La educación pública en emergencia

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CHRISTIAN CASTILLO

Número 38, junio 2017.

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“La educación pública está en crisis”. Lo escuchamos todo el tiempo. Pero en boca de los funcionarios gubernamentales este diagnóstico no significa nada bueno para los trabajadores. El actual Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, no ha vacilado en sugerir la vuelta de la enseñanza religiosa a la escuela pública atacando la laicidad. En sus años al frente de la cartera educativa porteña tuvo el “mérito” de lograr que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea el distrito donde más porcentaje de estudiantes cursan en la educación privada. Mientras que el promedio nacional en la educación común1 del sector público es del 70,7 %, en CABA es de solo un 48,9 % del total de estudiantes2.

El sistema educativo argentino contaba en 2015 con unos 14.500.000 estudiantes contando al conjunto de sus niveles y modalidades. La educación común congregaba a 11.132.889, el 76 % de todo el sistema educativo (de los que 7.873.814 pertenecen al sector estatal y 3.259.075 al privado), mientras la modalidad permanente para jóvenes y adultos agrupaba a 1,2 millones y las universidades alrededor de 2 millones. Exceptuando las universidades hay 65.475 unidades educativas donde dan clase 960.899 docentes.

Supuestamente para responder a la situación de crisis que vive el sistema educativo, el gobierno nacional ha presentado el llamado Plan Maestro. En este establece como metas centrales: 1) universalizar el nivel inicial desde los 3 años; 2) incluir la totalidad de los alumnos primarios en el régimen de Jornada Escolar Extendida hacia el 2026; 3) lograr que la totalidad de los jóvenes entre los 12 y 17 años asista en el 2026 a la escuela secundaria y que el 90 % culmine el ciclo secundario; 4) lograr que en la próxima década 2 millones de jóvenes y adultos entre 19 y 45 años concluyan sus estudios secundarios; 5) 200 días de clase por año. Este “plan” es uno de esos tantos documentos que plantean metas a mediano y largo plazo sin decir en base a qué medidas serán logradas y que no dan respuesta a las demandas más inmediatas. Por ejemplo, el objetivo de avanzar hacia la jornada extendida o completa en al menos un 30 % de las escuelas primarias estatales debía alcanzarse en el año 2010 de acuerdo con la Ley de Educación Nacional de 2006. Sin embargo, el promedio nacional llega solo al 13,8 % y en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra casi un 40 % del sistema educativo nacional, apenas al 6,8 %. El incumplimiento estatal es claro: ni el Estado nacional ni el Estado provincial pusieron los fondos necesarios para construir las escuelas necesarias ni para crear los nuevos cargos docentes para cumplir esta meta elemental. En cuanto a la obligatoriedad de los estudios secundarios, también está fijada por ley. Sin embargo son solamente algo menos de un 50 % de los estudiantes de este nivel los que culminan sus estudios.

Lo cierto es que la política del actual gobierno es continuar con la línea de cristalizar un sistema educativo dualizado, con un sector público cada vez más degradado y un sector privado donde concurren los hijos de los sectores más acomodados de la población (y franjas de los trabajadores con mejores salarios). Esta segmentación del sistema educativo ha acompañado la precarización creciente de la fuerza de trabajo y la marginalización de sectores crecientes de la población, impuesta particularmente a partir de la década de los ‘90. La baja en la calidad educativa se corresponde con trabajos cada vez más precarizados y aumentos de los niveles de pobreza. Cada vez son menos los estudiantes que provienen de escuelas públicas que logran acceder a las universidades a pesar de la gratuidad y del ingreso libre. Quienes cuentan con más recursos y provienen de los hogares de mayores ingresos logran las mayores calificaciones educativas. Del otro lado, un sector relevante de la juventud entre 18 y 24 años, un 26 % para el año 2012, pertenece a la categoría “ni ni”, ni trabaja ni estudia, cifra que crece a un 33 % en el sector de menores ingresos.

Es decir que más allá de los discursos, esta segmentación del sistema educativo es relativamente funcional a las condiciones del capitalismo semicolonial argentino: para el empleo no registrado que tiene un 35 % de los asalariados o para vivir de planes sociales no se requiere una gran calificación de la fuerza de trabajo. Esta es la razón de fondo por la cual los distintos gobiernos capitalistas reiteran la hipocresía de mostrarse “preocupados” por la caída del rendimiento escolar mientras que no toman ninguna de las medidas que podrían revertir esta situación, ni en lo que hace a la jerarquización de la actividad docente (empezando por una mejora sustantiva de los salarios) ni la inversión necesaria en infraestructura. Solo en la Provincia de Buenos Aires son 165.000 niños de 3 y 4 años los que vienen quedando sin vacantes en los jardines, ya sean públicos o privados. Menos que menos estos gobiernos pretenden terminar con la situación de pobreza en la que está hoy un 46 % de los jóvenes (la media nacional es de un 31 %). Es evidente que una mejora sustantiva del rendimiento escolar no puede venir meramente de cambios o mejoras en la situación educativa sino en modificar progresivamente las condiciones materiales de vida del pueblo trabajador. Difícil que pueda haber grandes mejoras del rendimiento escolar cuando los estudiantes viven en hogares hacinados y con las “necesidades básicas insatisfechas”. Y con docentes que tienen que tratar de enseñar en aulas superpobladas y escuelas que se caen a pedazos, dejando la salud en los cursos trabajando doble o triple turno, tal como ocurre con otros trabajadores en las fábricas, y con salarios que no permiten llegar a fin de mes.

La dualización del sistema educativo argentino se corresponde con la política de “reformas” a nivel internacional en las que se busca que la escuela pública quede como una suerte de “depósito de pobres”, con mínimo presupuesto e incluso buscando vías alternativas de financiamiento al presupuesto estatal (como ya ocurre con los “fondos propios” obtenidos por las universidades, incluyendo la venta de servicios y arancelamiento de los posgrados). La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en particular viene un jugando un papel muy activo para impulsar este tipo de reformas en los distintos niveles educativos, como ha ocurrido en México y Perú, o en Europa en el nivel universitario con la implementación del Plan Bolonia. Como señala Xavier Diez, más allá

…de simplificaciones más o menos brillantes, lo cierto es que los sistemas educativos occidentales están pasando por una fase de homogeneización. Cada vez las reformas educativas se parecen más unas a otras3

Y son “reformas” que buscan reforzar la mercantilización y la privatización de los sistema educativos, entre otros objetivos.

 

Herencia y continuidad

Aunque tenían sus antecedentes, las leyes menemistas “antieducativas” de comienzos y mediados de los ‘90 favorecieron el crecimiento de la educación privada contra el sector estatal buscando adaptar el sistema educativo argentino a lo que pedían los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, que tenían al regresivo sistema educativo chileno como modelo para América Latina. Se transfirieron hacia las provincias la totalidad de las escuelas secundarias, gran parte de los institutos terciarios y las escuelas de gestión privada, pero sin entregar los recursos económicos para solventarlos. Entonces cada provincia tuvo que hacerse cargo del sistema, generando una profunda desigualdad según la recaudación y el gasto de cada una, en un marco de decadencia general del sistema estatal. Mientras el Estado nacional desfinanciaba la educación, dedicaba estos recursos para el pago de la deuda externa.

Los efectos de esta política se grafican, entre otros indicadores, en el hecho de que a partir del año 2003, por primera vez en la historia, cae la matrícula de la educación primaria estatal. Esta dinámica no varió en los gobiernos kirchneristas. Si en 2003 por cada 3,8 alumnos de escuelas estatales había uno que iba a escuelas privadas, en 2013 la proporción era de 2,8 en escuelas estatales a uno en las privadas. La caída es mayor si nos centramos en la matriculación existente en el primer grado primario. Mientras en 2003 se matricularon 675.000 niños en primer grado en escuelas estatales, en 2013 lo hicieron solo 549.000, una caída del 19 %4.

A pesar de un aumento –limitado– en la proporción del PBI destinado a la educación, que alcanzó el 5,8 % en 2015, el kirchnerismo dejó intacto lo esencial del esquema educativo impuesto en los ‘90. En la universidad ni siquiera derogaron la Ley de Educación Superior, votada con los estudiantes rodeando el Congreso en 1995. Es que, lejos del relato antinoventista de la “década ganada”, seguimos teniendo veinticuatro sistemas educativos con veinticuatro presupuestos diferentes. Además, el espíritu de la Ley Federal del menemismo, que habilitaba a cualquier entidad privada a ofrecer servicios educativos y ser subvencionada por el Estado, no solo se mantuvo sino que creció el mercado educativo privado, y particularmente el confesional.

Los docentes tuvieron que emprender enormes luchas por su salario y aún así fue realmente una década perdida: doce años de salarios que son los más bajos de la región y la naturalización de la doble jornada (o incluso triple), afectando así las condiciones de trabajo y enseñanza. Comparativamente los salarios docentes argentinos son más bajos que en México, Brasil o Chile. Ni hablar de Finlandia, uno de los países que desde hace unos veinte años se presenta como ejemplo de alto rendimiento educativo, donde un docente primario cobra en promedio por mes 3.123 euros (unos $ 56 mil), un secundario 3.877 euros (unos $ 70 mil) y un universitario 4.241 euros (alrededor de $ 76 mil). En este país, además, la educación es 100 % pública y gratuita, incluyendo el almuerzo, la entrega de materiales y el transporte pagos por el Estado. Sin querer idealizar este sistema, que también tiene como características una enseñanza intensa pero de mayor tiempo libre para los estudiantes (con clases de no más de 45 minutos y prácticamente sin tareas extraclase) y una amplia autonomía para la actividad de cada docente, lo cierto es que pretender cambios sustantivos en la situación de nuestra educación pública sin comenzar por duplicar los ingresos docentes es una quimera.

 

Algunas medidas para enfrentar la emergencia educativa

Macri, Vidal y Esteban Bullrich quieren avanzar en el ataque a la educación pública, continuando el proceso de segmentación y la privatización del sistema educativo. Por eso eligieron a los docentes como “enemigos”. Antes lo habían hecho Scioli y su ministra Nora De Lucía, y también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como ocurrió en sus discursos de apertura de sesiones parlamentarias de 2012 y 2014. Por eso no extraña que el excandidato presidencial del Frente Para la Victoria le haya recomendado a la gobernadora de Cambiemos cerrar la paritaria docente por decreto y dar nuevamente un aumento de miseria, después que el año pasado el salario ya perdió diez puntos frente a la inflación. Los funcionarios gubernamentales, que cobran quince o veinte veces más que un docente, pueden cambiar, pero su discurso de estigmatización de los docentes se repite.

Para nosotros, al contrario que para Cambiemos, el PJ o el Frente Renovador, revertir la crisis de la educación pública es una prioridad. Desde el Frente de Izquierda fuimos la única fuerza política que tanto bajo el kirchnerismo como ahora con Macri hemos apoyado la lucha docente en todo el país, utilizando para ellos nuestras bancas en las legislaturas y el parlamento nacional, desde donde acompañamos las luchas docentes. En mi caso fui uno de los autores de la ley de Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Buenos Aires, que originalmente abarcaba al conjunto de estudiantes, docentes y no docentes de la provincia. El Senado provincial la restringió solo para los estudiantes y María Eugenia Vidal ha excluido de este beneficio elemental a los estudiantes terciarios y a la mayoría de los universitarios de la provincia. Es de un cinismo completo pretender que se puede mejorar la calidad educativa con salarios docentes que están $ 3.000 por debajo de la línea de pobreza.

Para dar respuesta a la emergencia proponemos la renacionalización del sistema educativo, para que el Estado nacional junto con los estados provinciales garantice el financiamiento necesario para sostener una educación pública de calidad y al servicio de las necesidades e intereses de los trabajadores. Proponemos duplicar ya el salario docente con recursos de Provincia y Nación y que una jornada laboral docente de 6 horas (4 frente a clase y 2 extraclase) cubra la canasta familiar. Hay que terminar con el fraude laboral y todo el salario tiene que ir al básico para computar antigüedad, aguinaldo y vacaciones.

Es hora que la prioridad sea la educación pública, y no la ganancia de las mineras, los bancos, las patronales agrarias y las corporaciones multinacionales. Proponemos terminar con los subsidios a la educación privada y la privatización de carreras y posgrados a pedido de las empresas. Los posgrados universitarios deben ser también gratuitos.

En vez de ir al pago de la deuda o a subsidios a los capitalistas, deben destinarse todos los recursos necesarios para construir las escuelas que faltan y crear cargos docentes para garantizar la jornada extendida o completa en la totalidad del sistema educativo, sin que esto signifique mayor carga laboral para los docentes o formas de precarización laboral como ha ocurrido en algunas provincias.

En las universidades hoy solo se recibe uno de cada cuatro ingresantes. El Estado debe otorgar a los hijos de los trabajadores becas mensuales de media canasta familiar, $ 11.500, para que todos puedan terminar sus estudios terciarios y universitarios. Que se comience ya otorgando 100.000 becas este mismo año en base a un impuesto extraordinario al 1 % más rico de la población.

Hay que anular inmediatamente la nefasta Ley de Educación Superior menemista, que ha favorecido la mercantilización y privatización periférica de los estudios universitarios, transformando en particular los estudios de posgrado en un negocio y mera fuente de recaudación de fondos.

La educación es también un terreno de la lucha de clases. Para la burguesía es a la vez un medio para calificar la fuerza de trabajo en sus distintos niveles, para difundir su “sentido común” sobre el mundo y una fuente de negocios. Pero, como decimos, nuestra educación, la de millones de jóvenes, vale más que sus ganancias. Hay que dar batalla a las políticas que impulsan las clases dominantes y sus gobiernos en este terreno. Necesitamos un gran Congreso Educativo Nacional, donde padres, docentes y estudiantes puedan definir un plan para salir de la crisis adonde nos llevaron los gobiernos que defienden los intereses de las patronales. Para discutir la incorporación de las prácticas pedagógicas innovadoras que en los hechos muchos docentes realizan contra las formas arcaicas de enseñanza y al servicio de forjar una fuerza de trabajo dócil y domesticada de acuerdo a los requerimientos de la explotación capitalista. Queremos una educación 100 % laica, pública y gratuita, de calidad y al servicio de los intereses y necesidades del pueblo trabajador.

 

Notas

  1. En las estadísticas oficiales se llama educación común a la que se brinda a la mayor parte de la población. Se oferta en los siguientes niveles y servicios educativos: Inicial / Primario / Secundario / Superior No Universitario / Otros servicios educativos (apoyo escolar, talleres de artística, ciclos formativos de arte, cursos, capacitación docente). Cabe aclarar que también se contabilizan aquí a los alumnos que asisten a la modalidad técnico-profesional, artística, rural, en contextos de privación de la libertad, intercultural bilingüe y/o domiciliaria. Quedan fuera de ella la educación para jóvenes y adultos, la educación especial y la educación universitaria.
  2. Los datos están tomados de: Sistema Educativo Nacional. Informe estadístico, enero 2017, presentado por la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa, Ministerio de Educación y Deportes.
  3. Diez, Xavier, “El papel de la OCDE y las estrategias internacionales. Mercantilización de la educación”, 13-05-2017, disponible en vientosur.info/ spip.php?article12598.
  4. Ver Guadagni, Alieto Aldo y Boero, Francisco, La educación argentina en el siglo XXI, Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 2015.

 

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