La extensión del conflicto de Lear como confirmación de su carácter político

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GEORGINA ANDRADA

Trabajadora social.

MARIELA CAMBIASSO

Socióloga UBA-CONICET.

JULIETA LONGO

Socióloga UBA-CONICET.

Número 20, junio 2015.

 

Los conflictos en el sector privado suelen ser más breves que en el sector público. Según los datos del MTEySS, durante el año 2013 se desarrollaron 1.206 conflictos laborales con paro que implicaron 7.660 jornadas laborales individuales no trabajadas. El 36 % de los conflictos laborales se desarrollaron en el sector privado, e implicaron solo el 11 % de las jornadas no trabajadas. Es decir, en el sector privado los paros son menos frecuentes que en el sector público, y cuando ocurren tienen menor duración. De este modo, una de las características “clásicas” del conflicto industrial por rama es la existencia de huelgas de gran tamaño y breve duración.

En los últimos años, las distintas bases que registran los conflictos laborales (tanto la CTA como el MTEySS) dieron cuenta del incremento de los conflictos a nivel de los lugares de trabajo, siendo Lear S.A. un caso testigo de ello. Pero, teniendo en cuenta la tendencia más general de los conflictos industriales por rama que se mencionaba anteriormente –y continuando con las reflexiones en torno a las “excepcionalidades” del conflicto de Lear– otra particularidad fue la marcada extensión del enfrentamiento.

Como ya señalamos, la lucha se prolongó por más de 11 meses –y continúa abierta–, e incluyó paros de la producción, bloqueos de los portones de acceso, dos semanas de lockout patronal, la suspensión de las actividades durante casi un mes durante el verano dando vacaciones a todos los trabajadores, y más recientemente 10 días de “paro” propuestos por el SMATA en defensa de la “patota” que agredió a un activista reincorporado, que por sus características termina funcionando casi como un lockout patronal (ver ” PD/Todo en uno”).

Estos datos cobran mayor relevancia si se considera la modalidad de organización del trabajo, dado que se trata de una empresa que provee “mazos de cables” a las automotrices más importantes a nivel mundial –como Ford– bajo un sistema denominado just in time que, como su nombre lo indica, requiere de una estricta sincronía entre proveedores y compradores. De ahí la importancia de que las autopartistas se encuentren en las cercanías de las fábricas automotrices, tanto como la ausencia de conflictos en las plantas –un eje central en las evaluaciones que realizan las automotrices con respecto a las autopartistas licitantes–.

Entonces, esta marcada extensión de la lucha no puede explicarse más que por el carácter político que exhibió el conflicto desde el inicio. La patronal sacó sus lecciones de la paralización y el bloqueo de portones de 2013, que la obligó a reinstalar a 16 activistas y se preparó para enfrentar una lucha prolongada. Conocía la tenacidad de su oponente y ajustó un stock suficiente para “aguantar” el paro, con el aval del gobierno que autorizó importaciones más allá de los niveles permitidos. La contienda ameritaba poner en riesgo las “ganancias inmediatas “porque estaba en juego la disputa por el “control de la producción”.

La Comisión Interna (CI) conducida por la “Lista Celeste”, relegitimada en 2013 con el 70 % de los votos, se convertía en un claro obstáculo para la patronal en términos del pleno ejercicio de su poder de decisión dentro de la fábrica. Sus referentes se opusieron a la firma de un acta de rebaja salarial para los nuevos ingresantes, denunciaron las enfermedades laborales y los despidos asociados a ellas, propusieron la conformación de una comisión de seguridad e higiene organizada por los trabajadores, denunciaron los intentos de aumentar la productividad mediante el incremento de los ritmos de trabajo, entre otras reivindicaciones que entraban en contradicción con la sed de ganancia de la empresa.

Por ello es que puede plantearse a los despidos masivos –que afectaron a los delegados de la CI y a los activistas– como una forma de “represión indirecta” por parte de la empresa, tendiente a atacar al corazón de la organización gremial de base, al mismo tiempo que disciplinar al colectivo de trabajadores para evitar futuras “desviaciones de la normalidad”. Una medida que, a su vez, fue complementada con otras acciones como la militarización del predio fabril; el incumplimiento de los fallos de reinstalación de los delegados; la connivencia con el SMATA autorizando el traslado de los trabajadores a la sede sindical para votar la destitución de los delegados y la liberación de tareas a sus militantes para que hostiguen a quienes intervinieron durante el conflicto; la modificación del espacio de trabajo para aislar a los reinstalados de sus compañeros; entre otras medidas que confirmaban la verdadera amenaza que representaba una organización gremial independiente –de la empresa y de la dirección del sindicato– en términos de la organización de la producción y la consecución de las ganancias.

Lear

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