La persistencia de un reclamo

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Derecho al aborto en América Latina.

ANDREA D’ ATRI

N.4, octubre de 2013.

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Aunque el reclamo cada vez gana mayor adhesión de la población, la mayoría de los gobiernos de la región siguen resistiéndose al pedido de millones de mujeres latinoamericanas.

Del 12 al 15 de agosto pasado, sesionó en Montevideo la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por CEPAL, donde los delegados concluyeron que era necesario instar a los Estados a modificar las leyes que penalizan el aborto para salvaguardar la salud y la vida de las mujeres.

Ya en 2012, el Comité sobre Población y Desarrollo de la CEPAL señaló que no había “apoyo de la comunidad religiosa para cambiar las condiciones del aborto en la subregión y que mientras no se contara con ese apoyo no se lograría un avance”. También, que cambiar las leyes era una tarea que “tomaría tiempo”. Mientras estas reuniones internacionales solo concluyen en resonantes discursos, el primer Papa latinoamericano invita a la Iglesia a ser misericordiosa con las mujeres que abortaron, pero recuerda que “cada niño no nacido pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo”1. Entretanto, las mujeres de América Latina y el Caribe –donde se practican aproximadamente 4 millones de abortos anualmente–, siguen muriendo por las consecuencias de la clandestinidad. El riesgo de muerte asciende a 370 por cada 100.000 casos y más del 50% de los abortos se practican a mujeres de entre 20 y 29 años2.

Estas cifras son más que elocuentes y explican por qué el reclamo por la despenalización del aborto es, quizás, el más persistente y extendido de la agenda feminista latinoamericana de la última década. En gran parte del continente, las feministas armaron amplias coaliciones, limando asperezas y sobreponiéndose a las diferencias políticas existentes, para pelear unitariamente por el derecho al aborto. En ocasiones, estas alianzas surgieron para diseñar estrategias que permitieran avanzar en la legalización; otras veces, fueron la resultante de tener que actuar defensivamente, frente a la avanzada de sectores

reaccionarios y fundamentalistas.

En esta década, a pesar de que el derecho al aborto ha sido un tema central en la agenda de los movimientos sociales, la estrategia privilegiada para su conquista fue la del cabildeo con los gobiernos posneoliberales en los que se depositaron grandes expectativas, en detrimento de la movilización y la lucha en las calles.

El magro resultado fue que estos gobiernos –privilegiando sus vínculos con la Iglesia Católica y otras instituciones reaccionarias que impulsaron el reconocimiento constitucional de los derechos del no-nacido y la judicialización de los casos de aborto no punible3–, en los mejores casos, apenas reglamentaron las excepciones contempladas como aborto no punible. Mientras las organizaciones que encabezan el reclamo por el derecho al aborto en gran medida depositaron expectativas en los gobiernos y parlamentos (desarmando al movimiento por abajo), las instituciones del régimen avanzaron en su cooptación e integración, a cambio de algunas reformas parciales que en vez de jalones en la lucha por el derecho al aborto, se convirtieron en el “techo” máximo al que puede aspirarse en la ampliación de derechos.

Por esta razón, en la última década, no solo son pocos los avances (en este período se despenalizó en Uruguay y en la ciudad de México DF), sino que también hemos visto grandes retrocesos: se derogó el aborto no punible en Nicaragua y El Salvador, donde ahora está penalizado en todos los casos; aumentó la criminalización de las mujeres que abortan en México –exceptuando el Distrito Federal– y tanto el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil como el de Cristina Kirchner en Argentina, fortalecieron sus vínculos con el Vaticano, desde la asunción de Bergoglio como Papa.

 

Brasil: compromisos con las iglesias

En Brasil, las contradicciones entre las expectativas generadas por el gobierno del PT y su compromiso real con el derecho al aborto estallaron durante la campaña presidencial de 2010, cuando la Conferencia Episcopal Brasileña y las iglesias evangélicas amenazaron con boicotear la candidatura de Dilma Rousseff. Para evitarlo, Dilma se comprometió a no presentar ningún proyecto de despenalización del aborto. La presencia religiosa en el parlamento brasileño es considerable; tan importante que hasta se habla de un “bloque cristiano” que es transversal a los partidos políticos del régimen y que había impulsado, unos años antes, el Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y Contra el Aborto.

Como antecedente del compromiso de Dilma con los fundamentalistas religiosos, existía el apoyo de Lula Da Silva, en 2007, a una campaña coordinada por la Conferencia Episcopal que tenía como lema la defensa del derecho a la vida desde la concepción y, en 2008, el acuerdo Brasil-Vaticano, que consolida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y fortalece las posiciones religiosas en contra del derecho al aborto. Los sectores antiaborto del parlamento habían creado, además, una comisión para investigar el comercio ilegal de sustancias abortivas y la acción de organizaciones feministas que defienden el derecho al aborto.

En los últimos meses, el escándalo estalló con la propuesta de un diputado cristiano de establecer la legalidad y obligatoriedad en la salud pública de un tratamiento para “curar” la homosexualidad. Y poco después, se conoció la propuesta del Programa de Prevención del Aborto que consistiría en la creación de “Casas de Apoyo a la Vida” que, supuestamente, brindarían asistencia a las mujeres víctimas de violación que quedaran embarazadas, garantizando que no interrumpan voluntariamente sus embarazos traumáticos para que, luego de parir, sus bebés puedan darse en adopción.

10 Gráfico 2

Argentina: la impotencia del lobby parlamentario

En Argentina, durante la “década ganada”, como es presentado por el kirchnerismo su ciclo de tres gobiernos consecutivos, casi 3.000 mujeres perdieron la vida a consecuencia del aborto clandestino. El índice de abortos inducidos es altísimo, casi medio millón por año, lo que se acerca al número de nacidos vivos, que es de aproximadamente 700.000, superando el promedio de América Latina y duplicando la cifra que se estimaba hace una década atrás. En los hospitales públicos se registran casi 60.000 internaciones por abortos inseguros al año; el 15% corresponde a adolescentes y niñas menores de veinte años, y el 50%, a mujeres de entre veinte y veintinueve años. Pero son apenas algunos casos de los centenares que no llegan a registrarse en las instituciones de salud pública.

Sin embargo, a pesar de la persistente negativa del Gobierno nacional, el apoyo al proyecto de ley, presentado ya en tres oportunidades en el Congreso por las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, crece cada vez más4. Según una investigación del CONICET, el 80% de los católicos del país aprueba el uso de anticonceptivos, un 70% acepta las relaciones prematrimoniales y hasta un 60% aprueba el aborto en casos de violación, malformación del feto o peligro de vida para la madre, contrariando el dogma eclesiástico. Pero ese apoyo de amplias franjas de la población a la legalización del aborto, termina dilapidándose, por parte de las organizaciones que encabezan este reclamo, en aras de no confrontar con el gobierno.

En septiembre de 2003, una movilización en la que participaron miles de mujeres, reclamó el derecho al aborto, basándose en la ilusión de que el entonces presidente Néstor Kirchner lo resolvería. Mientras tanto, la entonces senadora Cristina Kirchner prometía al Vaticano no innovar en esta materia. Pero este dato pasó sin mayor importancia, porque el ministro de Salud y hasta el mismo presidente, dejaban entrever su opinión favorable por la despenalización. Solo estos discursos ambiguos alcanzaron para que las organizaciones más importantes que estaban a la cabeza del reclamo por el derecho al aborto, establecieran una estrategia de presión sobre las instituciones del régimen político, que diez años después muestra su fracaso.

Dos años después, se lanzaba la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que nucleó a diversos sectores, organizaciones de mujeres, feministas y activistas de distintos espacios. Esta campaña comenzó con un petitorio que reclamaba el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, consiguiendo la adhesión de miles de personas en todo el país. Pero, luego, cuando conquistó mayor aprobación social, modificó el rumbo de sus acciones que empezaron a limitarse a pequeños actos y encuentros con legisladores, evitando las amplias movilizaciones callejeras, para evitar enemistarse con el kirchnerismo en el poder.

El gobierno de Cristina Kirchner, que sucedió al de su esposo, encierra la paradoja de que, más que nunca antes, el proyecto de ley ha recibido el apoyo transversal de diputados y diputadas de casi todos los bloques, mientras la presidenta insiste en su negativa a que esta discusión prospere, lo que ha sido visto con agrado por la jerarquía eclesiástica.

La Campaña Nacional tuvo que presentar su proyecto en tres oportunidades, ya que caducó sin que fuera tratado por los legisladores. Este año, atravesado por las elecciones parlamentarias, tampoco fue propicio para su tratamiento: el gobierno, la oposición de derecha y hasta la centroizquierda dieron su beneplácito al nuevo Papa, el obispo argentino Jorge Bergoglio y nadie quiere “enemistarse” con semejante figura “bendecida” por la prensa mundial, cuando están en juegos los votos. Las movilizaciones por el derecho al aborto quedaron limitadas únicamente a la iniciativa de los partidos de izquierda y algunas agrupaciones estudiantiles, mientras los acuerdos superestructurales desnudan su impotencia, cuando cada día que el proyecto de ley queda guardado en un cajón del Congreso, muere una mujer más por causas absolutamente evitables.

 

Volver a las calles

Lo que las maniobras no pudieron evitar, sin embargo, es que el derecho al aborto ganara las planas de los diarios, se debatiera en todos los canales de televisión y que el apoyo social a la despenalización creciera y siga en aumento. Sin embargo, la lección a sacar de esta enorme experiencia de años de lucha por el derecho al aborto, debiera ser que no alcanza con este apoyo pasivo de la población y la confianza en las negociaciones parlamentarias.

La independencia del poder del Estado, pero no para recluirse ensimismadamente en la creación de una contracultura, sino para enfrentar, exigir y conquistar nuestros derechos sin compromisos; la construcción de movimientos amplios que incluyan a las mujeres trabajadoras y de los sectores populares como protagonistas y sujetos políticos de sus propias reivindicaciones y no como meras beneficiarias de las políticas diseñadas por las expertas; como la necesidad de la lucha y la movilización para arrancar incluso avances parciales, son algunas conclusiones de la última década transcurrida, que deben permitirnos avanzar en la conquista de nuestros derechos. En el balance de esta última década, donde –con acuerdos y divergencias– el movimiento de mujeres ha sabido construir un masivo apoyo para este antiguo reclamo, hagamos nuestras aquellas palabras de la feminista Julieta Lanteri: “los derechos no se mendigan, ¡se conquistan!”.

10 Gráfico 1

1 “Francisco condenó el aborto y pidió a los médicos que no lo hagan”, Clarín, 21/09/13.

2 OMS, 2012.

3 No olvidemos que durante casi toda la década, el gobierno de George W. Bush (2001-2009) apoyó a los poderosos grupos de la derecha cristiana y retiró la ayuda financiera a los gobiernos y organizaciones civiles que apoyaran el derecho al aborto.

4 Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (expediente 1218-D-2012).

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México

DESPENALIZACIÓN EN UN SOLO DISTRITO

Después de muchos años de lucha del movimiento feminista, a principios de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó la reforma de las cláusulas del Código Penal que penalizaban el aborto. La innovación legislativa fue recusada inmediatamente por sectores fundamentalistas y religiosos y fue, finalmente, la Corte Suprema de Justicia la que dictaminó su constitucionalidad.

Pero, una vez aprobada la reforma en el Distrito Federal, numerosos estados mexicanos endurecieron la legislación, con reformas promovidas por la Iglesia Católica en connivencia con el partido que ocupa la presidencia y organizaciones antiabortistas. Esto fue al punto que, en algunos estados, se contempla al óvulo fertilizado como una persona legal, profundizando la criminalización de las mujeres.

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DE GUERRILLEROS A FERVIENTES ANTIABORTISTAS

El nicaragüense Daniel Ortega (FSLN), durante la campaña electoral del 2006, por el que sería su segundo mandato después de tres derrotas electorales, pactó con el obispo Obando el apoyo de la Iglesia Católica a su candidatura a cambio de que su partido aprobara la penalización del aborto terapéutico, que existía en el país desde 1891. Y así se hizo, con la unanimidad conseguida por los votos del FSLN y la derecha, antes de las elecciones en las que Ortega salió ganador.

Hoy, junto con Chile y República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son países donde ni siquiera está permitida la práctica del aborto terapéutico. La misma política que rige en el Vaticano que, a ciencia cierta, debe ser el Estado con menor índice de embarazos del mundo.

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