“Laica o Libre”: la Reforma se corre a la izquierda a fines de los años cincuenta

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JUAN SEBASTIÁN CALIFA

Sociólogo e investigador*

Número 42, abril-mayo 2018.

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La llamada “Laica o Libre” fue una de las movilizaciones más trascendentes en la historia de la educación argentina. Su corolario institucional fue la universidad privada y su consecuencia inmediata fue la radicalización de una generación identificada con la Reforma. Aunque su principal episodio data de 1958, existió un primer antecedente en 1956, menos conocido. Pasados sesenta años el conflicto sigue dando que hablar.

1956: primer episodio

 

El golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, autoproclamado “Revolución Libertadora”, designó Ministro de Educación y Justicia al intelectual católico Atilio Dell’ Oro Maini. De modo inédito éste se en­contró aliado al reformismo, corriente universitaria dominante entre los estudiantes, referenciada en la Reforma Universitaria cordobesa.

 

Las relaciones entre los reformistas y los católicos estuvieron marca­das desde el inicio por una gran tensión. El malestar explotó el 23 de di­ciembre de 1955 cuando el Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto-ley 6403. Según Pablo Buchbinder: “otorgó a las casas de estudio un gra­do de independencia del que no habían gozado durante todo el período reformista comprendido entre 1918 y 1943” [1]. Entre sus disposiciones figuraba subrepticiamente un artículo, el 28, que establecía: “La iniciati­va privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas pa­ra expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportu­namente”. Esta disposición, en la que resultaba evidente la mano de la Iglesia Católica, cayó pésimamente entre los reformistas que defendían a rajatabla el monopolio público en la educación superior.

 

En mayo de 1956 las tensiones acumuladas estallaron al producirse enfrentamientos en todo el país que incluyeron tomas de escuelas secundarias y universidades, manifestaciones callejeras y varias grescas entre detractores y promotores juveniles. Para entonces los bandos en lucha ya estaban plenamente recono­cidos como “laicos”, con fuerte presencia del joven reformismo, y “libres”, constituido por los militantes católicos que bregaban por la “libertad de enseñanza”. Estas manifestacio­nes concluyeron con las renuncias salomó­nicas del católico ministro de Educación y del rector de la UBA, el socialista José Luis Romero. La dictadura decidió entonces legar el problema al futuro gobierno.

 

En este clima, los jóvenes reformistas se fueron separando del Ejecutivo. Los fusila­mientos de junio de 1956 en los basurales del conurbano bonaerense –27 personas fueron ejecutadas por militares en la clandestinidad– y los posteriores hechos de represión al mo­vimiento obrero alejaron definitivamente a muchos reformistas del oficialismo. La tozu­dez del gobierno en negarles a los estudiantes la representación paritaria con graduados y profesores en los consejos directivos que con­ducían los destinos de cada facultad, enardecieron todavía más a un reformismo que empezaba a renovarse.

 

1958: segundo episodio

A principios de 1958 fue electo presidente el radical intransigente Arturo Frondizi, habiendo liderado un año antes la ruptura del par­tido más representativo de las capas medias argentinas. Muchos estudiantes reformistas habían sido parte de la campaña frondicis­ta en la que el candidato prometió un salto en el desarrollo económico con eje en la in­dustria pesada y la infraestructura energéti­ca en beneficio de la independencia nacional. Frondizi también había expresado las expec­tativas de reconciliación con la clase trabajadora identificada con el peronismo, cuyo voto a su favor resultó decisivo.

 

Sin embargo, los anhelos de los estudian­tes fueron jaqueados rápidamente. La promo­ción del ingreso de capitales extranjeros para la explotación del petróleo ni bien asumió la presidencia causó gran desazón. La “traición Frondizi” se completó cuando el 26 de agos­to el Servicio de Prensa de la Presidencia de la Nación comunicó la voluntad oficial de reglamentar la “enseñanza libre”. El problema se agravaba, ya que al ratificar el Parlamento días antes los decretos-leyes del gobierno de facto, el artículo 28, que permitía a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes, entraría a regir cuando el Ejecutivo lo con­siderase. En los cálculos presidenciales esta “bomba” restaría importancia y dividiría al frente coaligado en torno a la “bomba” po­lítica de los acuerdos petroleros con empre­sas extranjeras.

 

Tras quedar expuesta la voluntad del Ejecutivo de avalar el controvertido artículo, la comunidad académica no tardó en reaccio­nar. El 27 de agosto Risieri Frondizi, rector de la UBA y hermano del presidente decla­ró: “Una cosa es, sin embargo, la libertad de enseñar y otra muy distinta el afán y la ur­gencia por conseguir, a toda costa, la ‘paten­te’ para otorgar títulos habilitantes”. Por su parte, la Federación Universitaria Argentina (FUA) comandada por el reformismo recla­mó la sanción de una ley universitaria que otorgara a las universidades nacionales la ex­clusiva potestad en la emisión de diplomas habilitantes.

 

El 2 de septiembre de 1958 los consejeros superiores de la UBA y el presidente de la FUBA se reunieron con el presidente. Éste les ratificó su voluntad de jerarquizar a las universidades privadas permitiéndoles expe­dir títulos habilitantes. Mientras tanto en las inmediaciones del Congreso Nacional se re­gistraron protestas de detractores y defen­sores de la medida. Entre los primeros ya empezaban a hacerse notar los estudiantes secundarios [2].

 

Las protestas se redimensionaron a partir del acto del 4 de septiembre. En el mitín, el rector porteño exigió que el Poder Ejecutivo “recuerde que fue elegido para gobernar y no para traficar en el mercado de los intere­ses políticos con las conquistas culturales del pueblo argentino” [3]. Así, al situar la disputa en este terreno, al igual que lo hacían los “libres”, quedó claro que el problema apelaba a cues­tiones de fondo con las que se enraizaba la historia argentina y el orden público laico que ésta hizo posible. A esta altura, el conflicto, con brotes en todo el país, entró en una etapa de abierta tensión con el gobierno.

 

El Ministerio de Educación, que ya había dis­puesto sancionar con doble falta las inasistencias de los secundarios, comunicó entre tanto que no se admitirían emplazamientos, con­denando el “agresivo” accionar universitario. En ese clima polarizado, una atención espe­cial merece el autismo de la Confederación General del Trabajo (CGT). Si bien en las ciu­dades del interior muchos sindicatos termi­naron por volcarse hacia el bando laico, en Capital Federal, donde se encontraba la direc­ción peronista de los grandes gremios, los líde­res sindicales se mostraron más bien remisos.

 

El 15 de septiembre los “libres” confluyeron en las inmediaciones del Congreso –se calcu­ló unos 70 mil concurrentes, con una nutrida presencia de los alumnos de las escuelas católicas– para solicitar que el Ejecutivo regla­mentara el artículo 28. Entonaban: “Arturo, coraje, a Risieri dale el raje”, “Risieri a Moscú” y “con Risieri y Escardó [vicerrector de la UBA] la cultura se acabó”. Posteriormente la concentración se dirigió a la Plaza de Mayo, donde fue saludada por el presidente desde los balcones de la Casa Rosada, recibiendo a una delegación.

 

Los laicos respondieron con una movi­lización de mayores proporciones cuatro días después. Tal cual lo había dispuesto la Convención Nacional de Centros de la FUA, no menos de 250 mil personas, entre las que se encontraban también graduados y profeso­res al igual que secundarios, se movilizaron a la Plaza de Mayo bajo las banderas de la de­fensa de la cultura popular y de la educación laica. Se sumaron además los partidos políti­cos opositores, sobresaliendo comunistas, so­cialistas y radicales del pueblo. En todas las grandes ciudades donde había universidad las protestas venían creciendo, como lo demos­tró Córdoba donde se convocaron 10 mil per­sonas. Pero es llamativo que en ciudades sin vida académica, como Mar del Plata, la ebu­llición también latiera. La alegría fue inmen­sa cuando se conoció que el bloque oficialista de diputados se inclinaba por derogar el artí­culo 28.

 

En principio, cualquier decisión parlamen­taria –el Ejecutivo ya había resuelto dejar la cuestión en manos del Poder Legislativo– de­bía darse antes de fin de septiembre de 1958, ya que luego el Congreso entraría en receso. Mientras tanto, la FUA inició un arduo de­bate. Las federaciones universitarias de Bahía Blanca, Litoral y La Plata se mostraron par­tidarias de ocupar las universidades mientras que la federación cordobesa puso en duda la oportunidad para hacerlo. La FUBA, por su parte, convocó a un paro de 48 horas.

 

El 24 de septiembre el bloque legislativo ofi­cialista resolvió dar quórum. Ahora la po­lémica recaía en el proyecto del diputado frondicista, ex militante reformista, Horacio Domingorena. Éste buscaba “conciliar”, aun­que en verdad planteaba una nueva situación en la bancada oficialista luego de las exi­gencias del presidente de conceder el anhe­lo del bando “libre”. Su proyecto sostenía que las universidades privadas sólo podrían emi­tir títulos académicos, otorgando el Estado la habilitación. A su vez, remarcaba que no po­drían recibir estipendios estatales, recayendo sobre su labor férreos controles.

 

A pesar de que el nuevo artículo hablaba de diplomas académicos y no de títulos habilitantes, los reformistas luchaban como si es­ta diferencia no existiese. Una vez aprobado el proyecto, intuían, a las universidades pri­vadas se les permitiría otorgar tales títulos. Mientras tanto en los secundarios del país un incesante ausentismo se combinó con una creciente represión. El clima nacional se enardecería aún más tras la ocupación militar de la universidad cordobesa previo violento desalojo policial a los estudiantes reformis­tas. En ese contexto convulsionado, bajo una fuerte presión presidencial, los diputados oficialistas sancionaron el texto promovido por Domingorena. Con desazón, e inciden­tes dentro y fuera del Congreso, el grito de “traidores” de los jóvenes reformistas cerró la jornada.

 

“Guerrilleros” contra la autoridad

 

De esta manera describía La Nación el pai­saje porteño en su edición del 4 de octubre de 1958: “El disturbio alcanzó proporcio­nes extraordinarias […] parecía una lucha de ‘guerrilleros’ contra la autoridad”. Bajo esas condiciones, el gobierno notificó la sus­pensión por treinta días de los actos públi­cos en la Capital Federal con el afán de lograr la “pacificación del país” –en Buenos Aires y Tucumán los gobiernos provinciales también lo resolvieron–. Preocupado, el ministro del Interior reunió a las autoridades de la UBA. Ese mismo día el frente de la Facultad de Ciencias Económicas apareció cubierto por una bandera que decía: “CGT-FUBA-CECE. Unión Obrera y Estudiantil. Universidad es­tatal para todo el pueblo”.

 

Evidentemente, la enfática exteriorización puesta en el llamado a la clase obrera y su central sindical colocó en una nueva etapa al conflicto. Desde el 2 de octubre de 1958 la FUA convocó a un acto para el 10 de ese mes en conjunto con los gremios, coincidien­do con lo proyectado por la minoría sindical conducida por los comunistas contra el au­mento de precios y los contratos petroleros, bajo el lema “contra la carestía de la vida y la reglamentación del artículo 28”. La ruptura de los reclamos meramente corporativos que este acto planteaba, pergeñado a la par que los enfrentamientos con el gobierno se profundizaban, presagiaba una intervención del movimiento estudiantil más radical en la lucha de clases a favor de los trabajadores. La radicalización estudiantil en cuestión entra­ba así en una etapa más elevada. La consigna “unidad obrero-estudiantil”, inscripta en el legado reformista, se revitalizó.

 

No obstante, el acto obrero-estudiantil no tuvo lugar, ya que las 62 Organizaciones exigieron una autocrítica abierta de las entida­des estudiantiles por su accionar durante los gobiernos de Perón, la que nunca llegó pues­to que la respuesta se codificó como un chantaje de quienes de antemano rehusarían su apoyo. Si el intento de este reformismo por forjar la unidad con la clase obrera fue verí­dico, y asimismo su interpretación del pasado reciente se encontraba en plena mutación a medida que una nueva generación iba toman­do las riendas del reformismo, no es menos cierto que esta unidad no se formuló a cual­quier precio. En ese sentido, se debe recalcar que a estos reformistas les resultaba sustanti­vo unirse con los trabajadores en tanto y en cuanto asumieran un programa de drástica transformación social. Faltarían muchos años para que los estudiantes y los obreros, con cambios muy significativos en sus filas, pue­dan confluir masivamente en las calles.

 

Los setenta más de una década atrás

 

Para los contemporáneos la principal conse­cuencia de la “Laica o Libre” puede residir en unas universidades privadas, que rápidamen­te empezaron a entregar sin control alguno diplomas habilitantes como habían sospe­chado los jóvenes reformistas, instituciones que hoy cuentan con una inédita cuarta par­te de la matrícula universitaria argentina. Para los que vivieron los hechos, en cambio, el conflicto fue trascendente por sus conno­taciones políticas. Enrique Gorriarán Merlo, militante del PRT-ERP en los años setenta, y Roberto Perdía, militante montonero por en­tonces, arrancan sus escritos biográficos se­ñalando la importancia que tuvo la “Laica o Libre” en sus vidas [4]. El primero entró de lleno en el bando laico siendo un estudiante secun­dario en San Nicolás mientras que el segun­do, recién llegado a Buenos Aires, se plegó al bando libre. Historias como estas se mul­tiplican: la nueva generación encontró en la “Laica o Libre” un punto de arranque en su despertar a la vida política.

 

Dentro del reformismo el conflicto sirvió como parteaguas, corriendo a su militancia definitivamente a la izquierda y desligándola del antiperonismo liberal. Las nuevas tendencias colocaron a la unidad obrera-estudian­til y el repudio al imperialismo en el centro de su política. En sus filas el descrédito del régimen político heredado por la dictadu­ra fue generalizado e irreversible. En breve, el principal beneficiario de este nuevo clima fue el Partido Comunista, que vio crecer mu­cho sus huestes universitarias. Los socialistas, entre tanto, sumidos en divisiones cada vez mayores, darían vida a una pléyade de gru­pos cada vez más radicalizados. Asimismo, otras variantes de izquierda se harían presen­tes. Todas se lanzarían en breve a un decidido apoyo de la Revolución cubana, poniendo en debate la estrategia revolucionaria nativa. El activismo estudiantil de los años setenta por venir tuvo así en la “Laica o Libre” sus olvi­dados orígenes.

* Autor de Reforma y Revolución. La radica­lización política del movimiento estudiantil de la UBA 1943-1966, Eudeba, 2014.

  1. Buchbinder, Pablo, Historia de las Universida­des argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 172.
  2. Los secundarios se sumaban al conflicto con una reivindicación propia: la eliminación del decreto Jorge de la Torre que desde hacía 26 años prohibía su agremiación.
  3. De acuerdo con la Revista de la Universidad de Buenos Aires, núm. 3, julio-septiembre de 1958, p. 506.
  4. Véase respectivamente Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, Planeta, Buenos Aires, 2003 y Montoneros, Planeta, Buenos Aires, 2013.

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