentealba el 9 de abril de 2007 y el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010 (con un componente más de movilización que de paro efectivo). Esto hace que el paro convocado por la CGT Moyano y la CTA de Micheli del 20 de noviembre de 2012 pueda ser considerado el primer paro general bajo un gobierno kirchnerista. Si se compara esta cifra con las otras décadas la diferencia es abrumadora. De 1983 a 1989 (mandato de Alfonsín) se convocaron 13 paros generales; de 1989 a 1999 (mandato de Menem) 8; de 2000 a 2001 (mandato de De la Rúa) 9; y en el breve mandato de Duhalde, 3.

 

Entre cantidad y calidad

El carácter fragmentado de la conflictividad en la última década asume distinto valor político según estemos hablando de un momento de crecimiento o de ajuste. En momentos de crecimiento, la fragmentación de las luchas opera segmentando las conquistas según la fuerza relativa (social y política) de los distintos sectores que salen a luchar. En momentos de ajuste-crisis, la fragmentación opera casi como portero de la derrota porque impide articular la fuerza social de la clase obrera para oponer resistencia a lo que es (como sucede en la actualidad) una política de Estado. Es el Estado (y no capitalistas por empresa o sector, o gestiones municipales) el que ataca el salario real de los trabajadores en su conjunto, por lo que una respuesta fragmentada equivoca no solo la táctica sino el tipo de batalla. De allí que hoy deba ponerse en el centro del análisis el problema de la dispersión o unificación de la conflictividad, en la medida en que una mayor unificación (cuya expresión más alta es la huelga general) indica un cambio de calidad en la lucha de clases por tres razones: a) la lucha es un terreno privilegiado para la percepción que la propia clase obrera tiene de su propia fuerza social (en términos más clásicos, para la conciencia que ésta asume respecto de sí misma como clase).

Un paro metropolitano o nacional, en el que un territorio de conjunto se ve afectado por la paralización de la producción y los servicios, adquiere una contundencia como muestra de la fuerza obrera cualitativamente superior que en un paro de fábrica; b) la mayor unidad de la acción del paro introduce, objetivamente, elementos políticos en la lucha obrera. Si una huelga de fábrica abre la pregunta de “quién manda” en la planta fabril, esa misma pregunta a nivel de una ciudad, una región o un país, involucra necesariamente al Estado. Ese elemento político que en un paro general es potencial, en una huelga general en el contexto de un ascenso obrero es concreto y preanuncia el problema del poder; c) cuanto más general es el paro, más claramente se coloca sobre la mesa el problema de la relación entre la clase obrera y los sectores de las clases medias y los pobres urbanos que, afectados por la paralización, no pueden mantenerse neutrales. Es decir, introduce el problema de las alianzas de clase (sin la cual tampoco hay chances de poder).

 

Tras las huellas de la huelga general

El análisis del cruce entre el aumento cuantitativo de la conflictividad laboral y la dinámica de las huelgas generales en la Argentina de las últimas décadas, ha suscitado un intercambio entre Adrián Piva y Nicolás Iñigo Carrera3 que contiene una serie de elementos interesantes para pensar la actualidad.

Leyendo las bases de datos de la UNQui sobre los ‘90, Piva sostiene que no hay correspondencia entre los momentos de mayor conflictividad y los de huelga general, lo que estaría indicando un “desacople” entre los conflictos económicos y los políticos, producto en última instancia, de un desacople entre direcciones sindicales y bases que haría que las huelgas generales sean instrumentos políticos de la burocracia, con independencia de las necesidades de los trabajadores. El punto de inflexión para ese desacople estaría dado en el ‘89 a partir del cambio en el modo de acumulación y su impacto en la fragmentación de la fuerza de trabajo, y las modificaciones en la forma del Estado que cambia, entre otras instituciones, el lugar de los sindicatos en la Argentina.

Para fundamentar, Piva toma el año 1996 en que las curvas de conflictividad y paro general se separan notoriamente, marcando una muy baja conflictividad laboral y un pico de paros generales (tres en el año) que coincide con un ataque del gobierno de Menem a los fondos de las obras sociales (que explicaría la salida de las direcciones a la huelga). Por su parte, Iñigo Carrera (basándose en los datos del PIMSA) sostiene que ese desacople no es tal sino que, por el contrario, las series mostrarían concordancia entre conflictividad (cantidad) y ascenso (calidad). El hecho de que en 1996 las curvas se separen se explica, según Iñigo, no por un desacople sino más bien porque ese año combina un pico de desocupación y subocupación (que obtura las luchas parciales por fábrica o lugar de trabajo) con la condensación de luchas de años previos que se expresarían en las huelgas generales. De allí, el autor saca la conclusión (que hemos discutido en otra oportunidad4) de que la burocracia sindical expresa la conciencia media de las bases obreras, motivo por el cual, los llamados de las cúpulas a las huelgas generales serían la manifestación directa de los momentos de ascenso de la lucha obrera en el país.

Sin desarrollar aquí todos los elementos que involucra esta discusión, queremos plantear las bases de una “tercera posición”. No es posible (como tiende a hacer Piva) disociar la cantidad de luchas o huelgas parciales, de la calidad expresada en las huelgas generales porque ello llevaría a una ruptura entre lo social-económico y lo político en el terreno de la lucha de clases, que resulta difícil de sostener histórica y teóricamente (y que requeriría, al menos, explicar bajo qué determinaciones puede comprenderse la dinámica de la lucha de clases). Llevaría además a una suerte de teoría de la independencia absoluta de las cúpulas respecto a las bases obreras, lo que obligaría a una conceptualización de la burocracia sindical ya no como casta contradictoria sino como puro aparato independiente.

En este sentido, el intento de Iñigo Carrera de encontrar los elementos que vinculan la conflictividad fragmentaria con las huelgas generales para cualificar los momentos de ascenso (o descenso) de la lucha obrera, resulta valioso. Sin embargo, su posición presenta dos debilidades. Por una parte, la falta de problematización de la división entre la clase obrera ocupada y desocupada en las luchas. Si bien, en términos objetivos es acertado remarcar el carácter de clase de los desocupados, en términos de su “capacidad de fuego” es importante señalar la diferencia para discernir las potencialidades de un ascenso obrero. No es posible entender la salida duhaldo-kirchnerista a las jornadas de 2001 sin poner en el centro de la escena que, mientras la clase obrera desocupada sitiaba ciudades con los cortes, al interior de las fábricas y lugares de trabajo se conservaba la “normalidad del capital”.

Por otra parte, la idea de correspondencia entre aumento de luchas parciales y huelgas generales niega las contradicciones entre bases y cúpulas, y la incidencia que tiene la estrategia política de las direcciones sindicales en los ascensos de la lucha de clases (corriendo el riesgo de transformar esos ascensos, así como también los descensos, en pura condensación o sumatoria de elementos económicos). En este sentido, es interesante el análisis de Bonnet5 (que Piva absolutiza), respecto de que las contradicciones entre bases y cúpulas sindicales pegan un salto en la década del ‘90 ampliando los márgenes de autonomía (siempre relativa) de las cúpulas respecto de las bases. La ampliación de esos márgenes están basados en la propia derrota neoliberal (como pasivización de las masas) y en los nuevos mecanismos que encontró la burocracia para sostenerse por fuera del apoyo de sus bases (mecanismos de mayor dependencia del aparato estatal tanto económica como política).

El sindicalismo empresario es la máxima expresión del salto en “independización” de la década del ‘90 en la relación entre cúpulas y bases. El desprestigio que hoy mantiene la dirigencia sindical está relacionado, justamente, con la percepción mayoritaria de que, mientras la clase obrera se hundió en los noventa, los dirigentes sindicales (que son los mismos que están hoy en las cúpulas) se enriquecieron. No tener eso en cuenta, redunda en una visión “naif” (y exculpatoria) del rol de la burocracia, y niega el carácter instrumental que las propias direcciones sindicales intentan imprimir a las convocatorias a paros generales.

La convocatoria al paro general del 10 de abril por parte de Moyano-Barrionuevo (con adhesión de Micheli), muestra de manera gráfica la distorsión tanto de la idea de “identidad” como la de “desacople”. Que llegue con un año y medio de retraso, indica el juego propio de las direcciones sindicales (con independencia relativa de las bases) preocupadas por su lugar en las internas del PJ y la oposición. Que llegue ahora, es indisociable de la masividad de la huelga docente y su papel de “caja de resonancia” del humor social luego de la combinación entre devaluación e inflación, lo que señala los límites de esa independencia relativa.

 

Ruptura maestra

Si se mira la última década bajo este prisma, la combinación entre alza en la conflictividad laboral y baja exponencial en el terreno de las huelgas generales, parecería abonar la tesis del desacople. Sin embargo, esa ilusión se desdibuja si se tienen en cuenta las propias características de la conflictividad que señalábamos antes: un contexto de crecimiento y de baja conflictividad social general, en el que las luchas obreras se desarrollaron con una alta fragmentación organizacional y territorial, sin que esto representara costos notorios para las direcciones sindicales justamente porque no estaban en juego derrotas, sino conquistas diferenciales según sector. Pero eso se terminó en 2011 a nivel económico y hace unas semanas en la lucha de clases con la huelga docente. Esto coloca a la “nueva generación obrera” a la que nos hemos referido antes en esta revista6, que viene teniendo una muy rica experiencia de conflictividad fragmentada, ante un cambio de velocidades y de agenda. Y obliga a la izquierda y los sectores combativos que vienen ganando cada vez más peso en el movimiento obrero a dar prioridad a una serie de discusiones. En primer término, las que hacen a las posibilidades de potenciar su fuerza dentro del movimiento obrero para imponer políticas de frente único7 ante la fragmentación que proponen las direcciones sindicales.

Una de las fragmentaciones más naturalizadas (además de las corporativas por actividad) es la que divide estatales de privados (que se manifiesta, casi en espejo, en la separación entre la CGT y la CTA). Uno de los rasgos de la conflictividad de la última década es que ha habido un crecimiento de las luchas en ambos sectores en forma paralela aunque no concurrente, señalando una diferencia con las décadas anteriores en las que el protagonismo del sector público se desplegó sobre la senda de la derrota de los privados.

Esta particularidad coloca el desafío de la combinación del poder de fuego de los privados (paralización de la producción y el transporte) con el carácter de articulador social que los trabajadores públicos (particularmente los docentes) tienen con los pobres urbanos y las clases medias golpeadas por el ajuste. En este sentido, el Encuentro Sindical y Combativo del 15/3 en el Estadio de Atlanta es un paso muy importante en la medida en que tuvo como protagonistas sectores destacados de los docentes, los municipales de Jujuy, junto con los industriales de Kraft y la zona norte del conurbano, y los ferroviarios. En segundo lugar, los debates que hacen a la definición de políticas para construir bastiones en sindicatos de peso estratégico.

Uno de los casos más desarrollados en cuanto a concentración de fuerza es el de la alimentación en el que la política de las internas de Kraft y Pepsico han logrado (por el peso específico de estas fábricas) modificar la política nacional del sindicato en lo que a paritarias refiere (como se hizo público en 2010). El otro caso es el de docentes, en el que las posiciones ganadas en SUTEBA jugaron un papel clave para la fuerza y participación masiva que fue ganando la huelga de Pcia. de Buenos Aires.

En síntesis, la convergencia entre alza cuantitativa en la conflictividad laboral (que todo preanuncia que será mucha este año) y el aumento cualitativo, es decir, ascenso de la lucha de clases a través de medidas unificadas (como las huelgas generales) que coloquen elementos políticos en las luchas de la clase obrera depende, también, de cómo jueguen la izquierda y el sindicalismo combativo las posiciones conquistadas en estos años.

 

1. El Ministerio de Trabajo comenzó a elaborar un registro en 2006, que resulta el más completo a nivel nacional porque se nutre de alrededor de 140 medios de prensa nacionales, provinciales y municipales.

2. El Observatorio del Derecho Social de la CTA también inició sus estadísticas en 2006 modificando la metodología en 2011 (con la incorporación del sector público que antes no contabilizaba). El CEI de la UNQui realizó una medición desde 1989 a 2003 que luego discontinuó. Los principales equipos que miden la conflictividad social general (no sólo laboral) a nivel nacional son el PIMSA y el GESPAC. A nivel provincial, están los observatorios de Córdoba, Mar del Plata y Mendoza. En el sector privado, el Centro de Estudios Nueva Mayoría edita anualmente (y de acceso público en su página web) una estadística de conflictos laborales desde la década del ‘80 siendo la única a que puede tomarse para comparaciones de largo plazo; y la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI) produce series de protesta social desde 1991 (aunque sus informes son privados y pagos). Para un análisis de los problemas metodológicos de los estudios cuantitativos puede consultarte el artículo de Pablo Ghigliani “Acerca de los estudios cuantitativos sobre conflictos laborales en Argentina (1973-2009): reflexiones sobre sus premisas teórico-metodológicas”, en Revista Conflicto Social 2, Año 2, diciembre 2009.

3. Adrián Piva, “El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989-2001)”, en Estudios del Trabajo 51, 2006. Nicolás Iñigo Carrera, “Indicadores para la periodización (momentos de ascenso y descenso) en la lucha de la clase obrera: la huelga general. Argentina 1992-2002”, Documento de trabajo 72, PIMSA, 2008-2009.

4. Véase debate en el Instituto de Pensamiento Socialista, www.ips.org.ar.

5. Véase Alberto Bonnet, La hegemonía menemista.

6. Véase “Una nueva generación obrera en Argentina?” en IDZ 1.

7. Véase de Dal Maso y Rosso “Frente único: actualidad de una cuestión estratégica”, en IDZ 7.

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