Las comunidades originarias frente a la extracción de litio

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AZUL PICÓN

Comité de redacción.

 

Los proyectos de exploración y explotación de litio en las salinas del noroeste argentino han entrado en conflicto con las comunidades kollas y atacama que habitan allí ancestralmente. El litio se presenta como un mineral asociado a las energías renovables, proyectos de transición energética y desarrollo sustentable. Sin embargo, su extracción afecta a las comunidades que viven en cercanías a los salares en su trabajo, su vida cotidiana y su cultura.

Las salinas fueron utilizadas por las comunidades originarias desde siempre. Antiguamente la sal cumplía un rol crucial en la articulación y comunicación entre las comunidades ya que se intercambiaba mediante el trueque por otros elementos. En la actualidad las comunidades han creado cooperativas ligadas a la explotación de la sal o trabajan como asalariados en pequeñas empresas, por lo cual la destrucción del salar significa la pérdida de su fuente laboral.

Los salares tienen además un carácter simbólico y cultural muy importante. Es su espacio de vida y tienen un significado espiritual: allí descansan sus ancestros y se encuentran sitios sagrados donde se ofrenda a la Pachamama. La minería obligaría a relocalizar casas, familias y sitios sagrados de gran importancia para su cultura.

La defensa del agua es el eje que articula las demandas todas las comunidades. El agua apta para consumo humano y animal es sumamente escasa. En un clima muy árido, la extracción de litio requiere la utilización de abundantes cantidades de agua, por lo que allí reside una de las razones principales del rechazo a esta minería. Las estimaciones realizadas calculan que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua, una clara evidencia de que la minería del litio en salares es una minería del agua [1]. Además, la perforación de los salares, implica la posibilidad de que se mezclen aguas dulces (que se encuentran a niveles profundos) con aguas saladas, lo que ocasionaría un doble daño ya que se salinizarían las aguas dulces impidiendo su consumo y se destruiría el salar, lo que significaría la perdida de estas culturas de siglos [2].

A la defensa del salar y del agua, se suma un tercer reclamo: la falta de información y consulta a las comunidades cuando se comenzaron los procesos exploratorios en sus territorios, uno de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Ley 24.071).

 

Procesos de resistencia y organización de las comunidades

Los factores mencionados anteriormente fueron un impulso para que las comunidades indígenas comiencen a organizarse frente a los proyectos de exploración y explotación. Se destacan dos procesos organizativos diferentes que encabezaron la resistencia: la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” y el “colectivo La Apacheta”, surgido en las comunidades de Susques, en la cuenca Olaroz-Cauchari.

La Mesa de Comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc agrupa a 33 comunidades que se autoconvocaron a comienzos de 2010, cuando comenzaron los movimientos por parte de las empresas mineras a explorar en sus territorios. En Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en Argentina, las autoras Florencia Puente y Melisa Argento sostienen que en la “Mesa de comunidades…” la estrategia de acción privilegió los canales institucionales y los mecanismos legales (aunque no exclusivamente) para garantizar los derechos de las comunidades originarias. Las 33 comunidades se encuentran en las provincias de Salta y Jujuy. En un primer momento se realizó el pedido de información al Juzgado de Minas en Jujuy, luego la demanda adquirió un carácter interprovincial y se demandó a las dos provincias. En el 2012 la lucha llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde las comunidades exigieron uno de sus derechos básicos: el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y remarcaron que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes que agrupa cursos de agua en Jujuy y Salta. Pero los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda preguntaron una y otra vez en qué consistía el derecho de consulta y consentimiento indígena [3]. Luego de las audiencias la CSJ decidió devolver la causa a la jurisdicción de las provincias involucradas y las comunidades decidieron llevar la demanda al plano internacional presentando una demanda indígena en la ONU y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También elevaron la denuncia ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya. La estrategia jurídica no fue exclusiva, sino que fue reforzada con mecanismos de acción directa: en julio de 2011 más de 900 personas de 86 comunidades y organizaciones indígenas y campesinas realizaron un corte en la ruta nacional 52 en rechazo a los proyectos de minería de litio en gran escala, reclamando el cese de los proyectos y los títulos comunitarios [4].

La lucha de estas comunidades contra el extractivismo no está desvinculada de la lucha por la tierra y el territorio. Las comunidades de Cuenca Salinas Grandes no poseen títulos comunitarios, por lo que la exigencia de los mismos, es otra de las demandas fundamentales de la Mesa.

En diciembre de 2015, a 5 años de comenzado el conflicto y tras dos años de trabajo, la Mesa de las 33 comunidades presentó un documento titulado “Kachi Yupi. Huellas de la sal. Procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la cuenta de las Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” presentado como un “ejercicio de autodeterminación”, en respuesta a las preguntas de los jueces de la Corte Suprema. En el documento elaborado y consensuado por las comunidades se detalla cómo debe realizarse el procedimiento de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte del Estado y las empresas ante cualquier acción que quieran realizar en los territorios pertenecientes a las comunidades. Los proyectos del litio en la cuenca de Salinas Grandes se encuentran en un estado de “latencia”. Actualmente están frenados y no se han dado pasos en la explotación.

El caso de las comunidades de Susques, situadas en la cuenca Olaroz-Cauchari, fue más conflictivo, ya que las comunidades se encontraban divididas entre quienes rechazaban conceder la autorización de exploración a las empresas y quienes aceptaban cederles derechos. Las promesas de modernización, reactivación económica y mejoras que las empresas traerían a la comunidad, generó ilusiones en un sector que derivó en divisiones intracomunitarias. La ausencia del Estado para garantizar derechos básicos como agua potable, electricidad, infraestructura, teléfono, etc., permite que los mecanismos clientelares de las empresas tengan efecto sobre algunos dirigentes indígenas y sectores de las comunidades que ceden a estas presiones.

Así, en septiembre de 2012, 20 personas firmaron el acta de cesión de permisos a la empresa por parte de la comunidad de Susques y a fines de 2014 se inauguraría el “proyecto del litio” habilitándose la explotación del mineral. En este contexto surge el colectivo La Apacheta, que reclama participación en el control y en torno a las ganancias y beneficios que se extraigan de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

En las comunidades de Susques se expresan las divisiones de posicionamientos, donde a la defensa medioambiental, territorial e indígena, se suma la pelea en torno a la participación en la redistribución de los recursos y beneficios que obtiene la empresa [5]. En palabras del abogado del colectivo: “La demanda de La Apacheta es participación, control y capacitación. Participación en el control ambiental, participación en las ganancias, que tengan puestos jerárquicos, en el tema de que tengan gente de la comunidad en las aduanas. Es decir la participación a nivel general” [6].

Durante la última década, la profundización del modelo extractivo fue política de Estado. Avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios, las comunidades fueron desplazadas por la soja y vieron desmontar sus territorios. La megaminería y el fracking implicaron la voladura de montañas y contaminación del agua y la tierra. El litio, bajo la investidura de “energía verde”, oculta los daños ambientales y sociales que genera su extracción a las comunidades originarias que habitan la zona históricamente. A pesar de los amplios reconocimientos jurídicos y la extensa legislación nacional e internacional que resguarda los derechos de los pueblos originarios, el Estado no garantiza que esos derechos se cumplan, por el contrario abre las puertas para que las empresas avancen sobre los territorios de las comunidades.

La llegada de las multinacionales a la Puna generó un impulso para que las comunidades comiencen a organizarse. Pero los viejos mecanismos de dominación del Estado se han mantenido y reforzado. Como sucede en muchos lugares del país, los procesos de organización y resistencia de las comunidades frente a estos avances son muchas veces reprimidos y criminalizados por los Estados, y los integrantes de las comunidades judicializados [7]. Pero las comunidades resisten. La lucha contra el extractivismo es la lucha por la tierra y el territorio, es la defensa de sus derechos como pueblos indígenas, del medioambiente, de su cultura y forma de vida.

[1] Según la estimación del geólogo Fernando Díaz, citado en Fornillo, Bruno, Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina, Buenos Aires, Editorial El Colectivo/CLACSO, 2015, p. 46.

[2] Alicia Chalabe, abogada de la Mesa de Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Citado en Aranda, Darío, Tierra arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería en Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2015.

[3] Aranda, Darío, ob. cit. Este libro se encuentra reseñado en IdZ 20.

[4] Fornillo, Bruno, ob. cit., p. 136.

[5] Ibídem, pp. 160-161.

[6] Ibídem, p. 154.

[7] Para un análisis más acabado de la situación de los pueblos originarios ver el dossier de IdZ 8.

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3 comments

  1. Fernando 7 marzo, 2016 at 09:00 Responder

    Deberían haber negociado con las comunidades, pero en definitiva esa explotación es necesaria para las baterías de li-ion que son cruciales para energías limpias, autos eléctricos, etc, cosa que termina mejorando cuestiones climáticas graves, como el calentamiento global. Creo a la pachamama le vendría bien que aflojemos con los combustibles fósiles cuanto antes.

  2. Fernando 7 marzo, 2016 at 09:02 Responder

    Pero obviamente esto debería hacerse bien, con respeto a las comunidades y al medio ambiente, pero debe hacerse, no hay alternativa de momento.

  3. martino cruz 26 marzo, 2016 at 16:53 Responder

    Queremos Universidad Nacional
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