La guerra contra las drogas en México

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Una aproximación marxista a sus implicaciones sociales y políticas

SERGIO MOISSEN

Número 13, septiembre 2014.

México se ha convertido en un país demencialmente violento, un país de nota roja. Desde el año 2006 el régimen político mexicano comenzó una llamada “guerra contra las drogas” que ha causado una catástrofe sin precedentes en la historia de nuestro país.

 

A Don Nepomuceno Moreno1

Según cifras estimadas por analistas y movimientos sociales del país las “bajas colaterales” de la “narcoguerra” en estos 8 años de combate a los cárteles del narcotráfico es de más de 120 mil muertos, más de 25 mil desaparecidos y más de 1 millón y medio de desplazados2. En cifras, la cantidad de asesinatos en México en estos 8 años de “guerra contra el narco” es comparable a los resultados de la guerra civil en Siria… No son pocos los analistas que sugieren que en México hay una guerra de “limpieza social” pues las “bajas colaterales”, así las llamó el expresidente Felipe Calderón, vienen de los sectores más explotados: migrantes centroamericanos, jóvenes, mujeres trabajadoras, obreros, campesinos, pobres urbanos. Esta “guerra” ha construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como la llamadas “narcofosas”, donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en 2010 y más de 150 cadáveres en Durango o el asesinato de jóvenes en masa como en Villas de Salvarcar en el mismo año.

 

Capos y espectáculo

La detención del líder del Cártel de Sinaloa, el “Chapo Guzmán”, en febrero de 2014 por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue noticia internacional. La DEA, el FBI y el gobierno de los Estados Unidos consideraban a Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, como enemigo público destacado desde 2013. De ahí que la detención tuviera un gran efecto mediático que trascendió las fronteras de México. En la editorial del Whashington Post, por ejemplo, la nota acompañaba, además de la felicitación al gobierno mexicano, el detalle de la participación de autoridades norteamericanas en México: la DEA, según la editorial, había geolocalizado el celular del famoso capo3. Peña Nieto declaró pronto que la violencia en México estaba a la baja y que la detención del “Chapo” era una muestra de que México está avanzando hacia la “paz”4.

La detención fue presentada con bombo y platillo como una gran victoria del gobierno en la “guerra contra el narcotráfico”, y se sopesaba que la participación de los Estados Unidos en la captura fue “crucial”. El modo en el que Televisa mostró la detención del capo evidenció pronto que se trataba de un gran, muy importante, espectáculo. La realidad para el mexicano común es distinta a la que vende el gobierno en los mensajes en los que se pretende convencer de que se está “ganando una guerra” y que la “violencia en México disminuye”. Ya antes Televisa, en series como El Equipo, una especie de remake de la serie norteamericana CSI (Crime Scene Investigation), filmada con equipo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, mostraba el deseo de que las víctimas de la “guerra” se identificaran con la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la actual Gendarmería Nacional en contra de los capos del narco5. Una realidad distinta al espectáculo de la detención del gran “capo” recorre los rincones de México día con día: es la realidad de una “supuesta guerra contra el narco” que no para.

 

Duelos y catástrofe nacional

En las plazas públicas se vive un México distinto al del espectáculo que propicia el PRI. Un grupo de mujeres en Jalisco llamado Bordamos por la paz, religiosamente, cada fin de semana, se reúne para bordar en pañuelos los nombres de personas asesinadas por la “guerra contra el narco”. Sentadas en bancos de mimbre tejen en un ejercicio de duelo a quienes les fueron arrancadas la vida por una bala perdida, por una emboscada o por alguna ejecución extra judicial del ejército mexicano. Desde 2008 este grupo de personas cuelga en un tendedero sobre la plaza de la ciudad los nombres de las “bajas colaterales” producto de la violencia desatada por la militarización del país. Probablemente nunca logren bordar 120 mil pañuelos para poner finalmente en luto a los muertos de la “guerra contra las drogas”.

En una imagen contrastante, en Tierra Caliente, Michoacán, un grupo de agricultores aguacateros armados hasta los dientes fundaron, hace unos meses, los llamados grupos de “autodefensas” y dieron una nueva nota a nivel internacional sobre la espiral de la violencia en México. A primera vista la imagen impacta: decenas de hombres y mujeres en los páramos de Michoacán con armas de alto calibre como la Pietro Beretta calibre 9 milímetros y los fusiles AK-47 y R-15 rondaban toda Tierra Caliente. En meses los grupos de autodefensa, que surgieron a raíz de combatir al cartel de los Caballeros Templarios, pasaron casi en su totalidad a ser cooptados por el Estado mexicano para fungir como guardias rurales al servicio del Ejército y la gendarmería nacional. En última instancia las autodefensas fortalecieron al Estado capitalista. Pronto, las armas largas de las “autodefensas”, pasaron al servicio de Peña Nieto y los que no se cuadraron pasaron a ser perseguidos6.

 

Narcotráfico: una visión marxista

La “guerra” ha despertado un debate público en México y América Latina sobre el carácter social del narcotráfico. Es una realidad que el narco es un sector “pujante” en la economía mexicana de exportación al mercado norteamericano que ha llegado a rebasar en la producción de marihuana, cocaína, metanfetaminas y drogas sintéticas a países como Colombia. Según diarios como La Jornada, el narcotráfico produce un 3,1 % del PIB bruto nacional7. La riqueza de este sector ilegal de la burguesía en México asciende a millones de dólares al año.

El transporte y la comercialización de producción de drogas en México son un negocio de grandes réditos pues el país está en frontera con el país más consumidor de todo el continente. Hay estados de la república donde el narco emplea a miles de personas, con métodos coercitivos, como trabajadores agrícolas, transportistas y han llegado a tener una verdadera asociación política con el Estado mexicano. Recientemente fueron filtradas fotografías donde el famoso capo “La Tuta”, Servando Gómez Martínez, se entrevista en una cita de trabajo con uno de los encargados del Estado priista, Luis Antonio Torres, para negociar y legalizar a los grupos de autodefensa. “La Tuta” se ha entrevistado con diversos funcionarios de gobierno del Estado de Michoacán, y se ha comprobado la complicidad del Estado con el narco en diversos escándalos nacionales y hasta internacionales. Este pequeño ejemplo es, por ahora, el más sonado en estos meses en que Tierra Caliente Michoacán está en boca de todos luego del surgimiento de los grupos de autodefensa8.

Como una aproximación se podría decir que el narco es una burguesía ilegal inestable en una fase declinante del capitalismo. El narco es un fenómeno social abiertamente reaccionario en ascenso en un momento de cierta decadencia en el modo de acumulación capitalista mexicano impuesto por la ofensiva neoliberal.

Este fenómeno creció después de la primera oleada de privatizaciones y de la crisis del campo al que fue sometido el país con las reformas de Carlos Salinas de Gortari en los años 1990, el Tratado de Libre Comercio, modificando la relación del Estado con esta inestable e ilegal burguesía productora de drogas. Es bien conocido que en México los cárteles del narco compiten, como toda empresa capitalista, entre sí por el mercado norteamericano con métodos no convencionales, haciendo uso de la violencia (grupos paramilitares como los Zetas, por mencionar a los más famosos), y que su carácter ilegal lo convierte en un sector de la burguesía de alta inestabilidad. Dicha inestabilidad se manifiesta, por ejemplo, en que la “fama” de los capos es temporal y es oscilante en función de su permanencia en el mercado9. Es también conocido que este sector ilegal de la burguesía mexicana participa de negocios tradicionales y el lavado de dinero en búsqueda de superar su oscilación. Aunque la violencia desatada entre capos competidores por el mercado norteamericano ya existía desde los años 1990, es con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón y con la política de supuesto “combate militar” que la violencia demencial se dispara de forma estrepitosa y acelerada. La militarización del país para su supuesto “combate” ha disparado la violencia a un modo insólito en América Latina.

 

La guerra contra el narco en México: una guerra de clase sin freno de emergencia

La “guerra” comenzó en 2006 cuando Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia en medio de fuertes protestas en Oaxaca (la “Comuna” que encabezó la CNTE)10 y en la Ciudad de México (el movimiento antifraude). Producto de la debilidad del nuevo gobierno, éste emprendió el llamado combate contra el crimen organizado que se convirtió en la “guerra contra las drogas y el narcotráfico” basando su dominación de clase en el apoyo de las Fuerzas Armadas. Calderón usó las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública (el uso de militares en operativos conjuntos en los estados de la república) militarizando el país entero. La militarización del país trajo como consecuencia el disparo acelerado de la violencia. Es de este modo que la militarización del país tuvo consecuencias sociales funestas: en tan solo 2 años de la “guerra” fueron asesinadas 14 mil personas y, para 2009, la cifra se elevó a 19.803; luego, en 2010, aumentó a 25.757, y en 2011 subió a 27.213 homicidios11. La militarización ha estado acompañada de la paramilitarización de amplias zonas del país, por ejemplo en Chiapas y Michoacán, para acosar las experiencias autonómicas indígenas (como el EZLN o Cherán) y por el aumento de asesinato selectivo de luchadores sociales. La apoteosis del asesinato selectivo a luchadores sociales se ha manifestado en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, con los casos de la familia Reyes Salazar, Marisela Escobedo y un largo etcétera.

Desde un punto de vista marxista, la “guerra contra las drogas” en México es un plan de despojo impuesto por los Estados Unidos para aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Este plan se concretó mediante la firma de planes y tratados internacionales como el Plan Mérida y el ASPAN (la Alianza para la Prosperidad de América del Norte), que aumentaron la injerencia de los Estados Unidos en México en materia militar y de Seguridad Nacional. Tan solo en 2013 el gobierno mexicano recibió más de 1.200 millones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos en concordancia con el Plan Mérida bajo el rubro de “ayuda” a las Fuerzas Armadas12. Esta guerra, al mismo tiempo, es un gran negocio para las empresas de armas estadounidenses. La industria armamentista de aquel país se beneficia cada año con 127 millones de dólares solo por sus “exportaciones” al vecino del sur13.

En el caso del presupuesto de egresos de la federación en 2009 tan solo se destinó 113 millones de pesos para Marina, Ejército y la Procuraduría de Justicia, cifra que rebasó todos los rubros como la educación y la salud. Con precisión el gasto del erario para la guerra es el triple del que se destina a la educación. En revistas de investigación como Proceso y Contralínea se ha puesto en evidencia la presencia de oficiales de la DEA, la CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano y el adiestramiento del Comando Norte (Northcom) a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de México. Con Calderón se reactivó la IV Flota naval de los Estados Unidos en las aguas del Caribe mexicano y en el Atlántico. En síntesis, el gobierno mexicano usó el “combate contra las drogas” para afianzar los lazos de subordinación de México al imperialismo norteamericano, al mismo tiempo que sentó las bases de disciplinamiento social represivo para imponer en mejores condiciones las reformas estructurales que hoy con el gobierno de Enrique Peña Nieto se han aprobado. La dominación imperialista y el aumento de la subordinación de México a la Casa Blanca es una parte esencial de la agenda de las administraciones capitalistas que han financiado la “guerra contra el narco”.

El narcotráfico se instaló como un fenómeno abiertamente reaccionario que ha despojado y desplazado, en el combate por el mercado norteamericano, a miles de campesinos de sus tierras por medio de la violencia paramilitar en asociación con el gobierno mexicano y este no puede sostenerse como negocio sin la complicidad de las instancias municipales, estatales y federales. Los aparatos represivos del Estado, incluidas las fuerzas federales como el Ejército, han colaborado en el desplazamiento de miles de hectáreas para la producción de drogas. Es evidente que ante este fenómeno reaccionario (de militarización y de avance del narco) se requiere de una visión alternativa al prohibicionismo impuesto por el imperialismo norteamericano. Frente a la militarización y el narco es crucial imponer la discusión sobre la legalización de las drogas y modificar la agenda norteamericana de prohibición que fue usada para imponer los planes de miseria y hambre. En México es legal la venta de armas en beneficio de las grandes empresas norteamericanas pero es ilegal el derecho a decidir respecto de nuestros cuerpos y nuestras vidas. El discurso prohibicionista es una arma del gobierno federal para que el Estado capitalista y sus instituciones controlen el derecho de consumo, tenencia y portación de drogas, criminalizando así a la juventud y persiguiendo a los consumidores. Al mismo tiempo que es urgente la construcción de un movimiento en contra de la militarización del país es necesario imponer como alternativa de fondo al fenómeno reaccionario del narco: la legalización de las drogas. Frente a todo discurso moral en contra del uso de narcóticos desde el marxismo consideramos que el Estado capitalista no debe injerir sobre el derecho a decidir sobre el uso de drogas bajo el pretexto de “salud pública”.

 

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1. Conocí a Nepomuceno Moreno en la Caravana al Norte que organizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en junio de 2011. Se unió al movimiento por la búsqueda de su hijo Jorge Mario Moreno León que había desaparecido aparentemente por las Fuerzas Armadas. Fue asesinado en noviembre del mismo año en Sonora.

2. Cifras de desplazados de la revista Proceso, 28/11/2011. Cifra de asesinados de La Jornada, 12/11/2012. Cifra de desaparecidos Nuestra aparente rendición, 22/04/2013.

3. “The arrest of Joaquin ‘El Chapo’ Guzman”, Washington Post, febrero 2014.

4. “Confirma Peña Nieto captura de El Chapo”, El Universal, 22/02/2014.

5. Filmada en la época de Calderón la serie se transmitía en cadena nacional en horario estelar. Los protagonistas son miembros de la PFP y el Ejército en el “combate contra las drogas.

6. Este es el caso de José Manuel Mireles uno de los dirigentes de los grupos de autodefensa que actualmente está encarcelado.

7. “Actividades ilícitas dejan excedente de 10 mil mdd en finanzas del país”, La Jornada, 16/04/2012.

8. “Tenía ‘La Tuta’ a su servicio red de policías ‘halcones’: PGJ”, Proceso, 24/08/2014.

9. Pablo Oprinari, “Una aproximación desde el marxismo a la cuestión de la ‘narcoguerra’ en México”, www.armasdelacritica.org.mx.

10. En 2006 en Oaxaca un potente movimiento magisterial encabezado por la CNTE puso en crisis al gobierno de PRI en el Estado encabezado por Ulises Ruiz Ortíz. A ese movimiento se le conoció como la “Comuna de Oaxaca” y fue el proceso de mayor radicalización que se ha vivido en México moderno.

11. “Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi”, Proceso, 30/07/2013.

12. “EU ha brindado mil 200 mdd en ‘Iniciativa Mérida’”, Excelsior, 23/05/2013.

13. “México, territorio abierto a las armas”, Proceso, 30/03/2013.

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