La otra cara de la “revitalización sindical”

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GEORGINA ANDRADA

Trabajadora social.

MARIELA CAMBIASSO

Socióloga, UBA-CONICET.

JULIETA LONGO

Socióloga, UBA-CONICET.

Número 20, junio 2015.

240 despedidos, 11 meses, 21 cortes de la Panamericana, 16 Jornadas Nacionales de Lucha, 5 represiones, 22 detenidos, 80 heridos, 1 gendarme separado de la fuerza, 16 medidas cautelares a favor de los trabajadores, dos semanas de lockout patronal. Detrás de estos números se encuentra todo aquello que el gobierno, las direcciones sindicales y los empresarios parecen no tolerar de la “revitalización sindical”. Detrás de estos números está el conflicto de Lear, uno de los conflictos más largos y duros de los gobiernos kirchneristas.

Su duración excepcional y su estructuración estratégica convirtieron el desenlace de esta lucha en un símbolo. Lear no solo es una fábrica que se sitúa en el corazón industrial del país, sino que además el conflicto se desarrolló en un sector conducido por el SMATA, uno de los principales gremios oficialistas luego de la ruptura de la CGT de Moyano con el gobierno en 2012. En este sentido, la lucha en Lear está plagada de “excepcionalidades”, que van desde la virulencia con la que reprimió la Gendarmería Nacional en la autopista Panamericana, hasta los cierres de la empresa que impulsaron tanto la patronal como más recientemente el SMATA, luego de llamar a un paro de 10 días en defensa de la “patota” que atacó a un activista reinstalado.

Antes de pasar a las especificidades del conflicto, es importante señalar el “contexto de época” en el cual se desarrolló. Forma parte del consenso académico señalar que a partir del año 2004 se produjo en nuestro país un proceso de retorno de los trabajadores (ocupados) a la escena de la protesta social. Para graficar dicha recomposición suelen señalarse algunos indicadores “clásicos”: el aumento de los conflictos laborales, el incremento de la tasa de afiliación sindical y el restablecimiento de la negociación colectiva como vía para dirimir demandas entre dirigentes sindicales, empresarios y el Estado. Este resurgir del actor sindical fue bienvenido por los gobiernos kirchneristas, en parte porque luego de la devaluación del 2002 el trabajo se convirtió en una palabra clave en el discurso presidencial al restituirlo simbólicamente como el principal factor de integración social. Sin embargo, tanto la magnitud del ataque de la empresa como la dimensión que cobró la respuesta de sus trabajadores, hicieron que en el caso de Lear los mecanismos institucionales se mostraran insuficientes. En la nota buscaremos desandar las particularidades que recorren al conflicto en la autopartista norteamericana, para encontrar la “norma” que está por detrás de la excepción.

 

Cuando se rompe la “normalidad”: el espacio de la fábrica como campo de lucha

El conflicto es inmanente a las relaciones entre trabajadores y empresarios en los espacios laborales. El problema se presenta en relación a las formas que asume. En Lear el conflicto reconfiguró por al menos seis meses [1] el espacio de trabajo, las inmediaciones de la fábrica y con ello las experiencias personales y sociales de los trabajadores de la empresa, de quienes los acompañaron y, de manera mediatizada, de quienes observaron su desarrollo a través de distintos medios de comunicación. Como si se abriera un paréntesis en la economía del tiempo capitalista, el conflicto evidenció las posiciones de los distintos actores que intervienen en las relaciones laborales de la forma más explícita y brutal.

Si tenemos que rastrear los inicios del conflicto debemos retrotraernos al año 2007, donde por primera vez un delegado independiente fue elegido en las elecciones internas. Pero el nivel de conflictividad y enfrentamiento se aceleró a mediados del año 2014, momento en el cual el conflicto pasó muy rápidamente del interior de la fábrica hacia afuera. Entre fines de junio y principios de julio de ese año, la empresa envió telegramas de despido a más de 100 trabajadores [2], e impidió el ingreso en la planta a todos los delegados de la Comisión Interna (CI). Los despidos eran ilegales, ya que el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS) había rechazado el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa en el mes de mayo. Sin embargo, como consecuencia de la ausencia de medidas que revirtieran tal arbitrariedad, la lucha de Lear dejó rápidamente el espacio fabril y se trasladó al espacio que rodea a la planta en el kilómetro 31 de la autopista Panamericana.

Esta inflexión pudo ser advertida por cualquiera que pasara por las inmediaciones de la planta. En primer lugar, porque desde el inicio del conflicto dos carpas se instalaron en las afueras de la fábrica. Símbolo de las luchas largas, al menos desde los años ‘90 cuando se instaló la “carpa blanca” docente frente al Congreso Nacional, en los años de la posconvertibilidad las carpas se repitieron en sucesivos conflictos, pero ahora en las puertas de las fábricas. Pepsico, Mafissa, Casino, Kraft, Dana y más cerca en el tiempo Gestamp, son solo algunos ejemplos. A través de las carpas los trabajadores buscan, por un lado, mantenerse presentes, visibles cuando se los expulsa del espacio laboral y, por otro, recrear el espacio de unidad que la empresa fragmentó al interior de la planta. Las carpas buscan así reconstruir los lazos entre los de adentro y los de afuera.

En segundo lugar, porque en respuesta a las posiciones de los trabajadores desde mediados del año 2014, las inmediaciones de la fábrica se militarizaron. Así, la fábrica, pero también la colectora y la autopista, se transformaron rápidamente desde el inicio del conflicto en espacios de disputa y, como si se tratara de un tablero de ajedrez, trabajadores y gendarmes se disputaron día a día el control de esos lugares. Los cortes en la autopista Panamericana, fueron quizás los momentos más álgidos en estas disputas. Como la presencia policial era cotidiana, en cada Jornada de Lucha se reinventaron los mecanismos para avanzar y cortar la autopista. En respuesta, la presencia policial y las represiones de la Gendarmería y las Policía Federal y Bonaerense fueron en aumento. El punto máximo de la escalada de violencia, la represión que llevó adelante Gendarmería el 23 de octubre en la Panamericana, tuvo una virulencia tal, como para que la justicia prohibiera al gobierno la utilización de esta fuerza en el desalojo de los cortes de la izquierda en Panamericana, alegando que podía ocurrir un “desenlace no querido”.

Estas características señalan la primer excepcionalidad de Lear: todos los espacios pierden su “normalidad”. La fábrica como espacio de producción pasa durante el conflicto a un lugar secundario y tanto la planta como sus accesos se transforman en campos de disputa. Alrededor de cada uno se construirá un sentido particular. Los trabajadores asumirán nuevos objetivos. Bloquear los portones para impedir la salida del stock acumulado en la planta. Transformar y resignificar la entrada de la empresa como espacio de solidaridad. “Copar” la Panamericana como lugar de encuentro y organización regionales. La empresa buscará restablecer el control sobre el espacio privado y el SMATA aprovechará el conflicto como última opción para avanzar sobre una fábrica en la que desde el año 2007 había perdido progresivamente influencia.

 

El paradigma de represión

Si bien podemos rastrear numerosas particularidades a lo largo de la lucha de los trabajadores de Lear, la característica que sin lugar a dudas posicionó a este caso como un conflicto singular, fue la forma que asumió la represión.

El asesinato de Kosteki y Santillán, que terminó de deslegitimar y derrumbar al gobierno de Eduardo Duhalde, le dio a los gobiernos kirchneristas una primera pauta de lo que no se podía hacer con la protesta social: esperar que mediante la represión fuera disminuyendo. El 2001 había explicitado un “modo de protesta social” poco institucionalizado, en las calles y que no se callaba frente a la represión.

De cualquier manera, a partir del 2003 la represión a la protesta social no desapareció. Solo por mencionar dos datos gráficos: en el 2012 había más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas por participar de protestas sociales y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 ascendía a más de 70. Además, los trabajadores siguen siendo, junto con los pueblos originarios, uno de los sectores más afectados por la política de criminalización del gobierno [3]. Pero sí se produjo, a lo largo de la última década, una fuerte reconfiguración de las políticas represivas en la que podemos diferenciar al menos tres momentos. Durante una primera etapa marcada por la asunción de Néstor Kirchner y hasta finales de su gobierno se implementó una política de cooptación de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos. A partir del año 2007 esta política comenzó a mostrar algunas grietas, principalmente luego del asesinato de Carlos Fuentealba. A partir de allí se implementaron al menos dos nuevas políticas frente a los conflictos más duros: (a) la “provincialización”, dejando las represiones más feroces y aleccionadoras en manos de las Policías Provinciales y (b) la “tercerización” en manos de “patotas”, como por ejemplo en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra. Finalmente, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner se produjo el segundo y más abierto “giro a derecha” del gobierno. Éste no solo puede percibirse por la “represión directa” de las distintas fuerzas durante los conflictos, sino también por los discursos de la presidenta en contra de aquellos trabajadores que han sido criminalizados, como por ejemplo en el caso de los petroleros de Las Heras. Es en este período donde asume el General Milani a la cabeza de las fuerzas armadas, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. El conflicto de Lear se inscribe en el tercer momento, el más difícil para las luchas de los trabajadores.

Ahora bien, si nos referimos específicamente a la política represiva del gobierno frente a los conflictos laborales, podemos diferenciar tres mecanismos. Los tres pueden observarse en el caso de Lear, pero allí muestran algunos puntos débiles de estas políticas en el marco de la desaceleración económica.

1. La institucionalización del conflicto intentando recuperar el rol de las dirigencias sindicales, desprestigiadas durante la década del ’90, y la mediación institucional a través del Ministerio de Trabajo.

Por las posiciones tomadas durante el conflicto, la “institucionalización” se mostró como un mecanismo inviable. Pero ello no significa que ambos actores tuvieran un rol secundario a lo largo de la lucha. Por paradójico que pudiera resultar por el lugar que ocupan institucionalmente las organizaciones sindicales, en tanto representantes de los trabajadores ante los empresarios y el Estado, el accionar de la dirección del SMATA –que no se pronunció en contra de los 240 despidos pero organizó “asambleas” de destitución de los delegados opositores– dejó en evidencia el eje central del conflicto: la disputa intrasindical y el crecimiento de la izquierda en el gremio metalmecánico.

Por su parte, el accionar del MTEySS demostró que hasta el lugar simbólico que había sumido el “trabajo” en los discursos durante los últimos años brilló por su ausencia durante el conflicto de Lear. Las 330 suspensiones, que se transformaron en 240 despidos, no fueron razón suficiente para que el MTEySS reciba a los trabajadores. La primera reunión con los delegados de la CI se produjo en septiembre, dos meses después de conocerse los despidos. El proceso de negociación entonces no avanzó, ya que tanto el SMATA como la empresa se negaron a reincorporar a los 40 trabajadores que en ese momento continuaban en conflicto. Finalmente, fue el propio MTEySS el que avaló la presentación del segundo PPC por parte la empresa en enero, legalizando así nuevos despidos a los trabajadores reinstalados tan solo un mes antes.

2. La “tercerización” de la represión, dejándola en manos de “patotas” y “barras bravas”.

La política represiva del SMATA abarcó un amplio abanico de prácticas. Recurrió a distintas formas de “represión indirecta”, entre las principales podemos mencionar la organización de “asambleas” de destitución a los delegados, las amenazas al conjunto de los trabajadores para evitar que se solidaricen con sus compañeros despedidos, la colaboración con los operativos policiales para impedir el ingreso de los reinstalados o la publicación de solicitadas desconociendo a los delegados de la CI. Pero también implementó distintas modalidades de “represión directa”, en particular mediante el accionar de “patotas”. La misma se apareció en la carpa de los despedidos la noche previa a la represión de Gendarmería del 23 de octubre, amenazando de muerte a los presentes con armas de fuego (incluyendo a las mujeres). Este accionar, que se repitió también dentro de la fábrica a través de la agresión física y verbal a los reinstalados, se reitera con más virulencia en la actualidad tal como consta en las denuncias presentadas en las últimas semanas.

3. La implementación de una “represión directa” aplicada de una forma “selectiva” y con un objetivo aleccionador, en aquellos conflictos más duros.

Pero quizás lo más significativo de este conflicto fue la magnitud de la “represión directa” llevada adelante por la Gendarmería Nacional y las Policías Federal y Bonaerense, que evidenciaba las debilidades de los mecanismos institucionales así como el carácter “no aceptable” de la lucha. La Gendarmería Nacional reprimió abiertamente al menos en 5 oportunidades [4] durante los meses del conflicto. Balas de goma, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias –como en el caso del accidente simulado del “Gendarme Carancho”– e infiltrados, son parte del saldo de los ataques a los trabajadores y a quienes acompañaron su lucha. También se destacaron los operativos de más de 1.500 efectivos de la Policía Bonaerense y la Gendarmería que se montaron para impedir el ingreso de los delegados –incluso violando fallos judiciales que así lo disponían– y la custodia policial permanente en el portón principal de la planta. Sin embargo, este accionar también tuvo un costo político de “desprestigio” para la propia Gendarmería, que luego de la última gran represión fue impedida –tras un fallo judicial– de intervenir en los cortes en Panamericana.

 

La represión frente a lo “inaceptable”

El amplio abanico de mecanismos represivos implementados durante el conflicto de Lear no puede comprenderse sin tener en cuenta la radicalidad del objetivo: desarticular la organización gremial de base. Una organización independiente, legitimada durante más de 7 años por los trabajadores, que se organizaba junto a otros sectores de obreros en lucha y se oponía a la prepotencia patronal (ver “La extensión del conflicto de Lear como confirmación de su carácter político”). Tampoco puede comprenderse sin considerar la radicalidad de la respuesta que opusieron los trabajadores frente al duro ataque de la empresa y el propio sindicato. Pero, a su vez, entre lo “inaceptable” del conflicto también se encuentra su dirección política, más precisamente, la intervención de partidos políticos de izquierda. La posibilidad de cambiar la relación de fuerzas al interior de la fábrica se planteaba como un gran objetivo por detrás que, utilizando el nivel de visibilidad del conflicto, funcionaba al mismo tiempo como un aleccionador para todos los trabajadores.

Si bien a lo largo de la nota hicimos referencia a las “excepcionalidades” del conflicto de Lear, queremos señalar aquí cómo detrás de dichas “excepcionalidades” podemos reconocer una cierta “norma” en las acciones que se articulan desde la empresa, el sindicato y el gobierno frente a este tipo de conflictos donde los objetivos políticos se vuelven prioritarios frente a los costos económicos.

 

PD/ Todo en uno: paro del SMATA y lockout patronal

Hasta la fecha, además de los delegados, solo un trabajador (Damián González) logró reingresar a la planta de Lear, a pesar de la existencia de otros dos fallos favorables de reinstalación que probaron el carácter discriminatorio de los despidos ocurridos en 2014. Con el ingreso del primer despedido, el hostigamiento de los militantes de “la Verde” se hizo insostenible. Heridas cortantes contra Damián González motivaron denuncias del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), solicitando medidas de restricción de acercamiento de los agresores. Increíblemente en defensa de sus “patotas” y en oposición al fallo favorable de la justicia, el SMATA organizó una “asamblea” en la fábrica y anunció un paro de 10 días del turno mañana, sin descuentos de los días ni de los premios. Considerando este claro indicador de que se trata de una medida tomada en conjunto con la empresa, estamos frente a una paradójica y hasta insólita articulación entre “paro sindical” y “lockout patronal”; sin precedentes, por lo menos en los últimos años.

 


[1] Nos referimos aquí a la primera etapa del conflicto. Y sobre esto debemos hacer una aclaración. Diferenciamos dos etapas durante el conflicto. Una primera se sucede desde que se conocen las suspensiones en mayo del año 2014 y se extiende hasta el mes de diciembre cuando un fallo judicial obliga a la empresa a reincorporar a los 16 trabajadores que aún estaban en conflicto. De esta manera, el conflicto parecía haber alcanzado una solución. Sin embargo, en enero de 2015 se abre una segunda etapa, ya que los trabajadores nunca ingresaron efectivamente a la planta. La empresa adelantó las vacaciones de todo su personal hasta el día 19 de enero y durante este mes presentó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que fue aceptado por el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTEySS), pudiendo despedir nuevamente a los trabajadores reincorporados, pero ahora de manera legal. El conflicto entonces volvió abrirse y hasta el día de hoy sigue sin existir una clara resolución del mismo.

[2] A lo largo del conflicto los despidos alcanzarían a 240 trabajadores.

[3] Estos datos surgen del “Informe sobre criminalización de la protesta” elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el año 2012.

[4] En algunas oportunidades no hubo represiones abiertas, pero sí trabajadores o activistas detenidos.

Lear

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